Seguridad

Cochabamba, 15 de abril (El Nuevo Cambio).- Una corte de apelación anuló las sentencias de los cabecillas de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que el 2019 y 2020 cometieron una serie de delitos durante el golpe de estado de noviembre de ese año que impuso en el poder ilegalmente a Jeanine Añez. La decisión de la corte de apelación viola no sólo las normas legales vigentes en el país, principalmente la Constitución Política del Estado, sino ignora las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre este caso. El fallo de ese tribunal no sólo generó un unánime rechazo de las organizaciones sociales, porque la denominada RJC actúa impunemente con acciones racistas y violentas, sino también viola los principios del Comité contra la Tortura de la ONU.

Santa Cruz, 14 de abril (El Nuevo Cambio).- Los restos de los dos pilotos que perdieron la vida en un grave accidente de aviación están siendo velados en la ciudad de Santa Cruz por sus familiares, mientras que los médicos que realizaron la autopsia dijeron que ambos fallecieron por show hipovolémico, desangramiento por heridas internas. Los pilotos fueron encontrados sin vida por equipos de rescate en la zona norte del trópico del departamento de Cochabamba, en la región del Tipnis, después de que la avioneta fuera localizada la tarde de este lunes. La aeronave CP-3243 estaba, pilotada por Carlos Moyano y Julio César Sardán, había despegado a las 08:31 desde La Paz con destino a El Trompillo, en Santa Cruz. Sin embargo, a las 08:47  perdió la comunicación con la torre de control, mientras  se encontraba en fase de ascenso. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), había informado que el avión continuó siendo detectado por radar durante algunos minutos, realizó maniobras en círculo sobre el norte de Cochabamba, hasta que cerca de las 11:00 horas desapareció  de los sistemas de monitoreo. Se trataba de un jet privado (modelo Cessna Citation con matrícula CP-3243) aparentemente de propiedad del ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, quien había sido trasladado en la misma aeronave de Santa Cruz a La Paz.

Santa Cruz, 1 de abril (El Nuevo Cambio).- Las 32 maletas que fueron traídas por la exdiputada Laura Rojas de manera ilegal al país, desde los Estados Unidos, en un avión privado, no solo traían droga, sino también mucho dinero, de acuerdo a los últimos datos conocidos de la investigación que se realiza sobre ese tema. Las maletas primero fueron trasladadas al galpón que pertenece al juez Heber Zeballos que junto a Rojas se encuentra recluido en el penal de Palmasola, mientras concluyan las investigaciones y se inicie el juicio respectivo. La televisión DTV en un informe sostiene que hasta ahora “el destino de ese cargamento se mantenía en incertidumbre. Las interrogantes persistían: ¿qué contenían las maletas?, ¿por qué no fueron revisadas? De acuerdo con los datos obtenidos, incluso autoridades de Estados Unidos habrían alertado previamente sobre un vuelo sospechoso que trasladaba este equipaje”. Sostiene que un video registrado por la persona encargada del traslado muestra el momento en que las maletas son entregadas tras salir del aeropuerto internacional de Viru Viru. En el material, se observa cómo se abre al menos una de ellas, se exhibe su contenido y posteriormente es cerrada nuevamente. “Según esta versión, las maletas fueron llevadas directamente a un galpón vinculado al juez Heber Zeballos, donde habrían sido depositadas junto a otros bolsos, todos con precinto de valija diplomática”, añade la nota. La información de DTV dice que se conoció la existencia de otro video —que no pudo ser obtenido— en el que se evidenciaría la presencia de dinero en dólares dentro de uno de los bolsones. Este aspecto deberá ser verificado por las autoridades competentes. Las maletas en la actualidad no fueron encontradas, prácticamente desaparecieron y el caso deberá ser esclarecido por el Ministerio Público y la Policía que tienen a su cargo la investigación de este caso que involucra a exautoridades políticas y de la justicia boliviana.

Sinahota, 22 de marzo (El Nuevo Cambio).- Los medios de comunicación y el gobierno ocultan que el ex jefe antidroga Maximiliano Davila, sentenciado en los Estados Unidos a 25 años de cárcel por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, trabajó en los regímenes de Jeanine Añez y Luis Arce Catacora. La información está contenida en un análisis de Radio Kausachun Coca que afirma que Davila no sólo ocupó cargos durante el gobierno de Evo Morales Ayma, sino también desempeñó funciones en las gestiones de Añez y Arce.  “La prensa y sectores políticos que hoy responden a Rodrigo Paz insisten en mencionar únicamente su paso por el proceso de cambio, intentando instalar una narrativa que busca vincular al MAS y al gobierno de Evo con el narcotráfico”, dice la nota informativa. Se pregunta también “¿Por qué se oculta que Dávila continuó en altos cargos bajo otros gobiernos? ¿Por qué se manipula la información para atacar solo a una gestión? La verdad debe contarse completa, sin medias verdades ni intereses políticos”, agrega al afirmar que en Radio Kawsachun Coca se apuesta por la información transparente y responsable. No permitamos que la desinformación y la manipulación sigan marcando la agenda mediática”.

Santa Cruz, 21 de marzo (El Nuevo Cambio).- El hijo del expresidente Luis Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, fue enviado con detención preventiva al Penal de Palmasola por 140 días, acusado por enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, luego de que la Fiscalía argumentara riesgo de fuga y peligro de obstaculización de la justicia. Arce Mosqueira es investigado por presunta legitimación de ganancias ilícitas relacionado con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo. De acuerdo a la Fiscalía se estableció que Arce Mosqueira tiene  18 bienes inmuebles y 20 vehículos de alta gama a su nombre, y se  sospecha que se benefició de recursos del Estado a través de procesos de contratación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ( YPFB). Arce Mosqueira permanecerá en la cárcel de Palmasola durante los próximos 140 días, mientras dure las investigaciones en su contra por corrupción. Por su parte, la defensa de Arce Mosqueira presentó un recurso de apelación contra la decisión judicial. El abogado Walter Suárez afirmó que considera que la resolución es excesiva. “Hemos interpuesto un recurso de apelación y seguramente una sala en los próximos días verificará si la decisión del juez fue la correcta o no”, añadió.

La Paz, 18 de marzo (El Nuevo Cambio).- La Justicia en La Paz determinó este martes una condena contra el exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Añez, Arturo Murillo, por el delito de difamación contra la ciudadana Lourdes Pacheco, a la que se deberá pagar un resarcimiento económico. El abogado Frank Campero, representante de la víctima, en un proceso que duró más de seis años, fue el encargado de proporcionar la información a los medios de comunicación social y señalar que se deberá pagar una indemnización a su defendida. El proceso se inició en 2020, debido a que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó y difundió una imagen de Pacheco como la responsable y autora del rapto de una niña menor de edad, a pesar de que era inocente. El abogado afirmó que, a raíz de esas publicaciones, su defendida sufrió una serie de hostigamientos y otros, por lo que el estado deberá pagar el resarcimiento económico, debido al delito de difamación que cometió Murillo. “Cuando comete este delito, el exministro de Gobierno, no lo comete a título particular, lo comete a título de funcionario público, por lo tanto, es el Estado quien se responsabiliza”, aclaró al señalar que, aunque no se definió el monto, se ha pedido un millón de dólares. Murillo actualmente cumple detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras es investigado por varios delitos que habría cometido en el ejercicio del cargo. Fue repatriado a Bolivia en 2025, luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero. El abogado del exministro Murillo anunció que se presentará una apelación a la determinación de la justicia en la sede de gobierno, con el propósito de evitar la sentencia y la condena a su defendido.

La Paz, 18 de marzo (El Nuevo Cambio).- El empresario Philipp Lichtenfeld, vinculado al caso de sobornos por la compra de gases lacrimógenos para Bolivia, fue invitado por el presidente Rodrigo Paz a un encuentro en San Pablo con empresarios brasileños y el presidente Luiz Inácio Lula. Según una información publicada por DTV, Lichtenfeld forma parte del esquema investigado en Estados Unidos, en el que también estuvo implicado el exministro de Gobierno Arturo Murillo, condenado en enero de 2023 a 70 meses de prisión por conspiración por el lavado de dinero proveniente de sobornos. En ese proceso ventilado en los EE.UU. se estableció que Arturo Murillo, actualmente en el Penal de San Pedro en La Paz, recibió al menos 532.000 dólares en pagos irregulares vinculados a la adjudicación de un contrato millonario de gases lacrimógenos en 2019. El año 2021, la Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Lichtenfeld por enriquecimiento ilícito de particulares y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, además de confirmarse su detención en Estados Unidos por su participación en el mismo esquema de corrupción. La inclusión de Lichtenfeld en la lista de invitados al encuentro con el presidente Rodrigo Paz motivó una serie de cuestionamientos en las redes sociales, por su vinculación en el caso de los gases lacrimógenos. El expresidente Evo Morales también se refirió al tema y dijo en su cuenta X que “La cloaca de la corrupción está en el gobierno: el empresario estadounidense Philip Lichtenfeld -condenado en EEUU por lavado de dinero sucio, junto al ministro de Jeanine Añez, Arturo Murillo- fue invitado por el presidente Rodrigo Paz para integrar la comitiva oficial que viajó a Brasil. Esto demuestra que no combate la corrupción de sus socios y amigos. El pueblo debe recordar que Arturo Murillo y los empresarios norteamericanos: Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, fueron detenidos tras ser acusados de pagar US$ 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno de facto de Añez con el fin de adjudicarse contratos por 5,6 millones de dólares para suministrar gas lacrimógeno destinado a la represión del pueblo indignado. Los empresarios estadounidenses -dueños de Bravo Tactical Solutions, con sede en Florida-Miami- fueron intermediarios entre el Estado boliviano y la empresa brasileña Cóndor, la fabricante de gases. Luego de ese negociado, lavaron los sobornos en bancos de EEUU y de nuestro país”.