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La Paz, 1 de julio (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Rodrigo Paz autorizó el incremento de las tarifas de electricidad hasta en un 5 por ciento y varios sectores calificaron la medida como un nuevo golpe a la economía del pueblo, afectada ya por el aumento de los precios de la canasta familiar. La disposición está enmarcada en el Decreto Supremo 5647, que modifica el mecanismo de estabilización de las tarifas de electricidad con el objetivo, justifica, de evitar incrementos bruscos en los precios del servicio para los consumidores regulados. La disposición se encuentra en la Gaceta Oficial del Estado, actualiza el Decreto Supremo 27302, vigente desde 2003, e incorpora nuevos mecanismos para administrar las variaciones de las tarifas eléctricas cuando cambian los costos del sistema. De acuerdo a un informe de la Agencia Boliviana de Información (ABI) la medida tiene el objetivo de establecer nuevos límites a la variación de las tarifas de electricidad e incorporar otros agentes que contribuyan a las medidas de estabilización, mediante modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo 27302, modificado por el Decreto Supremo 1301 que determinaba que el incremento no supere el 3% «en cortos periodos de tiempo». La norma fija nuevos parámetros, el principal cambio es que la variación mensual del valor promedio, en términos reales, de las tarifas de distribución aplicadas a los consumidores regulados no podrá ser superior al 5%, cuando esa variación sea consecuencia de cambios en los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o en los precios de distribución. Antes era del 3%. El decreto dispone también que el Ente Regulador determinará, de forma semestral y mediante resolución administrativa, los factores de estabilización que serán aplicados a los precios de nodo, vigentes para obtener los precios de energía, potencia y peaje de aplicación. De acuerdo a varios sectores que recién se están enterando del nuevo decreto gubernamental, la disposición es un nuevo golpe a la economía del pueblo boliviano, sobre todo las familias más pobres, frente al silencio cómplice de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones, como fabriles y magisterio nacional.

El País A las 18:00 del viernes 26 de junio de 2026, el dólar oficial en Bolivia valía 6,96 bolivianos. Dos horas después, el Banco Central publicó en su sitio web el tipo de cambio que regiría desde el lunes 29: 9,73.  La Resolución Ministerial 245, firmada ese mismo viernes por el ministro José Gabriel Espinoza, no menciona una sola vez al Fondo de Inversión de Pensiones. No lo necesita. Los USD 29.823 millones del fondo ya lo sienten. La pérdida que no figura en ningún comunicado El paso al tipo de cambio flexible implica una depreciación del boliviano del 39,8% medida desde el lado del dólar. Pero la pregunta correcta para el fondo de pensiones es la inversa: cuánto vale menos, en dólares, un activo denominado en bolivianos. La fórmula es directa. Cuando el tipo de cambio sube de 6,96 a 9,73, el valor en dólares de un instrumento en bolivianos cae en 1 − (6,96/9,73): un 28,5%. No 39,8%. El 93% del Fondo de Inversión de Pensiones está concentrado en dos destinos: el Estado boliviano, con el 35,82% del portafolio, y la banca privada, con el 57,24%. La gran mayoría de esos instrumentos están denominados en bolivianos. Tomando el 90% del portafolio como referencia conservadora de exposición a moneda nacional —unos USD 26.840 millones—, la pérdida en valor dólar derivada de este primer ajuste equivale a aproximadamente USD 7.650 millones. Solo en el paso de un tipo de cambio al otro. Esa cifra no incluye lo que ya se había perdido. En 2025, la rentabilidad nominal del fondo fue del 4,5%. La inflación, del 20,4%. La pérdida real: 15,9%. El gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Fernández Quiroga, lo reconoció en audiencia el 17 de marzo: “Evidentemente el valor del dinero ya no cubre lo que es la inflación”. Dólares afuera, bolivianos adentro El deterioro no empezó este viernes. La primera transferencia explícita de riesgo cambiario al fondo ocurrió el 9 de marzo de 2026, cuando el gobierno de Rodrigo Paz enfrentó el vencimiento de USD 356 millones del eurobono de 2028. Los tenedores privados externos recibieron el pago en dólares. Los bonos en poder de la Gestora —el 50% de los títulos en negociación— fueron canjeados por instrumentos en bolivianos. El Estado preservó sus reservas de divisas. Los trabajadores bolivianos recibieron bolivianos. S&P Global Ratings calificó esa operación como “gestión de pasivos intragubernamentales” y elevó la nota del país dos escalones, de CCC− a CCC+. Lo que S&P no calificó es si existía el órgano competente para aprobar esa renegociación desde el lado boliviano. La respuesta es la misma desde hace quince años: no existe. La Gestora opera sin Directorio desde que la Ley N° 065 fue promulgada en 2010. S&P proyecta que el tipo de cambio llegará a BOB 10,4 por dólar a fines de 2026 y BOB 13,0 en 2027. Si esas proyecciones se cumplen, los bonos en bolivianos recibidos en el canje de marzo valdrán, en dólares, aproximadamente un tercio menos para fin de año y casi la mitad menos para 2027. La inflación proyectada —16,2% en 2026, 13,9% en 2027— erosiona simultáneamente el poder de compra interno de esos mismos instrumentos. El único escudo es el 3% Dentro del portafolio, la fracción que no pierde valor en dólares cuando el boliviano se deprecia es el 3,08% en diversificación internacional, que incluye el iShares Core S&P 500 ETF de BlackRock (ISIN US4642872000, ticker IVV). El otro 97% no tiene esa protección. En el extremo opuesto, USD 1.252 millones están en instrumentos del Banco Fassil —intervenido por el Estado en 2023— calificados con nota ‘D’: en default, sin plan de recuperación publicado. El jubilado no sabe cuánto vale su pensión Para quienes ya cobran una pensión, el impacto es directo. La pensión está fijada en bolivianos. Los alimentos, los medicamentos y los bienes con componente importado se actualizan al nuevo tipo de cambio. No existe mecanismo de ajuste automático que compense esa diferencia. “Un fondo de pensiones bien gobernado debería tener hoy, como prioridad, una auditoría de exposición cambiaria”, dice la analista en finanzas previsionales Edith Gálvez. “Cuánto está en bolivianos sin ajuste, cuánto en dólares reales, cuánto en instrumentos indexados. Esa información debería ser pública con frecuencia mensual. No lo es. Y la devaluación de este viernes vuelve esa opacidad más costosa para cada aportante”. Los informes detallados de cartera del SIP dejaron de publicarse en junio de 2025. El gobierno de Rodrigo Paz, en funciones desde noviembre de 2025, no los ha reanudado. El régimen cambiario flexible es una corrección necesaria de una distorsión insostenible. Lo que la Resolución Ministerial 245 no puede establecer es cómo proteger el ahorro de quienes financiaron esa distorsión durante quince años. Los 2,82 millones de aportantes al SIP conocen desde este viernes el nuevo tipo de cambio oficial. Lo que aún no conocen es el valor real, en dólares y en poder de compra, del fondo que construyeron con cada aporte mensual. Esa información no está en ningún comunicado oficial. Y por ahora, tampoco en ningún informe de la Gestora.

Sinahota, 28 de junio (El Nuevo Cambio).- La flexibilización del dólar en Bolivia será constante y afecta el poder adquisitivo de los ingresos de las familias bolivianas, según dijo el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. La explicación la hizo durante el programa “Evo pueblo, líder de los humildes” que se transmite todos los domingos a las 7.00 horas por Radio Kausachun Coca, desde la localidad de Lauca Eñe, en el municipio de Sinahota del trópico de Cochabamba. El exmandatario sostuvo que esta decisión de flexibilizar el dólar en el país, no es otra cosa que una devaluación de la moneda que afectará directamente a las familias con menores ingresos económicos y beneficiará a la banca y a los que más tienen, los empresarios. “Si no se toman medidas urgentes, la devaluación del boliviano frente al dólar será constante. El Gobierno debe decirle al país cómo proteger los ahorros de los trabajadores en los fondos de pensiones, cómo evitará que esta devaluación se convierta en un nuevo gasolinazo encubierto y cómo defenderá el poder adquisitivo de las familias bolivianas”, dijo. Añadió que el ajuste no es para todos. “Esta devaluación encubierta favorece principalmente a la banca privada, mientras descarga el costo de la crisis sobre los trabajadores, los pequeños productores y el pueblo boliviano”, afirmó.

La Paz, 27 de junio (El Nuevo Cambio).- El gobierno dispuso este viernes la flexibilización del tipo de cambio del dólar, a través de una Resolución Ministerial 245, que establece un nuevo régimen cambiario basado en la oferta y la demanda de divisas en el sistema financiero y el expresidente Evo Morales Ayma denunció que se trata de una devaluación. De acuerdo a la disposición, la medida será aplicada por el Banco Central de Bolivia y marca un cambio importante en la política económica del país, generando expectativa sobre su impacto en el mercado y la economía nacional. La resolución Ministerial dice: RESUELVE: PRIMERO.- Establecer un régimen cambiario flexible, a efectos de fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos. SEGUNDO.- El tránsito al nuevo régimen cambiario será ejecutado por el Banco Central de Bolivia, en el ejercicio de las atribuciones y competencias conferidas por la Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, teniendo como base el reconocimiento de la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero. TERCERO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en medios de prensa de circulación nacional y en el sitio Web: www.economiayfinanzas.gob.bo. Estará a cargo del Banco Central ejecutar la medida, hay que esperar los detalles. Expresidente Entre tanto, el expresidente, Evo Morales Ayma, denunció que “no estamos frente a una unificación del tipo de cambio. Estamos frente a una nueva devaluación encubierta de un gobierno que renunció a defender la economía del pueblo”. “Para que avance el mercado especulativo, pierden las familias bolivianas y los ahorristas de los fondos de pensiones. Desde hoy, ya no será el Estado quien defienda el valor de nuestra moneda, sino los especuladores quienes impondrán el precio del dólar. Una vez más, hacen que el pueblo pague el costo de su fracaso económico”, afirma. Analista El analista económico Martín Moreira, entrevistado por DTV, explicó por su parte, que la medida implica «el cambio del régimen cambiario de tipo fijo a tipo de cambio flexible» y sostuvo que será necesario conocer cómo se implementará el nuevo esquema antes de evaluar plenamente sus efectos. «Hay que ver cómo se va a aplicar, es importante la segmentación. Ahora, en este punto, hay que ver que se elimina la distorsión del dólar; ya no entre dólar oficial y dólar paralelo, sino que solo va a haber un solo tipo de cambio», afirmó. Moreira sostuvo que uno de los principales riesgos será la devaluación del boliviano y estimó que el nuevo tipo de cambio podría fluctuar en distintos rangos, aunque aclaró que aún no se conoce la reglamentación. «Todavía no sabemos porque no ha salido la segmentación, pero va a flotar en esos números; como tope va a ser 15 bolivianos porque es lo que dispone pagar el mercado», manifestó. Asimismo, afirmó que un incremento del tipo de cambio podría afectar el poder adquisitivo de la población. «Esto significa una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los bolivianos» y «va a provocar inflación en las importaciones, en especial en combustibles, alimentos, medicamentos, maquinarias, repuestos e insumos industriales», indicó.

La Paz, 24 de junio (El Nuevo Cambio).- El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó que Bolivia tiene una deuda superior a los 500 millones de dólares por la compra de combustible bajo la modalidad de financiamiento otorgado por empresas proveedoras internacionales. Explicó que el suministro se realiza “a crédito” por parte de las compañías Vitol y Trafigura y que no se trata de un préstamo tradicional. “No es un préstamo, pero nos están financiando los proveedores”, explicó. Blanco detalló, en una entrevista en Radio Fides, que los pagos se realizan en plazos de hasta 120 días y que el monto adeudado asciende actualmente “aproximadamente a 500 millones de dólares”, por la adquisición de combustibles. También anunció que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, impulsa un proceso de licitación con el objetivo de ampliar el número de proveedores y diversificar las fuentes de abastecimiento. A fines de marzo, tras denuncias sobre presunta baja calidad de la gasolina, el entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, había anunciado la suspensión de contratos con Vitol y Trafigura, lo que marcó un antecedente en la relación con estas empresas.