Economía

Prensa Latina Santiago de Chile, 28 agosto (Prensa Latina).- Chile, Argentina, Bolivia y Perú firmaron hoy una declaración conjunta para promover el desarrollo responsable y sostenible de la minería e impulsar el posicionamiento regional como socio estratégico en el suministro de minerales críticos. El acuerdo fue rubricado durante el primer encuentro ministerial sobre la materia realizado en Santiago. En una era donde la transición energética y la inteligencia artificial demandan entre 400 y 600 por ciento más de minerales críticos como el cobre y el litio, posicionaremos al Cono Sur como el proveedor más confiable, sostenible y competitivo, dijo el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas. Mientras, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, advirtió que el desafío no está solo en incrementar la producción o las exportaciones, sino en transformar esos recursos en oportunidades de mayor valor agregado y bienestar para las poblaciones. Una opinión con la cual coincidió el ministro de Energía y Minas de Perú, Guillermo Shinno, quien consideró que los minerales estratégicos deben ser instrumentos dinámicos que contribuyan al cierre de brechas sociales y económicas. Para el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, los proyectos mineros pueden durar entre 50 y 70 años y beneficiar a tres o cuatro generaciones venideras. Lucero consideró que la región terminará produciendo más de la mitad del cobre del mundo. Chile es el primer productor de cobre del orbe y Perú y Argentina poseen grandes yacimientos del metal rojo. Por otra parte, Chile, Argentina y Bolivia conforman el llamado Triángulo del Litio, una zona que concentra alrededor del 60 por ciento de las reservas mundiales de ese metal, ampliamente usado en la fabricación de baterías para dispositivos móviles y autos eléctricos. En el cono sur hay también importantes reservas de oro, plata, zinc, plomo, cobalto, molibdeno y tierras raras.

La Paz, 28 de agosto (El Nuevo Cambio).- En medio del creciente rechazo al decreto supremo 5676 que dispone el incremento del precio del diésel en un 100 por ciento, a grandes contribuyentes, el gobierno admitió que se trata de una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). El encargado de confirmar la condición del organismo internacional fue el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, que reconoció  que el Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención al diésel para los grandes consumidores, forma parte de los condicionamientos establecidos por el FMI para la liberación del financiamiento. La revelación de ese extremo se realizó durante una reunión con representantes de las alcaldías del país, en un encuentro celebrado en La Paz, donde el Gobierno volvió a justificar las medidas económicas bajo el argumento de la “asfixia fiscal” que atraviesa el país. El ministro explicó que el financiamiento del FMI está vinculado a una serie de medidas que el Gobierno tuvo que adoptar y que, según reconoció, son “poco populares y para nada gratas”. “El Decreto 5676 (…) es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI”, añadió. Aramayo también defendió la decisión del gobierno explicando que el Estado ya no puede sostener el costo de la subvención, debido además a los elevados niveles de corrupción que generan un fuerte impacto sobre las cuentas públicas. “No es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande (…) y está desangrando el Tesoro General del Estado”, justificó.

Telesur El nuevo balance del Viceministerio de Defensa Civil elevó a 121.731 el total de familias golpeadas por las nevadas en Bolivia, entre afectadas y damnificadas. Los reportes preliminares, difundidos en plena emergencia climática, separan dos niveles de perjuicio y colocan la crisis en seis departamentos del país. Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija concentran los estragos del temporal. La desagregación que presentó Roberto Rivero, viceministro de Defensa Civil, registra 96.462 hogares en condición de afectados y 25.269 damnificados. Detrás de esas cifras quedan 93.934 hectáreas de cultivos dañadas y 1.289 hectáreas perdidas por completo. El balance oficial mantiene su carácter preliminar. El rigor del clima no se limitó a las parcelas. El frío extremo y la nieve acumulada provocaron la muerte de 897 cabezas de ganado camélido, al menos. Sobre la actividad agropecuaria de las zonas altas recayó el grueso del daño, calificado por las autoridades como considerable. Ese diagnóstico movilizó la respuesta del Ejecutivo, coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La estrategia oficial contempla el reparto de forraje y de insumos veterinarios, ayuda humanitaria directa y un seguro agrícola que cubrirá 70.000 hectáreas para las zonas más golpeadas. En las seis regiones, las alcaldías tramitan declaratorias de desastre, un mecanismo que habilita el acceso a fondos de asistencia y al respaldo del Estado. La emergencia por las nevadas en Bolivia se cruza con otra amenaza climática. Frente a la proximidad del llamado Súper Niño, un fenómeno intensificado, las autoridades sostienen la vigilancia activa. Entre las medidas del plan figuran trabajos preventivos en la red vial y asistencia financiera a los municipios de menores recursos. Muerte de ganado y otros daños tras nevada intensa en Oruro En Oruro, el alcalde del municipio de Toledo, Noel Gonzales, confirmó a medios locales la muerte de ganado ovino mejorado, fundamentalmente crías, tras fuertes nevadas y bajas temperaturas. De acuerdo con el burgomaestre, esta situación —que se suma a los perjuicios provocados por una fuerte sequía y a ataques de jaurías de perros— debilitó especialmente a las crías y al ganado más vulnerable. Además, la falta de pastos y de forraje afecta a distintas comunidades del municipio desde hace varios meses. En opinión de la autoridad, los productores requieren apoyo urgente con alimento para el ganado, forraje, vitaminas y medicamentos para evitar nuevas pérdidas. Toledo es considerado uno de los principales productores de ganado ovino en Oruro. La actividad constituye el sustento económico de numerosas familias.

La Paz, 24 de agosto (El Nuevo Cambio).- La presión para que el gobierno de Rodrigo Paz, abrogue el decreto supremo 5676 que autoriza el incremento del precio del diésel hasta en un 100 por ciento, creció el fin de semana por parte de sectores campesinos, productores, cisterneros y organizaciones sociales. En todos los casos, las organizaciones y los dirigentes de estos sectores anunciaron que si el gobierno no anula en decreto en cuestión se asumirán medidas de presión y movilizaciones, a pesar del estado de excepción que sigue vigente en el país. En el caso de los campesinos de la región de Yapacani, dieron un plazo de 48 horas, que concluye este lunes, para iniciar el bloqueo de la carretera que une los departamentos de Cochabamba con Santa Cruz. El alcalde de ese municipio, Juan Ramos, dijo que “seguimos con filas en los surtidores, hay poco diésel, se redujo en un 50 por ciento el abastecimiento. No abastece al sector productivo, por eso ellos (campesinos) determinaron 48 horas de plazo, luego iniciarán bloqueos con todo el sector campesino”. La autoridad señaló que la región de Yapacaní cumple un rol fundamental en la provisión de alimentos para todo el país, principalmente de arroz, e interconecta el oriente y el occidente del territorio nacional. Advirtió que el cierre de las vías que conectan el oriente con el occidente del país, afectaría no solo el comercio internacional, sino también la distribución de alimentos hacia el resto de los departamentos, tanto a los valles, como también al altiplano. Explicó que anteriormente, las maquinarias pesadas y tractores podían abastecerse mediante turriles de hasta los 2.000 litros para afrontar extensas jornadas debido a que tan solo un tractor requiere aproximadamente unos 80 litros en 12 horas de labor. En el caso de los otros sectores y organizaciones sociales, dijeron que si hasta los próximos días el gobierno no anula el decreto que afecta principalmente la economía de las familias humildes y pobres, se procederá al inicio de las medidas de presión. En caso de los cisterneros, los dirigentes anunciaron suspender un bloqueo que estaba organizado para este lunes, e iniciar negociaciones con el gobierno estos días y tratar de encontrar una solución a su demanda, de lo contrario se asumirán las medidas de presión.

Cochabamba, 17 de agosto (El Nuevo Cambio).- La nueva Ley de Inversiones que se analiza en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pone el riesgo el patrimonio de todos los bolivianos, denunció la Federación de Carrasco Tropical de Cochabamba. En una declaración, los dirigentes de ese sector afirman que el tratamiento de la norma vulnera además, la Constitución Política del Estado y pone en riesgo el patrimonio, las empresas y los recursos naturales de Bolivia. También cuestionó que el proyecto otorgue mayores garantías a inversionistas extranjeros y no determine las mismas condiciones a las empresas privadas y públicas y contemple mecanismos de arbitraje internacional. Advirtieron que la nueva ley forma parte de un paquete de reformas económicas que están siendo impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de los Estados Unidos.

Sinahota, 16 de agosto (El Nuevo Cambio).- La Coordinadora de las Seis Federaciones y los cinco municipios del trópico de Cochabamba, organizan la primera Feria de Integración del Trópico (FITROP), para exponer la variedad y enorme producción agropecuaria de la región, una de las que más exporta productos al exterior y al país. El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, informó que la diversidad productiva y “el esfuerzo de nuestras hermanas y hermanos del trópico son la fuerza que impulsa a nuestro departamento de Cochabamba para fortalecer la economía desde la región para la nación, garantizando seguridad y soberanía alimentaria”. “Por eso decidimos organizar la primera “Feria de Integración del Trópico – FITROP” para el mes de octubre, con el objetivo de realizar intercambio productivo, promover nuestros productos y abrir mercados internos y externos para los productores bolivianos. Existe mucha expectativa a nivel nacional e internacional”, dijo durante la entrevista en el programa “Evo pueblo. Líder de los humildes”, por Radio Kausachun Coca. El exmandatario junto a dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones y la mancomunidad de los 5 municipios del trópico, realizaron, este fin de semana, un recorrido e inspección de la región para definir dónde se desarrollará la feria. Explicó que todos los municipios están interesados en organizar la feria, sin embargo, Entre Rios, demostró que tiene las mejores condiciones, no solo por el espacio con el que cuenta, sino el acceso de vías que tiene. Morales informó que la organización no abarcará sólo la exposición agropecuaria de productos del trópico, que tienen mucha variedad, sino también maquinaria que se utiliza en la producción en el. Trópico y otras regiones. Informó que el trópico de Cochabamba tiene una producción superior a varios departamentos, como el Beni, Pando, Oruro y Chuquisaca y es una de las regiones que más exporta productos al exterior y a nivel nacional.

Santa Cruz, 15 de agosto (El Nuevo Cambio).- Cansados de los discursos del presidente Rodrigo Paz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresaron su molestia ante el reiterado justificativo del mandatario de responsabilizar a las anteriores administraciones por la falta de inversión y exploración de hidrocarburos. En un pronunciamiento, ambas instituciones, exigen soluciones inmediatas a la escasez de diésel y gasolina en vez de continuar señalando a los responsables del pasado, argumento que ya no sirve para enfrentar la emergencia. “Seguir repitiéndolo no cambia nada y ya no es excusa. Lo que falta no es información, lo que falta es velocidad”, señalaron. Ambas instituciones exigen el abastecimiento de combustible. “Lo inmediato es el combustible (…) la norma está firmada, el reglamento salió hace semanas y hoy los surtidores de Santa Cruz reciben apenas el treinta por ciento de lo que el departamento necesita”, afirmaron. “El país no espera una firma más, espera que las firmas existentes lleguen al tanque”, señalaron al manifestar que el campo consume el 16% del diésel y produce el 77% de los alimentos que necesita Bolivia, por lo que la falta de carburantes amenaza directamente los ciclos productivos. “Ese es el volumen que hoy no llega a tiempo (…) Bolivia importa nueve y medio de cada diez litros de diésel, por lo que se debe acelerar una política estatal de biocombustibles”, dicen al cuestionar el argumento gubernamental de que el Gobierno necesita tiempo para “ordenar la casa”. “Garantizar el abastecimiento es una obligación del Estado, no una concesión”, dijeron al afirmar que Bolivia necesita pasar de los anuncios a la ejecución. “Falta que el Estado ponga su reloj a la hora del país. Y que lo haga ahora, porque el tiempo que se pierde no vuelve”, dijeron.