Seguridad

La Paz, 5 de octubre (El Nuevo Cambio).- El Gobierno confirmó que el exministro de Gobierno del régimen de Luis Arce, Eduardo Del Castillo, es buscado por la Policía en Bolivia, acusado de supuestos vínculos con el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset. La información fue corroborada por el actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que afirmó que “Del Castillo sigue prófugo”, y que efectivos policiales se encuentran en su búsqueda en el territorio nacional. El ministro Oviedo, sin embargo, no aclaró, tampoco confirmó que Del Castillo tenga una orden de aprehensión y haya sido oficialmente denunciado por sus supuestos vínculos con Marset, actualmente detenido en los Estados Unidos. La información del ministro Oviedo tiene relación con una afirmación del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, quien en su programa “Evo es pueblo, líder de los humildes” que se transmite por Radio Kausachun Coca, afirmó que Del Castillo fue detenido y luego liberado. Sostuvo que entre ambos (Oviedo y Del Castillo) hay una relación de “cumpas” y que luego de haber sido aprehendido fue liberado, seguro con una orden de los Estados Unidos, para que pueda salir hacia el Perú. Oviedo negó esas versiones y reiteró que es actualmente buscado porque fue involucrado en el caso de un audio en el que presuntamente el narcotraficante Sebastián Marset, lo señala como uno de los que le daba protección, a cambio de pago de recursos económicos. Mientras tanto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) allanó la vivienda del ex ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ubicada en Sopocachi, al oeste de la ciudad de La Paz, como parte de las acciones desplegadas para dar con su paradero. Los agentes revisaron el departamento, pero no lograron encontrarlo.

Página 12 El juez federal Sebastián Ramos archivó las denuncias por abuso sexual contra el expresidente Evo Morales. El archivo es por inexistencia de delito. En un fallo de 9 páginas, muy detallado, el magistrado concluye: “El resultado concordante de esas diligencias permitió descartar la convivencia de mujeres menores de edad con el imputado y la existencia de situaciones de explotación en los domicilios investigados”. En la causa prestaron testimonio 28 integrantes de la Policía Federal que, en distintos momentos, fueron custodios de Evo Morales. “Las declaraciones resultaron sustancialmente concordantes. Ninguno afirmó haber visto a mujeres menores de edad viviendo en aquellos inmuebles, desempeñando tareas domésticas, ejerciendo funciones bajo condiciones irregulares o sometidas a alguna forma de explotación”. Las acusaciones por abuso sexual de menores contra Evo Morales son el centro del ataque contra el expresidente. Una imputación típica fue que los abusos se concretaron mientras vivió en la Argentina, en 2019 y 2020, cuando prácticamente el gobierno de Alberto Fernández le salvó la vida. En ese momento, cuando Morales había renunciado a la Presidencia, se le consiguió el refugio político, primero en México y luego en la Argentina. Las acusaciones no sólo se formularon en Bolivia, la propia Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, se subió a la oleada. Escribió “a la causa por abuso de menores que ya tiene en Bolivia, se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le otorgó la Argentina”. Ramos evaluó, a través de Migraciones, la edad y los ingresos y egresos de las mujeres que trabajaron o se reunieron con Evo Morales. “La investigación no arrojó ningún indicio dirigido a corroborar que Morales hubiera convivido en la Argentina con cuatro mujeres menos de edad (esa era la acusación), que éstas se hubieran desempeñado como ‘sirvientas’ o ‘jefas de gabinete’ ni que hubieran sido captadas, trasladadas, recibidas o acogidas con fines de explotación. Se escuchó a choferes, integrantes de móviles de apoyo, personal encargado de la custodia personal. Ninguno mantenía un interés en el resultado del proceso”. El juez señala, por ejemplo, que Noemí Meneses Chávez, señalada como posible víctima, ya era mayor de edad cuando ingresó al país. Respecto de otra chica, se fue de la Argentina antes que Morales hubiera llegado y respecto de una tercera, Angélica Ponce, que habría testimoniado en Bolivia, nadie la pudo identificar, no se sabe quién es y su supuesta versión fue desmentida por la documentación migratoria y las declaraciones del personal que custodió a Morales. Finalmente, el juez Ramos dispone el archivo de la causa por inexistencia de delito.

Sinahota, 2 de octubre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, dijo que las personas implicadas con el narcotráfico deben ser juzgados en Bolivia, por soberanía jurídica. La afirmación la hizo al referirse a la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, la noche del miércoles, sin ningún mandamiento legal, acusado por el gobierno de liderar una organización criminal. El exmandatario dijo que las personas que sean investigadas por presuntos vínculos con el narcotráfico deben ser sometidas a la justicia boliviana y pidió que los casos sean esclarecidos mediante una investigación. Morales señaló que corresponde a las autoridades bolivianas investigar los hechos, establecer las responsabilidades y garantizar que los procesos se desarrollen conforme a las leyes nacionales. “Se demuestra que el plan para liberar a Cerimedo está en marcha. Las declaraciones de su abogado a la prensa argentina es la evidencia de que la intervención de EE.UU. en Bolivia es para salvar a las familias de Trump y Paz”, dijo también al referirse a la aprehensión del fiscal. “Los intereses del imperialismo no pueden estar por encima de la dignidad y soberanía del pueblo boliviano”. sostuvo. El expresidente también denunció que recibió información desde el interior del Gobierno, que “el viernes se levantaría la subvención a la gasolina” y sostuvo que la medida podría concretarse este fin de semana, pese a que, las autoridades señalaron que sería en enero. “Primero el diésel, ahora gasolina; ellos dicen en enero, pero será este fin de semana, hay que estar atentos”, sostuvo al manifestar que sería conveniente que la medida esté “acompañada con fuertes políticas sociales y programas productivos”.

La Paz, 1 de octubre (El Nuevo Cambio).- El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que con la detención del fiscal general Roger Mariaca, se logró desmantelar una organización criminal enquistada en la justicia y dirigida por esa autoridad y en la que están comprometidas varias autoridades. «Bolivia ha decidido luchar contra el narcoterrorismo dejando atrás 20 años en los cuales el delito del narcotráfico, del terrorismo y otras formas se habrían apoderado de la patria», afirmó en una conferencia de prensa. La autoridad no explicó con qué orden legal o mandamiento se aprehendió a los fiscales e informó que la aprehensión que comenzó la noche de este miércoles y prosiguió en la madrugada de hoy, afecta a alrededor de unas 20 personas. Según Oviedo, la supuesta “organización criminal” encabezada por Mariaca “protegía al narco terrorismo” en el país y aclaró, ante la pregunta de los periodistas, que el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo no fue detenido, pero que se lo está buscando. También informó que en un operativo policial se logró decomisar ingentes recursos económicos, producto de exacciones a ciudadanos que buscan justicia, que están siendo contabilizados, del departamento de Mariaca en Santa Cruz y que estaban siendo trasladados en una ambulancia por cuatro personas, actualmente también detenidas. Según el ministro, los 53 días de conflictos que se registraron en el país fueron financiados por el origen de estos recursos económicos. Advirtió también que los que están con la ley, con el desarrollo de la patria, están “del lado bueno” y los que están con el narcoterrorismo u otros delitos, los vamos a combatir hasta lograr nuestros objetivos.

La Paz, 30 de septiembre (El Nuevo Cambio).-  El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, denunció que los Estados Unidos y el gobierno de Rodrigo Paz, pretenden descabezar  el Ministerio Público, con el propósito de proteger y desviar la investigación contra el exasesor personal del presidente, el argentino Fernando Cerimedo. Explicó que a eso responde la decisión del departamento de Estado de los EE.UU. de quitar las visas a varios ex y actuales funcionarios bolivianos, entre los que figura principalmente, el fiscal general, Roger Mariaca. La denuncia coincidió también con la declaración de la exministra de Salud del gobierno de Evo Morales, Gabriela Montaño, quien reveló un intento de “hacer desaparecer” el caso Cerimedo, tras la sanción de visas. Sostuvo que la medida estadounidense está relacionada con el caso Cerimedo. “Hay un intento de hacer desaparecer el caso Cerimedo con las visas”, afirmó la exministra, quien cuestionó que el retiro de una visa estadounidense pueda ser utilizado como mecanismo de presión política. “La visa de Estados Unidos no se puede convertir en chantaje (…) debemos hacer respetar nuestra soberanía”, sostuvo Montaño, que calificó como una “vergüenza” que Bolivia vuelva a una situación de sometimiento frente a Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió que el retiro de visas estadounidenses a 13 autoridades y exautoridades bolivianas podría derivar en procesos judiciales en Estados Unidos y eventualmente en solicitudes de extradición. “Esto podría derivar en un avance judicial en Estados Unidos y una solicitud probablemente de extradición el día de mañana”, afirmó al señalar que corresponderá a las autoridades de ese país determinar las acciones que sigan. Justiniano informó que solicitará información para conocer los antecedentes de las medidas anunciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Agencias y RT El destino del avión presidencial de Bolivia ha desatado una andanada de especulaciones, luego de que medios locales reportaran la inusual parada de la aeronave en la ciudad estadounidense de Boca Ratón, en Florida. Según la Agencia de Noticias Fides (ANF), el avión finalmente despegó el domingo de Boca Ratón rumbo a Panamá, tras una estadía de casi tres días sin que las autoridades bolivianas detallaran la agenda que cumplía el mandatario, Rodrigo Paz. Las sospechas empezaron por los registros de la página web Flightradar24. Allí consta que el avión de Paz salió de Santa Cruz el pasado 19 de septiembre, luego hizo escala en Panamá, pasó por Manassas, en Virginia, y aterrizó en Teterboro, Nueva Jersey, donde permaneció aparcado hasta el jueves, mientras se cumplía la agenda del mandatario boliviano en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El jueves en la noche, el avión salió rumbo a Florida y habría llegado a Boca Ratón el viernes. Desde entonces, el destino de Paz ha sido un misterio, pese a que la ANF solicitó el itinerario del presidente y la respuesta fue negativa. Los medios tampoco han podido acceder a la información de quiénes conformaron la comitiva que permaneció en la ciudad estadounidense ni los motivos de la pernocta por tres días. Candelero Hasta este lunes, no hay detalles del regreso del mandatario boliviano al país andino. La situación es crítica, no solo porque Paz salió de Santa Cruz tras decretar la polémica medida que disparó los precios del diésel, sino porque ocurrió en medio de fuertes choques con su vicepresidente, Edman Lara. La semana pasada, Lara afirmó que el costo de la delegación de Paz le costaba al país 250.000 dólares, una declaración que fue rechazada por el ministro de la Presidencia, Francisco Aramayo, aunque sin presentar cifras que desmintieran los datos. De hecho, Aramayo también está en entredicho, ya que declaró el jueves que el presidente regresaría en 24 horas a Bolivia y atribuyó las críticas a «una mala intención y malicia en quienes actúan con mezquindad». La ausencia de Paz en actos oficiales durante el fin de semana puso en duda la información de la agenda. Este viaje fue presentado por el Ejecutivo como una misión oficial para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, con encuentros bilaterales y con organismos multilaterales. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado el detalle de todas de las actividades adicionales después de la cita internacional en Nueva York.

La Paz, 29 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El vicepresidente del Estado Plurinacional, Edman Lara, presentó un audio que vincularía al exasesor personal del presidente Rodrigo Paz Pereira, el argentino, Fernando Cerimedo, con el narcotráfico y cobros irregulares en vuelos de aviación con droga. La autoridad explicó que el material de audio son una supuesta prueba de que Cerimedo estaría involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico y con cobros irregulares para el tránsito de aeronaves. La grabación registra una conversación entre el exasesor Cerimedo y una mujer no identificada, boliviana, aparentemente del oriente, con quien conversa de temas de la denuncia y relación con el narcotráfico. Lara explicó que en la grabación se mencionan presuntas coordinaciones con el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), para autorizar el vuelo de avionetas con sustancias controladas desde el departamento del Beni hacia el exterior, así como supuestos contactos con personal de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). El vicepresidente informó que el material será remitido al Ministerio Público para que se inicien o amplíen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades legales. Lamentó que no haya celeridad en las acciones judiciales, sobre las denuncias que involucran a exfuncionarios del entorno del presidente Paz Pereira y dijo que las autoridades deben transparentar el avance de las investigaciones. El audio, además, revela pagos de hasta 15 mil dólares por cada avioneta vinculada al narcotráfico y la organización de una estructura de protección a las avionetas del Beni que supuestamente salían con droga. El audio involucraría al exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Franz Cabrera Quispe, durante esta gestión gubernamental. En un informe anterior Lara dijo que existía una denuncia de un ofrecimiento de 410 mil dólares para garantizar protección policial a 41 naves presuntamente vinculadas al narcotráfico.