Seguridad

Gobierno compra gases lacrimógenos con más de 68 millones de bolivianos, para reprimir protestas

La Paz, 2 de junio (El Nuevo Cambio).- El gobierno compró gases lacrimógenos con una inversión superior a los 68 millones de bolivianos, para reprimir las protestas y movilizaciones ciudadanas que desde hace un mes se registran en el país, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El Ministerio de Gobierno realizó el traspaso presupuestario intrainstitucional por un monto total de 68.150.928,00 bolivianos, recursos fiscales extraordinarios que serán destinados de manera exclusiva a la adquisición de los agentes químicos para el uso de la Policía Boliviana durante la gestión fiscal 2026. La disposición fue aprobada a través de la Resolución Ministerial No. 047/2026, firmada por el ministro de Gobierno, José Antonio Oviedo y de acuerdo al documento, la compra masiva de material antidisturbios responde de forma directa a “la necesidad imperiosa de reabastecer las dependencias ante los últimos acontecimientos sociales del país, para mantener y preservar el orden legal, la paz y la seguridad ciudadana”. La inversión de esos recursos económicos está justificada por el gobierno, a través de un informe técnico y legal, con informes emitidos por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa del Estado. Según esos informes, existe la urgencia de dotar de material químico a las Direcciones Generales, Direcciones Nacionales y los respectivos Comandos Departamentales del país, como consecuencia directa del «incremento de los conflictos sociales que viene atravesando el país», situación que ha generado un desgaste acelerado de las reservas físicas de materiales de contención de disturbios. «La Policía Boliviana es la única institución estatal facultada para la adquisición, registro, tenencia, portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros artefactos de uso policial (…), Artículo 45 del Decreto Supremo N° 2175, citado en la resolución”, dice la resolución.

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Aparece pancarta de amenaza a expresidente Evo y dirigentes lo atribuyen al gobierno

Cochabamba, 31 de mayo (El Nuevo Cambio).- Una pancarta, pintada de rojo, apareció en la pasarela de la terminal de buses del municipio de Sacaba que amenaza al expresidente Evo Morales, aparentemente atribuida a la organización criminal PCC del Brasil, sin embargo, dirigentes lo atribuyen al gobierno. El letrero apareció colgado en la madrugada de este domingo con un mensaje que dice: “Evo, es la DEA o somos nosotros, cumplí tu promesa”. Está aparentemente firmado por el PCC una organización criminal del Primer Comando de la Capital del Brasil. Los medios de comunicación tradicionales fueron los primeros en informar sobre la llamativa pancarta, con la explicación de que estuvo colgada toda la mañana “a la vista de los transeúntes y pobladores que transitaron por la avenida Villazón”, toda vez que hoy Sacaba junto al Cercado cumplieron una jornada del Día del Peatón. Sin embargo, algunos dirigentes expresaron su denuncia de que se trata de una pancarta del gobierno, que en reiteradas oportunidades se dio a la tarea de amenazar al expresidente y atribuirle incluso que está detrás de las movilizaciones y bloqueos en el país que duran ya 31 días.

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Operativo antidroga encuentra sustancias controladas en celda de Marcelo Arce, hijo de expresidente Luis Arce

Santa Cruz, 29 de mayo (El Nuevo Cambio).- Un operativo antidroga sorpresa en el Penal de Palmasola de Santa Cruz, encontró en la celda del hijo del expresidente Luis Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, que cumple detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, sustancias controladas, confirmó la Policía. El informe policial, señala que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), acompañados por canes antidroga realizaron una requisa en el pabellón PC-6, donde se encuentra recluido Arce Mosqueira desde marzo del año en curso. Los uniformados, de acuerdo al parte policial, encontraron droga al interior de la celda ocupada por el hijo del exmandatario.  Procedieron al decomiso de las sustancias para su análisis y peritaje correspondiente. No se informó sobre el tipo, ni la cantidad exacta de la sustancia hallada. Arce Mosqueira está denunciado por tener al menos 18 bienes inmuebles y 20 vehículos, además de registrar dos transacciones consideradas inusuales entre 2022 y 2024, superiores a Bs 300.000 y Bs 500.000, los mismos que no tienen respaldo, por los trabajos que desempeño. La Policía antidroga anunció que en las próximas horas se brindará un informe oficial sobre el hallazgo y se determinará si la sustancia encontrada podría derivar en una nueva investigación penal contra el interno o contra otras personas vinculadas al recinto penitenciario.

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Según Defensoría, el conflicto generó 7 fallecidos, 23 heridos y 321 arrestados

La Paz, 28 de mayo (El Nuevo Cambio).- La Defensoría del Pueblo informó que durante los 27 días de conflicto en el país, movilizaciones, protestas y bloqueos, se registraron siete personas fallecidas, 23 heridas y 321 arrestados en diferentes regiones del país. La información fue proporcionada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya quien señaló además que durante las últimas semanas se produjeron enfrentamientos entre sectores movilizados y efectivos policiales. También se refirió a los operativos conjuntos de militares y policías en las carreteras, principalmente en el desbloqueo de vías, con el argumento de realizar un “corredor humanitario” que derivaron en varios heridos y arrestados, sobre todo en los caminos de La Paz, Cochabamba y Oruro. La autoridad volvió a reiterar su llamado para que los conflictos puedan ser solucionados a través del diálogo, sin acudir a ninguna decisión que genere más violencia y que mantenga el problema en el país.

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Vicepresidencia, COB y organizaciones rechazan irregular abrogación de la ley de estado de excepción

La Paz, 25 de mayo (El Nuevo Cambio).- Las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Vicepresidencia rechazaron la irregular abrogación de la Ley 1341, sobre el estado de excepción, en el Senado Nacional, con el fin de facilitar la militarización en el país y el enfrentamiento entre bolivianos. Todas las organizaciones coincidieron en señalar que el presidente del Senado ni siquiera dispuso la lectura de la ley promulgada en julio de 2020, y sólo con la votación de la dispensación de trámite, dio por aprobado el proyecto de abrogación y lo derivó a la Cámara de Diputados. Las organizaciones sociales y sindicales dijeron que la premura en la abrogación de la disposición legal, tiene la intención de disponer de facto, un estado de excepción ilegal en el país, para reprimir al pueblo, con la militarización de las regiones y carreteras. El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, acusó de traición al Senado por abrogar la Ley de Estado de excepción y responsabilizó al Gobierno sobre los enfrentamientos entre sectores movilizados y el contingente militar policial que buscaba habilitar un corredor humanitario el sábado pasado. Por su parte, la Vicepresidencia del Estado y Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional expresó su rechazo a la aprobación en grande de la abrogación de la Ley N.º 1341 (que prohibía el uso de armas letales en conflictos sociales tras los hechos de Sacaba y Senkata), en noviembre de 2019, durante el golpe de estado de Jeanine Añez. Asimismo, lamentó que ni siquiera se haya guardado un minuto de silencio por el fallecido Víctor Cruz Mamani y afirmó que esta decisión, tomada en un contexto de alta conflictividad, «deja una profunda huella en la memoria del país». Por su lado, la Asociación de Víctimas de Sacaba y Senkata también rechazaron la intención de abrogar la Ley 1341 por parte del gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional y denunciaron un «terrorismo de Estado».

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Exigen justicia por asesinato de Víctor Cruz Quispe en Vilaque, Copata.

La Paz, 25 de mayo (El Nuevo Cambio).- Organizaciones sociales exigieron una investigación para dar con los responsables del asesinato de Víctor Cruz Quispe, comunario de Vilaque, Copara, muerto durante los conflictos y enfrentamientos con militares y policías enviados por el gobierno de Rodrigo Paz a esa región, para desbloquear carreteras. La Central Obrera Boliviana (COB) en un pronunciamiento condenó la intervención policial y militar ejecutada en la carretera La Paz–Oruro, durante el “corredor humanitario” y responsabilizó al Gobierno por la muerte del joven comunario. La familia también, a través de un pronunciamiento, dijo que, con profunda indignación y dolor, junto a los comunarios y sectores sociales lamentan el fallecimiento de Víctor Cruz Quispe, comunario de Vilaque, Copata. En respuesta al gobierno que dijo que no había ningún fallecido, señalaron que ninguna vida perdida puede ser considerada una “noticia falsa” y exigieron justicia, respeto a la vida y una investigación transparente para esclarecer las circunstancias de la muerte y evitar que el caso quede en la impunidad. La Fiscalía Departamental de La Paz, por su lado, abrió una investigación por la muerte de Víctor Cruz Quispe, de 24 años, quien falleció por impacto de proyectil de arma de fuego en el sector de Vilaque Copata, municipio de Calamarca, en medio de los enfrentamientos registrados durante el operativo del corredor humanitario entre La Paz y Oruro el sábado pasado.

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Fallece autoridad originaria en La Paz a raíz de la represión policial

La Paz, 21 de mayo (El Nuevo Cambio).- La autoridad originaria de la Subcentral Jupani de la provincia Camacho del departamento de La Paz, Martha Villca Sosa, falleció este miércoles, después de resultar herida, a raíz de la represión policial contra manifestantes que realizaban protestas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Villca Sosa participó este lunes en una marcha de protesta en la sede de gobierno, junto a sus compañeros y resultó herida, cuando los efectivos policiales reprimieron a los manifestantes, disparando gases y balines. La información sobre su fallecimiento fue confirmada este miércoles por Radio Inti Pacha Bolivia de la región, a través de Amalia Mamani, también dirigente de la organización Bartolina Sisa de la provincia Camacho.

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El presidente argentino Javier Milei envió a Bolivia armas antidisturbios para reprimir al pueblo

La Paz, 19 de mayo (El Nuevo Cambio).- El presidente argentino Javier Milei envió a Rodrigo Paz Pereira dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con  armas antidisturbios, cartuchos de bala y granadas de gas lacrimógeno. El gobierno boliviano había anunciado la llegada de las aeronaves, con ayuda humanitaria, sin embargo, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, reveló que se trataba de armamento antidisturbios y de ninguna manera ayuda humanitaria. La información también fue corroborada desde Argentina, a través de los medios de comunicación, principalmente Radio 10 y C5N, que denunciaron también que el mandatario argentino envió armamento al país, para reprimir a manifestantes.

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Gobierno dice que narcotráfico financia bloqueos y le recuerdan los narcovínculos de los Paz

Cochabamba, 16 de mayo (El Nuevo Cambio).- El vocero de gobierno, José Luis Gálvez, dijo que las protestas, bloqueos y marchas de las organizaciones sociales están financiadas por el narcotráfico, empero le recordaron los narcovínculos en el que estuvieron involucrados la familia de Jaime Paz Zamora, durante sus gestiones gubernamentales. “Los narcotraficantes Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, financiaron al padre del actual presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora; a las tías de Rodrigo Paz: Edith y Rosario Paz Zamora; a Oscar Eid Franco y otros altos dirigentes miristas”, recordó, por ejemplo, el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. El exmandatario dijo que esa información no es una acusación sin pruebas, como las del vocero gubernamental Gálvez en contra del pueblo que se encuentra indignado y en protesta en las calles y caminos. “Los narcovínculos del “Clan Paz” y los miristas, se encuentran en el libro: «Vinculación de dirigentes del MIR con el narcotráfico” -Imprenta Artes Gráficas Latina- que, el 10 de junio de 1994, presentó el entonces diputado del MBL Juan del Granado, de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial”, recordó Morales. El expresidente solicitó “a la prensa leer ese libro y publicar los escandalosos vínculos con el narcotráfico de la familia del actual presidente boliviano. “Pido a Juan del Granado que, como hombre y político de ideas progresistas y legalistas, no calle lo que investigó a los Paz y miristas”, dijo. “El gobierno no tiene moral para acusar de narcotráfico a otros porque los narcos están dentro de él. En los últimos seis meses se registraron narcoescándalos como las avionetas que salieron de Bolivia a la Argentina, Brasil y Paraguay con toneladas de cocaína; la droga transportada en maderas desde Santa Cruz a puertos chilenos, las narcomaletas que entraron por Viru Viru, la marihuana líquida que ingresó, en un avión militar boliviano (TAB), desde EEUU a Viru Viru; y otros casos más”, añadió en su cuenta X. En libro informe-dictamen a la Cámara de Diputados de Del Granado, -actual asambleísta del partido de Samuel Doria Medina que apoya al gobierno de Rodrigo Paz- sostiene que hubo una “relación de convivencia y financiamiento” entre el narcotráfico y altos dirigentes miristas y que no se trataba de encuentros fortuitos, sino de una estructura de protección gubernamental a cambio del narco-dinero para el MIR. En la publicación, Del Granado presentó el registro de cientos de llamadas telefónicas entre las oficinas y domicilios de los principales dirigentes del MIR y las haciendas del narco Oso Chavarría. Reveló también fotografías de los miristas con los narcotraficantes, compartiendo fiestas y parrilladas. “Varias haciendas de Chavarría fueron utilizadas como casas de seguridad para reuniones políticas donde se decidían asuntos de Estado y del partido”. En el libro de Juan del Granado, el narco Carmelo «Meco» Domínguez admitió que Chavarría era el financiador del MIR con los excedentes económicos del narcotráfico.

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Operativo militar-policial desbloquea en La Paz, reprime y detiene unas 25 personas, pero pobladores retoman bloqueos

La Paz, 16 de mayo (El Nuevo Cambio).- Un operativo militar y policial conjunto, que se inició alrededor de las 4.00 de la madrugada de este sábado, desbloqueó varias carreteras hacia Copacabana, Oruro, y la zona sur de La Paz, en medio de represión a campesinos, con el uso de gases lacrimógenos y al menos 25 personas detenidas, sin embargo, pobladores lograron retomar los bloqueos, principalmente en Achica Chica y Senkata. La operación militar-policial se inició aproximadamente 12.30 de la madrugada con la concentración de efectivos policiales y militares por separado en sus regimientos. Desde esa hora los efectivos fueron trasladados hasta los lugares donde se realizaban los bloqueos de caminos, desde hace un poco más de una semana. En algunas regiones, como la carretera a Copacabana, Rio Seco en El Alto y el camino hacia Oruro, los campesinos y pobladores resistieron el desbloqueo lanzando a los efectivos policiales y militares, piedras, palos. Sin embargo, el grueso contingente de efectivos trasladados a esas regiones en motocicletas y camionetas, al final, con el uso de gases lacrimógenos y en pocos casos balines, logró desbloquear algunas vías para posibilitar el paso de vehículos, sobre todo cisternas, que se encontraban varados desde hace días. En el operativo, la Policía detuvo a unas 25 personas que resistieron el bloqueo, sobre todo campesinos y pobladores de El Alto e incluso, según difundieron algunos canales de televisión, reprimieron mujeres que se oponían a la acción policial. El operativo de los efectivos policiales y militares se mantenía a las 10.00 de la mañana y a pesar de que lograron desbloquear varias carreteras, los caminos en otras regiones, continuaban bloqueados e interrumpidos. La Policía trasladó hasta los lugares de los bloqueos, equipo vehicular pesado para despejar las carreteras, en muchos casos con promontorios de piedras y tierras. Efectivos militares se quedan en los lugares, para evitar que nuevamente sean bloqueados. Algunos oficiales de la Policía, al mando de las acciones, intentaron justificar el operativo afirmando que la Sala Constitucional Segunda de La Paz dispuso que los movimientos sociales levantaran los bloqueos de carreteras y que el Ministerio de Gobierno haga cumplir la disposición. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, informó la madrugada de este sábado que la institución, en coordinación con las Fuerzas Armadas, puso en marcha un operativo denominado “corredor humanitario” con el objetivo de desbloquear las carreteras y restablecer la circulación en el departamento de La Paz. Explicó que el operativo busca permitir el ingreso y salida de alimentos, medicamentos, ambulancias y oxígeno, además de facilitar el traslado de personas que permanecen varadas desde hace varios días, incluidos turistas que intentan retornar a sus países. Sin embargo, después de las 8.30 de la mañana, nuevamente grupos de pobladores y campesinos volvieron a bloquear las carreteras, principalmente en las regiones de Achica Chica, camino a Oruro y en Senkata en El Alto. Algunos dirigentes dijeron en las radios, sobre todo comunitarias, que se volverá a retomar los bloqueos, y que de ninguna manera el gobierno logrará evitar la protesta del pueblo, hasta que Paz Pereira renuncie a la presidencia.

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