Política

La Paz, 17 de enero (El Nuevo Cambio).- Varias organizaciones sociales, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) se opusieron a la intención del gobierno y sus parlamentarios de aprobar una ley “antibloqueos” con sanciones de hasta seis años de cárcel. La COB advirtió que el conflicto social en el país, no es un problema legal, por tanto, el bloqueo de carreteras es la “última carta” de los trabajadores para que el gobierno atienda sus demandas y reclamos. De acuerdo al ente matriz de los trabajadores, el bloqueo nace cuando los sectores movilizados agotaron sus medidas pacíficas para ser escuchados y, por el contrario, el Gobierno “evade, dilata, descalifica o guarda silencio” al respecto. Los cooperativistas mineros también advirtieron con asumir medidas de presión, si la derecha encaramada en el gobierno de Rodrigo Paz Pereira insiste en aprobar una disposición que viola la Constitución Política del Estado. El magisterio urbano, la Federación Tupac Katari de La Paz también se sumaron, entre otras organizaciones, al rechazo a la ley y anunció que, aunque el gobierno apruebe leyes inconstitucionales, los maestros asumirán las medidas que su lucha aconseje, para que el gobierno atienda y escuche sus demandas. A la oposición del proyecto de ley, también se sumaron las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y rechazaron la norma que penaliza las movilizaciones y el bloqueo de carreteras, según aclaró el dirigente David Veizaga, ejecutivo de la Federación Yungas del Chapare. “En aplicación al artículo 210, ninguna ley, ninguna resolución, ningún decreto puede estar encima de la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado es clara”, afirmó Veizaga. El dirigente advirtió que, si el gobierno y los legisladores que “responden a intereses privatizadores de nuestros recursos naturales y nuestras empresas estatales” intentan aplicar la ley, los sectores sociales del Trópico actuarán: “No será hoy día, no será mañana, pero va a llegar tarde o temprano el día que nos vamos a ver en las calles y en las carreteras, y ahí veremos si esa ley va a funcionar, afirmó.

La Paz, 16 de enero (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió que el conflicto social en el país, no es un problema legal, por tanto, el bloqueo de carreteras es la “última carta” de los trabajadores para que el gobierno atienda sus demandas y reclamos. De esa manera la organización matriz de los trabajadores se opuso una vez más a los intentos del gobierno y de senadores y diputados de derecha por aprobar una ley antibloqueos que penalice esa medida de protesta hasta con seis años de cárcel. En un pronunciamiento, la COB afirma que el bloqueo nace cuando los sectores movilizados agotaron sus medidas pacíficas para ser escuchados y, por el contrario, el Gobierno “evade, dilata, descalifica o guarda silencio” al respecto. Para el ente matriz de los trabajadores, el bloqueo es la “última carta” cuando “no hay otro modo de ser escuchados”, por lo tanto, el gobierno no puede convertir el “conflicto social” en un “problema penal”. Exigió que, por el contrario, el Gobierno debe cumplir con su “deber elemental” y proceder a “abrir canales efectivos de diálogo, atendiendo las demandas legitimas y evitando que la sociedad sea empujada a medidas extremas”.

La Paz, 14 de enero (El Nuevo Cambió).- La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el anteproyecto de ley “antibloqueos” que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) intenta aprobar para sancionar penalmente a los dirigentes que alienten y determinen el bloqueo de carreteras en el país. Los dirigentes de la organización matriz de los trabajadores aclararon que las medidas de presión laborales son legítimas y legales y representan una “herramienta reivindicativa” de la población frente a gobiernos que “no escuchan”. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que una norma de este tipo vulneraría derechos históricos de los trabajadores y movimientos sociales, porque los bloqueos representan la última instancia cuando las autoridades “hacen oídos sordos a las demandas sociales”. “A esos malos gobernantes que están trabajando en una ley antibloqueos, les decimos que el bloqueo es la última instancia cuando los gobernantes hacen oídos sordos al pueblo. Pretenden castigar esa lucha, esas herramientas reivindicativas. No se equivoquen, porque hay un pueblo que está vigilante”, advirtió. El dirigente también calificó como una “persecución política” la acción presentada contra dirigentes por los bloqueos registrados en las últimas semanas, que duraron siete días y lograron que el gobierno retroceda en su intención por imponer el decreto 5503. “Nuestras medidas no tuvieron intereses sectoriales ni políticos, sino que buscaron proteger la economía popular y evitar que los recursos naturales sean entregados sin beneficios para la población”, aclaro.

Cochabamba, 12 de enero (El Nuevo Cambio).- Los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba revelaron hoy que el gobierno, a través de la Policía, intenta ejecutar “un plan de operaciones” denominada “JEMA”, para detener al expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma e intervenir la localidad de Lauca Eñe. Mostrando documentación, el ejecutivo de la Federación de Chimoré, informó que la movilización policial involucra a 8.200 efectivos, 170 vehículos, 180 motocicletas para intervenir ilegalmente la localidad de Lauca Eñe, municipio Sinahota en el trópico de Cochabamba. Dijo que en el operativo están involucradas varias unidades de élite de la Policía, por esa razón hace días se realizó un sobrevuelo de varias horas de un helicóptero para realizar un mapeo de la región y preparar su ataque a la región. El exsenador Leonardo Loza dijo que cualquier operativo policial ordenado y planificado por el gobierno es ilegal y que las consecuencias de una acción de esa naturaleza será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Rodrigo Paz. Señaló que la planificación del operativo a la que tuvieron acceso los dirigentes, gracias a policías sanos y honestos que revelaron la orden de operaciones, tiene el objetivo de ejecutarse en estos días de enero. Informó que las seis federaciones del trópico, todos los pobladores de las 16 provincias de Cochabamba, se encuentran en máxima alerta y emergencia para impedir y defender no solo la integridad física del exmandatario Morales, sino de la región y sus habitantes. Loza denunció que el trópico está sembrado de efectivos de inteligencia no solo para vigilar de manera permanente a la región donde se encuentra el expresidente Evo Morales, sino de todos los dirigentes.

La Paz 12 de enero, (El Nuevo Cambio).- Campesinos, cooperativistas mineros, vecinos de El Alto, Cochabamba, gremiales, Ponchos Rojos, entre otros, mantienen los bloqueos en las carreteras, al menos en 40 regiones, hasta que aparezca en la Gaceta oficial la derogación del decreto supremo 5503. La decisión fue adoptada en los mismos puntos de bloqueo y transmitida luego por sus dirigentes, en conferencias de prensa, molestos porque los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) instruyeron levantar las medidas de presión, sin que el gobierno haya garantizado la derogación, no sólo del decreto 5503, sino también del 5509 y del 5515. Los Ponchos Rojos insultaron a los dirigentes de la COB al término del encuentro y cuando salían del mercado y la sede de la Federación Tupac Katari, Santa Rosa, donde se desarrolló la reunión de los ministros del estado con los representantes de las organizaciones sociales. Durante la noche de este domingo, se generaron algunos conflictos entre vecinos de El Alto y sectores que continuaban con el bloqueo lo que derivó en una innecesaria gasificación de la Policía que ocasionó que se perdieran niños que escaparon a la represión. En una de las conferencias de prensa, desde el bloqueo en la localidad de Parotani, camino que une los departamentos de Cochabamba con Oruro, dirigentes advirtieron que no se levantará el bloqueo mientras no se publique de manera oficial, en la Gaceta del Estado, la abrogación total del decreto 5503. Dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN), el Comité de Bloqueos y el Ejército de Guarda Tojos rechazaron el preacuerdo suscrito por la Central Obrera Boliviana (COB), calificándolo como insuficiente y engañoso. “Sin la publicación en la Gaceta no hay levantamiento de los bloqueos”, dijo el dirigente campesino, Feliciano Vegamonte al señalar que no se aceptan actas de compromiso que solo intentan “marear la perdiz” a las organizaciones sociales. Se refirió a los decretos 5509 y el 5515, que comprometen la soberanía nacional, los recursos naturales y el orden constitucional del Estado, frente a una política económica de saqueo y privatización que “hace que los pobres paguen los platos rotos”. Aclaró que la movilización es pacífica, pero irreversible, hasta que el Gobierno publique la abrogación en la Gaceta Oficial y garantice la defensa de la economía popular, los recursos naturales y la soberanía del pueblo boliviano. El presidente Rodrigo Paz Pereira apareció en la noche en un mensaje junto a sus ministros para anunciar que se trabajará en otro decreto, insultó a sectores, sin decir quiénes, y los calificó “de mafias que se ocultan”, criticó a los bloqueos. Dijo que el decreto 5503 cumplió su función en semanas, se alabó así mismo, cambió de discurso, afirmó que dice la “verdad” y señaló que Bolivia no dará pasos atrás ni para el impulso y anunció que llegarán créditos para construir represas de agua, agua potable, caminos, escuelas hospitales y otros.

El Alto, 11 de enero (El Nuevo Cambio).- El gobierno decidió abrogar el decreto supremo 5503 ante la presión de la Central Obrera Boliviana (COB), los bloqueos y movilizaciones, pero mantendrá la eliminación de la subvención, el incremento al salario mínimo nacional, los bonos, la renta dignidad y el diferimiento de créditos. La decisión fue adoptada en una negociación realizada en el Alto, en la sede de Federación Tupac Katari, en Santa Rosa, entre los dirigentes de las organizaciones sociales y los ministros de estado que tuvieron que trasladarse hasta esa región ante el permanente aumento de los bloqueos en el país, según datos oficiales, en más de 70 puntos. El secretario Ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dijo que en 24 horas el gobierno deberá abrogar el decreto y aprobar otro ratificando el aumento del salario mínimo nacional, los bonos y la renta dignidad. Los dirigentes debatieron la pertinencia de levantar los bloqueos en todo el país, una buena parte dijeron que debían mantenerse hasta que el gobierno abrogue el decreto y no sea un engaño, sin embargo, se decidió mantener el estado de emergencia, pero se instruyó el levantamiento de los bloqueos. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al término del encuentro que comenzó alrededor de las 13.00 horas y concluyó pasadas las 15.30, dijo que la mejor vía para superar la crisis económica es el diálogo. El gobierno se comprometió a emitir un nuevo decreto supremo, en 24 horas, manteniendo las medidas económicas que benefician a los sectores laborales, pero también mantendrá la eliminación de la subvención a los combustibles. “Hay compromiso serio de las autoridades de Gobierno, no hay ya observación al acta de acuerdo que estamos firmando”, sostuvo el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al señalar que se pedirá a las organizaciones que se levante los bloqueos en todo el país. Entre tanto, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Feliciano Vegamonte, aclaró que tras los acuerdos del gobierno y la COB, su sector, la CSUTCB, continuará con los bloqueos de caminos hasta que se abrogue el D.S 5503 en su totalidad. El acta suscrita después del encuentro, establece como compromiso central la abrogación total del decreto supremo 5503 y formaliza el acuerdo entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana. El documento también expresa la conformación de una comisión para consensuar un nuevo decreto en un plazo máximo de 48 horas y que la COB y sus organizaciones afiliadas determinan el levantamiento inmediato de las medidas de presión, manteniendo el estado de emergencia hasta la promulgación de la nueva norma.