ElNuevoCambio

Telesur El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina emitió este miércoles 14 de octubre un comunicado oficial para condenar “en los términos más enérgicos” la inauguración de la embajada de Colombia ante la ocupación israelí en la ciudad de Jerusalén.   Señaló que la apertura de la delegación diplomática constituye una “grave violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como una afrenta al pueblo palestino y a sus legítimos e inalienables derechos nacionales”. ​El texto oficial subraya que cualquier medida o decisión encaminada a modificar el carácter, el estatuto jurídico o la composición demográfica de Jerusalén ocupada es “nula y carece de validez jurídica, y no puede producir efecto jurídico alguno”.   ​Asimismo, el Ministerio recordó que esta acción contraviene de forma directa las resoluciones 476 (1980) y 478 (1980) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales rechazan los intentos de alterar el estatus de la Ciudad Santa y advierten que este tipo de actos socavan el consenso internacional, alentando a la potencia ocupante a perpetuar sus políticas coloniales.   ​Ante este escenario, el Gobierno palestino exhortó formalmente al Ejecutivo colombiano a “cumplir sus obligaciones internacionales, respetar las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y revertir esta medida”, en consonancia con los esfuerzos globales orientados a lograr una paz justa basada en el fin de la ocupación y la materialización de la independencia de Palestina con Jerusalén Este como su capital.   Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuman su responsabilidad política y jurídica en la defensa del orden jurídico internacional.   ​El documento instó a promover la”aplicación efectiva de las resoluciones de las Naciones Unidas y de las decisiones pertinentes adoptadas por consenso en los ámbitos árabe e islámico”, sugiriendo la adopción de medidas diplomáticas y económicas frente a cualquier Estado que decida trasladar su sede diplomática a Jerusalén ocupada. Este miércoles, el Gobierno de Colombia, presidido por Abelardo de la Espriella, inauguró oficialmente su embajada en la ciudad de Jerusalén, en el marco de una ceremonia protocolaria que contó con la participación del ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, su homólogo colombiano, Omar Bula Escobar, y el alcalde de Jerusalén Oeste, Moshe Lion. La apertura de esta misión diplomática representa un hito clave en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, impulsado por la llegada a la presidencia De la Espriella en agosto de 2026. Con este movimiento, el actual mandatario revierte de manera radical la política exterior de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026), quien en mayo de 2024 había roto los lazos diplomáticos con Tel Aviv en protesta por las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y el posterior estancamiento del proyecto de abrir una embajada colombiana en territorio palestino. 

DW Actualidad Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron este miércoles (14.10.2026)  que atacaron nuevamente el aeropuerto internacional Rey Khaled de Riad con un misil balístico y aseguraron que golpearon con otros tres misiles a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en el sur yemení. Según un comunicado del portavoz militar hutí, Yahya Sarea, el ataque contra el aeropuerto de la capital saudí fue «preciso y directo», sin aportar pruebas de daños o víctimas. Tales afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente y no hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades saudíes ni la coalición que lidera Arabia Saudita, en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido. En la última semana, el aeropuerto Rey Khalid sufrió varios ataques de los hutíes, donde murieron 17 personas y cientos de heridos. Asimismo, el portavoz militar indicó que otra operación tuvo como objetivo a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en la zona de Ras al Ara y Al Madaribah, en la provincia meridional de Lahj, utilizando tres misiles balísticos. Hutíes dicen que ocasionaron «un gran número» de víctimas Aseguró que los ataques causaron «un gran número de muertos y heridos», además de inutilizar varios vehículos, pero no especificó cifras concretas. Sarea también acusó a Arabia Saudita de llevar a cabo 42 ataques aéreos y con misiles en las últimas 24 horas contra lo que describió como objetivos civiles en Saná y en las provincias de Taiz, Lahj, Marib y Amran, así como en la isla de Mayun, en el estrecho de Bab al Mandeb. El portavoz hutí cifró en 2.323 el número acumulado de ataques aéreos y con misiles saudíes desde que comenzó la última escalada de violencia a principios de septiembre. El portavoz advirtió que los ataques contra la isla de Mayun amenazaban el tráfico marítimo internacional y responsabilizó a Arabia Saudita de cualquier interrupción en la navegación que pudiera derivarse de ellos.

Telesur El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este miércoles que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ejerce presiones sobre varios países para que modifiquen su postura en la votación sobre la resolución contra el bloqueo estadounidense a la isla, prevista para finales de este mes en la Asamblea General de Naciones Unidas. «El secretario de Estado de EE.UU., nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU», escribió en X el canciller cubano. El próximo 29 de octubre, la Asamblea General analizará y votará la resolución que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana. Al presentar a la prensa en septiembre pasado el informe que Cuba presenta este año a la ONU, Rodríguez Parrilla detalló los daños de esa política, tanto en el último año como los acumulados. Según los datos oficiales, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 los daños económicos por el bloqueo superaron los 8.000 millones de dólares (8.083.300.000), un 7% más que en el período anterior. La afectación acumulada por más de seis décadas de bloqueo asciende a más de 178.000 millones (178.700.500.000) a precios corrientes (un aumento de 4.7% en el total desde el último reporte, en 2025). Al exponer este miércoles las presiones de EE.UU. para influir en la votación en la ONU, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que Rubio, «con sus repetidas mentiras y nuevas acciones», busca «silenciar el acto de castigo colectivo que está cometiendo contra el pueblo cubano y hacer cómplice al resto de la comunidad internacional de esa barbarie». Durante la presentación del informe actualizado sobre daños del bloqueo, en septiembre pasado, Rodríguez Parrilla recordó que el reporte [cierre al 28 de febrero] solo contemplaba el primer mes de bloqueo petrolero de EE.UU. [por orden ejecutiva firmado el 29 de enero], que ha obstaculizado la llegada de combustible a la isla en 2026, agravando la crisis energética y golpeando severamente sectores críticos como el productivo, transporte, salud y abasto de agua. Al entrar en vigor el bloqueo, se reportó a varios buques que en semanas siguientes desviaron su rumbo a otros puertos cuando se acercaban a Cuba, su destino inicial. Más recientemente, EE.UU. ha interceptado e incautado cargamentos menores de combustible que se dirigían a la isla, cuyas autoridades han denunciado esas operaciones como «piratería y pillaje». En julio, Cuba pidió una sesión especial en la ONU para denunciar las últimas medidas de Estados Unidos contra la isla, con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó el informe resultante de la visita oficial a Cuba, en noviembre de 2025, de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan. La investigación recoge evidencias recabadas durante el recorrido oficial realizado del 11 al 21 de noviembre de 2025, cuando Douhan sostuvo encuentros con autoridades gubernamentales, actores del sector privado, organizaciones comunitarias, investigadores, periodistas y representantes del sistema de la ONU. El informe de la relatora especial concluyó que las sanciones unilaterales estadounidenses violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, vulnerando los derechos del pueblo cubano a la salud, la alimentación, la educación, la vida digna y el desarrollo económico-social. Al bloqueo petrolero decretado en enero por Donald Trump han seguido más 10 rondas de sanciones contra minería, comercio exterior, puertos, finanzas, remesas, servicios médicos internacionales, energía y construcción. Washington también ha mantenido a la isla, arbitrariamente, en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo cual complejiza y frena transacciones financieras del país caribeño vitales para el comercio. A ello se suma la orden ejecutiva del 1 de mayo, que ha sido el soporte de esa ola de medidas coercitivas y reforzado la internacionalización del bloqueo (consistente en presionar a empresas y organizaciones de terceros países, vía amenaza de sanciones secundarias, para que corten o no inicien relaciones comerciales, financieras o de inversión con Cuba). La Asamblea General de la ONU ha votado anualmente desde 1992 la resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, en vigor formalmente desde febrero de 1962 y hoy un complejo entramado de leyes, órdenes ejecutivas y medidas coercitivas destinadas a la asfixia económica, la desestabilización y el cambio de régimen en la isla.

Prensa Latina Bogotá, 14 octubre (Prensa Latina).- Cientos miles de personas protestaron hoy en ciudades de Colombia contra las medidas del presidente Abelardo de la Espriella y a favor de las reformas sociales aprobadas durante el mandato de Gustavo Petro (2022-2026). En urbes como Bucaramanga, Cali, Neiva, Pereira, Pasto, Santa Marta y Tunja, pobladores marcharon en defensa de los derechos laborales, la educación pública, el avance de la reforma agraria, por garantías para la labor sindical y por el respeto al ejercicio de la oposición. En Bogotá, colectivos estudiantiles, gremios sindicales y sectores afines al partido progresista Pacto Histórico se movilizaron a lo largo de la carrera séptima hasta la céntrica Plaza de Bolívar con mensajes sobre la importancia de conservar la soberanía y la democracia del país. Con carteles alusivos a su desacuerdo con las medidas del actual gobierno, banderas, consignas y canciones, los manifestantes también expresaron su rechazo al genocidio cometido por el Gobierno de Isarel contra Palestina. A su llegada a la marcha, el líder de la oposición en el Senado y excandidato presidencial, Iván Cepeda, fue rodeado por la ciudadanía y con gritos de ¡Cepeda amigo el pueblo está contigo! Zulma Ramírez, una de las manifestantes, declaró a Prensa Latina que asistió a la convocatoria porque el movimiento campesino está emergencia, al tiempo que mostraba un volante con las exigencias que hace ese sector al gobierno. Entre otras demandas se refirió a la necesidad de continuar con la reforma agraria que comenzó la pasada administración, por mayor seguridad jurídica para los actores rurales, presupuesto suficiente para las entidades que protegen los derechos campesinos y por el acceso a una vivienda rural digna. Planteó asimismo que es imperioso desmantelar las estructuras criminales, frenar la violencia y garantizar la labor campesina. El exsenador Gustavo Bolívar, presente en la marcha junto con otros excongresistas como Clara López y María José Pizarro, alertó sobre la presencia de francotiradores en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar, ubicados allí por orden del Gobierno. “A esta hora policías con fusil intimidan una marcha alegre y pacífica con gentes tan firmes en la defensa de la vida y la democracia que ni el aguacero con granizo logró esparcirlas”, alertó en un mensaje en su cuenta de X. El expresidente Gustavo Petro, por su parte, resaltó la magnificencia de la movilización en la capital del Valle del Cauca, donde el sismo del pasado 10 de agosto dejó miles de damnificados. “El miedo ha sido vencido. Esta es Cali”, resumió al tiempo que divulgó imágenes de masividad de la protesta en esa urbe del suroeste.

Rusia Today El presidente de EE.UU., reiteró sus amenazas a Canadá, al afirmar que el país vecino se convertirá en el estado número 51 de su nación.  «Todos están entrando –aceptando las reglas de Washington–; de lo contrario, tendrían que pagar aranceles enormes. Y terminarán convirtiéndose en el estado número 51, porque es la única forma en que esto funciona. Ya saben: nosotros no los necesitamos, pero ellos a nosotros sí», dijo el mandatario en un acto de campaña desde el estado de Arizona. Para justificar su aserto, Trump se preguntó retóricamente por qué Washington debería «estar perdiendo 80, 90 o 100.000 millones de dólares al año para mantener a un país» que no está alineado con los intereses de la Casa Blanca y vaticinó que en Ottawa «harán algo parecido a lo de Groenlandia», con la que recientemente firmó un acuerdo del que también participó el Gobierno danés. Posteriormente, anunció el inicio de exploraciones intensivas en busca de petróleo, gas y minerales en la mayor isla del mundo.  No es la primera vez que el político republicano ha insinuado abiertamente que su vecino del norte debería convertirse en el estado 51 de EE.UU. «Nunca ha sido mi intención convertir a Groenlandia en el estado número 51. Quiero convertir a Canadá en el estado número 51. Groenlandia será el estado número 52. Venezuela puede ser el estado número 53″, declaró el pasado 1 de febrero en una cena que ofrecía en la Casa Blanca.  Asimismo, el 8 de enero del año en curso divulgó un mapa con Canadá como parte de EE.UU. y el 7 de septiembre publicó otro en el que tiñó con la bandera estadounidense toda América del Norte, Groenlandia, Islandia, casi toda América Central y la mayor parte del Caribe.  Guerra comercial Canadá y EE.UU. se hallan inmersos en una severa guerra comercial tras el fracaso de sus negociaciones en agosto pasado.  En respuesta a los aranceles de 50 % impuestos por Washington, Ottawa aplicó gravámenes de represalia sobre 20.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses. La confrontación económica ha escalado a tal punto que actualmente existe un creciente movimiento ciudadano en Canadá que busca boicotear los productos provenientes de EE.UU. en favor del consumo nacional.