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Lauca Eñe, 18 de mayo (EL Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, afirmó hoy que Eduardo del Castillo, actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), tiene vínculos con la CIA de los Estados Unidos. La denuncia la hizo durante el programa radial “Evo es pueblo, líder de los humildes” que se difunde los domingos, desde las 7.00 de la mañana por Radio Kausachun Coca de la localidad de Lauca Eñe, desde el trópico de Cochabamba. Sostuvo que se tiene al menos dos pruebas de su vinculación al organismo estadounidense y reveló que Del Castillo se reunió en diciembre de 2021 con la encargada de negocios de los EE.UU. donde se planificó la detención del exjefe antidroga Maximiliano Dávila, actualmente preso en ese país. Reveló también que el actual candidato por el MAS, sigla usurpada por el gobierno utilizando a magistrados auto prorrogados, Del Castillo, es uno de los responsables del atentado que sufrió, con un grupo armado, en octubre del pasado año. El exmandatario señaló que todas las acciones en su contra no solo de ataques armados, sino calumnias y difamaciones, y legales con magistrados defacto, tienen su origen en que el gobierno, la derecha y el imperialismo no quieren que sea candidato a la presidencia, porque saben que ganará por el inmenso apoyo que tiene del pueblo boliviano.

La Paz, 16 de mayo (El Nuevo Cambio).- Luego que se conociera la Sentencia Constitucional 007, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), el equipo jurídico de Evo Morales presentó una medida cautelar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como primera medida frente a lo que es calificado como una grosera vulneración no solo a la CPE sino a los derechos de los bolivianos. En conferencia de Prensa, Cecilia Urquieta, no solo cuestionó la emisión de la sentencia que modifica el artículo 122 de la CPE, cuando el TCP no tiene atribución alguna, sino que recordó que cinco de los magistrados se prorrogaron en su cargo de manera ilegal, por lo que afirmó que sus actos son nulos de pleno derecho. “Están emitiendo sentencias constitucionales políticas, sin ninguna base legal, constitucional ni convencional”, remarcó Urquieta al acusar específicamente a Gonzalo Hurtado y René Espada, (dos de los magistrados prorrogados), por la emisión de esta sentencia, que está llena de vicios e irregularidades, por lo cual no tiene ninguna validez jurídica. Explicó que se presentó una solicitud de medidas cautelares porque la Sentencia Constitucional 007 “atenta contra los derechos políticos de toda la población, de la fuerza política más grande de Bolivia que quiere votar, que quiere participar en las elecciones generales, para votar por nuestro hermano Evo Morales. Están restringiendo nuestros derechos políticos y también el derecho político de Evo Morales para participar”. En la misma línea, Wilfredo Chávez denunció que, con esta sentencia, se modificó de facto la CPE, pues los únicos mecanismos legales que existen para este cometido son una iniciativa ciudadana popular o que haya un procedimiento de reforma aprobado en la Asamblea Legislativa.

La Paz, 15 de mayo (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció que Bolivia está viviendo una dictadura con sus instituciones sometidas, compradas y vendidas al imperialismo, al gobierno y la derecha que intenta excluir al movimiento indígena del proceso eleccionario. La denuncia la hizo durante una entrevista realizada en Radio Kausachun Coca de la localidad de Lauca Eñe, del municipio de Sinahota en el trópico d Cochabamba, para explicar que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que lo inhabilita de las elecciones es inconstitucional e ilegal. Morales dijo que usan al TCP para inhabilitarlo. “Primero nos robaron nuestra sigla del MAS-IPSP, como legalmente no lograron hacerlo acuden al Tribunal y nos roban la sigla, luego conseguimos otra del FPV no solo la amenazan, sino eliminan su personería jurídica y negociamos reservadamente con PAN-BOL e igual le quitan ilegalmente su personería”, explicó. Dijo que ahora persiguen a los partidos políticos que expresaron su interés para prestarnos su sigla y luego pasan a perseguir y encarcelar a los jueces, como hicieron con la juez de Santa Cruz Lilian Moreno, injustamente detenida. Sostuvo que las sentencias del TCP no solo inconstitucionales, sino ilegales muestra que vivimos “en una dictadura” donde lamentablemente no se respetan las normas y si nuestro movimiento político no participa no hay democracia, no participa el movimiento popular e indignada”. “Están provocando una convulsión y si pasa algo será de responsabilidad del gobierno nacional”, dijo al denunciar que están trasladando policías y militares a la ciudad de La Paz, con el propósito de generar enfrentamientos. “Nos tienen miedo, porque somos poder político, quieren destrozarnos, se trata de una operación de los Estados Unidos y el gobierno es fiel y obediente del imperialismo, porque saben del apoyo que tenemos del pueblo boliviano”, afirmó. Morales sostuvo que se ha demostrado en reiteradas oportunidades que estamos habilitados constitucional y legalmente y no quieren que la izquierda y el movimiento indígena retornen al gobierno, por eso violan las leyes. El exmandatario afirmó que las instituciones están sometidas, dominadas, se vendieron a los intereses del gobierno, cuyo objetivo único es evitar que Evo Morales sea habilitado para las elecciones, porque saben que vamos a ganar. “La política se hace por la patria y no por la plata”, afirmó al manifestar que no deben provocar al pueblo boliviano, porque se puede generar una rebelión popular en contra de todas las injusticias, violaciones de las leyes, y persecución y detención de dirigentes. El expresidente explicó que el gobierno destruyó el país, dividió a las organizaciones con prebendas, usurpó el instrumento político con sentencias judiciales, acabó con las instituciones del estado a las que sometió en contra de la democracia y a favor de sus intereses. Anunció que se mantendrán las movilizaciones y en pie de lucha, que no se permitirá que se excluya al movimiento indígena, campesino y popular del proceso eleccionario y que la marcha a La Paz se mantiene sin variación para salvar Bolivia por segunda vez.

Sucre, 13 de mayo (El Nuevo cambio).- El ministro de Justicia, César Siles, se fue a Sucre y presionó para que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprueben resoluciones políticas a favor del gobierno y en contra del expresidente Evo Morales Ayma. La presencia del ministerio no pudo pasar desapercibida, a pesar de que el dignatario, llegó a la ciudad de Sucre e intentó que su presencia en las oficinas del TCP no sea observada por funcionarios y la prensa. El exmagistrado Orlando Zeballos logró establecer la presencia de Siles y se pudo conocer que sus intenciones eran obligar a los miembros del TCP a firmar resoluciones violando la independencia que debería tener esa institución del estado. Sobre el mismo tema también se refirió el expresidente Evo Morales, a través de un mensaje en su cuenta X. Dice: “Es una afrenta gravísima a la democracia y a la institucionalidad del Estado que ministros del gobierno lleven resoluciones a firmar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso no solo viola el principio de independencia de órganos del Estado, sino que demuestra cómo han sometido al TCP a intereses políticos. El Estado de derecho se sostiene en la independencia de poderes y el respeto irrestricto a la ley. La democracia verdadera se construye con elecciones libres, transparentes, sin proscripciones ni persecuciones. Lo que hace el Gobierno, a través de los ministros de Justicia y Gobierno, es un atentado a la democracia: buscan eliminar al movimiento político más grande de la historia del país, al movimiento indígena, campesino y popular, para devolverle el poder a la oligarquía y la derecha. No lo vamos a permitir. Vamos a resistir, vamos a luchar y vamos a vencer, porque nos guía la verdad, nos impulsa la historia y nos acompaña la fuerza indestructible del pueblo”.

Santa Cruz, 11 de mayo (El Nuevo Cambio).- Dirigentes sociales del trópico de Cochabamba y de Santa Cruz revelaron que el exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold y la exmodelo y miss beniana Jessica Jordan fueron los que, en una avioneta contratada, lanzaron afiches con la foto de Andrónico Rodríguez al estadio de Chimoré, durante la masiva concentración que proclamó a la presidencia al expresidente Evo Morales Ayma. El hecho se registró la tarde de este sábado cuando miles de pobladores de la región y del país se trasladaron a la localidad de Chimoré, distante a 200 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, para participar del acto que ratificó que Morales está habilitado para las elecciones del 17 de agosto. La revelación de que Cronenbold y Jordan fueron los responsables de botar los afiches se encuentra también en un video que fue compartido en las redes sociales, donde se los ve a ambos risueños emprender su aventura política. Los dirigentes dijeron que se trata de dos personajes marginados de la política nacional que siempre se arrimaron a los partidos y candidatos donde pueden lograr algunos beneficios económicos, sin tener capacidad intelectual y de servicio a la población. El senador Leonardo Loza fue uno de los primeros en referirse al tema, en el mismo acto de Chimoré y dijo que al mismo estilo de las dictaduras y del neoliberalismo, hay gente que pretende humillar a la población y los pueblos indígenas con payasadas. Demandó de la población del trópico de que si encuentran uno de los afiches lanzados desde la avioneta lo lleven al baño, donde siempre deberían estar. El afiche muestra la foto y una inscripción de Andrónico Rodríguez que dice “presidente”.

La Paz, 6 de mayo (El Nuevo Cambio).- Un análisis jurídico, establece y demuestra cómo el gobierno de Luis Arce Catacora y la justicia sometida a sus intereses, incumplió, manipuló y violó todas las normas legales vigentes en el país para evitar que el expresidente Evo Morales Ayma sea candidato a la presidencia y se asuma toda una acción de terrorismo de estado y persecución política contra dirigentes y profesionales honestos que se oponen al régimen. El documento recuerda que en septiembre de 2024,luego de la marcha para Salvar Bolivia, se iniciaron simultáneamente 13 procesos penales contra el expresidente Moralespor delitos de terrorismo, sedición, destrucción de bienes públicos, instigación pública a delinquir, trata y tráfico de personas, entre otros. También menciona que después de las manifestaciones y bloqueo de carreteras de octubre de 2024, más de 120 dirigentes y campesinos de base fueron privados de libertad acusados de terrorismo y sedición. Todo ese escenario de persecución judicial estuvo precedido de una ruptura del equilibrio de poderes provocada por el Órgano Judicial que, a la cabeza del Tribunal Constitucional, decidió permanecer en el cargo (pese al cumplimiento del mandato constitucional de 6 años) a través de la auto prórroga de magistrados como devolución de favores políticos con el Gobierno de Luis Arce Catacora. El documento identifica que entre las irregularidades registradas en el proceso se establece que existe un doble procesamiento contra Evo Morales. “La actual denuncia por el supuesto delito de trata y tráfico de personas, ya fue resuelta en 2020 cuando se investigó bajo el tipo penal de estupro a denuncia del Viceministerio de Transparencia en el Gobierno de Añez”, aclara. Además, cuenta con Resolución Fiscal de Rechazo del Juzgado de Instrucción 3ro en lo penal de la ciudad de Yacuiba de fecha 10 de diciembre de 2020 que señala: “Dispone el rechazo de la denuncia y actuaciones policiales y la investigación no ha aportado elementos suficientes para fundar la imputación”. Asimismo, se refiere a la vulneración del Debido Proceso y aclara que, en el mes de septiembre 2024, un policía del servicio de inteligencia realiza una investigación en redes sociales y a partir de eso presenta una denuncia ante la Fiscalía por el supuesto delito de Trata y Tráfico de Personas, basado en los mismos hechos investigados en 2020. En menos de 5 horas logra la admisión de la denuncia y la orden de aprehensión en ausencia del juez de garantías y sin notificar a las de partes. Dice que en ninguno de los dos procesos, la persona señalada como víctima acompaña la denuncia; pese a que el delito de Trata y Tráfico de Personas es un “delito de acción pública a instancia de partes”, es decir que el proceso requiere la denuncia de la persona que considera ser vulnerada. Sin embargo, en el presente proceso no existe admisión o impulso de la persona señalada como víctima. Añade que el proceso se sustancia en Tarija, vulnerando el principio de juez natural. “No se sigue en Yacuiba, pues desde ese juzgado ya existe una resolución de rechazo. Mientras presionan para seguirlo en Tarija, pese a que el domicilio público de Evo Morales es Villa Tunari, Cochabamba”, agrega. El análisis también afirma que la acusación es falsa porque la persona señalada como víctima ha presentado cuatro memoriales ante el juzgado de Tarija. Entre ellos el 16 de enero de 2025 presenta un apersonamiento en el que señala: “Este proceso que se apertura no es un proceso de trata de personas, sino un proceso netamente político, que vulnera mi derecho a la locomoción, privacidad, etc”. “Mi persona no ha sido víctima de estupro por ninguna persona (…) incluso mi persona le dijo a Eduardo Del Castillo (ministro de Gobierno) que no me metan en sus líos y no me usen en sus asuntos políticos. Mi persona jamás ha sido víctima de trata de personas, ni por mis padres ni por ninguna persona”, dice. Ambos memoriales fueron ignorados por los jueces a cargo del caso y por el contrario la persona señalada como víctima ha sido tratada como delincuente: “Intentaron aprehenderla cuando se trasladaba a la escuela de su hija, la demanda por Trata y Tráfico de personas se extiende a su madre y su padre, la madre fue declarada en rebeldía, el padre fue encarcelado 6 meses para presionar a la familia y aun así no obtienen una declaración que logre involucrar a Morales en la comisión de un delito. Asimismo, el documento sostiene que, en octubre de 2024,la Juez Lilian Moreno emite la Sentencia Constitucional N° 22/2024 que dispone restituir el derecho a la libertad y locomoción de Evo Morales y trasladar el proceso de la Ciudad de Tarija a la Ciudad de Cochabamba, esto en base a observaciones a la vulneración del debido proceso, el principio del juez natural, el forzar un proceso penal que no se lleva a instancia de partes y el doble procesamiento. Pese a esta Sentencia, la Fiscalía General del estado mantuvo la orden de aprehensión y el Ministerio de Gobierno organizó un operativo que derivó en el intento de asesinato contra Evo Morales, quien se encontraba al interior de un vehículo que recibió más de 20 disparos.Este escándalo no cuenta con una investigación judicial imparcial. Ante el total incumplimiento, el 18 octubre de 2024 y 13 de febrero de2025 se presentaron 2 Recursos de queja que fueron obviados por las autoridades jurisdiccionales, quienes avanzaron con una imputación, la orden de aprehensión, la alerta migratoria y la declaración en rebeldía pese al incumplimiento de la debida notificación. Finalmente,el 28 de abril de 2025,la Juez Lilian Moreno viabilizó el Recurso de Queja por incumplimiento de la Sentencia Constitucional N°22/2024 ratificándose en su fallo inicial de trasladar el proceso de investigación a la ciudad de Cochabamba, anular la orden de aprehensión, la declaratoria de rebeldía y la imputación dado el incumplimiento de la sentencia. Esta sentencia Constitucional N°22/2024 emitida por la juez Moreno, se encuentra en proceso de Revisión a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien

La Paz, 3 de mayo (El Nuevo Cambio).- El gobierno utiliza millones de bolivianos en una campaña política destinada a mejorar la deteriorada imagen del presidente Luis Arce Catacora, con miras a las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto y en plena crisis económica. Los recursos económicos aprobados por el gobierno en este rubro tienen que ver con un millonario gasto en contratos publicitarios con medios de comunicación nacionales e internacionales, según documentos oficiales del Programa Anual de Contrataciones (PAC), emitidos por el Viceministerio de Comunicación. Los informes difundidos por Radio Kausachum Coca, establecen que el millonario gasto está destinado a promover la imagen gubernamental y del presidente en televisión, radio, prensa escrita, medios digitales e incluso vallas publicitarias. La fecha de inicio de los contratos figura como el 2 de mayo de 2025, y la lista de medios beneficiados incluye tanto grandes cadenas como empresas menos conocidas, entre las que se encuentran ATB Canal del Valle con 16,5 millones de bolivianos. Le siguen las Plataformas Digitales de ENTEL con 7 millones de bolivianos, PAT, 6 millones de bolivianos; Bolivia TV (transmisiones), 4 millones de bolivianos; Red Uno, 3 millones de bolivianos; Cadena A, 3 millones de bolivianos; GIGAVISIÓN (propiedad del padre del periodista Junior Arias), 2,5 millones de bolivianos; Vallas publicitarias, 2 millones de bolivianos; TELESUR, 1 millón de bolivianos; Periódico Los Tiempos, 1 millón de bolivianos; Radio Univalle, 1 millón de bolivianos y Trystar Investment SRL (La Prensa), 1 millón de bolivianos. También figuran montos menores asignados a espacios como el programa “Fama, Poder y Ganas” (300 mil Bs), la Radio Éxito La Paz (100 mil Bs), el Semanario La Época (300 mil Bs), y medios como Radio Televisión Palenque RTP, con un contrato de 4 millones de bolivianos. Dirigentes de las organizaciones sociales dijeron que esta política de comunicación contrasta con la realidad social del país, donde el desempleo, el aumento del costo de vida y la reducción de reservas internacionales son temas recurrentes en el debate público. Cuestionaron la transparencia y la prioridad de estas inversiones estatales, especialmente cuando se canalizan hacia medios afines al oficialismo y que son utilizados para mejorar la deteriorada imagen del presidente Luis Arce Catacora. La oposición política también ha calificado este gasto como un intento del Gobierno de consolidar su imagen a través de los medios, en lugar de responder con medidas concretas a las demandas ciudadanas.

La Paz, 1 de Mayo (El Nuevo Cambio).- Los partidos políticos de derecha expresaron su preocupación, miedo y temor por la posibilidad de que el expresidente Evo Morales Ayma participe en las elecciones nacionales del 17 de agosto próximo. Varios de ellos expresaron sus opiniones afirmando que Evo no está habilitado para las elecciones, aprovechando sus críticas a la juez Lilian Moreno que dejó sin efecto la orden de aprehensión y declaración de rebeldía del exmandatario. Por ejemplo, “Alianza Libre” que dirige Jorge “Tuto” Quiroga adelanto que Evo no puede participar en los comicios, por el contrario, debe rendir cuentas ante la justicia por las acusaciones de trata y tráfico en su contra. “El señor Evo Morales debe rendir cuentas ante la justicia (…) cualquier acción judicial de esta jueza, que debe tener un motivo político, no va a borrar el hecho de todos los delitos que cometió”, afirmó Peter Maldonado, vocero de Libre, al medio Urgente.bo., Por su parte, Manfred Reyes Villa, líder de APB-Súmate, también reprochó a la jueza Moreno: “La jueza que levantó la orden de aprehensión contra Evo Morales manipula la justicia, convirtiendo este hecho en una nueva violación al Estado de derecho en nuestro país”. También la agrupación Creemos afirmó que “leyendo sus antecedentes (de la juez), nos damos cuenta de que habría sido funcionaria del gobierno de Evo Morales. No faltan los jueces que actúan de esta manera”, dijo Erwin Bazán, diputado de este partido. Unidad Nacional también se refirió al tema y su líder Samuel Doria Medina afirmó que para Evo “la justicia llegará tarde o temprano” y criticó la decisión de la juez de anular el proceso de trata y tráfico contra el exmandatario. Por su parte, el Movimiento Al Socialismo, dirigido ahora por el presidente Luis Arce Catacora, criticó a la Policía, la Fiscalía, e incluso el Ministerio de Gobierno, por no haber hecho cumplir, durante todo este tiempo, la orden de aprehensión contra el exmandatario. “Hay responsables en este caso: la Policía Nacional, el fiscal general y el Ministerio de Gobierno, estaba en manos de ellos. Es una gran llamada de atención y deberían tomar medidas en este caso”, destacó Fidel Surco, dirigente del MAS.