Portada 9

RT La diputada venezolana Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ambos secuestrados en Caracas el pasado 3 de enero tras la agresión militar e incursión masiva de tropas de EE.UU. contra Venezuela, enfrenta en la actualidad un cuadro de salud complicado tras presentar «un problema muy delicado en el corazón», informó este lunes a la agencia AFP, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario retenido por la fuerza en Nueva York. Según la entrevista a Maduro Guerra, quien también es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Flores presenta un «prolapso» en el corazón, una condición que en situaciones graves puede causar fallos cardíacos.  El parlamentario también comentó que la funcionaria venezolana se encuentra privada de libertad junto a otras 40 mujeres y no recibe el tratamiento indicado para atender el padecimiento que presenta. Además, dijo que su estado clínico se ha agravado desde que los agentes del Pentágono la extrajeron junto a Maduro desde Caracas y la encerraron en Nueva York tras acusarla de supuesto «narcoterrorismo». «No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente», aseguró el diputado sobre Flores, quien tiene 69 años y cuya defensa solicitó a la justicia estadounidense que le dieran prisión domiciliaria para atender la dificultad cardíaca pero la medida fue rechazada. Maduro Guerra indicó que Flores «empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero», y agregó que «nunca había sufrido» de la presión arterial. El parlamentario comentó que la esposa de su padre también ha experimentado problemas respiratorios luego de que autoridades de la prisión usaran gas pimienta para controlar una riña entre dos mujeres. «Ella es asmática«, dijo el diputado, quien espera que la justicia pueda hacer «algo bueno esta semana» por la salud de la funcionaria venezolana.

Telesur El electorado latino en Estados Unidos muestra un giro significativo en sus preferencias políticas y se inclina mayoritariamente hacia el Partido Demócrata, impulsado por un profundo descontento ante la gestión económica y los excesos en la política migratoria de la Administración republicana de Donald Trump, según dos sondeos publicados este domingo. Los datos revelan que el respaldo hacia los demócratas se amplía a pocas semanas de los comicios de medio mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre. La medición conjunta de NBC y Telemundo indica que los votantes latinos prefieren una victoria demócrata en el Congreso en noviembre por un margen de 24 puntos, con 59% frente al 35% que respalda a los republicanos. Esta diferencia supera ampliamente la ventaja de 12 puntos de los demócratas entre los votantes latinos a esta altura de 2024, aunque sin alcanzar la amplitud de las elecciones intermedias de 2018. Una tendencia similar arroja el estudio de CBS y YouGov, donde los votantes latinos con probabilidades de sufragar respaldan, en proporción de 60% contra 39%, a un candidato demócrata frente a uno republicano en su distrito de la Cámara de Representantes. Economía y costo de vida como detonantes El descontento de la comunidad latina se centra fundamentalmente en el manejo de la economía y el incremento de los precios. El sondeo de NBC y Telemundo sitúa la aprobación general del mandatario en apenas 27%, mientras que su gestión sobre el costo de vida desciende al 20%. La consulta de CBS y YouGov arroja que el 56% de los votantes registrados considera que Trump está haciendo un peor trabajo en su segundo mandato que en el primero, y el 70% atribuye a sus políticas un aumento de los precios de los alimentos y productos de supermercado. El Partido Demócrata (48%) aventaja al Partido Republicano (27%) en la confianza ciudadana sobre un mejor trabajo en el manejo de la economía. La opinión negativa del Partido Republicano creció al 62% (frente al 46% registrado en septiembre de 2024). Cuestionamientos a la política migratoria de Trump Si bien el ámbito migratorio otorga a Trump una valoración ligeramente superior, alcanzando un 30% de respaldo, dos tercios de los consultados de la comunidad latina advierten que su Gobierno ha ido demasiado lejos en su enfoque para hacer cumplir las leyes migratorias. Aproximadamente, una cuarta parte de los encuestados afirma conocer a alguien que ha sido deportado o detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos dos años. Este panorama contrasta con el protagonismo que los aproximadamente 36 millones de votantes latinos del país tuvieron en los comicios de 2024, cuando se alejaron de su trayectoria histórica de apoyo abrumador a los demócratas y Trump obtuvo el 46% del voto latino, frente al 51% de la demócrata Kamala Harris. La encuesta de CBS/YouGov revela que, entre el electorado en general, los votantes con probabilidades de sufragar favorecen a los demócratas por un margen de nueve puntos, en sintonía con otras mediciones recientes sobre la intención de voto genérico. En cuanto a la metodología, el estudio de NBC News y Telemundo se desarrolló en inglés y español del 21 al 28 de septiembre, mediante entrevistas telefónicas en vivo y encuestas en línea, a una muestra nacional de 800 votantes latinos registrados (con un margen de error porcentual de 3.5). La encuesta de CBS News y YouGov se llevó a cabo en línea del 30 de septiembre al 2 de octubre con una muestra nacional aleatoria de 2.166 adultos. Los resultados entre todos los adultos tienen un margen de error porcentual de 2.5 puntos porcentuales; entre los votantes con probabilidades de votar, unos 3.1 puntos porcentuales.

DW Actualidad Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este sábado (03.10.2026) ataques con «varios» misiles balísticos y drones contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Riad, la capital de Arabia Saudita, en la última acción de los insurgentes en su campaña contra las infraestructuras energéticas en el reino árabe. Poco más temprano se habían reportado fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad. Los hutíes «han llevado a cabo una operación militar de carácter cualitativo mediante varios misiles balísticos y drones contra la compañía Aramco en Riad, capital del enemigo saudita», dijo el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (Twitter). Agregó que la operación «logró su objetivo» y que los «impactos fueron precisos y directos». Sarea justificó «estas medidas necesarias de escalada y acciones disuasorias» por ser Arabia Saudita el que lidera la coalición militar contra los hutíes. «Continuaremos imponiendo la fórmula de ‘bloqueo por bloqueo y escalada por escalada’, así como atacando las concentraciones de fuerzas pertenecientes al enemigo saudita, hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo contra nuestro querido país», zanjó Sarea. Creciente tensión Horas antes, los hutíes denunciaron que Arabia Saudita había bombardeado Saná, la capital yemení. Según la cadena Almasirah, afín a los insurgentes, aviones «enemigos» sauditas realizaron 26 ataques aéreos. Los enfrentamientos entre los hutíes y el reino de Riad se han recrudecido desde su reanudación en julio, lo que marca una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. De acuerdo con los hutíes, la capital ya había sido blanco de bombardeos el jueves por primera vez en varios años. Corresponsales de la agencia de noticias AFP en Saná informaron haber escuchado al menos cinco explosiones en distintos sectores de la capital y vieron dos aviones de combate lanzando misiles. Almasirah también reportó ataques contra la red de telecomunicaciones en Saada, bastión de los hutíes en el norte de Yemen. Los combates en el país se intensificaron en septiembre con una ofensiva relámpago de los hutíes. Estos tomaron el control de la costa del mar Rojo, reforzando su dominio sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, después de decretar un bloqueo de la flota saudita.

DW Actualidad Estudiantes de secundaria franceses encendieron este viernes (02.10.2026) hogueras y lanzaron proyectiles contra la policía, que respondió disparando gases lacrimógenos, en el marco de un creciente movimiento de protesta para exigir mejores condiciones en la educación en Francia. Este viernes, 735 centros se vieron perturbados u obligados a cerrar, según las autoridades. Además, algunas ciudades, como París, Lyon y Estrasburgo, registraron choques entre jóvenes y fuerzas de seguridad. Y un policía fue brutalmente golpeado en Belfort, en el noreste de Francia, por «alborotadores», según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez. A la entrada del liceo Turgot, en el centro de París, decenas de estudiantes, algunos encapuchados, bloquearon en la mañana el acceso en un ambiente distendido con pancartas donde se leía: «No pararemos hasta que seamos escuchad@s» o «¿Quién nos protege de la policía?». «El horario está demasiado cargado. A menudo tenemos clase de ocho de la mañana a seis de la tarde. Además, trabajamos dos horas al día en casa. No tenemos tiempo para actividades extraescolares», explicó a AFP Simon, de 15 años. Según Anna, también de 15 años, durante la ola de calor se alcanzaron los 37ºC y «en invierno hace frío». «Gastan dinero en fundas para teléfonos, pero no en las cosas más importantes», agregó en referencia al dispositivo para garantizar la prohibición del uso de celulares en liceos. Entre las quejas de los manifestantes figuran también las ausencias excesivas de personal docente y la falta de reemplazos, en un contexto en que Francia busca reducir el gasto para sanear su deuda pública. Anuncian jornada de protestas para el martes  El ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, se reunió este viernes con sindicatos educativos y asociaciones estudiantiles, pero al término del encuentro estos reiteraron su llamado a mantener el movimiento y a participar en una jornada de grandes protestas el próximo martes ante la falta «de medidas concretas». El movimiento empezó la semana pasada en la región de París y se extendió a nivel nacional entre los alumnos de liceo, en su mayoría de entre 15 y 18 años.      El gobierno del presidente centroderechista Emmanuel Macron sostiene que las protestas son legítimas, pero la violencia no, y Geffray acusó incluso al movimiento de estar «secuestrado por grupos marginales violentos». «La represión policial extremadamente violenta, inevitablemente, aviva la ira de los estudiantes de liceo», aseguró James, uno de los jóvenes movilizados, en Lille, en el norte de Francia. Más de 300 policías y gendarmes resultaron heridos, así como 65 trabajadores del Ministerio de Educación, entre ellos 40 directores de liceo, y 170 alumnos desde el inicio del movimiento, según las autoridades. En tanto, más de 5.000 han sido detenidas desde el lunes y solo este viernes se reportaron 1.747 encarcelados, según cifras del gobierno.

Telesur El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, impulsa un decreto orientado a modificar los protocolos y el ejercicio del derecho a la protesta social en el país, una medida que ha generado profunda preocupación en sectores políticos y sociales ante el temor de una represión contra movimientos populares si van a las calles en defensa de sus garantías constitucionales. En entrevista concedida a teleSUR, el analista Miguel Ángel Herrera advirtió que Rodrigo Lara, ministro del Interior —hijo del exministro de Justicia y notable figura del neoliberalismo Rodrigo Lara Bonilla, quien hizo tándem con el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y fue inmolado por sicarios al servicio de Pablo Escobar—, ha protagonizado un debut desfavorable al circular la normativa que restringe el derecho a la movilización ciudadana. Herrera destacó que este marco legal choca de manera abierta con los procesos impulsados por el anterior Gobierno de oposición y del cambio del Pacto Histórico, una organización política que movilizó a más de 12 millones de simpatizantes. Las restricciones contempladas en los decretos oficiales afectan directamente a esta militancia y a la realidad de los movimientos sociales, los cuales empezarán a salir a las calles en respuesta a las antipopulares medidas tomadas por el Ejecutivo en los frentes económico, social y cultural. Este nuevo proyecto de decreto faculta a la Policía Nacional para disolver las movilizaciones de manera inmediata, suprimiendo la obligatoriedad de agotar instancias previas de mediación y desmontando el esquema del Decreto 003 de 2021, el cual priorizaba la concertación social antes del despliegue de las unidades antidisturbios. Flexibilización del porte de armas y escenarios de violencia Como parte de este mismo contexto de medidas gubernamentales, una resolución presidencial habilitó la posibilidad de portar armas de fuego públicamente bajo el cumplimiento de los requisitos ante la autoridad militar y poseyendo el salvoconducto correspondiente. El analista señaló que esta medida da inicio a una fórmula del «Lejano Oeste» trasladada al cercano norte de Sudamérica en Colombia, donde el propio presidente se ha estado exhibiendo con un arma, algo totalmente prohibido hasta la llegada de la nueva Administración. De este modo, el viraje normativo consolida la doctrina de mano dura de la extrema derecha, la cual subordina las libertades civiles al mantenimiento de la actividad mercantil y del orden público.

Telesur El personal docente y no docente de las universidades públicas de Argentina inició un nuevo paro nacional de 72 horas. La medida de fuerza, que cuenta con la adhesión de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el resto de las casas de altos estudios del país, busca exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4 %. ​Desde los gremios señalaron la ausencia de contactos por parte del Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), afirmó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que hasta el momento nadie del Gobierno se ha comunicado con el sector y que no mantienen expectativas de que la Administración del presidente Javier Milei dé cumplimiento a la normativa reclamada. ​La dirigente gremial recordó que la semana pasada el juez federal Diego Martín Cormick intimó al Gobierno a abonar de manera integral la medida cautelar ordenada en la causa.  Según lo expuesto por Carboni, el plazo judicial vencía este 30 de septiembre y, de no cumplirse, el Estado comenzaría a acumular multas, a menos que decida acatar la resolución. ​Hasta la fecha, los sindicatos universitarios no han percibido ajustes adicionales a sus ingresos, salvo un incremento del 3 % previsto para octubre sobre los haberes de septiembre, al tiempo que las negociaciones permanecen paralizadas. ​Frente sindical unificado y acciones de visibilización ​La huelga de tres días fue ratificada por las principales federaciones del sector, entre ellas CONADU y CONADU Histórica.  A su vez, se articula con los esquemas de protesta impulsados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), Feduba y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), las cuales han mantenido paros de 24 horas por sedes. ​En el marco de la jornada de reclamos, distintas unidades académicas llevarán a cabo actividades abiertas a la ciudadanía.  La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ofrecerá una jornada comunitaria entre las 09H00 y las 19H00 con servicios de asesoramiento a emprendedores, asistencia en liquidación de sueldos, resolución de deudas, prevención de estafas, orientación fiscal y propuestas culturales. Por su parte, la Facultad de Medicina llevará a cabo este jueves un abrazo simbólico al edificio institucional, complementado con radios abiertas y dinámicas participativas. ​Este conflicto, iniciado a finales del año pasado cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acudió a la justicia ante la falta de ejecución presupuestaria alegada por la Casa Rosada, servirá como antesala para la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo jueves 15 de octubre.

BBC News Un hombre que pasó 41 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos tras ser condenado por el asesinato de una mujer fue puesto en libertad bajo fianza después de que los fiscales afirmaran que las nuevas pruebas de ADN analizadas no lo vinculaban con el crimen. Douglas Stewart Carter, quien ahora tiene 71 años, fue encarcelado por el asesinato de Eva Olesen en Provo, Utah, en febrero de 1985. Fue condenado a muerte, pero siempre dijo ser inocente y sostuvo que su confesión firmada había sido obtenida bajo coacción. El Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado un nuevo juicio alegando mala conducta por parte de los investigadores, y un juez concedió la libertad bajo fianza a Carter el lunes, a pesar de las objeciones de la familia de la víctima. Mientras esté en libertad bajo fianza, deberá llevar una tobillera electrónica. Olesen, tía de un jefe de policía local, fue apuñalada varias veces y luego recibió un disparo en la nuca en su casa. Carter vivía con su madre en Utah en el momento del asesinato. Los documentos judiciales indican que la policía sospechaba que había matado a Olesen durante un robo. Creyendo que era sospechoso en otro caso judicial, Carter huyó de Utah; fue encontrado en Nashville, Tennessee. Allí firmó una confesión que, según su versión, fue obtenida bajo coacción durante un interrogatorio. Cambio en los testimonios A pesar de no existir pruebas físicas que vincularan a Carter con la escena del crimen, fue hallado culpable por un jurado que se basó en la confesión y en la declaración de dos testigos que aseguraron que se había jactado del asesinato. Sin embargo, los testigos declararon posteriormente que les habían ordenado mentir en la corte, que la policía les dio dinero en efectivo y regalos, y que fueron amenazados con la deportación si no testificaban contra Carter. Más de una década después de conocerse el cambio en las declaraciones de los testigos, el Tribunal Supremo de Utah ordenó el año pasado la celebración de un nuevo juicio. Los abogados que representan a Carter dijeron que los testigos habían visto a un hombre blanco huyendo del lugar del asesinato. Carter es negro. Añadieron que un investigador había ocultado pruebas que señalaban al marido de la víctima. La defensa de Carter alega que los fiscales estuvieron a punto de presentar cargos contra él, pero que un agente de policía les pidió que no lo hicieran para poder continuar con la investigación. El esposo de Olesen, quien falleció en 2009, declaró a la policía que había encontrado a su esposa muerta en su casa. Las puñaladas que sufrió la víctima fueron presuntamente realizadas con un cuchillo de la cocina que fue hallado cerca de su cuerpo. La pistola no fue encontrada en el lugar de los hechos. El ADN no coincide Este mes, los fiscales declararon que los resultados de un análisis de ADN descartaban a Carter como posible coincidencia con la sangre encontrada en el pomo de una puerta y el material genético recuperado del mango del cuchillo. La liberación de Carter se produce en contra de los deseos de la familia de Olesen. Theresa Olesen, nuera de Eva Olesen, declaró en la audiencia de fianza del lunes que su familia tenía «serias preocupaciones» sobre la liberación de Carter. Afirmó que el recluso debería permanecer en prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio. «¡Vaya, esperábamos una coincidencia definitiva!», dijo Olesen refiriéndose al análisis de ADN. «Eso no significa que no estuviera allí». Pero el abogado defensor de Carter, Neal Hamilton, pidió que se desestimara el caso. «Si el estado de Utah se hubiera salido con la suya, lo habrían ejecutado hace 15 o 20 años, antes de que descubriéramos la conducta indebida», declaró a Associated Press.

Telesur La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena de 28 años de prisión contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, por su responsabilidad como determinador del secuestro extorsivo agravado, perpetrado en 1999, de la entonces senadora Piedad Córdoba Ruiz (1955-2024), reconocida defensora de los derechos humanos, la democracia y la paz en el país suramericano. El fallo ratifica la sentencia emitida en octubre de 2025 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras desestimar los recursos de apelación interpuestos por la defensa del procesado. El tribunal mantuvo las sanciones accesorias, que incluyen una multa de 3.499,99 salarios mínimos, la inhabilitación por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y la declaratoria de los hechos como delito de lesa humanidad. Los hechos se remontan al 21 de mayo de 1999, cuando un comando armado interceptó y retuvo a la dirigente política en el barrio El Poblado de Medellín, manteniéndola en cautiverio hasta el 4 de junio de ese año. Durante el estudio de la apelación, el tribunal examinó los cuestionamientos planteados sobre la valoración probatoria, la existencia de grabaciones telefónicas y la posible prescripción de la acción penal. Los magistrados concluyeron que la acción no prescribió, tras descontar 1.135 días correspondientes al trámite de sometimiento de Narváez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (entre el 20 de agosto de 2019 y el 28 de septiembre de 2022), así como los periodos de dos recusaciones declaradas infundadas. Las pruebas evaluadas de manera conjunta permitieron comprobar los nexos de Narváez Martínez con el exjefe paramilitar Carlos Castaño y su rol dentro de una estructura ilegal. Múltiples testimonios de exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo señalaron como profesor, ideólogo y guía operacional de esa organización criminal, y llamaron la atención sobre su influencia directa para ordenar el secuestro de la congresista. “Con esta decisión se da un paso más en la lucha contra la impunidad contra estos funcionarios, que revestidos de poder cometen estas violaciones de derechos humanos. El Tribunal encontró que está plenamente probada la autoría intelectual de Narváez como determinador del secuestro por orden o mensajes de integrantes de la fuerza pública, lo que está acreditada por testimonios de paramilitares, la relación de coordinación con Carlos Castaño y el ser ideólogo y profesor de la escuela de formación de los paramilitares y que, en esta calidad, él influyó de forma concreta para que se realizara este crimen,” señaló Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de víctimas. El exfuncionario acumula otras sentencias y procesos por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la condena por el asesinato del periodista y activista Jaime Garzón, además de su vinculación en la investigación por el magnicidio del senador Manuel Cepeda. Piedad Córdoba se desempeñó durante muchos años como senadora. La lideresa social y referente continental de la lucha por la paz, los derechos humanos y la justicia social fue además una mediadora humanitaria, defensora de los pueblos afrodescendientes, una voz incómoda frente a las élites oligárquicas y una militante permanente del diálogo político como alternativa a la guerra. Uno de los capítulos más trascendentales de su carrera fue su rol como mediadora humanitaria en el conflicto armado colombiano. Para Córdoba, la paz no era solo el silenciamiento de las armas, sino la transformación estructural de las causas sociales del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió este domingo (27.09.2026) el arresto de cinco personas en Reino Unido que presuntamente planeaban un ataque con explosivos contra la base militar de Fairford, que alberga presencia estadounidense. El operativo policial comenzó cuando las autoridades recibieron información de tres vehículos sospechosos que se dirigían al recinto. «Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza», declaró el presidente estadounidense a la prensa al aterrizar en Chicago. «Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos», agregó, sin responder a más preguntas. Además de los cinco detenidos, las autoridades británicas evacuaron 85 viviendas en las inmediaciones de la base, que adquirió relevancia mediática luego de que se autorizara su uso para acciones contra instalaciones de misiles iraníes. Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán. Colaboración con Estados Unidos El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, escribió en la red social X (Twitter) que «la seguridad de la población» constituye su «máxima prioridad». «Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad de nuestro país», añadió. «Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros amigos estadounidenses, y durante el día estuve en contacto con mi homólogo, Pete Hegseth«, declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, durante su intervención en el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool. Los sospechosos fueron arrestados por sospechas de «preparación de un acto terrorista”, indicaron las autoridades. «La unidad antiterrorista puede confirmar ahora que está al frente de una investigación sobre un incidente ocurrido durante la noche cerca de la base aérea», indicó la policía de Londres en un comunicado.

Telesur Una multitud desbordó este sábado las calles del centro de Madrid bajo el lema «Maricarmen, ni una más», en una masiva protesta para exigir soluciones ante la crisis inmobiliaria y repudiar el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con una discapacidad del 25% y pensión de viudedad, quien debió abandonar su vivienda tras 70 años luego de ser adquirida por el fondo buitre Urbagestión. La movilización reunió a 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, mientras que el Sindicato de Inquilinos cifró la asistencia en 300.000 manifestantes. La marcha concluyó en la Puerta del Sol, donde decenas de personas instalaron tiendas de campaña para iniciar una acampada indefinida y exigieron al Gobierno la aprobación de un decreto urgente que obligue a los arrendadores a acreditar causa justificada para no renovar contratos o indemnizar al inquilino. Durante el recorrido, los manifestantes lanzaron consignas contra los rentistas y la gestión de las autoridades locales y nacionales, señalando al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al Gobierno Nacional. El desalojo de la octogenaria se produjo después de que la empresa inmobiliaria intentara multiplicar exponencialmente el monto del alquiler, elevando la renta hasta 2.700 euros frente a los 500 euros que pagaba inicialmente, una cifra que duplicaba su pensión mensual de 1.350 euros, en un país donde cada año se ejecutan más de 25.000 desahucios, con alta incidencia en Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. Propuestas legislativas y llamado de Maricarmen Ante la situación, la eurodiputada de Podemos Irene Montero propuso prohibir la venta especulativa y expropiar 650.000 viviendas en manos de fondos buitres para bajar los precios de los alquileres por ley. «El negocio de la vivienda se tiene que acabar. Hay que prohibir la compra para especular, necesitamos expropiar las 650.000 viviendas que están en manos de fondos buitre y necesitamos bajar el precio de los alquileres por ley. Por eso estamos en esta movilización, porque la calle tiene que seguir desbordando, la calle tiene que seguir hablando y así los rentistas van a perder», declaró. Desde el hospital donde permanece ingresada tras ser desahuciada, Maricarmen Abascal envió un mensaje al país, advirtiendo sobre el accionar de estas empresas: «Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio por parte de los fondos buitre y, por eso, este martes se tiene que aprobar el decreto Maricarmen para dar un primer paso para acabar con este sinsentido. Si todas y todos nos unimos, podremos conseguir los contratos indefinidos. Podremos conseguir lo que nos proponemos. Eso es lo que espero de vosotros».