2025

BBC News La activista climática sueca Greta Thunberg y otros 170 tripulantes de la flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza fueron deportados a Grecia y Eslovaquia por Israel, después de pasar cinco días detenidos. No son los primeros en abandonar el país. El viernes, Israel deportó a cuatro diputados italianos, el sábado a 137 personas a Turquía y ayer domingo a otras 29 a España. Muchos de ellos han denunciado haber sufrido malos tratos durante su cautiverio en Israel. A su llegada a Atenas, Thunberg dijo a los periodistas que la Global Sumud Flotilla ha sido «el mayor intento jamás realizado para romper el asedio ilegal e inhumano de Israel por mar». «Fue una historia de solidaridad global e internacional, de personas que dieron un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hicieron, de personas que dijeron: ‘Mis supuestos líderes, que se suponía que me representaban, que siguen fomentando el genocidio, la muerte y la destrucción, no me representan. «Este es el último recurso. Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia», añadió. Adalah, una organización árabe israelí de ayuda legal, aseguró que muchos activistas denunciaron malos tratos. Algunos de ellos señalaron que se les negó agua y comida y otros que fueron vejados por las fuerzas del orden israelí. La propia Thunberg relató a funcionarios suecos que había sido confinada en una celda infestada de chinches, que había recibido poca agua y comida y que fue obligada a «sostener unas banderas», según pudo saber The Guardian. En una publicación en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la flotilla de «maniobra publicitaria» y afirmó que se han respetado los derechos legales de todos los detenidos, a los que acusa de difundir «mentiras». Alrededor de 470 personas viajaban en la Flotilla a bordo de más de 40 embarcaciones civiles cuando fue interceptada por Israel la semana pasada. Los barcos fueron abordados y los activistas detenidos en aguas internacionales, a unos 130 kilómetros de la costa de Gaza. Es la segunda vez que Thunberg es deportada por Israel tras intentar sin éxito llegar a Gaza por mar. Israel afirma que las 171 personas han sido deportadas a Grecia y Eslovaquia y que son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

Página 12 El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad, tras las declaraciones hechas anoche cuando aseguró que el narcoescándalo de José Luis Espert era una operación en su contra como «venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa».  «Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial», denunció Dalbón al anunciar la presentación de la denuncia penal bajo el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes.  El abogado sostuvo también que la declaración de Milei queda encuadrada también en el artículo 366, inciso b, del Código Procesal Penal Federal que sostiene que «si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, resulta evidente la falsedad o la ilegitimidad de la prueba y de la sentencia dictada bajo esa influencia, habilitando su revisión aun cuando sea firme».  «Esta denuncia no sólo busca sancionar un delito, sinodefender el Estado de Derecho y la división de poderes, frente a un presidente que públicamente se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora», sostuvo Dalbón sobre la denuncia.   El abogado de la expresidenta denunció que las declaraciones de Milei evidencian que «el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala». «Confesó que la Justicia no es independiente. Confesó que la prisión de Cristina fue política. Confesó que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al presidente», aseguró.  Las declaraciones de Milei ocurrieron anoche, en una entrevista con Luis Majul en LN+, cuando el presidente insistió con el argumento de que las denuncias contra Espert por su relación con Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos, eran parte de una operación opositora. Tras la confesión respecto de su decisión de «metar presa» a Cristina, Majul intentó salvarlo: «Pero usted no se mete con la justicia…».   En ese sentido, Dalbón apuntó que lo ocurrido demuestra que»el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Cristina Kirchner» y consideró que son motivos para la anulación de la sentencia contra la ex presidenta.  «El lawfare fue confesado y ahora está claro que en la Argentina Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del lawfare», sostuvo Dalbón. En tanto, el candidato a diputado nacional por Proyecto Sur Ricardo Alfonsín cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en medio del escándalo por las presuntas vinculaciones del diputado José Luis Espert con una red narco, sugirió que, de haber querido, podría haber influido en causas judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  “Milei debe explicar qué podría haber hecho él para que la presidenta vaya o no vaya presa. ¿Qué artículo de la Constitución le otorga esa competencia?”, señaló Alfonsín. Por otra parte, el exembajador en España advirtió que “la sociedad cree que la Justicia no es independiente de la política, pero nunca antes un presidente había sido tan explícito”. En tanto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin calificó esos dichos como «gravísimo”. El jefe comunal considera que la declaración presidencial «muestra la decisión deliberada de usar el poder contra la principal dirigente de la oposición y como este gobierno está poniendo en riesgo la democracia y las instituciones”, advirtió.

Telesur La resistencia popular se profundiza en Ecuador, en el día 15 del paro nacional 2025, con la movilización de las comunidades amazónicas de Pastaza y una advertencia de la CONAIE de «tomarse Quito».  Las protestas rechazan la eliminación del subsidio al diésel ordenado por el mandatario Daniel Noboa y otras políticas gubernamentales. Denuncian la escalada de violencia estatal contra los manifestantes y la declaración del estado de excepción en diez provincias con el objetivo de impedir las movilizaciones.  Este lunes, 6 de octubre, los pueblos de Pastaza iniciaron la «Marcha por la Vida y el Territorio» para defender sus derechos colectivos y su cosmovisión, concentrándose en el Estadio Víctor Hugo Georgis. Llaman también al Gobierno a abstenerse de la explotación petrolera y minera en sus territorios, con el reclamo colectivo «¡Pastaza Viva, Pastaza Digna, Sin Petróleo, Sin Minería!». El movimiento indígena mantiene sus demandas, que incluye la derogatoria del Decreto 126 que disparó el precio del diésel, y la reducción del IVA del 15% al 12%, además de soluciones urgentes a las crisis en salud y educación. La respuesta gubernamental es la radicalización de la represión: Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en diez provincias, suspendiendo la libertad de reunión. Esta medida busca contener las protestas, que según el Ejecutivo se tornaron violentas. No obstante, el monitoreo de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos registra hasta el 5 de octubre 219 vulneraciones, 95 detenidos, 112 heridos, 12 desaparecidos y 1 fallecido. La escalada de violencia estatal se produjo tras el asesinato del líder comunitario indígena Efraín Fuérez, en Imbabura, quien recibió un disparo por la espalda mientras protestaba.  El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa, a sus ministros y al Estado ecuatoriano por el crimen, advirtiendo que «no puede quedar en la impunidad» y exigiendo una investigación internacional independiente.  La Alianza ecuatoriana de Derechos Humanos (DD.HH.) detalló la brutalidad militar, que incluyó patadas al cuerpo agonizante de Fuérez y agresiones a su amigo.  El Gobierno recurrió a la criminalización, utilizando la figura del terrorismo contra manifestantes.  Es el caso de «Los 12 de Otavalo», campesinos y artesanos kichwas acusados falsamente de terrorismo y trasladados a cárceles peligrosas como parte de una estrategia de «disciplinamiento».  En este contexto, los organizadores del Paro Nacional denunciaron que el Gobierno intenta vincular falsamente a algunos detenidos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua para justificar la represión. Lucía Guitarra, la esposa de Fuérez, denunció la violencia y señaló que los objetivos que el objetivo del paro es reclamar derechos.  «No salimos a matar, salimos a reclamar lo que es nuestro», sentenció.  El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, instó al Gobierno nacional a abrir un «diálogo serio y concreto» para evitar la inminente escalada, pues la advertencia de la CONAIE de tomar la capital se mantiene firme ante la postura de Noboa de «no negociar y no retroceder» en el subsidio.

RT El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó poner fin a todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo diplomático con Venezuela, informó The New York Times (NYT) este lunes, citando a funcionarios familiarizados con el asunto. Según fuentes del periódico, esto crea las condiciones para una posible escalada militar. El diario detalla que durante una reunión con altos líderes militares el jueves, Trump llamó al enviado presidencial especial Richard Grenell, quien había estado liderando las negociaciones con el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, y le ordenó que todo acercamiento diplomático, incluidas sus conversaciones con el líder del país latinoamericano, debía detenerse. Entre tanto, de acuerdo con NYT, la Administración Trump ha trazado una variedad de planes militares para escalar el conflicto, porque ha concluido que los esfuerzos de Grenell fueron inútiles y crearon confusión. Agresión de EE.UU. en el Caribe Washington ya realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano, con el argumento —no sustentado con pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico. Caracas ha calificado tales acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. Donald Trump anunció el domingo que su país atacó otra lancha en el Caribe, que presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas. En total, EE.UU. ha perpetrado al menos cuatro ataques de este tipo, causando la muerte de no menos de 21 personas. Además, el pasado mes de agosto, desplegó un amplio contingente militar en la zona. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales». Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario.

Rusia Today El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la amenaza militar de Estados Unidos ha motivado la creación del consenso en el país bolivariano para defender el derecho a ejercer plenamente su soberanía. «Se ha constituido un poderoso consenso de toda la nación venezolana por la paz, por nuestro derecho a la vida […] y de repudio a todos estos eventos de violencia que ha habido», afirmó el mandatario durante el programa Con Maduro+. En este sentido, detalló que ese consenso llevará a que toda Venezuela se una para resolver todos sus asuntos internos y «avanzar en función de lo que es el sagrado derecho del pueblo venezolano a la paz». «Que nadie amenace a Venezuela, Venezuela es territorio sagrado. Los asuntos de nosotros, ¿por qué tiene que venir nadie de fuera a meterse en los asuntos de nuestro país, si nosotros no nos metemos en los asuntos de nadie? ¿Por qué alguien tiene que considerarse que es el dueño o emperador del mundo? ¿Por qué?», cuestionó el mandatario. En este sentido, aseveró: «No hay emperador del mundo, no hay imperio dominante del mundo. Somos pueblos libres. El siglo XXI es el siglo de la emancipación y de la existencia de los pueblos libres. Y nosotros ejercemos plenamente nuestra soberanía».