Telesur El ascenso de la derecha en el Poder Judicial y el Gobierno boliviano ha resultado en la anulación de nueve procesos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, con el argumento de que le corresponde un juicio de responsabilidades. Ante esta situación, víctimas de las masacres ocurridas durante su gestión afirmaron que promoverán dicho juicio, a pesar de que el Legislativo está controlado en un 93 por ciento por la derecha que participó en el golpe de Estado de 2019, el cual llevó a Áñez al Gobierno. En declaraciones para la multiplataforma informativa teleSUR, el abogado de víctimas de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), Aldo Michel, señaló que enervar un juicio de responsabilidades y agotar todas las instancias en estos procesos sienta las bases para llevar el tema de impunidad a tribunales internacionales en busca de justicia, aún previendo un posible resultado negativo en el ámbito nacional. Por su parte, David Inca, representante de las víctimas de Senkata en El Alto, ciudad ubicada en la provincia de Murillo del departamento de La Paz, sostuvo que la ideología de derecha del Gobierno de la señora Áñez promovió ejecuciones sumarias, masacres y torturas durante su período de facto. Los partidos que controlan el Legislativo han manifestado su rechazo a un juicio contra Áñez, argumentando que lo contrario implicaría admitir la ejecución de un golpe de Estado en 2019. Sin embargo, los familiares de las víctimas precisan contar con este rechazo oficial para poder acudir a tribunales internacionales de justicia, buscando una resolución más allá de las fronteras nacionales. Un escollo adicional radica en la norma legislativa que ordena resolver las demandas de juicio de responsabilidad según su orden de llegada, existiendo más de 20 demandas pendientes de resolución desde hace más de 25 años. A este respecto, Inca puntualizó que el derecho humano, en este caso, «tendría que estar por encima de los juicios de responsabilidades ordinarios que tiene que ver la asamblea legislativa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló el 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra Áñez en el caso Golpe II y ordenó su liberación inmediata. Esta decisión fue adoptada tras el triunfo electoral de la derecha, y deja sin efecto la única condena pendiente contra Áñez. La expresidenta interina y golpista Jeanine Áñez salió el 6 de noviembre del penal de Miraflores, en La Paz. La decisión judicial, aprobada por mayoría, concluyó que el proceso vulneró garantías constitucionales y el debido proceso, ordenando su liberación inmediata. Su gestión, quedó marcada por el decreto supremo 4.078, que eximió de responsabilidades a militares y policías que perpetraron las masacres de Senkata y Sacaba, en las que fueron asesinadas 36 personas. La liberación de Áñez reabrió el debate político en Bolivia sobre el Golpe de Estado de 2019 y sus consecuencias. Organizaciones de derechos humanos y sectores afines al MAS advierten que las víctimas de las masacres aún esperan verdad y reparación, se espera que Áñez regrese a la escena política, participando en actos públicos.
