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La Paz, 12 de mayo (El Nuevo Cambio).- Organizaciones, juntas vecinales y otras de La Paz anunciaron acciones de defensa de la sede de gobierno, frente a las sugerencias del exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y la concejal Casimira Lema, de cambiar la misma a otro departamento, frente a los conflictos sociales en el país. Con la consigna de “la sede no se mueve, se defiende” las organizaciones paceñas anunciaron la convocatoria a un Cabildo de la población en rechazo a esas pretensiones y exigieron la inmediata renuncia de la expresentadora de televisión y ahora concejal Lema, por traicionar y atentar contra La Paz “que le dio trabajo y cargo público”. “Exigimos a las autoridades, concejales, Sectores Sociales, FEJUVE y otros, declarar persona no grata a Casimira Lema, que traicionó a un departamento que la acogió, le dio posibilidades de trabajo», dijeron dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales. La concejal Lema, en una declaración a los periodistas había afirmado que el traslado de la sede de gobierno a otro departamento “no sería una mala idea” y aclaró que el tema deberá ser analizado por las autoridades competentes. “Es un tema que tendrán que analizar las autoridades competentes. (…) La verdad es que, al ver cómo está la situación en La Paz, siempre somos los más castigados. Hay turistas varados y la imagen que damos al mundo no es de las mejores. Entonces, yo creo que no sería una mala idea”, afirmó Lema.

Oruro, 11 de mayo (El Nuevo Cambio).- Este martes se iniciará la Marcha por la Vida, para Salvar Bolivia, desde la localidad de Caracollo en el departamento de Oruro, hasta la ciudad de La Paz, que fue aprobada en un ampliado de emergencia por las organizaciones sociales y sindicales y el instrumento político Evo-Pueblo. Los dirigentes dijeron que la organización está encaminada sin dificultades y que los representantes de las organizaciones a nivel nacional y departamental, enviarán a sus representantes para el inicio de la marcha, que tiene previsto llegar a la sede de gobierno el 18 del mes en curso. La medida de protesta fue también aprobada por el instrumento político Evo-Pueblo en un ampliado de emergencia celebrado en la localidad de Lauca Eñe, del trópico de Cochabamba, este sábado, en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. De acuerdo a los dirigentes se estima que miles de campesinos y trabajadores participen de la caminata hasta llegar a La Paz en rechazo a un posible nuevo “gasolinazo”, desde junio próximo, al que calificaron como una medida “antipopular” que afectará directamente a la economía de la población y a las familias bolivianas. También criticaron la distribución de combustible de baja calidad en todo el país y denunciaron los graves impactos negativos en el transporte público, principalmente y en distintos sectores productivos de la sociedad. También rechazaron las políticas de endeudamiento externo del gobierno en subordinación a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), entre otros. Los dirigentes también se opusieron a cualquier proceso de privatización de empresas estratégicas y estatales, así como a la importación “indiscriminada” de productos, en contra de los pequeños y medianos productores y se defendió los bonos sociales implementados en el proceso de cambio.

La Paz, 9 de mayo (El Nuevo Cambio).- Las protestas y medidas de presión, como marchas, bloqueos y paros aumentaron este viernes en el país, contra el gobierno de Rodrigo Paz y en demanda de la abrogación de la Ley 1720, contra la “gasolina basura” y atención al aumento de salarios para los trabajadores. A pesar de que 13 dirigentes y trabajadores fabriles fueron liberados después de haber sido detenidos con violencia, este sector, en La Paz y Cochabamba, anunciaron nuevas acciones de protesta, entre marchas callejeras, hasta el bloqueo de carreteras. La Central Obrera Departamental de Cochabamba realizó una marcha de protesta denunciando la falta de atención del Gobierno a su pliego petitorio y rechazando la penalización de las protestas sociales. El ejecutivo de la COD, Edgar Salazar, dijo que “estamos saliendo a las calles por las arremetidas del gobierno, como primeras medidas, están marchas” y pidió la “renuncia del ministro de Trabajo”. La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz se declaró en emergencia y dio al Gobierno 48 horas para que atienda sus demandas: explosivos, combustible de buena calidad, pago por la venta del oro en dólares o al tipo de cambio del mercado paralelo, entre otros. Las Seis Federaciones de Productores de Coca anunciaron también que se sumarán a las movilizaciones convocadas por distintos sectores sociales en la ciudad de La Paz, en demanda de respuestas del Gobierno a la situación económica. “Desde acá llamamos a nuestros sindicatos y a nuestras centrales a movilizarnos porque no hay respuestas”, declaró el vicepresidente de la Coordinadora, Dieter Mendoza, al ratificar su respaldo al expresidente Evo Morales y anunció que participarán en las medidas de presión previstas para los próximos días. Mientras tanto, los indígenas y campesinos que marcharon durante 29 días desde Pando a La Paz exigiendo la abrogación de la Ley 1720 ratificaron que seguirán movilizados en la sede de gobierno y “chicotearon” por traidores a dos dirigentes que se reunieron el miércoles con el presidente Rodrigo Paz para firmar un acuerdo. Por su parte, los Ponchos Rojos se mantienen en las carreteras bloqueando alrededor de 20 puntos y aislando a la ciudad de La Paz del esto del país, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz por “incapaz” y por haber traicionado al pueblo boliviano. “El pueblo ya no aguanta más abuso, entreguismo ni desprecio. Los bloqueos son la respuesta de quienes fueron ignorados, traicionados y golpeados por un gobierno autoritario que gobierna para empresarios, agroindustriales y poderes externos, mientras el hambre y la crisis crecen”, dijo uno de los dirigentes. La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) anunció también el bloqueo de carreteras desde este lunes en todo el país de manera escalonada y el magisterio nacional dispuso un paro de 24 horas en todos los establecimientos educativos este 11 de mayo.

La Paz, 7 de mayo (El Nuevo Cambio).- Al menos en unas 20 regiones del departamento de La Paz se instalaron bloqueos interprovinciales de carreteras, impidiendo el paso a otros departamentos y en demanda de la abrogación de la ley 1720, por combustible y en contra de la “gasolina basura”. La medida de presión fue organizada por la Federación Tupac Katari y el transporte interprovincial que denunciaron que no existe voluntad del gobierno para atender las demandas de la población, entre ellas, la anulación de la ley 1720, rechazo al combustible de mala calidad, contra la ley antibloqueos y la reducción de salarios de autoridades. Los informes oficiales de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) establecen bloqueos en las regiones de Viacha, Panduro, Batallas, Sica Sica, Conani, Huarina, Desaguadero, Copacabana, Achacachi, Senkata, Huayrapata, Aroma, Inquisivi, Lahuachaca y Achica Arriba. Los dirigentes de estos sectores advirtieron que no se descartan la instalación de nuevos puntos de bloqueo en otras regiones, aislar totalmente al departamento de La Paz con otras regiones, hasta que el gobierno atienda las demandas del pueblo movilizado.

La Paz, 3 de mayo (El Nuevo Cambio).- La difusión de mensajes con un alto contenido racista y discriminatorio, después de la realización de un acto de graduación en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de La Paz, provocó alarma y repudio de ciudadanos a nivel nacional. De acuerdo a un informe periodístico, las expresiones de odio, que circularon principalmente en grupos de mensajería y redes sociales, atacaban la identidad étnica y el origen social de los graduados, desatando una ola de críticas contra la persistencia de prejuicios raciales en entornos académicos de élite. Ante esos mensajes, la UCB emitió un comunicado oficial rechazando estas actitudes y anunció el inicio de un proceso interno para identificar y sancionar a los responsables bajo sus reglamentos de ética y convivencia. El Viceministerio de Descolonización anunció que realizará un seguimiento de oficio para que se aplique la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que tipifica estos actos como delitos penales con sanciones de privación de libertad. Organizaciones sociales y activistas de derechos humanos exigen que la investigación no se limite a una sanción administrativa, sino que siente un precedente legal contra el ciberacoso y los discursos de odio que vulneran la dignidad de los nuevos profesionales. Este incidente ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer la educación inclusiva y la tolerancia en las instituciones de educación superior para erradicar estructuras de exclusión que aún persisten en la sociedad boliviana, dice la nota.