Sociedad

Potosí, 7 de febrero (El Nuevo Cambio).- Ocho mineros murieron en tres minas del departamento de Potosí, aparentemente por inhalación de gases tóxicos y un accidente laboral, informó la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), que anunciaron una investigación para determinar las causas y responsabilidades en todos los casos. El caso más grave se registró en la Cooperativa Minera de Porco donde cinco mineros perdieron la vida por intoxicación con monóxido de Carbono, cuando se encontraban mascando coca en el interior de la mina. De acuerdo a informes de la FELCC los mineros fueron encontrados sin signos vitales. En el segundo caso, una mujer y su hijo fallecieron también por inhalación de gases tóxicos en la Cooperativa Minera Calamarca. El tercer y último caso se registró cuando un trabajador minero sufrió un grave accidente luego de que se encontraba transportando mineral en un carro, el mismo que tuvo desperfectos mecánicos en su sistema de frenos. Según el director de la FELCC, Marcelo Sánchez, los tres casos fueron atendidos por la Policía departamental, que investigará las condiciones de seguridad en las que trabajaran los ocho trabajadores mineros, incluyendo la mujer y su hijo.

La Paz, 6 de febrero (El Nuevo Cambio).- Los trabajadores mineros del país exigieron que el pago a los senadores y diputados sea por sesión realizada y criticaron el argumento de que una reducción salarial generará fuga de “cerebros”, de qué “talentos hablaran”, dijeron con ironía. El secretario ejecutivo de esa organización, Andrés Paye, explicó que los mineros en todo el país consideran que debe haber en el Parlamento una reducción significativa en los ingresos de los parlamentarios nacionales, a quienes, a su criterio, se les debería pagar en función a las sesiones que realizan. Explicó que los legisladores deben percibir un ingreso mensual de Bs 6.000, calculado en base a unas seis sesiones al mes, con un pago de Bs 1.000 por cada una. Ese monto sería suficiente en relación con la carga laboral que cumplen los asambleístas, añadió. “Seis mil bolivianos, está por demás bien pagado, porque generalmente el resto de su tiempo están siempre veraneando o haciendo campaña en sus poblaciones. ¿De eso se les va a pagar?, se preguntó y se respondió “no creo”, sostuvo al criticar el trabajo de varios parlamentarios. Las observaciones del dirigente Paye fueron una respuesta a las declaraciones del diputado Manolo Rojas quien al rechazar la disminución salarial a los senadores y diputados dijo que esa medida provocaría una “fuga de talentos” en la Asamblea Legislativa. “¿De qué talentos estará hablando? ironizó Paye al señalar que es una posición equivocada y que al parecer su declaración se debe a que es un parlamentario joven, novato y sin ninguna experiencia en el Legislativo y en la política. En la actualidad, los parlamentarios perciben un salario de 23 mil bolivianos, ya el senador suplente Nilton Condori, planteó una reducción salarial hasta los 10 mil bolivianos, debido a que los parlamentarios no hacen nada, ni fiscalizan, sólo son “levanta manos”.

Cochabamba, 2 de febrero (El Nuevo Cambio).- La mala calidad del combustible, principalmente la gasolina y el diésel generó este lunes protestas del transporte libre y sus afiliados bloquearon algunas calles aledañas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la plaza Colón de la ciudad de Cochabamba. Los transportistas expusieron pruebas de la mala calidad de la gasolina y mostraron botellas con el combustible de diferente color, además de repuestos y los daños que causan a los motores de sus vehículos. El dirigente Mario Ramos, dijo que se solicitó en reiteradas oportunidades una reunión a los ejecutivos de la ANH para analizar el problema, sin embargo, nunca se contestó a la dirigencia que sólo intentaba resolver el problema, a través de un diálogo franco y honesto. Señaló que ante el silencio de las autoridades y el poco interés que demuestran para solucionar un problema que está destruyendo en la práctica todos los vehículos, sobre todo del servicio público, no queda otra que asumir medidas de presión, hasta que el gobierno escuche los reclamos del sector. Ramos anunció que la toma simbólica de las oficinas de la ANH en Cochabamba es una primera medida de presión y advirtió que las protestas se masificarán en todo el país, pero además con otras acciones y junto a otros sectores. “Ya se ha quitado la subvención, nosotros estamos pagando de nuestro bolsillo y no puede ser que nos den esa calidad de combustible y las autoridades hagan oídos sordos a nuestras peticiones, más al contrario, nos piden muestras de laboratorio. ¿Nosotros quiénes somos para darles muestra? Nosotros compramos el producto, ellos tienen que garantizar y certificar la calidad del producto que nos están vendiendo”, afirmó. “Ojo, por si acaso, estamos pagando, no nos regalan, ya no nos subvencionan y ahí están las pruebas, motores arruinados, la calidad del combustible ni siquiera es compatible con lo que se ha visto en su asentamiento”, añadió.

La Paz, 29 de enero (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) respaldó la realización de un referéndum para definir la reducción del salario de los asambleístas, de 23 mil a 10 mil bolivianos, y se opuso al proyecto de ley antibloqueos que se analiza en el Senado Nacional. La determinación fue aprobada en un ampliado celebrado en la ciudad de Sucre, con la participación de los dirigentes de todas las organizaciones sindicales nacionales y para analizar la actual situación del país y el cumplimiento del acuerdo suscrito con el gobierno a principios de enero. A través de un voto resolutivo la COB se declaró en emergencia y exigió la inmediata eliminación del proyecto de ley antibloqueos porque viola no sólo la Constitución Política del Estado, sino los derechos de los trabajadores en el país. Asimismo, decidió demandar la inmediata anulación de la renta vitalicia que beneficia a los expresidentes de Bolivia, y que por disposición del gobierno de Rodrigo Paz Pereira se incremento de 23 mil a 33 bolivianos, favoreciendo a su padre Jaime Paz Zamora. En los debates, los dirigentes también decidieron respaldar la propuesta del senador Nilton Condori para la realización de un referéndum que defina cuánto deben ganar los asambleístas nacionales, senadores y diputados. Según el senador Condori, los parlamentarios deben reducir sus salarios de 23 mil a 10 mil bolivianos, junto a otro tipo de beneficios, porque en la práctica no hacen nada, solo levantan las manos y no fiscalizan. “El ampliado declara como enemigos del pueblo a los parlamentarios proyectistas que proponen la penalización de los bloqueos”, señala el documento de la COB al reiterar su rechazo a la privatización de las empresas del Estado y la entrega de los recursos naturales a manos privadas extranjeras y nacionales.

La Paz, 28 de enero (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) considera que el presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz, debe ser investigado también en el caso de las “narcomaletas” por haber ocultado información y porque nunca denunció ese hecho ilegal. El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Claudio Choque, dijo que el presidente Paz, como él mismo lo reconoció, ya tenía conocimiento del caso de las “narcomaletas”, sin embargo, no dijo nada, ni denunció el hecho en forma oportuna. El dirigente exigió al mandatario una explicación clara ante toda la ciudadanía y demandó al fiscal general que atiende el caso, que incluya al presidente Paz Pereira y otros “peces gordos” en las investigaciones. “La primera autoridad del Estado boliviano, que es el presidente Rodrigo Paz, ya sabía del caso de las 32 maletas. La pregunta es, ¿por qué no ha denunciado en su momento como autoridad? Tiene que dar una explicación a la población boliviana”, afirmó. Choque demandó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que debe instruir al fiscal departamental de Santa Cruz para que la primera autoridad del Estado sea incluida en las investigaciones”, declaró. También pidió que el ministro de Gobierno debe ser parte de la investigación, dado que “ellos son los responsables de velar por la seguridad del Estado”, luego del apenas tres meses de gobierno de Rodrigo Paz. Choque lamentó también que hasta ahora solo se investigue a los funcionarios públicos de bajo rango, quienes, “solamente cumplen instrucciones (…) la justicia debe investigar a todos los peces gordos”.

La Paz, 27 de enero (El Nuevo Cambio).- La exministra de Culturas del régimen de Luis Arce Catacora, Sabina Orellana Cruz, fue retenida el domingo, en Villazón, cuando intentaba abandonar el territorio nacional hacia la Argentina. Según los informes preliminares la Policía impidió que la exministra logre su objetivo de abandonar el país, por la frontera que une a ambos países, Bolivia y Argentina. La información fue confirmada por el director de Interpol en Bolivia, Pompeo Sánchez, quien explicó que el hecho ocurrió en el puesto fronterizo de Villazón, Potosí. Aclaró que Orellana no fue aprehendida ni arrestada porque la ley no establece dicho extremo, por lo que sólo se le recomendó que no puede dejar el país. La Ley 1352 establece “la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses” para las exautoridades nacionales, departamentales y municipales, después de haber cumplido su mandato, explicó. Dijo que la finalidad es que “las autoridades salientes rindan todos los informes necesarios en el marco de la transparencia, precautelando los intereses del Estado, para dar continuidad a la gestión de gobierno y evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción”.

La Paz, 26 de enero (El Nuevo Cambio).- El dirigente político y aliado del presidente Rodrigo Paz Pereira, Samuel Doria Medina, cuestionó la elevación de precios de los pasajes aéreos y dijo que no se justifica porque el “combustible de los aviones nunca estuvo subvencionado”. Acusó a la autoridad de Transportes (ATT) de actuar al margen de la realidad, sin justificativo alguno, y en contra no sólo de los intereses de la ciudadanía, sino del propio gobierno, porque la decisión ocasionará una mayor inflación. Advirtió que el aumento de los precios aéreos en el país, podría tener efectos directos y negativos sobre la inflación económica y dijo que se debería definir su reducción como una principal prioridad de estado. “Me preocupa sus efectos sobre la inflación. Reducirla debería ser la principal prioridad de todos los funcionarios del Estado», dijo en un mensaje en las redes sociales, al reiterar que el incremento de los pasajes aéreos no se justifica.