Seguridad

La Paz, 14 de mayo (El Nuevo Cambio).- Dirigentes sindicales y el equipo jurídico del expresidente Evo Morales Ayma, denunciaron que el gobierno prepara un operativo policial y militar, junto al Comando Sur, para detener al exmandatario en la localidad de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba. El dirigente Omar Ramírez dijo que “tenemos información fidedigna de que el gobierno estaría alistando en el transcurso de las horas o estos días a la Policía, FFAA y apoyo de fuerzas extranjeras para realizar operaciones militares en Lauca Ñ con el fin de aprehender al expresidente Evo Morales o atentar contra su vida”. “Denunciamos esto ante la opinión pública, porque habrá resistencia en el trópico. Lo único que quiere el gobierno de Rodrigo Paz es lavarse las manos, porque no tiene capacidad para atender las demandas del pueblo”, afirmó. Por su lado, el equipo jurídico del exmandatario señaló que el expresidente no está detrás de las movilizaciones y que el gobierno debe dejar de “hacer creer que Evo es el responsable de los conflictos. La vocación de movilización no está en manos de nosotros”, resaltó Teresa Morales, exministra. “Nosotros no convocamos a marchas ni bloqueos, es una reacción natural de las organizaciones sociales, ante la falta de atención del gobierno a las demandas sociales y económicas de las organizaciones sindicales del país”, afirmó.

La Paz, 13 de mayo (El Nuevo Cambio).- El equipo jurídico del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció y expuso una serie de irregularidades en el proceso que se ventila en Tarija, por un supuesto caso de trata y calificó ese juicio como político. Según los abogados, el juicio oral contra Morales por el supuesto delito de trata agravado de personas ante el Tribunal de Sentencia Penal 1° de Tarija presenta un conjunto grave y sistemático de irregularidades procesales que, analizadas en su totalidad, configuran nulidades absolutas según el Código de Procedimiento Penal boliviano y vulneran derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. Dicen que en primer lugar, se violó el derecho a la defensa mediante una notificación defectuosa; a pesar de que el domicilio de Evo Morales en el Trópico de Cochabamba es de conocimiento público, se le notificó por edicto judicial, una figura excepcional que solo procede cuando se ignora el paradero del imputado. Agrega que esta irregularidad impidió que pudiera defenderse conforme a la normativa nacional, generando un estado de indefensión material que, según doctrina constitucional y jurisprudencia interamericana, constituye causal de nulidad procesal. “Esta falta de garantías básicas se agrava con la violación al principio «non bis in idem». Los hechos imputados corresponden a sucesos de 2015 que ya habían sido investigados y sobreseídos de manera firme”, dicen al señalar que reabrir el caso sin nuevos elementos probatorios contraviene el artículo 117 de la CPE, el artículo 181 del CPP y el principio de cosa juzgada, creando una doble persecución penal por los mismos hechos que afecta la seguridad jurídica. Los abogados explicaron que adicionalmente, el tribunal impulsó una aceleración indebida del proceso. Fijó la audiencia de apertura para el 11 de mayo de 2026 sin conceder a la defensa un plazo razonable ni acceso completo al expediente, que contiene más de 170 elementos de prueba. Dijeron que esta restricción viola el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, principio básico del debido proceso reconocido tanto en la Constitución boliviana como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostienen que el elemento más contundente es la declaración expresa de la presunta víctima, Cindy Saraí Vargas Pozo, identificada por la Fiscalía como la persona afectada, quien presentó un memorial formal en el que afirma categóricamente que “no es víctima, no existió hecho, como tampoco existió explotación”. “Al negar la existencia misma del delito, desaparece el elemento objetivo del tipo penal de trata de personas, que requiere una víctima real y conductas concretas de explotación”, añade. Afirman que, además Vargas denunció que no fue debidamente notificada y que instituciones como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la Defensoría del Pueblo actuaron en su nombre sin autorización, violando su propio derecho a la defensa y a elegir defensor.

La Paz, 9 de mayo (El Nuevo Cambio).- La supuesta víctima del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, Cindy Saraí Vargas Pozo, afirmó a través de un memorial, que nunca sufrió maltrato, abuso, ni trata y tráfico, como pretende justificar la justicia para iniciar proceso contra el exmandatario. El memorial fue presentado ante el Juzgado contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Tarija, donde se pretende realizar el proceso, en el que asegura que nunca fue víctima de trata y demanda el archivo del caso. En el documento judicial, Vargas Pozo afirma de manera reiterada que no existió captación, explotación, ni hecho ilícito alguno en su contra, y cuestiona de esa manera la acusación impulsada por el Ministerio Público contra el expresidente. “No soy víctima, no existió hecho, como tampoco existió explotación”, señala el memorial presentado ante el Tribunal y agrega que el proceso penal carece de sustento porque, según su versión, no existe una víctima identificada, ni un delito que perseguir. Explica también que el tipo penal de trata de personas no puede configurarse si ella misma niega haber sufrido algún tipo de vulneración y sostiene que tanto la Fiscalía como el Tribunal invoquen normas de protección reforzada para menores de edad y mujeres, indicando que dichas disposiciones fueron aplicadas “de manera abstracta” sin verificar previamente la existencia real de una víctima. En el memorial también denuncia vulneraciones al debido proceso, señalando que no fue notificada correctamente con distintas actuaciones judiciales y que el Tribunal abrió juicio oral sin resolver previamente una excepción de falta de acción presentada por su defensa. También rechazó la participación del SEPDAVI y la Defensoría, asegurando que nunca autorizó a esas instituciones a representarla legalmente, ya que cuenta con abogado particular. Vargas Pozo también solicita la nulidad del Auto de Apertura de Juicio, el archivo de obrados y que se declare la inexistencia de víctima dentro del proceso y pide que futuras audiencias puedan realizarse de manera virtual, argumentando que actualmente se encuentra fuera del país.

La Paz, 8 de mayo (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público aprehendió este jueves a cuatro personas, presumiblemente involucradas en el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. De acuerdo a los primeros informes, aún preliminares, uno de los detenidos pagó la cena de los sicarios que realizaban seguimiento del magistrado, minutos antes de que se procediera a quitarle la vida, en la ciudad de Santa Cruz. La Fiscalía, a cargo de la investigación del caso, adelantó que los cuatro aprehendidos, que guardan detención en oficinas policiales,  serán imputados por el asesinato del magistrado Claure, en grado de complicidad. Aclaró también que no se podrá brindar ningún tipo de información debido a que el caso entrará en reserva por 10 días, hasta la conclusión de todas las investigaciones. Claure fue asesinado en la ciudad de Santa Cruz, por el tercer anillo, luego de que retornaba de un acto deportivo al que asistió en compañía de otras autoridades judiciales. Una motocicleta con dos personas a bordo se acercó al vehículo donde estaba el magistrado y uno de los sicarios le disparó cuatro veces, ocasionándole la muerte por un shock hipovolémico.

Santa Cruz, 3 de mayo (El Nuevo Cambio).- Los asesinatos registrados en Santa Cruz en las últimas semanas, aparentemente protagonizados por sicarios y por temas de narcotráfico, generaron una enorme alarma y preocupación en las autoridades nacionales, locales y en la ciudadania. El último crimen se produjo en la zona sur de esa capital, cuando un hombre fue hallado sin vida al interior de un vehículo en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra. Se trata del segundo caso registrado este sábado 2 de mayo y el tercero en lo que va del fin de semana, en medio de una creciente preocupación por la seguridad. Los ciudadanos consideran que la delincuencia, sobre todo el narcotráfico, sobrepasó al propio estado con acciones directas para asesinar personas, obviando a una cuestionada justicia que representa “solo a gente adinerada y con poder”. Según los informes, hace apenas unas semanas, fue asesinado un supuesto volteador de cocaína, “cara de bebé” asesinado en pleno centro de la de ciudad de Santa Cruz, aparentemente por sicarios brasileños. En San Matías, también en Santa Cruz, asesinaron a Douglas Queiroz con disparos de arma de fuego, en una cancha de fútbol. De acuerdo a los informes, tenía antecedentes por la Ley 1008 y era acoplador de droga. Otro, también de nacionalidad brasileña, fue asesinado en Puerto Quijarro. Tenía antecedentes por narcotráfico desde el año 2008. Lo mataron en medio de una pelea entre las organizaciones de narcotráfico conocidas como PCC y CV. También fue asesinado el conocido con el sobrenombre de “Pepo”, quien era uno de los pilotos de Sebastián Marset, en pleno rally en Santa Cruz. De acuerdo a las denuncias, transportaba cocaína para el delincuente uruguayo, actualmente preso en los Estados Unidos. Asimismo, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, fue también asesinado el magistrado agro ambiental, Víctor Hugo Claure por dos sicarios en una motocicleta, aparentemente por temas relacionados con tierras. Este crimen causó una conmoción en la ciudadanía a nivel nacional. En Bermejo mataron a otro ciudadano, iba en una camioneta y otros delincuentes se robaron una avioneta incautada nada menos que desde el mismo aeropuerto de el Trompillo, ubicado en pleno centro de la capital cruceña.

Asunción 2 de mayo (El Nuevo Cambio).- El exministro de Defensa del gobierno defacto de Jeanine Añez, Fernando López Julio, involucrado en corrupción en los casos de “gases del Ecuador”, anunció a través de un mensaje en las redes sociales  que retornará a Bolivia. “¡Hola Bolivia! ¡Nos preparamos para volver!”, dice en el mensaje acompañado de su fotografía tomada en un gimnasio, probablemente en su domicilio, en el mensaje. López huyó del país en 2020 y enfrenta procesos por los casos “golpe” y “gases Ecuador”. El año 2025 el exministro fue sentenciado, junto a otras exautoridades del régimen de Añez, entre ellas la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, a más de cinco años de prisión por la internación irregular de gases lacrimógenos. Su situación judicial sigue vigente, mientras en años recientes se conoció que permanecía fuera del país solicitando refugio. Su anuncio genera expectativa sobre los próximos pasos en su proceso. Recién en el 2024, se conoció que el exministro de Defensa se encontraba en el Paraguay donde tramitó refugio. Debido a ese trámite, la Fiscalía de ese país solicitó paralizar el proceso de extradición que sigue el Estado boliviano. Sentencia En febrero de 2025, López y los exministros Arturo Murillo y Roxana Lizárraga, del Gobierno Añez, fueron sentenciados a cinco años y cuatro meses de prisión por el caso de la internación a Bolivia de manera “irregular” de gases lacrimógenos desde Ecuador. La sentencia establecía que las exautoridades debían cumplir su detención en los penales de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, ambos en la sede de gobierno. Con relación a Murillo fue expulsado de Estados Unidas tras cumplir sentencia por el caso de lavado de dinero vinculado con la compra de gases, en la cual también fue mencionado López. Lizárraga está fuera del país y ha denunciado persecución política.

Santa Cruz, 1 de mayo (El Nuevo Cambio).- El decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza fue asesinado la noche de este jueves, presumiblemente por un sicario, en la ciudad de Santa Cruz, donde se encontraba para asistir a un evento deportivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De acuerdos a los informes policiales, todavía preliminares, el grave suceso ocurrió en el cuarto anillo de la capital cruceña, en la calle Busch cuando la autoridad de la justicia boliviana se traslada hacia un domicilio. La policía dijo que, de acuerdo a las principales investigaciones y testigos, una persona, relativamente joven, a bordo de una motocicleta se le acercó y disparo contra la humanidad de Claure y luego se escapó. El Ministerio Público también interviene en la investigación del hecho y anunció que en coordinación con la Policía se dispuso la búsqueda del sicario para su detención y establecer los móviles del asesinato. Claure Hinojoza fue elegido magistrado del Tribunal Agroambiental tras participar como candidato en las Elecciones Judiciales de 2024. Fue licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF). El magistrado era parte de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental en su calidad de decano. Contaba con diplomados en Procesos Agrarios y Saneamiento de Tierras, Ciencias Penales e Intervención Transdisciplinaria a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo.

La Paz, 28 de abril (El Nuevo Cambio).- Mientras la Armada Boliviana anunció la recuperación del armamento robado en un cuartel y encontrado en un cementerio de El Alto, los mineros denunciaron que se trata de un show destinado a justificar la represión contra el pueblo boliviano. El armamento fue robado del batallón militar acantonado en la región del Lago Titicaca, en el Batallón de Infantería de Marina “Independencia”, y fue después de dos días, encontrado en el cementerio de la región de Tilata en el Alto, que derivó además con la aprehensión de seis personas y otros tres detenidos, incluso algunos militares. Las armas fueron encontradas ocultas en algunos nichos, estaban envueltas en frazadas y bolsas de yute, informó la Policía y dijo que el resultado fue producto de un trabajo de inteligencia desarrollado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Según el informe policial, entre los implicados figuran miembros de la propia institución naval —incluidos oficiales y suboficiales—, además de civiles que aún están siendo buscados. Se logró recuperar al menos 10 armas largas y cuatro cortas. La policía considera que posiblemente en el hecho delictivo participaron ciudadanos extranjeros, entre ellos un venezolano y dos peruanos, quienes estarían vinculados a la red que habría intentado desviar el armamento. Las autoridades también consideran que las armas robadas estaban destinadas a organizaciones relacionadas con el avasallamiento de tierras y la minería ilegal en la región de Sorata en el departamento de La Paz. Sobre el tema, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, advirtió al gobierno de Rodrigo Paz que no permitirán atropellos y acusaciones contra los mineros y organizaciones sociales. «Ese circo del robo de armamento de ese cuartel es para sembrar muertos», afirmó.

El Alto, 27 de abril (El Nuevo Cambio).- Un robo millonario se registró este sábado en la vivienda de la alcaldesa de la ciudad de El asalto, Eva Copa, según informes preliminares de la Policía en esa capital. De acuerdo a los primeros informes los delincuentes ingresaron a la casa en vehículos y procedieron a sustraer todo lo de valor, los vecinos dijeron que se percataron de movimiento de gente en la vivienda, pero pensaron de que se trataba de un traslado. Los ladrones destruyeron las chapas de la casa y según los informes, lograron llevarse 3 cajas de relojes de colección, una caja fuerte con alrededor de 500.000 bolivianos y aproximadamente unos 17.000 dólares. También se robaron dos equipos de laptop, 2 celulares Iphone, 1 play 5, varias joyas, sombreros y ropas de cholita, entre otros. La Policía anunció que el caso se encuentra en plena investigación, para dar con los autores del hecho.

La Paz, 25 abril (El Nuevo Cambio).-  Un operativo interno antidroga descubrió sustancias prohibidas (cocaína) en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), y procedió a la detención de 7 personas, presumiblemente involucradas en ese delito. La información la proporcionó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quién dijo que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció la presencia de cocaína en al menos una de las muestras analizadas. Explicó que el hallazgo de las sustancias controladas, en 12 paquetes tipo ladrillo, se produjo en las dependencias de la fuerza antidroga de la ciudad del Cercado en el departamento de Cochabamba. Justiniano informó que se trató de un operativo sorpresa en el que se encontraron los 12 paquetes sospechosos en el patio de una unidad de la Felcn, ocultos en una caja de cartón junto a otras sustancias que se encuentran en análisis. Según la autoridad, ocho efectivos policiales fueron citados en calidad de testigos, en el contexto de las primeras diligencias investigativas, para luego proceder a la fase penal bajo la dirección de la fiscalía, que dispuso la aprehensión de siete personas presuntamente vinculadas al hecho.