Política

La Paz, 14 de agosto (El Nuevo Cambio).- El senador suplente de la alianza Unidad, Nilton Condori, suspendido por la cámara alta, por su supuesta participación y apoyo en los bloqueos de carreteras del pasado junio, anunció su candidatura a la presidencia para las elecciones del 2030. El legislador, suspendido por ocho meses, en una sesión reservada, lamentó la decisión de sus colegas y dijo que es otro ejemplo de la actitud racista y discriminadora de los parlamentarios y partidos políticos contra los indígenas quechuas y aymaras. Se refirió a la expulsión del Congreso Nacional el año 2002, el expresidente del estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, también por similares actitudes de los parlamentarios y por el odio que tienen con los campesinos e indígenas del país. Condori cuestionó la decisión de suspenderlo por ocho meses de sus funciones parlamentarias y afirmó que la sanción carece de coherencia. Aseguró que la medida no lo “amordazará” en su lucha contra la corrupción y racismo.

Lauca Eñe, 10 de agosto (El Nuevo Cambio).- El instrumento político, “Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo” (Evo-Pueblo) ratificó su unidad y anunció la organización de sus bases, para participar en procesos electorales en el futuro. La determinación se realizó en la localidad de Lauca Eñe, municipio de Sinahota, en el trópico de Cochabamba, en un ampliado nacional que se realizó con la participación de dirigentes de varios sectores laborales, campesinos e indígenas del país. Entre las principales resoluciones se aprobaron, en coordinación con el Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo, mantener la unidad de todos los sectores sociales, y la filosofía del instrumento político de ser anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista. Asimismo, rechazó las falsas acusaciones contra Evo Morales y denunció la sistemática persecución política contra líderes de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, por parte del gobierno. También se convocó a un ampliado nacional el 26 de septiembre del año en curso, en la localidad de Lauca Eñe para defender los logros del proceso de cambio en los 9 departamentos en todo el país, y de manera permanente. Se acordó también realizar congresos departamentales que deberán realizarse hasta diciembre de este año y establecer el segundo congreso de Evo Pueblo, para marzo del 2027 e impulsar los trámites respectivos para que se garantice la participación del instrumento político en el proceso electoral y en las elecciones. El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, denunció por su parte, que la persecución política de los líderes sociales, tiene falsas acusaciones y busca solo descabezar las organizaciones. Los representantes y dirigentes de otras organizaciones sociales, coincidieron en afirmar que debe mantenerse la unidad de todos los sectores, con el propósito de luchar contra el gobierno, frente a la crisis económica y los casos de persecución política, corrupción, la gasolina basura, falta de diésel, elevación del dólar, entre otros. Por su lado Evo Morales, dijo que el pueblo enfrentará no solo la proscripción del movimiento indígena de las elecciones, sino los intentos del gobierno, por privatizar las empresas estratégicas, entregar a las transnacionales los recursos naturales, entre otros. Denunció que, en el país, está mandando el Fondo Monetario Internacional (FMI) que instruyó la devaluación, la elevación del dólar, la privatización, el sometimiento de las Fuerzas Armadas al Comando Sur de los Estados Unidos. “Esta situación nos obliga a unirnos a todos los sectores, al pueblo boliviano, porque Bolivia tiene esperanza y futuro, para rechazar los intentos del gobierno de entregar nuestros recursos naturales, privatizar las empresas estratégicas y salvar Bolivia”, afirmó.

La Paz, 9 de agosto (El Nuevo Cambio).- Los abucheos de la población al presidente Rodrigo Paz en El Alto y otras regiones en actos oficiales, son el repudio al gobierno por la crisis económica, las mentiras del gobierno y la corrupción en el país, según varios analistas. La activista de «Mujeres Creando», María Galindo, explicó que los abucheos durante los actos por el 201 aniversario de las Fuerzas Armadas, se deben al creciente malestar de sectores de la población de la ciudad de El Alto. “Los abucheos no fueron producto de personas pagadas ni de una acción política aislada, sino fueron una expresión del descontento de ciudadanos que votaron por el actual Gobierno” dijo y aclaró que el repudio de la población viene del corazón, “no son 4 personas (…) El presidente está gobernando mal», dijo. Sostuvo que el rechazo de la población al mandatario se va a generar también en otros escenarios, sobre todo si el Gobierno no modifica sus políticas y no genera un cambio de eje en su discurso y en su gestión. Por su parte, el expresidente Evo Morales Ayma, en su programa radial por Radio Kausachun Coca, afirmó que el creciente repudio de la población al presidente Paz Pereira se genera no solo porque no sabe gobernar y solucionar la crisis económica del país, sino por sus mentiras y su protección a la corrupción y narcotráfico. Otros analistas, en programas de televisión principalmente, coincidieron con la activista, pero, además expresaron que el repudio al gobierno se genera por la creciente crisis económica, el incremento del costo de vida y el dólar, la falta de combustible, la corrupción y las mentiras gubernamentales.

Sucre, 6 de agosto (El Nuevo Cambio).- Los gobernadores de los nueve departamentos y el presidente Rodrigo Paz firmaron un acuerdo para fortalecer las autonomías departamentales y ampliar los recursos tributarios a las regiones, en un encuentro organizado en la ciudad de Sucre, previo a los festejos por los 201 aniversario de Bolivia. El encuentro se realizó en la Casa de la Libertad, en la plaza principal de la capital del Estado Plurinacional, en medio de expectativas ciudadanas y protestas contra Paz Pereira que fue recibido con silbidos e insultos por parte de algunos pobladores. El acuerdo 001/2026 que pone en marcha la agenda 50/50 establece una propuesta de reforma orientada a fortalecer las autonomías departamentales mediante cambios en materia tributaria, presupuestaria, competencial y de distribución de recursos. Se acordó conformar una mesa técnica especializada para elaborar una Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales, con el objetivo de alcanzar consensos para su tratamiento durante la presente gestión legislativa y viabilizar su aplicación a partir de la gestión fiscal 2027. El acuerdo señala que se evaluarán mecanismos para fortalecer la autonomía fiscal de las gobernaciones mediante la ampliación de su capacidad para generar y administrar ingresos propios. Entre las medidas figuran la reclasificación de al menos una base imponible hoy atribuida al nivel central, la creación de nuevos tributos dentro del marco de la Constitución, la aplicación de sobretasas y la modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. También se acordó revisar integralmente las normas nacionales que condicionan el destino del gasto de las gobernaciones y derogar de manera progresiva aquellas disposiciones que financien obligaciones propias del nivel central o correspondan a estructuras institucionales extinguidas. Asimismo, analizarán mecanismos para ampliar la autonomía presupuestaria, de modo que el nivel central conserve el control sobre los agregados fiscales y los gobiernos departamentales definan la composición de sus presupuestos. Para viabilizar el acuerdo se hará una revisión de la legislación que haya modificado, absorbido, restringido o condicionado las competencias reconocidas constitucionalmente a los gobiernos departamentales. La Agenda 50/50 también incorpora el desarrollo de una normativa nacional para viabilizar alianzas público-privadas desde las gobernaciones, la modificación de la Ley 699 para ampliar sus capacidades en materia de relacionamiento internacional, el análisis de fondos de compensación, la transferencia progresiva de instituciones públicas susceptibles de administración departamental y un cronograma para evaluar e implementar medidas de alivio financiero, incluyendo la reprogramación o diferimiento de obligaciones económicas de los gobiernos departamentales. Luego del acuerdo, también se generó un momento de tensión cuando el presidente Paz Pereira informaba las conclusiones del encuentro, debido a que en el lugar se generaron abucheos, silbidos y críticas al mandatario. Al término del encuentro, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, dijo que espera que los acuerdos de los gobernadores beneficien a todos los departamentos. “Cerca del 80% de las propuestas salieron de Cochabamba: alivio tributario, ingresos por coparticipación y fin a los gastos delegados del Gobierno central. ¡Que se cumpla y no quede en papel!», señaló.

La Paz, 5 de agosto (El Nuevo Cambio).- La aprobación ciudadana del presidente Rodrigo Paz Pereira cayó a solo el 32 por ciento, en nueve meses de gestión, de acuerdo a una encuesta  realizada por Ipsos Cies Mori. En un desgaste acelerado, la desaprobación del mandatario subió al 55 por ciento, principalmente en las capitales departamentales, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, entre otras. La encuesta evidencia una desaprobación ciudadana al mandatario de manera constante. En los primeros meses tenía un respaldo, de acuerdo a las encuestas, del 65%, sin embargo, a nueve meses de gestión la desaprobación aumentó a 55 por ciento. Los analistas consideran que, si la encuesta hubiera sido realizada también en las zonas suburbanas y rurales, el porcentaje de desaprobación aumentaría, al menos en un 15 al 20 por ciento, lo que constituiría un rechazo a su gestión de alrededor 70 al 75%.

Sinahota, 3 de agosto (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, demandó del gobierno y de los dirigentes cívicos, principalmente de Santa Cruz, a demostrar su participación en actos de terrorismo y de alzamiento armado. «¿Alzamiento armado? Por favor que me muestren un arma, solo nos compramos uno de salón para los pájaros», dijo en una concentración en el trópico y recordó anteriores procesos de otros gobiernos en su contra señalando que «les gane a todos y vamos a ganar esto, es una mentira». La demanda la hizo al referirse a la segunda orden de aprehensión en su contra donde se le acusa de cinco cargos, entre ellos, terrorismo y alzamiento armado y desafío al Comité Cívico Pro Santa Cruz y al ministro de Gobierno a mostrar pruebas, «que muestren cuántas armas tengo, quiero pruebas». El exmandatario también se refirió al pedido de las organizaciones sociales y sindicales para que renuncie el presidente Rodrigo Paz y afirmó “que yo nunca hable de una renuncia, sino de una salida   constitucional, escuchando a algunos dirigentes», afirmó. Por el contrario, Morales recordó que los pedidos de renuncia del presidente Paz, surgieron de otros sectores, como, por ejemplo, el Comité Pro Santa Cruz, los productores agropecuarios del oriente, la CAINCO, entre otros.

Cochabamba, 2 de agosto (El Nuevo Cambio).- El Premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, demandó al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, parar con la persecución política al expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, a dirigentes sociales y representantes de los derechos humanos. En un pronunciamiento difundido por “RedAméricatv”, desde Buenos Aires, Argentina, afirma que se debe parar la persecución también contra muchos otros integrantes de las comisiones de defensa de los derechos humanos. Pérez Esquivel demandó de las iglesias “defender el derecho del pueblo boliviano a una vida justa y en libertad (…). Lo que ocurre actualmente en Bolivia no puede ampararse bajo el argumento de la democracia”, afirmó. COCALEROS Entre tanto, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba expresó su rechazo a la nueva orden de aprehensión contra Evo Morales y aseguró que la medida forma parte de una persecución política y de criminalizar la protesta. En un pronunciamiento señala que “el Gobierno ha decidido sustituir las respuestas a la crisis económica y social por la criminalización de quienes representan la voz y la organización del pueblo boliviano”. Añade que el Gobierno intenta “convertir la protesta social en un problema judicial” y “desviar la atención” de los graves problemas sociales, políticos y económicos, como la inflación, el desempleo, la devaluación, la corrupción, entre otros.