Portada

La Paz, 21 de de junio (El Nuevo Cambio).- A pesar de la declaratoria del estado de excepción del gobierno de Rodrigo Paz, los bloqueos en carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz se mantienen este domingo. En el caso del departamento de La Paz, los efectivos policiales y militares no lograron desbloquear en las regiones de Laja y en el Desaguadero, donde fueron recibidos por pobladores movilizados y tuvieron que utilizar gases lacrimógenos, pero no lograron habilitar la vía. En la carretera a Oruro tampoco lograron habilitar totalmente la vía y los bloqueos se mantienen en algunas regiones, e impiden el tráfico normal de vehículos a las ciudades de Cochabamba, Potosí y Sucre, desde La Paz. Informes de algunas radios comunitarias señalan que en la carretera La Paz-Oruro, en la región de Viscachani pobladores  de la zona reinstalaron el bloqueo y denunciaron que el dirigente Vicente Salazar se vendió al gobierno. Con relación a la carretera nueva que une los departamentos de Cochabamba con Santa Cruz también se mantienen los bloqueos en varias regiones pasando por el municipio de Sacaba hasta casi Bulo Bulo en el trópico. En el sector de Wacanqui se registraron enfrentamientos de campesinos con la Policía y los militares, en el kilómetro 38, los comunarios lanzaron piedras, los efectivos gases lacrimógenos, pero estos últimos terminaron por retirarse. El camino antiguo de Cochabamba a Sucre y Santa Cruz fue abierto durante todo el día, pero los comunarios de varias regiones dijeron que este domingo se bloqueará nuevamente en varias regiones, hasta cumplir las metas del pueblo boliviano. Según el mapa de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), los bloqueos en Bolivia se encuentran en 28 puntos, tres en el departamento de Oruro, 12 en Cochabamba, 12 en La Paz y uno en Santa Cruz, a la altura de Cerro Grande.

La Paz, 19 de junio (El Nuevo Cambio).- Los dirigentes de la Federación Tupac Katari del departamento de La Paz, fueron abucheados, incluso les lanzaron piedras y fueron obligados a ratificar el pedido de las bases de renuncia del presidente Rodrigo Paz, Asimismo, anunciaron la masificación de los bloqueos que se realizan desde hace 50 días en el país, principalmente en La Paz, sin visos de solución y en medio de enfrentamientos, heridos, comunarios fallecidos y detenidos. El ampliado del Suyu Ingavi se realizó en Los Andes y las bases molestas rechazaron la propuesta de sus dirigentes de presentar un pliego de 17 demandas al Gobierno, dejando para el último el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. La decisión de la dirigencia provocó un fuerte descontento entre los participantes, quienes incluso lanzaron piedras hacia la testera donde se encontraban los dirigentes y el máximo ejecutivo de la Federación Tupac Katari. Ante la presión de las bases, la resolución fue revertida y los dirigentes se comprometieron a mantener como único punto de demanda la renuncia del mandatario y a masificar las movilizaciones en el marco del conflicto social que se prolonga por cerca de 50 días.

Página 12 Organismos de Derechos Humanos, acompañados por organizaciones sindicales, sociales y políticas, además de diputados argentinos, anunciaron ayer el envío de una misión internacional a Bolivia para realizar un relevamiento sobre las denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos registradas durante las protestas y bloqueos que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz y en los que intervinieron fuerzas de seguridad y antidisturbios. La delegación partirá de Argentina el 15 de junio y permanecerá en Bolivia hasta el 18 del mismo mes. Según explicaron sus integrantes, mantendrán reuniones con organizaciones obreras, campesinas, de mujeres y de pueblos originarios con el objetivo de elaborar un informe final que será difundido internacionalmente a través de organismos de derechos humanos y parlamentos de distintos países. Para romper el cerco mediático La diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hija de desaparecidos e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Alejandrina Barry, afirmó en diálogo con Página/12 que uno de los fines de la misión, de la que forma parte, es romper el cerco mediático construido en torno a la situación en Bolivia. “Nuestro objetivo es apoyar la lucha que está llevando adelante el pueblo boliviano y monitorear, tomar testimonios, hacer relevamiento de las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el marco del legítimo derecho a la movilización que está llevando adelante el pueblo boliviano”, explicó. Barry repudió la respuesta del gobierno boliviano ante las protestas y la calificó como una “represión brutal”. “Hay, por lo menos, siete personas asesinadas en el marco de las movilizaciones. Hay cientos de detenidos y numerosas denuncias de torturas en los centros de detención, además de falta de asistencia médica para los heridos. También hay detenciones arbitrarias y secuestros ilegales de dirigentes sindicales y campesinos. A eso se suma la estigmatización impulsada por el gobierno, que acusa de narcoterroristas a quienes se movilizan legítimamente”, sostuvo. A su vez, Barry denunció ataques y actos de persecución por parte de las fuerzas antidisturbios bolivianas contra los trabajadores de prensa. Además, señaló que la periodista argentina Violeta Tamayo resultó herida durante la jornada del jueves y que, hasta el momento, se investiga qué provocó la lesión. La delegación informó que presentó una nota ante la Embajada de Bolivia y también ante la Cancillería, donde pidieron que no haya ningún inconveniente para desarrollar su labor. El trabajo comenzará en La Paz. “Los únicos golpistas son quienes integran el Estado boliviano” Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción. Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país. Desde la misión repudiaron esa posibilidad y destacaron que parte de su tarea será contribuir a desmontar el discurso oficial que acusa a los manifestantes de golpistas. “Los únicos golpistas son quienes integran el propio Estado boliviano, que asesina a su propio pueblo, encarcela a cientos de manifestantes, comete torturas y realiza aprehensiones ilegales. Los verdaderos golpistas son ellos”, afirmó Barry. “Como hija de desaparecidos, habiendo sido víctima de lo que fue la dictadura acá, considero que el estado de excepción sería un salto en la situación represiva que hoy ya es brutal. Sería directamente el cercenamiento de las mínimas libertades democráticas y constitucionales de las que tiene que tener derecho el pueblo”m aseveró Barry. A la misión adhirieron organizaciones como Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, SERPAJ, APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Coordinadora Americana por los Derechos Humanos, la diputada y nieta recuperada Victoria Montenegro, Liberpueblo, CORREPI, entre otras. Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno derechista con decenas de bloqueos en las rutas que asfixian desde hace 38 días a las principales ciudades del país, donde escasean productos básicos.

La Paz, 13 de junio (El Nuevo Cambio).- La Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Provincia Los Andes Tupac Katari y la Federación Bartolina Sisa, acordaron en un Cabildo denominado “Despierta Bolivia” radicalizar sus medidas de presión y masificar los bloqueos en el departamento de La Paz, hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz. También acordaron exigir la liberación de los detenidos, ocupar instituciones y criticaron la falta de solución de la crisis económica que golpea a las familias campesinas y sectores populares, con el incremento del costo de vida, la escasez de combustible y la falta de empleo. “Vamos a masificar los bloqueos, tomar instituciones y no pararemos hasta la renuncia de Rodrigo Paz y sus ministros”, dice un documento de conclusiones y advierten que rechazan cualquier intento de diálogo o negociación con el Gobierno. Las resoluciones del Cabildo establecen la liberación inmediata de los detenidos, renuncia del presidente Rodrigo Paz y de sus ministros, masificación de bloqueos en toda la provincia, toma de instituciones públicas,  corte de agua y energía como estrategia de movilización, rechazo a cualquier diálogo o negociación con el Gobierno, respeto al fuero sindical y cese de la persecución a dirigentes, cerco a la ciudad de La Paz junto a las 20 provincias, entre otros.

Telesur Una violenta jornada de represión policial sacudió este jueves al centro de La Paz, dejando un saldo de 36 personas detenidas y decenas de heridos. Los hechos se registraron luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) marchara al corazón de la capital de Bolivia, tras dos semanas en las que las fuerzas de seguridad habían logrado mantener los sectores céntricos libres de protestas.  Testigos y manifestantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los contingentes policiales, luego de que arremetieran con dureza para dispersar a los movilizados. Lo que comenzó hace 42 días como una protesta laboral por el pliego de peticiones de más de 70 sindicatos, rechazado por el Ejecutivo sin explicaciones, se ha transformado en un clamor generalizado que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.  El Comando de la Policía emitió un comunicado en el que la institución policial «recomienda» a los periodistas, medios de comunicación y trabajadores de las redes sociales «tomar distancia» de los operativos de intervención.  Aunque la Policía argumenta que la medida busca prevenir que los comunicadores sean víctimas de la violencia que pueda desatarse, en los hechos se interpreta como un intento de blindar el accionar de los uniformados, evitando que las cámaras registren la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias que se están ejecutando en las calles paceñas. El presidente Rodrigo Paz, cuyo Gobierno ha optado por criminalizar la protesta popular, identificarla en asociación con lo que llama «narcoterrorismo» y aprehender a líderes sociales, declaró que ya tiene el camino legal completamente despejado tras ser avalado por la Asamblea Legislativa para decretar el estado de excepción en cualquier momento.  Paz promulgó el lunes la polémica Ley 1740, de regulación de estados de excepción, que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a ejecutar operativos conjuntos para reprimir las protestas sociales que exigen la renuncia del mandatario desde el pasado 1 de mayo. La nueva normativa faculta la intervención militar directa contra los más de 90 bloqueos de carreteras estatales en un contexto de alta tensión. De aplicarse esa medida extrema, se ampliarían drásticamente las facultades de la policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, reduciendo al mínimo las garantías y los derechos constitucionales de los ciudadanos. ​Ante este panorama de militarización, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo emitieron este 11 de junio un comunicado conjunto de urgencia convocando a un pacto departamental con las principales organizaciones de La Paz y El Alto para frenar la escalada represiva y forzar una salida negociada al actual conflicto social. Decenas de bloqueos de carreteras registrados desde el 1 de mayo están afectando el suministro de productos básicos en La Paz y El Alto, profundizando el desabastecimiento. La escasez ha disparado el costo de la canasta básica y provocado la proliferación de un mercado negro de combustibles, donde la gasolina y el diésel se cotizan hasta cinco veces por encima de su precio oficial.  En las urbes se respira una tensa calma, con una población atrapada entre el desabastecimiento y el temor a una nueva oleada de represión estatal si se impone el Estado de Excepción.

La Paz, 9 de junio (El Nuevo Cambio).- Los bloqueos en el país, en alrededor de unos 90 puntos en seis departamentos, se mantienen sin ninguna variación y el conflicto tiende a agravarse, luego de que el presidente Rodrigo Paz, dijera que las movilizaciones están dirigidas por narcoterroristas y promulgara la Ley de Regulación del Estado de Excepción. Los bloqueos continúan en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca en un ambiente de creciente tensión y amenazas con aumentar las medidas de presión hasta que el presidente Paz renuncia al cargo. Mientras tanto, el gobierno, a través de la Policía y el Ministerio Público procedió a la detención de alrededor unos 20 dirigentes de diferentes sectores, acusándolos, entre otros, de terrorismo, en medio de torturas, según denunciaron las organizaciones sociales. En las redes sociales se viralizó incluso un video en el que se observa que efectivos de la Policía agreden de manera violenta a personas tendidas en el piso, según las organizaciones, eran los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores, apresados por el gobierno. Entre tanto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), anunció que los bloqueos afectan a seis departamentos del país. Cochabamba concentra la mayor cantidad con 27, le sigue La Paz con 21, Oruro con 18, Potosí con 15, Chuquisaca con 10 y Santa Cruz con dos. En La Paz, varias vías clave que conectan con el interior del país y con la frontera peruana permanecen cortadas, lo que dificulta el transporte de mercancías y el tránsito de pasajeros. Miles de viajeros permanecen varados y sectores productivos reportan afectaciones directas. El desabastecimiento de alimentos en los principales centros urbanos preocupa a los pobladores que critican al gobierno por no resolver el conflicto. En mercados de La Paz y otras ciudades no existen los productos básicos, mientras se incrementan el precio de los artículos hasta al menos en un 50 por ciento.