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Página 12 La Justicia boliviana sentenció a tres años de cárcel a dos mujeres y un hombre acusados de tráfico ilegal de vida silvestre, tras el hallazgo en un establecimiento de expendio de alimentos de más deuna veintena de ranas gigantes del lago Titicaca, una especie endémica de Bolivia y Perú que está en peligro de extinción. El Ministerio boliviano de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente informó en un comunicado de prensa sobre esta sentencia que, según esa entidad, “constituye un precedente en la aplicación de la normativa penal ambiental” y la defensa “del patrimonio natural del país”. Las personas sentenciadas son dos mujeres que deberán cumplir la pena en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, y un hombre que será encarcelado en el penal de San Pedro, en la misma ciudad. El caso se originó en un operativo conjunto realizado en febrero pasado, en la comunidad de Huatajata, situada a orillas del lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú, a unos 82 kilómetros de la ciudad de La Paz. El ministerio recordó que durante el allanamiento realizado en un establecimiento de expendio de alimentos fueron hallados 26 ejemplares de rana gigante del lago Titicaca, de los cuales 25 estaban vivos y uno sin vida, “además de un ejemplar congelado cuya especie no pudo ser identificada debido a su estado de conservación”. “Los individuos rescatados fueron trasladados bajo protocolos especializados para su evaluación y custodia temporal, quedando toda la información técnica documentada en el informe elaborado por la DGBAP”, señala el comunicado. Las ranas del Titicaca Esta especie emblemática (Telmatobius culeus) es considerada la rana acuática más grande del mundo y puede estar presente en profundidades de cien metros, con su piel suave y holgada en forma de saco con pliegues que le permiten respirar en aguas que están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El ministerio señaló que, además de ser una de las especies más emblemáticas del altiplano, la rana gigante “cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico del Lago Titicaca”, pero sus poblaciones sufrieron “una drástica disminución” debido a amenazas como “el comercio ilegal para consumo y supuestos fines medicinales”. También recordó que en Bolivia, la especie está clasificada como en “peligro crítico” en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados y, además, está en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), “que le otorga el máximo nivel de protección” en el mundo.

La Paz, 27 de junio (El Nuevo Cambio).- El abogado del general Juan José Zúñiga, reiteró que la asonada militar registrada el pasado 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo, con el traslado de tanquetas del ejército, supuestamente contra el expresidente Luis Arce Catacora, fue un autogolpe. La revelación la hizo durante una entrevista a El Deber de Santa Cruz, donde se refirió al tema, a otro año de que se cumpliera ese supuesto alzamiento militar que intentó ser denunciado por el gobierno de esa época como un golpe de estado. Ese 26 de junio, hace dos años, tanquetas y tropas militares se trasladaron hasta la plaza Murillo en la ciudad de La Paz y aunque el cabecilla de esa acción militar, Gral. Zúñiga, aclaró que la presencia de tanquetas en el lugar fue por instrucción de Arce Catacora, el gobierno dijo que se trataba de un golpe de estado. El abogado Eduardo León, defensa del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga reiteró que se trató de un «autogolpe de Estado», organizado por el expresidente Luis Arce, exjefes militares y exministros. Entre los involucrados estarían los exministros de la época, Edmundo Novillo quien era ministro de Defensa; Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno; el asesor de Arce, Hugo Moldiz; María Nela Prada, ministra de la Presidencia; Edgar Montaño, ministro de Obras; Iván Lima, ministro de Justicia, entre otros. León pidió públicamente al Gobierno retirar las acusaciones particulares dentro del proceso por el presunto intento de golpe de Estado de junio de 2024 y dijo que esta medida es necesaria para garantizar la transparencia del caso y anunció que, tras la declaración de su cliente prevista para el 14 de julio, impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Luis Arce y varios de sus exministros. Aclaró que las declaraciones realizadas por Zúñiga durante la etapa investigativa ya no tienen valor procesal y aseguró que será su testimonio ante el Tribunal Sexto de Sentencia el que, según la defensa, permitirá desvirtuar la tesis de un intento de golpe de Estado.

La Paz, 27 de junio (El Nuevo Cambio).- El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset denunció a través de una carta dirigida a un juez federal de los Estados Unidos que agentes de la DEA intentaron extorsionarlo por 4 millones de dólares. De acuerdo a la denuncia, los agentes habrían intentado obtener acceso a una billetera digital que contendría aproximadamente cuatro millones de dólares en criptomonedas. Según el relato periodístico, el hecho derivó en el despido de todo su equipo de abogados en ese país. Marset relató que el día de su captura, tras una entrega que calificó como irregular desde Bolivia, agentes estadounidenses habrían presionado a su madre para conseguir las claves de acceso a la billetera digital. Según su versión, cuando se negó a entregar el acceso a los fondos, los agentes contactaron a su madre mediante WhatsApp y le solicitaron fotografías de una libreta donde estaban registradas las claves privadas de la cuenta. El reporte también señala que Marset decidió despedir a sus abogados en Washington D.C. y Miami porque —según alegó— no informaron estos hechos ni impulsaron acciones para apartar al fiscal principal del caso. Según Marset, su traslado a Estados Unidos se realizó mediante una “entrega irregular” que vulneró tratados internacionales y que al llegar al aeropuerto de Washington sus solicitudes para acceder a un abogado fueron ignoradas y que durante el interrogatorio sus negativas de culpabilidad habrían sido registradas como admisiones.

La Paz, 25 de junio (El Nuevo Cambio).- La defensa legal de la ex Concejal alteña Wilma Alanoca Mamani confirmó que se vulneraron sus derechos al haber sido detenida arbitrariamente el martes 23 de junio en inmediaciones de Plaza Murillo, cuando realizaba declaraciones a medios de comunicación. “Tenía el propósito de ir a la ONU-Mujeres, allí presentaría una denuncia, por hostigamiento y amenazas de muerte, debido a que en los últimos días un mal dirigente de El Alto, la acusó de “terrorista” y amenazó con hacerla “colgar”, explicaron los abogados de la también exministra de Cultura. Sobre ese tema, el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, demandó la libertad inmediata de Alanoca y «alertó a organismos internacionales sobre abusos cometidos por un gobierno que pretende silenciar sus errores con violencia estatal». Morales cuestionó la aplicación del estado de excepción establecido en el DS 5636 y sostuvo que la medida no puede afectar libertades esenciales como la expresión y la prensa, además de exigir su liberación inmediata y alertar a organismos internacionales por lo que considera abusos del Gobierno. «Expresamos nuestra total solidaridad con Wilma Alanoca, periodista, exconcejal y nuestra candidata a la Vicepresidencia, cuya detención vulnera derechos fundamentales y genera profunda preocupación.