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La Paz, 16 de mayo (El Nuevo Cambio).- El vicepresidente del Estado Plurinacional, Edman Lara, criticó el bono asignado a los efectivos policiales de 3.000 bolivianos, mientras no se atiende los reclamos laborales de un aumento salarial. La autoridad cuestionó de dónde salen esos recursos para aprobar un “bono bicentenario” para ese beneficio, mientras otros sectores continúan reclamando incremento salarial. “Cómo es posible que rechacen el incremento salarial, pero hay plata para darle bono a la Policía Boliviana, el bono Bicentenario que yo lo llamo el bono lealtad o el bono de la represi0n, o sea hay contradicciones que la población seguramente se molesta”, afirmó. “¿Por qué hay plata para aumentarle 3.000 bolivianos de bono a los policías y no hay plata para aumentarle al sector de la COB?, señaló Lara al manifestar, ¿Por qué hay plata para aumentarle 40% de salario en los ministerios y no hay plata para incremento a los maestros”.

Patacamaya, 15 de mayo (El Nuevo Cambio).- La “Marcha por la vida, para salvar Bolivia” partió este viernes de la localidad de Patacamaya para llegar a Ayo Ayo y se acerca a la sede de gobierno, con el objetivo de sumarse a las movilizaciones y protestas de las organizaciones sociales contra el gobierno de Rodrigo Paz. Los dirigentes volvieron a criticar a Paz Pereira, no solo porque no atiende las demandas de los trabajadores, sino que engañó y mintió al pueblo boliviano, gobierna para los ricos y empresarios y pretende reprimir a la población. También se opusieron a cualquier modificación de la Constitución Política del Estado, la aprobación de nuevas leyes que afecten a la patria y la privatización de las empresas estratégicas y los recursos naturales. Asimismo, rechazaron las políticas de endeudamiento externo del gobierno en subordinación a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros.

Cochabamba, 12 de mayo (El Nuevo Cambio).- La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba reforzó la seguridad del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ante los intentos del gobierno de detenerlo para aplacar los conflictos sociales en el país y ante la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público de Tarija. La dirigencia denunció cambios estratégicos en el mando de Inteligencia de la Policía, el envío de efectivos al trópico, con el justificativo de un supuesto operativo contra las drogas, sin embargo, se trata del inicio de un operativo para capturar al exmandatario. Dieter Mendoza, vicepresidente de las seis federaciones, advirtió al Gobierno que “si tocan a Evo Morales el país se va a convulsionar, como no se imaginan”, por eso los sindicatos han reforzado el control en los puntos de acceso al Chapare para evitar el ingreso de fuerzas especiales. Asimismo, denunció la persecución contra el exmandatario Morales y sostuvo que el cambio de comandante de Inteligencia es una señal de que el operativo de captura es inminente, sin embargo, se reforzó la seguridad en todo el trópico. También denunció que el Gobierno instruyó el sobrevuelo de aviones y drones de alta tecnología sobre distintos sectores de la región, en lo que consideran un acto de “espionaje” y provocación política contra las organizaciones sociales y sus dirigentes. “Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que el Gobierno está utilizando tecnología de vigilancia para hostigar y perseguir al movimiento cocalero del Trópico de Cochabamba. No aceptaremos actos de intimidación ni persecución política”, afirmó.

La Paz, 10 de mayo (El Nuevo Cambio).- Las organizaciones sociales y sindicales y los indígenas y campesinos advirtieron con radicalizar sus medidas de presión, si el Senado Nacional no ratifica la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de tierras, aprobada en primera instancia por la Camara de Diputados. Los dirigentes de estos sectores dijeron que, si los senadores no aprueban la abrogación, se iniciarán de inmediato nuevas acciones de protesta y medidas de presión en la sede de gobierno, para evitar que esa norma posibilite la entrega de tierras familiares y comunitarias a manos privadas, principalmente del oriente boliviano. Los indígenas y campesinos marcharon desde Cobija, Pando, durante 29 días hasta la ciudad de La Paz, exigiendo la abrogación de la Ley 1720 que no sólo beneficia a los terratenientes y empresarios, sino viola la Constitución Política del Estado. Luego de que los diputados, la madrugada de este sábado, definieran abrogar la cuestionada ley, los indígenas y campesinos, principalmente de Pando y el Beni, expresaron con jubilo su satisfacción, bajo la consigna de “si, se pudo” y que no fue en vano su sacrificio de caminar más de 1.100 kilómetros, de Cobija a La Paz. Los indígenas y campesinos, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y otras organizaciones se mantendrán en vigilia en La Paz, hasta que el Senado ratifique la abrogación de la Ley 1720.

El Alto, 9 de mayo (El Nuevo Cambio).- Pobladores y estudiantes de El Alto abuchearon, silbaron, gritaron “fuera” y lanzaron gelatina contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, en un acto de entrega del título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Pública de El Alto, realizado este viernes en esa casa de estudios. Los ciudadanos repudiaron que las autoridades de la UPEA hayan entregado al mandatario el título de Honoria Causa y los estudiantes denunciaron que fueron obligados a asistir, bajo amenazas de ser aplazados en sus materias. El hecho más impactante, en medio de los insultos al presidente Paz, se registró cuando una persona le lanzó una gelatina que no le impactó, sin embargo, otros también lanzaron otros objetos contra el mandatario. Entre tanto, la entrega del título por parte de las autoridades de la UPEA fue rechazado y generó controversia y reacciones críticas en distintos sectores sociales. “La UPEA otorga título honoris causa al presidente Rodrigo Paz por arruinar el parque automotor con gasolina basura, internar 32 maletas con millones de dólares y droga, ocultar los relojes y caja fuerte de Marset, promulgar Ley 1720 para quitar tierras a los campesinos, endeudar más al país con créditos”, dijeron.

Telesur El equipo jurídico del exmandatario boliviano Evo Morales denunció presuntas irregularidades en el proceso de notificación relacionado con el juicio oral por trata agravada de personas, previsto para iniciar el lunes 11 de mayo en la ciudad de Tarija. Según la defensa, la convocatoria al juicio fue conocida inicialmente a través de medios de comunicación, lo que —afirman— genera preocupación sobre el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. En particular, cuestionan que la notificación se haya realizado mediante edictos. Los abogados sostienen que este mecanismo, contemplado en el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal boliviano, solo procede cuando la persona no tiene domicilio conocido o se desconoce su paradero. En ese sentido, argumentan que, Morales cuenta con domicilio conocido en el Trópico de Cochabamba, su ubicación es pública y conocida a nivel nacional y que existen mecanismos institucionales para verificar su paradero. Por ello, consideran que la notificación a través de edictos no cumpliría con los requisitos legales en este caso. De acuerdo con reportes de prensa, el proceso judicial por trata agravada de personas contra Morales está programado para comenzar el lunes 11 de mayo en Tarija, marcando el inicio de la fase oral del caso. En paralelo, el exmandatario ha denunciado públicamente ser objeto de una “persecución”, en medio de otras investigaciones que lo vinculan con presuntos hechos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos, según informaciones difundidas por medios locales. El equipo legal también cuestiona el origen del caso, señalando que estaría vinculado a un proceso previamente concluido. En ese marco, invocan el principio constitucional recogido en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que establece que una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido una respuesta pública detallada sobre estos cuestionamientos. Entre tanto, el inicio del juicio se mantiene en agenda mientras la defensa anticipa nuevas acciones legales dentro del proceso.