Sociedad

La COB en estado de emergencia, demanda al gobierno escuchar al pueblo

La Paz 12 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia y exigió al gobierno de Paz Pereira, escuchar al pueblo y no asumir medidas económicas que afecten aún más la crisis de las familias más humildes y pobres del país. El ejecutivo de esta organización, Mario Argollo, aclaró que, ante las declaraciones de las nuevas autoridades de gobierno sobre la situación económica y la subvención de los carburantes, alejadas de las demandas sociales, la COB se declara en emergencia. Dijo que, si el gobierno quiere evitar conflictos sociales en el futuro, debe gobernar junto al pueblo, escuchando a las organizaciones y evitando asumir medidas que ocasionen una mayor pobreza en el país. “El gobierno central, si no va a trabajar escuchando al pueblo, las necesidades del pueblo boliviano, lastimosamente creo que se va a equivocar”, dijo el dirigente y aclaró que, si bien la COB mantiene su vocación al diálogo, también estará vigilante a las decisiones económicas que asuma el régimen. Argollo recordó a las nuevas autoridades que deben cumplir sus promesas electorales realizadas durante la campaña electoral y advirtió que cualquier decisión que asuma sobre la subvención a los combustibles debe ser consensuada con la población, para no afectar aún más la situación económica de las familias bolivianas. “Vamos a escuchar las propuestas del gobierno, pero también vamos a proponer medidas y planes técnicos concretos”, dijo al señalar que el nuevo gobierno debe principalmente escuchar a las organizaciones sociales en representación del pueblo boliviano.

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Ministro de Justicia de Paz Pereira tiene sentencia por evasión y cohecho

La Paz, 10 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic, posesionado este domingo por el presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira, fue sentenciado por evasión y cohecho y se sometió a un proceso abreviado, el año 2015, acusado por sobornos en el caso “Belaunde”. La información publicada por Abya Yala televisión dice que en mayo del 2015 cuando estalla el escándalo por el caso sobornos a jueces, fiscales, policías y miembros del CONARE por $us. 1.000.000 tras la fuga del empresario peruano, Martin Belaunde Lossio, “Freddy Vidovic se sometió a un procedimiento abreviado y fue sentenciado a 3 años de cárcel por el delito de favorecimiento a la evasión y cohecho en grado de complicidad”. Agrega que de acuerdo a los antecedentes parte del millón de dólares que presuntamente utilizó Martín Belaunde para sobornar a policías, jueces y otras autoridades bolivianas para que lo favorezcan, se transfirió desde Estados Unidos y Colombia hasta Perú, a la cuenta de una periodista del país vecino. De ahí siguió otros conductos para llegar a Bolivia y convertirse en coimas, informó la Fiscalía. Fue a partir de la declaración de uno de estos aprehendidos, Yuliano Arista, conocido como el Curaca Blanco, que se supo que desde Perú se recogían fuertes sumas de dinero (desde 20.000 hasta 80.000 dólares) para distribuirlos entre jueces, policías, funcionarios de la Dirección de Migración y de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). Freddy Vidovic, actual ministro de Justicia, en 2015, había reconocido su participación en los hechos y delitos y se conoció que, después de ser sentenciado, inició los trámites para la suspensión condicional de su pena. La nota periodística dice que Martín Belaunde durante su declaración ante la comisión de fiscales en septiembre del 2015, reveló que un efectivo policial que era parte del Servicio de Inteligencia le ayudó a fugarse del lugar donde se encontraba. El efectivo llamado Rodrigo Quispe y el abogado Freddy Vidovic fueron parte de un plan que fue frustrado tras una ola de destituciones y renuncias de autoridades de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno. Estos datos y otras declaraciones conseguidas por la fiscalía apuntan a concluir que los abogados Valda y Vidovik, Yuliano Arista, más conocido como el Curaca Blanco, y el mismo peruano, fueron parte de la evasión de este último.                        

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La Whipala representa a los pueblos, a nuestra identidad y a la historia

Lauca Eñe, 10 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, lamentó el retiro de la Whipala del Palacio de Gobierno y dijo que ese símbolo representa a los pueblos, a nuestra identidad, a la historia y la resistencia. El actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira, con evidentes signos de un retorno al colonialismo en Bolivia, primero dispuso el reemplazo de la Chacana por el escudo nacional, como nueva imagen institucional, luego el retiro de la Whipala de la fachada del Palacio de Gobierno, en la plaza Murillo en la ciudad de La Paz. En un mensaje en su cuenta X, el exmandatario dijo: “El Estado Plurinacional es unidad en la diversidad y la wiphala representa a los pueblos: a nuestra identidad, a nuestra historia y a la resistencia que permitió construir un país con dignidad, igualdad y justicia. Quitarla del Palacio es una ofensa para el movimiento indígena originario campesino y un intento de borrar la memoria colectiva. De un Estado de inclusión pasamos a uno de exclusión. Defenderemos el Estado Plurinacional con unidad, pero unidad en base a principios y valores. Podemos equivocarnos, pero nunca es tarde para volver al seno de nuestra gran familia: el pueblo, que es más fuerte que cualquier intento de sometimiento, somos una familia con conciencia y memoria”.       

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Producción de coca en Colombia y Perú se incrementó al amparo de la DEA

La Paz, 4 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los cultivos y la producción de la hoja de la coca, en Colombia y en el Perú, se incrementó en elevados porcentajes, en los últimos años, a pesar de la presencia en esos países, de la Administración de Control de Droga (DEA) de los Estados Unidos. Sin embargo, en Bolivia la producción se redujo hasta en unas 25 mil hectáreas, principalmente en la gestión del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, sin enfrentamientos y personas heridas o asesinadas. Antes de la gestión de Morales, la producción de la hoja de coca, superaba las 50 mil hectáreas, en medio de permanentes enfrentamientos de fuerzas del ejército, policías y militares estadounidenses de la DEA, contra desarmados campesinos que defendían su producción. De acuerdo a los datos oficiales, en la actualidad en Bolivia existen aproximadamente unas 31 mil hectáreas, una cifra mucho menor a la que hay en Colombia y Perú, donde se encuentra la DEA desde hace unos 40 años. Los dirigentes de los productores de coca del trópico de Cochabamba advirtieron que no permitirán el retorno ni la presencia de agentes armados de la DEA en el territorio nacional, porque sólo traen muerte y luto en las familias campesinas y no luchan verdaderamente contra las drogas, sino se sirven del narcotráfico.

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Luis Arce reconoce indirectamente a su hijo y propone pensión de Bs. 2.635

La Paz, 30 de octubre (El Nuevo Cambio).- El presidente Luis Arce Catacora propuso otorgar una asistencia familiar de 2.635 bolivianos a la madre de su hijo al que le negó paternidad y se opuso a una prueba de ADN. La madre del niño, Branda L. le inició un proceso penal, por abandono de mujer embarazada, pero el presidente Arce, se opuso en reiteradas oportunidades a responder los requerimientos del Ministerio Público. Según la defensa del mandatario, la asistencia provisional, busca “que no se vulnere los derechos fundamentales del menor y se provea al mismo de los medios necesarios para su subsistencia y vida digna”, de acuerdo al memorial presentado. Sin embargo, la madre del hijo del presidente, rechazó el monto propuesto por Arce ya que aseguró que “no es ni la quinta parte de lo que gasta en su bebé” y afirmó que asume que, con este memorial, el mandatario reconoce indirectamente que es el padre biológico de su hijo. Una información del periódico Opinión, que entrevistó a Brenda  L. dice que la madre del niño afirmó que ella sostuvo que “Lo importante es que (Arce) está reconociendo que es el padre biológico de nuestro hijo”, “Vamos a asistir a la audiencia que la juez determine”, aseguró la denunciante, tras precisar que será en esta instancia donde ella demostrará que los gastos que imprime en el cuidado de su bebé son mayores. “Una como madre siempre busca brindarle la mejor calidad de vida a sus hijos”, expresó.

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Choferes rechazan Ley de Importación de Combustibles y anuncian incremento de pasajes

La Paz, 29 de octubre (El Nuevo Cambio).- Los choferes de Bolivia rechazaron la Ley de Importación de Combustibles por parte de los privados y advirtieron que incrementarán el precio de los pasajes del transporte a nivel nacional. El secretario ejecutivo de este sector, Lucio Gómez, dijo que su organización, la Confederación de Choferes de Bolivia, se declaró en emergencia y denunció que la intención del gobierno saliente y entrante, es preparar el terreno para un gasolinazo. “Lamentamos que el presidente Luis Arce Catacora haya promulgado una ley faltando días para que se vaya. Sabemos perfectamente que está ley afectará al pueblo boliviano, porque es un ensayo para un gasolinazo”, afirmó. Gómez manifestó que no permitirán la reglamentación de la ley, ni aceptarán que se levante la subvención a los hidrocarburos, menos que se vendan a precios elevados en todos los surtidores del país, afectando aún más la economía de las familias bolivianas, sobre todo los más pobres. El dirigente advirtió que, si el combustible importado por los privados se comienza a comercializar en los surtidores del país, el transporte en su conjunto saldrá a las calles y carreteras de todo el país, con drásticas medidas de presión. Según Gómez, la ley en cuestión promovida por el Comité Cívico de Santa Cruz, solo tiende a beneficiar al sector empresarial y no al pueblo boliviano, por lo que el gobierno de Arce Catacora, antes de irse debería ser derogada. Por su parte, el dirigente del transporte libre de La Paz, Limberth Tancara, a tiempo también de rechazar la Ley anunció que de mantenerse la norma, el transporte se verá obligado a incrementar el precio de los pasajes a nivel nacional. “Es un ensayo de gasolinazo. La normativa indica que en el caso de que el Estado no pueda garantizar el 100% de hidrocarburos se podrá activar esta normativa para que el surtidor tenga un convenio con importadores directos y a precio internacional”, explicó. El lunes, el presidente Luis Arce promulgó la ley que autoriza la importación de combustibles por parte del sector privado durante un periodo de 90 días y permite que empresas privadas, surtidores y asociaciones del rubro puedan traer combustibles del exterior bajo supervisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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Expresidente afirma que la DEA no lucha contra el narcotráfico, se apropia de ese ilicito «negocio»

Lauca Eñe, 28 de octubre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, dijo que la DEA  no tiene la intención de erradicar el narcotráfico, sino de apropiarse de ese ilícito negocio. El exmandatario puso de ejemplo el libro de Michael Levin, un exagente de la CIA que escribió el libro titulado “La Guerra falsa”, en la década de los años 90 y que con una serie de ejemplos verídicos, revela que la lucha contra el narcotráfico es realmente una mentira. “La DEA y la CIA, no combaten a los narcos y terroristas, sino que son parte de ellos porque hacen negocios para el capitalismo y las organizaciones financieras del Imperio”, señaló. Afirmó que quienes hoy claman por el retorno de la DEA a Bolivia ya fueron víctimas de la llamada guerra sucia del Imperio entre 1990 y 1993, cuando la administración de Jaime Paz Zamora fue calificada de narco gobierno y varios de sus funcionarios y familiares fueron perseguidos por Estados Unidos. «No tenemos miedo a ningún organismo internacional. Solo refrescamos la memoria. Esos que claman el retorno de la DEA ya fueron víctimas de la guerra sucia”, sostuvo al señalar que EE.UU. en el pasado  “retiró la visa a Jaime Paz Zamora, a su hermana Edith Paz y a varios de sus ministros; impulsó el encarcelamiento del mirista Oscar Eid Franco; acusó de narcovínculos a Isaac “Oso”, Chavarría, Samuel Doria Medina, Cnl. Faustino Rico Toro (FELCN) y otros miristas”, dijo. Según Morales, EE.UU. ejecuta una falsa guerra contra las drogas y el terrorismo. “Su objetivo real es invadir países, aniquilar a presidentes que no aceptan ser sus serviles y poner a políticos locales como sus fieles empleados, capaces de vender su patria, como Judas, por unas monedas”.

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Congreso campesino eligió a Feliciano Vegamonte como secretario Ejecutivo

Cochabamba, 26 de octubre (El Nuevo Cambio).- El dirigente de la región andina del departamento de Cochabamba, Feliciano Vegamonte, fue elegido como secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en el XIX Congreso Nacional, que se realizó en el coliseo de la Coronilla, con representantes de todo el país. En encuentro se realizó entre este 24, 25 y 26 del mes en curso y concluyó con la aprobación de un documento político y sindical y varias resoluciones aprobadas primero por las comisiones y después en el plenario. El congreso se desarrolló en un contexto complejo, marcado por la detención del máximo dirigente de la CSUTCB, Ponciano Santos, hecho que ha generado protestas y críticas contra el gobierno de Luis Arce Catacora. En los dos días y medio de debate las comisiones del congreso trabajaron en temas relacionados con la coyuntura política y social del país y se analizaron aspectos orgánicos internos de la organización, tras los desafíos de divisiones y tensiones generadas en los últimos años. Entre las resoluciones aprobadas por el congreso que recién se harán públicas, se decidió rechazar cualquier intento de modificar la Constitución Política del Estado y retornar al estado republicano y colonial. También se acordó luchar y resistir para que los recursos naturales que son de los bolivianos, no sean entregados a las empresas trasnacionales del imperio y sean privadas, además de defender los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, la Renta Dignidad, entre otros. Asimismo, se aprobó una resolución de apoyo al líder sindical y político Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, ante los intentos de detención de la derecha.

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CSUTCB inicia su XIX Congreso nacional en el coliseo de la Coronilla en Cochabamba

Cochabamba, 24 de octubre (El Nuevo Cambio).- La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) comenzó este viernes su XIX Congreso Nacional, con representantes de todo el país, en el coliseo de la Coronilla de la ciudad de Cochabamba. En encuentro se realizará entre este 24,25 y 26 del mes en curso y concluirá no solo con la aprobación de un documento político y sindical, sino también resoluciones aprobadas por las comisiones y el plenario. El dirigente Javier León, secretario de Educación de la organización, ratificó que el congreso, cuenta con una amplia participación de todas las organizaciones sociales campesinas del país. Al encuentro se invitó al nuevo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a varios alcaldes de la región y principalmente al expresidente del Estado Plurinacional y actual presidente de las Seis Federaciones del Trópico, Evo Morales Ayma. Una nota periodística de Radio Kausachun Coca afirma que el congreso se desarrolla en un contexto complejo, marcado por la detención del máximo dirigente de la CSUTCB, Ponciano Santos, hecho que ha generado preocupación en las bases campesinas. A pesar de esta situación, las comisiones del congreso trabajarán en temas relacionados con la coyuntura política y social del país, además de abordar aspectos orgánicos internos de la organización, tras los desafíos de divisiones y tensiones generadas en los últimos años. Con este evento, la CSUTCB reafirma su compromiso con la unidad del movimiento campesino y su rol protagónico dentro del proceso social y político boliviano.

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Expresidente dice que no busca impunidad y demanda debido proceso y respeto a la CPE

Lauca Eñe, 23 de octubre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, afirmó que nunca buscó impunidad, por el contrario exigió un debido proceso, imparcialidad y respeto a la Constitución Política del Estado. La afirmación está relacionada a los intentos del gobierno de Luis Arce Catacora por intentar procesarlo por una serie de temas no solo ilegales, sino injustificables, desde trata de personas, hasta terrorismo. “Pueden perseguirme, pero no podrán callar la verdad», afirmó el expresidente, Morales, ante la denuncia formal que le inició una fiscal de Tarija, horas antes de ser removida de sus funciones, por el fiscal general. «Después de destruir la economía que levantamos junto al pueblo y de traicionar al Instrumento Político que nació de las luchas sociales, Lucho Arce insiste en aniquilarme, afirmó el exmandatario en un mensaje a través de sus redes sociales. «Usa un consorcio jurídico armado para fabricar delitos, porque no pudieron probar ni una sola de sus acusaciones», sostuvo al referirse a la acusación formal presentada por el presunto delito de trata de personas. La ahora exfiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, acusó al expresidente de varios delitos sin una víctima o denunciante, procesos que se han desestimado por inconsistencias legales y graves violaciones a las normas, corroboradas por una fiscalía de Santa Cruz cuyo titular sufrió represalias por parte del gobierno de Arce Catacora y fue enviada a prisión por seis meses. Morales explicó que todas esas acciones eran diseñadas y ejecutadas por un consorcio que montaba casos ficticios en todo el país, un «justiciagate» descubierta por el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y que derivó en la detención del entonces ministro de Justicia, César Siles, acusado de manejar a jueces, fiscales y abogados. En ese caso, el exministro Siles y otros altos funcionarios de la Fiscalía y Justicia fueron a prisión preventiva, unos a detención domiciliaria y otros a la cárcel tras la denuncia de Saucedo y la exigencia de dimisión del entonces ministro de Justicia. «No temo a la justicia, pero sí denuncio la injusticia. No busco impunidad: exijo debido proceso, imparcialidad y respeto a la Constitución que defendimos con el pueblo en las calles», dijo Morales. «Mientras ellos —Lucho, sus ministros y su círculo— gozan de impunidad, los verdaderos revolucionarios, los indígenas y los defensores del proceso de cambio somos perseguidos», sostuvo. «Podrán inventar mil causas, pero jamás podrán borrar la historia, la dignidad y la fuerza del pueblo que despertó para nunca más arrodillarse», concluyó.

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