El País A las 18:00 del viernes 26 de junio de 2026, el dólar oficial en Bolivia valía 6,96 bolivianos. Dos horas después, el Banco Central publicó en su sitio web el tipo de cambio que regiría desde el lunes 29: 9,73. La Resolución Ministerial 245, firmada ese mismo viernes por el ministro José Gabriel Espinoza, no menciona una sola vez al Fondo de Inversión de Pensiones. No lo necesita. Los USD 29.823 millones del fondo ya lo sienten. La pérdida que no figura en ningún comunicado El paso al tipo de cambio flexible implica una depreciación del boliviano del 39,8% medida desde el lado del dólar. Pero la pregunta correcta para el fondo de pensiones es la inversa: cuánto vale menos, en dólares, un activo denominado en bolivianos. La fórmula es directa. Cuando el tipo de cambio sube de 6,96 a 9,73, el valor en dólares de un instrumento en bolivianos cae en 1 − (6,96/9,73): un 28,5%. No 39,8%. El 93% del Fondo de Inversión de Pensiones está concentrado en dos destinos: el Estado boliviano, con el 35,82% del portafolio, y la banca privada, con el 57,24%. La gran mayoría de esos instrumentos están denominados en bolivianos. Tomando el 90% del portafolio como referencia conservadora de exposición a moneda nacional —unos USD 26.840 millones—, la pérdida en valor dólar derivada de este primer ajuste equivale a aproximadamente USD 7.650 millones. Solo en el paso de un tipo de cambio al otro. Esa cifra no incluye lo que ya se había perdido. En 2025, la rentabilidad nominal del fondo fue del 4,5%. La inflación, del 20,4%. La pérdida real: 15,9%. El gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Fernández Quiroga, lo reconoció en audiencia el 17 de marzo: “Evidentemente el valor del dinero ya no cubre lo que es la inflación”. Dólares afuera, bolivianos adentro El deterioro no empezó este viernes. La primera transferencia explícita de riesgo cambiario al fondo ocurrió el 9 de marzo de 2026, cuando el gobierno de Rodrigo Paz enfrentó el vencimiento de USD 356 millones del eurobono de 2028. Los tenedores privados externos recibieron el pago en dólares. Los bonos en poder de la Gestora —el 50% de los títulos en negociación— fueron canjeados por instrumentos en bolivianos. El Estado preservó sus reservas de divisas. Los trabajadores bolivianos recibieron bolivianos. S&P Global Ratings calificó esa operación como “gestión de pasivos intragubernamentales” y elevó la nota del país dos escalones, de CCC− a CCC+. Lo que S&P no calificó es si existía el órgano competente para aprobar esa renegociación desde el lado boliviano. La respuesta es la misma desde hace quince años: no existe. La Gestora opera sin Directorio desde que la Ley N° 065 fue promulgada en 2010. S&P proyecta que el tipo de cambio llegará a BOB 10,4 por dólar a fines de 2026 y BOB 13,0 en 2027. Si esas proyecciones se cumplen, los bonos en bolivianos recibidos en el canje de marzo valdrán, en dólares, aproximadamente un tercio menos para fin de año y casi la mitad menos para 2027. La inflación proyectada —16,2% en 2026, 13,9% en 2027— erosiona simultáneamente el poder de compra interno de esos mismos instrumentos. El único escudo es el 3% Dentro del portafolio, la fracción que no pierde valor en dólares cuando el boliviano se deprecia es el 3,08% en diversificación internacional, que incluye el iShares Core S&P 500 ETF de BlackRock (ISIN US4642872000, ticker IVV). El otro 97% no tiene esa protección. En el extremo opuesto, USD 1.252 millones están en instrumentos del Banco Fassil —intervenido por el Estado en 2023— calificados con nota ‘D’: en default, sin plan de recuperación publicado. El jubilado no sabe cuánto vale su pensión Para quienes ya cobran una pensión, el impacto es directo. La pensión está fijada en bolivianos. Los alimentos, los medicamentos y los bienes con componente importado se actualizan al nuevo tipo de cambio. No existe mecanismo de ajuste automático que compense esa diferencia. “Un fondo de pensiones bien gobernado debería tener hoy, como prioridad, una auditoría de exposición cambiaria”, dice la analista en finanzas previsionales Edith Gálvez. “Cuánto está en bolivianos sin ajuste, cuánto en dólares reales, cuánto en instrumentos indexados. Esa información debería ser pública con frecuencia mensual. No lo es. Y la devaluación de este viernes vuelve esa opacidad más costosa para cada aportante”. Los informes detallados de cartera del SIP dejaron de publicarse en junio de 2025. El gobierno de Rodrigo Paz, en funciones desde noviembre de 2025, no los ha reanudado. El régimen cambiario flexible es una corrección necesaria de una distorsión insostenible. Lo que la Resolución Ministerial 245 no puede establecer es cómo proteger el ahorro de quienes financiaron esa distorsión durante quince años. Los 2,82 millones de aportantes al SIP conocen desde este viernes el nuevo tipo de cambio oficial. Lo que aún no conocen es el valor real, en dólares y en poder de compra, del fondo que construyeron con cada aporte mensual. Esa información no está en ningún comunicado oficial. Y por ahora, tampoco en ningún informe de la Gestora.
