Seguridad

La Paz, 16 de octubre (El Nuevo cambio).- Los exministros del gobierno del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, recordaron en un documento, que en 2008, un grupo de mercenarios extranjeros fueron contratados por cívicos y políticos de extrema derecha, para dividir el territorio nacional, en una clara actitud de traición a la patria. La declaración también incluye un video con las declaraciones del principal protagonista de este grave hecho, el boliviano-húngaro Eduardo Rosza Flores, quien confirma en una entrevista, que fue contratado para desmembrar el territorio boliviano. El documento de los exministros dice: “Los hombres y mujeres dignos, rebeldes y patriotas tenemos memoria; somos leales a nuestra Patria; luchamos contra la dictadura militar, los vencimos y conquistamos la democracia que todo el pueblo ejerce plenamente hoy como derecho político irrenunciable; impedimos que la explotación de nuestros recursos naturales siga enriqueciendo a los empresarios antinacionales y extranjeros; somos el pueblo que camina y trabaja, nunca renunciamos a nuestro derecho legítimo al desarrollo y a la integración, somos enemigos y enemigas del racismo, de la violencia, del saqueo, de la explotación irracional. El 2008, un grupo de cívicos, políticos y empresarios de extrema derecha que lamentablemente viven en el hermoso departamento de Santa Cruz financiaron la llegada de un grupo de mercenarios desde Europa a Bolivia, con el objetivo de generar violencia paramilitar, enfrentarnos entre bolivianos y desmembrar nuestro territorio, con el único objetivo de preservar los intereses de los grupos económicos de poder que se beneficiaron de la dictadura militar y con el neoliberalismo, con la dotación de tierras, créditos, condonaciones de préstamos, incluso algunos estuvieron vinculados al narcotráfico. Este grupo de terroristas estaba encabezado por el boliviano-húngaro Eduardo Rosza Flores, quien adquirió la nacionalidad croata luego de participar en la Guerra de los Balcanes comandando un grupo de paramilitares. En esa guerra murieron cientos de miles de personas y terminó con la fractura territorial de la ex Yugoslavia. A la cabeza de Rosza trataron de imponer una similar fractura territorial en nuestra Bolivia el año 2008 y 2009. Rozsa no vino a Bolivia con sus propios recursos, lo trajeron que es diferente: desde Santa Cruz pagaron el pasaje de todo el grupo de terroristas, financiaron su estadía en los hoteles más importantes de Santa Cruz, les dotaron de infraestructura, uno de sus cuarteles de operación era el Stand de COTAS en los predios de la Fexpo cruceña. Rozsa Flores era un mercenario que tenía al menos 380 mercenarios a su cargo en la Guerra de los Balcanes. Según un informe publicado por una Comisión Especial Multipartidaria de Investigación de este caso de la Cámara de Diputados el año 2009,  este mercenario Rozsa Flores, confesó en una entrevista que fue “llamado desde Santa Cruz – Bolivia para coadyuvar en la lucha por la independencia -separatismo- cruceña”; literalmente afirmó también que “si no hay autonomía, si no hay convivencia con autonomía, proclamamos la independencia y fundaremos un país nuevo”, la Comisión Multipartidaria presentó el video de esa confesión. Claramente con la llegada de estos mercenarios y la organización terrorista que armaron ellos, la unidad territorial de nuestra Bolivia estaba en peligro. El presidente Evo Morales y los ministros de Estado, que en el momento juraron “defender la Constitución Política del Estado, la Patria, la unidad territorial”, honraron ese juramento que es el compromiso de vida de todo y toda autoridad patriota, por ello y sin dudar un solo instante ante el peligro sobre la integridad de nuestro territorio “ordenaron la defensa de Patria, de la CPE y de la paz”. Ante la amenaza de estos criminales paramilitares, la Policía Boliviana cumplió con su mandato constitucional. Hoy la derecha y la extrema derecha, fiel a su estilo antipatriótico, a su servilismo incondicional a los grupos de poder político y económico obedeciendo el mandato que llega del norte de nuestro continente, quieren instaurar un Juicio de Responsabilidades contra el mejor presidente de la historia de Bolivia y procesarlo por defender la unidad territorial de nuestra patria. Esta derecha y la oligarquía, al igual que 1879 cedieron nuestro Litoral a los invasores anglochilenos y enclaustraron a nuestra Bolivia; en 1903 cedieron territorio a los empresarios de la goma brasilera a cambio de un puente y unas cuantas libras esterlinas; en 1935 perdieron nuestro Chaco Boreal ante los invasores paraguayos y una transnacional del petróleo inglés; esa misma derecha y oligarquía hace escasos 17 años, el año 2009 quería fracturar nuestra Bolivia, pero un presidente patriota, Evo Morales y su gobierno consecuente impidieron que ese terrible acto de “traición a la patria” fuera consumado. El acusador actual Jorge Quiroga y toda la derecha y extrema derecha, no cumplieron su deber constitucional de servir a Patria con su servicio militar, son omisos, compraron su Libreta Militar, estos omisos, que no saben lo que es defender la Patria hoy quieren sancionar con Juicio de Responsabilidades al presidente Evo Morales que antepuso el servicio y defensa de la Patria. A esto se suman los graves errores jurídicos que comete Quiroga en su demanda de Juicio de Responsabilidades que sus propios parlamentarios señalan y que seguirán siendo evidentes.  La defensa y la unidad de la Patria es el deber sagrado de toda y todo boliviano que juró defender la Constitución Política del Estado. La historia y el pueblo glorificarán a los patriotas y repudiarán a los traidores.

Santa Cruz, 15 de octubre (El Nuevo Cambio).- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), exigió al fiscal general interino, José Armando Urioste, pruebas de que el crimen organizado paga a los medios de comunicación, para desacreditar al Ministerio Público. En un pronunciamiento, la organización expresa su preocupación por el alcance de las afirmaciones vertidas públicamente por el nuevo fiscal interino y pide a la autoridad actuar con responsabilidad y transparencia. “Consideramos que una denuncia de esta naturaleza, más aún cuando proviene de la máxima autoridad del Ministerio Público, no puede quedar simplemente en declaraciones públicas”, dice al señalar que si existen pruebas de que determinados periodistas o comunicadores recibieron dinero de organizaciones criminales para favorecer intereses ilícitos, corresponde que la Fiscalía inicie de inmediato las investigaciones, identifique a los presuntos responsables y actúe conforme a las leyes vigentes, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia. “La ANPB no pretende defender ni encubrir a ninguna persona que haya cometido un delito. Por el contrario, sostenemos que todos los bolivianos, independientemente de nuestra profesión, cargo o condición, estamos sometidos a las leyes y debemos responder por nuestros actos ante la justicia”, añade. La organización periodística afirma que no se puede aceptar que, a partir de posibles conductas individuales, se ponga bajo sospecha a todo el periodismo boliviano. “Las responsabilidades son personales, no colectivas, y ninguna acusación puede extenderse indiscriminadamente a los hombres y mujeres que ejercen esta profesión con honestidad y compromiso”.

Santa Cruz, 14 de octubre (El Nuevo Cambio).- La activista y abogada, víctima de un intento de feminicidio, supuestamente por su expareja, el argentino Fernando Cerimedo, exasesor personal de Rodrigo Paz, denunció que la Justicia pretende encubrir a la esposa del mandatario, Bibi Urquidi, por casos de corrupción. «Me hicieron declarar y no me preguntaron nada de la primera dama», informó al señalar que en su declaración sobre la legitimización de ganancias ilícitas en contra de Cerimedo, no le preguntaron nada sobre la esposa del mandatario, lo que puede significar un afán de «encubrir» a la esposa del presidente Rodrigo Paz, Beller explicó que las preguntas que le hicieron en su declaración fueron cerradas sin que tenga la opción de complementar las respuestas de las preguntas, sin embargo, Beller afirmó que ella sigue teniendo los audios, chats y pruebas en su celular sobre este caso.    

Santa Cruz, 12 de octubre (El Nuevo Cambio).- El abogado Jerjes Justiniano, defensor del exfiscal general Roger Mariaca, denunció que durante el allanamiento a la vivienda de la exautoridad se retiró documentación vinculada a investigaciones sobre el caso oro, las maletas y el combustible. Aclaró que su defendido considera que existe una pugna política detrás de los procesos que iniciaron en su contra, porque estaba investigando directamente al entorno familiar del presidente Rodrigo Paz. Justiniano explicó que su cliente demostrará durante la investigación, el origen lícito del dinero y la procedencia del arma cuestionada, que la Policía encontró tanto en su departamento, como en su vehículo. Justiniano informó que durante el proceso, están previstas alrededor de tres audiencias por las denuncias que enfrenta Mariaca, y anunció que insistirá en que las causas se tramiten en Santa Cruz. El abogado también expresó preocupación por el estado de salud y las condiciones de detención de Mariaca, por lo que solicitará evaluar su traslado a un domicilio, mientras avanza el proceso en su contra.

Página 12 Tras el desmantelamiento de las fiscalías que acusaban a Fernando Cerimedo, con la intervención del Gobierno boliviano y de la DEA, las irregularidades se siguen acumulando. Ahora, Nadia Beller, víctima del intento de femicidio, denunció que el consultor tiene un celular propio, algo inusual en la estricta cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Advirtió que activó una cuenta de Telegram desde el penal, a través de la cual podría mantener conversaciones y organizar acciones fuera de la prisión sin ningún tipo de control. El caso Cerimedo comenzó con un intento de asesinato de Beller, su entonces pareja. A partir de ese hecho se acumularon pruebas cada vez más impactantes: chats y mensajes internos que aportaban evidencias claras de que el consultor la había mandado a matar, la contratación de sicarios y la identificación de los presuntos autores materiales. Se trata de dos ciudadanos colombianos que dejaron un reguero de pistas que permitió localizarlos. Todo esto llevó a la detención de Cerimedo cuando intentaba huir de Bolivia y a la apertura de cuatro causas penales en su contra: una por el intento de femicidio, otra por episodios previos de violencia contra Beller y dos más por enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero el caso dio un giro con la intervención directa de Estados Unidos o, más precisamente, de la DEA. El organismo difundió un video en el que, casualmente, un capo narco uruguayo preso en Estados Unidos decía ser “amigo” del fiscal general de Bolivia, quien impulsaba las acusaciones contra Cerimedo. A partir de esa difusión, sin que mediara una causa judicial ni una orden de un juez, el Gobierno boliviano —del que Cerimedo era cercano— procedió a detener al fiscal general Roger Mariaca, junto con un grupo de fiscales, comisarios y otros funcionarios judiciales. La operación significó el desmantelamiento completo del equipo que investigaba al consultor. Desde entonces, las causas permanecen paralizadas y Cerimedo se muestra confiado en que pronto recuperará la libertad. En ese contexto, Beller publicó en su cuenta de Facebook una denuncia: el consultor tendría un celular dentro de la cárcel y estaría utilizando un canal encriptado de Telegram. Según contó, la información llegó a un periodista mientras la entrevistaba en un programa de radio. “Cerimedo aparece conectado en Telegram utilizando el mismo número telefónico del celular que entregó a la Policía y que posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía para su desdoblamiento y peritaje. Telegram es la única red donde él tenía visible su última hora de conexión”, relató Beller. “Esto demuestra que Cerimedo está utilizando ese mismo número y sus redes sociales desde otro dispositivo mientras permanece detenido en Chonchocoro. Todo esto en complicidad con el gobierno, el régimen penitenciario y la policía”, denunció. Beller planteó una serie de interrogantes: “¿Quién le proporcionó ese dispositivo? ¿Cómo obtuvo nuevamente esa línea telefónica argentina estando preso en Bolivia? ¿Quién se la proporcionó y mediante qué mecanismo o autorización?”. También consideró otra posibilidad, en un contexto en el que las causas cuentan con fiscales más sumisos: “¿La Fiscalía le devolvió ilegalmente el teléfono que debía permanecer bajo custodia para su peritaje?”. “La supuesta interceptación de un celular que pretendían ingresar a Chonchocoro ayer puede ser, entonces, una cortina de humo”, hipotetizó. Se refería a una versión según la cual el personal penitenciario interceptó a otro detenido, encargado de repartir los alimentos, que tenía un celular escondido que pretendía hacerle llegar a Cerimedo. Las autoridades de la cárcel aseguran que el dispositivo nunca llegó a manos del consultor y que investigan cómo llegó a poder del preso que intentaba entregárselo. Beller consideró que el uso de un teléfono dentro del penal por parte de Cerimedo “es particularmente grave porque el senador Leonardo Roca ya denunció que continúan registrándose movimientos de la cold wallet vinculada a Cerimedo”. Es decir, el consultor no solo estaría estableciendo contactos y organizando acciones, sino también moviendo dinero. “Estamos hablando de acceso a comunicaciones y de operaciones financieras que continúan mientras se encuentra privado de libertad”, sostuvo. “Y hay algo todavía más grave: esta evidencia demuestra que Cerimedo continúa comunicándose y coordinando acciones desde la cárcel, incluyendo la comunicación con el sicario que participa en la difusión de videos destinados a intentar desvirtuar su responsabilidad en la tentativa de feminicidio en mi contra”, advirtió la expareja del consultor. “Mientras la Policía que debía garantizar su custodia sigue bajo cuestionamiento por su colaboración con Cerimedo en este caso, y ahora tenemos un fiscal general elegido bajo serios cuestionamientos por instrucción política del gobierno de Rodrigo Paz, ¿qué garantías existen de que la evidencia será preservada y de que habrá una investigación independiente?”, se preguntó Beller. Se refería al nombramiento de José Urioste como reemplazante de Mariaca, a quien considera dócil al gobierno de Rodríguez Paz y al mandato de Estados Unidos. “La posibilidad de que la Fiscalía bajo el mando del nuevo fiscal le haya devuelto el teléfono que debía estar bajo peritaje constituye un hecho gravísimo que debe ser investigado”, consideró Beller. La ex pareja del consultor cerró su denuncia con una última pregunta: “¿Quién lo está ayudando?”. Para contestarla, hay que mirar hacia el norte.