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RT El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, en respuesta a lo que calificó como un incumplimiento «claro» por parte de Estados Unidos del primer punto del memorando para poner fin a la guerra. En un comunicado citado por medios iraníes, el organismo militar justifica la medida por el «flagrante incumplimiento y violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del acuerdo de alto el fuego» y «en respuesta a las continuas e implacables violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano». Al mismo tiempo, denuncia que las fuerzas israelíes no se han retirado del sur del país árabe. Advierte, además, que este cierre constituye el «primer paso en respuesta al incumplimiento del pacto» y que, si prosiguen las agresiones, «se planificarán y tomarán medidas adicionales». Paralelamente, el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, informó que una delegación viajará a Suiza para dar seguimiento al asunto y exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte. Minutos antes del anuncio, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aseguró en una entrevista con Fox News que la prioridad fijada por Donald Trump era reabrir la vía marítima y que «eso ya ha ocurrido». Asimismo, afirmó que los enviados presidenciales Steve Witkoff y Jared Kushner llevaban «unas horas» sobre el terreno atendiendo aspectos técnicos de la negociación, e indicó que se esperaba la llegada de representantes de los gobiernos de Irán, Catar y Pakistán «para mañana mismo», si bien advirtió de que «estas cosas siempre están un poco en el aire». Frágil paz entre EE.UU. e Irán Estados Unidos e Irán suscribieron esta semana un memorando de entendimiento en el que acordaron el alto el fuego «en todos los frentes, incluido el Líbano». No obstante, las fuerzas israelíes siguieron llevando a cabo ataques contra el país árabe, dejando muertos y heridos. Israel argumenta que su agresión contra el Líbano tiene por objetivo crear una así llamada zona de seguridad y debilitar al movimiento chiita libanés Hezbolá, evitando de esa forma ataques contra su territorio. Mientras, miles de casas en el sur del país árabe han sido arrasadas durante la ofensiva, forzando desplazamientos masivos. El presidente Trump ha criticado en varias ocasiones a Israel por sus acciones militares contra el Líbano, en medio de los esfuerzos diplomáticos de Washington por alcanzar un acuerdo inicial de paz con Teherán. «No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar», dijo este martes el mandatario durante una rueda de prensa con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. A su vez, el vicepresidente J.D. Vance declaró el jueves que Israel debería priorizar el proceso de paz en Oriente Medio y abstenerse de llevar a cabo acciones «inaceptables« como el bombardeo de civiles en Beirut. «Nadie puede privar a otro país de su derecho a la legítima defensa: Israel tiene derecho a defenderse«, expresó el vicepresidente de EE.UU. No obstante, señaló que, «los israelíes, al igual que todos los demás, deben respetar este proceso de paz, que es fundamentalmente beneficioso para ellos y para toda la región».

Página 12 Los quince integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos que fueron deportados en el aeropuerto de La Paz cuando intentaban ingresar a Bolivia le exigieron al canciller Pablo Quirno una audiencia urgente con el objetivo de entregarle la documentación que desmiente las supuestas “inconsistencias” mencionadas en el comunicado oficial emitido por el Palacio San Martín. La comitiva, que fue expulsada de Bolivia tras permanecer retenida durante siete horas en el aeropuerto de La Paz, tildó de “falsas” las afirmaciones del ministro en redes sociales y le reclamó que “acepte tener una reunión como corresponde” en lugar de avalar la expulsión dispuesta por la administración boliviana de Rodrigo Paz Pereira. El lunes pasado, el canciller argentino expresó a través de un comunicado en las redes sociales que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas” por la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos. En el escrito, sostuvo que el gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas“ para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino y la legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi. La versión de la Misión “Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde”, contestaron los integrantes de la Misión. “Lo que sí ocurrió, cuando arribamos a La Paz, es que nos retuvieron durante horas en el área de Migraciones. Retuvieron nuestros documentos. Pretendieron hacernos ingresar intempestivamente a una sala denominada ‘Sala Inadmitidos’. A esa sala llevaron por la fuerza a uno de los miembros de nuestra Misión, donde lo mantuvieron incomunicado: por nuestros reclamos, finalmente fue liberado y retornó a la Argentina junto al conjunto de la delegación”, relataron. También denunciaron que las autoridades migratorias bolivianas “se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz, para que pudieran ejercer la representación consular que les corresponde ante vulneraciones a derechos de ciudadanos argentinos en territorio boliviano”. “Hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos. Toda esta situación duró aproximadamente 7 horas. Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller, que debería bregar por los derechos de los ciudadanos argentinos alrededor del mundo”, ampliaron. Sobre los destratos recibidos en el aeropuerto y la deportación final, acusaron al gobierno de Rodrigo Paz Pereira de tomar una “decisión política” para ocultar la severa crisis social que atraviesa Bolivia. Bolivia en tensión La expulsión de la comitiva argentina coincide con un escenario de máxima tensión civil en el país vecino, donde diversas agrupaciones sindicales alertan sobre el riesgo inminente de que el Poder Ejecutivo dicte el Estado de Excepción. La preocupación aumentó tras la promulgación de la Ley 1740 el pasado 8 de junio, normativa que faculta el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir las protestas y desbloquear rutas. Para fundamentar la necesidad de la veeduría internacional, la delegación citó cifras oficiales de la propia Defensoría del Pueblo de Bolivia recogidas hasta el 8 de junio, que reportaron diez personas fallecidas en poco más de un mes de conflicto, 37 ciudadanos heridos en el marco de manifestaciones y 365 civiles arrestados por las fuerzas de seguridad. Organizaciones campesinas elevan el balance de víctimas a ocho asesinatos adicionales y denuncian presuntos secuestros ejecutados por grupos civiles armados. Propuesta de audiencia en el Congreso Ante las afirmaciones de Quirno sobre supuestas “inconsistencias” en la documentación de los miembros de la delegación, los activistas y legisladores argentinos aseguraron contar con pruebas contundentes que demuestran lo contrario, como por ejemplo la aprobación del ingreso por parte de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde la comitiva realizó una escala en su viaje a La Paz. Además, la delegación declaró explícitamente que viajaba en carácter de Misión de Derechos Humanos y detalló su itinerario completo de llegada y retorno. Asimismo, días antes del viaje, la comitiva entregó una nota formal ante la Embajada de Bolivia en la Argentina detallando los objetivos del viaje y solicitando una reunión institucional con el gobierno de ese país. Los miembros de la delegación anunciaron que acompañarán la manifestación convocada para el próximo miércoles 24 de junio por parte de la Comunidad Boliviana residente en Argentina, y propusieron la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo Nacional sobre lo ocurrido con la misión.

Rusia Today La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó por unanimidad esta jornada un pliego de transformaciones económicas y sociales destinadas a preservar los logros de la Revolución, en el contexto de la más reciente escalada de medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. sobre la isla.  «En las propuestas de transformaciones económicas y sociales que se someten a nuestra decisión y que hemos discutido con amplitud, se conciben profundos cambios que responden a las condiciones de la economía y la dinámica social del país», valoró el secretario del ente legislativo, José Luis Toledo Santander, poco antes de la aprobación.   Previamente, el primer ministro, Manuel Marrero, expuso en detalle ante el pleno el contenido de la iniciativa, que contiene 176 transformaciones concretas articuladas en 23 ejes, consignauna nota de prensa de la Asamblea Nacional. En particular, se apunta a «transformaciones en el tejido empresarial, mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, modernización del sistema bancario, coherencia entre el sistema cambiario, de precios y tributario; pragmatismo técnico en el tratamiento de la dolarización parcial, la descentralización territorial y redimensionamiento de la administración central del Estado», precisó Toledo Santander.  En línea semejante, el legislador aclaró que «las transformaciones no implican renunciar al rol social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos del mercado como instrumento de asignación eficiente de los recursos, si conducen a un desarrollo estratégico del país, buscando una mayor conciliación entre los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales, en beneficio de todos». 

Rusia Today El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, reveló este miércoles que el memorándum de entendimiento entre EE.UU. e Irán se firmó digitalmente y aseveró que la ceremonia no se realizará en Suiza. Según medios iraníes, el portavoz expresó que los presidentes de ambos países habían firmado el esperado acuerdo. «Hasta el momento, el plan para que los equipos negociadores estén presentes en Ginebra sigue en pie, pero se acordó firmar el memorando de entendimiento digitalmente y la ceremonia no se celebrará en Suiza«, añadió Baghaei. El alto cargo señaló que la firma del memorándum no supone el final de su labor, sino que, por el contrario, «ahora es más difícil que antes», puesto que «la implementación de acuerdos internacionales siempre es más compleja que su redacción, especialmente cuando se trata de partes que no cumplen con sus compromisos«. Baghaei también apuntó que el texto subraya que la cuestión nuclear y el levantamiento de sanciones deberán negociarse recién cuando termine la guerra. Según dijo, ambas partes cuentan con 60 días para negociar a partir de la fecha de entrada en vigor del memorando, que es hoy. La firma del memorándum de entendimiento estaba prevista para el viernes en Ginebra, pero un diplomático de un país mediador declaró a Axios que se había adelantado para acelerar la apertura del estrecho de Ormuz. Según las fuentes del medio, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó digitalmente el documento durante una cena en Francia con el presidente Emmanuel Macron.

Telesur El candidato presidencial colombiano por las fuerzas de izquierda, Iván Cepeda, anunció la presentación de una denuncia penal formal contra su contrincante de la ultraderecha, Abelardo De la Espriella, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, vinculándolo directamente con estructuras criminales del paramilitarismo. El aspirante del Pacto Histórico detalló que el recurso jurídico fue interpuesto tanto en la Fiscalía General de la Nación como ante la Corte Penal Internacional debido a la gravedad de los hechos, que revisten la categoría de crímenes de lesa humanidad. Durante una conferencia de prensa, Cepeda expuso que las acusaciones se sustentan en el accionar de organizaciones de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y su relación con el abogado ultraderechista, con quien disputará la segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio. Entre los elementos presentados por el dirigente de izquierda figuran la selección de candidatos al Congreso respaldados por el paramilitarismo, presuntos sobornos en centros de reclusión, el acceso irregular a predios de jefes paramilitares condenados y la supuesta contribución económica para la designación irregular del exfiscal general Mario Iguarán. El candidato del partido de Gobierno denunció que De la Espriella fungió presuntamente como financiado y financiador de los grupos paramilitares, y señaló que los testimonios recopilados apuntan a que actuó como un eventual reclutador de estas estructuras terroristas en el marco de las actividades de la Fundación Iniciativas de Paz, ONG impulsada en su momento por los mandos de las AUC. Ante este escenario, Cepeda exigió al Ministerio Público la reactivación inmediata de las indagaciones rezagadas y solicitó la intervención de la justicia internacional ante la falta de investigación histórica por parte de los órganos institucionales ordinarios del país. La denuncia penal se produce a solo diez días de celebrarse los comicios presidenciales decisivos, en un escenario de alta polarización política donde las encuestas de intención de voto ubican al aspirante de la derecha con un estrecho margen a favor tras los resultados del pasado 31 de mayo. Cepeda ratificó que la lucha por la jefatura del Estado representa una batalla por la verdad y la justicia social, instando a las mayorías populares a rechazar el retorno de los sectores vinculados a la violencia sistemática y la impunidad en Colombia. El candidato presidencial de Pacto Histórico días previos también repudió la ejecución de una campaña sucia en su contra basada en la manipulación tecnológica mediante el empleo de videos falsificados con inteligencia artificial. El dirigente izquierdista fustigó que su contrincante recurra al camino de la mentira en plataformas digitales y al clientelismo en lugar de sostener un debate programático de cara al país.