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La Paz, 8 de junio (El Nuevo Cambio).- La Defensoría del Pueblo informó que en los conflictos sociales de más de 30 días en el país, en medio de protestas, movilizaciones y bloqueos, se registraron 10 personas fallecidas, 37 heridos y 365 arrestados. En su segundo reporte sobre conflictividad social en el país, desde que comenzaron las movilizaciones, la Defensoría dice que 3 de las personas fallecidas son producto de enfrentamientos y los otros siete de los bloqueos de las carreteras. También identifica como origen del conflicto una combinación de factores económicos y sociales, entre ellos, la escasez de combustibles, el incremento del costo de vida, las dificultades para acceder a divisas, el encarecimiento de productos básicos y el descontento por la respuesta estatal frente a la crisis. Agrega que las protestas estuvieron vinculadas a las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) presentadas en marzo pasado, pero posteriormente se incorporaron reivindicaciones políticas que ampliaron y profundizaron la conflictividad en todo el país. En el reporte, la Defensoría dice que existen más de 100 puntos de bloqueo en siete departamentos, siendo Cochabamba la más afectada actualmente, seguida por La Paz y luego Oruro. También afirma que la situación es crítica en los hospitales, centros de acogida, hogares de adultos mayores y establecimientos de salud debido a la interrupción del transporte de medicamentos, oxígeno e insumos médicos. Con relación a las detenciones e imputaciones informa que 365 personas fueron arrestadas durante los operativos policiales y militares. De ese total, 247 personas (68%) fueron liberadas, 103 fueron imputadas penalmente, 50 se defienden en libertad, 19 cumplen detención domiciliaria, 12 guardan detención preventiva, 5 tienen medidas sustitutivas y 17 ya fueron sentenciadas mediante procedimientos abreviados. La Defensoría señala que los delitos atribuidos incluyen asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, destrucción de bienes del Estado, atentados contra organismos de seguridad y tentativa de homicidio. Con relación a las 37 personas heridas en los enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo dice que 14 son producto de las movilizaciones, 10 policías, 2 periodistas y 9 transeúntes o terceros afectados. Los casos tienen que ver con heridos por lesiones por balines, impactos de proyectiles de gas lacrimógeno, quemaduras, traumatismos craneales, daños oculares y heridas provocadas por explosiones de dinamita. El informe dice que el caso más alarmante es el registro de los 10 fallecimientos vinculados al conflicto social. De ellos, siete están relacionados con los bloqueos, que impidieron o retrasaron el acceso de pacientes a atención médica especializada. La muerte de los tres comunarios y pobladores está asociada a operativos policiales y militares de desbloqueo, los cuales aún son objeto de investigación. Por último, la Defensoría expresó preocupación por el incremento de discursos de confrontación y estigmatización entre actores políticos y sociales, un escenario que, según advierte, profundiza la polarización y dificulta la construcción de acuerdos para resolver la crisis. También reitera su convocatoria a un diálogo y respeto a los derechos humanos, frente al agravamiento del conflicto, y a priorizar mecanismos de negociación y concertación para evitar una escalada de la violencia.

La Paz, 8 de junio (El Nuevo Cambio).- La Defensoría del Pueblo informó que en los conflictos sociales de más de 30 días en el país, en medio de protestas, movilizaciones y bloqueos, se registraron 10 personas fallecidas, 37 heridos y 365 arrestados. En su segundo reporte sobre conflictividad social en el país, desde que comenzaron las movilizaciones, la Defensoría dice que 3 de las personas fallecidas son producto de enfrentamientos y los otros siete de los bloqueos de las carreteras. También identifica como origen del conflicto una combinación de factores económicos y sociales, entre ellos, la escasez de combustibles, el incremento del costo de vida, las dificultades para acceder a divisas, el encarecimiento de productos básicos y el descontento por la respuesta estatal frente a la crisis. Agrega que las protestas estuvieron vinculadas a las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) presentadas en marzo pasado, pero posteriormente se incorporaron reivindicaciones políticas que ampliaron y profundizaron la conflictividad en todo el país. En el reporte, la Defensoría dice que existen más de 100 puntos de bloqueo en siete departamentos, siendo Cochabamba la más afectada actualmente, seguida por La Paz y luego Oruro. También afirma que la situación es crítica en los hospitales, centros de acogida, hogares de adultos mayores y establecimientos de salud debido a la interrupción del transporte de medicamentos, oxígeno e insumos médicos. Con relación a las detenciones e imputaciones informa que 365 personas fueron arrestadas durante los operativos policiales y militares. De ese total, 247 personas (68%) fueron liberadas, 103 fueron imputadas penalmente, 50 se defienden en libertad, 19 cumplen detención domiciliaria, 12 guardan detención preventiva, 5 tienen medidas sustitutivas y 17 ya fueron sentenciadas mediante procedimientos abreviados. La Defensoría señala que los delitos atribuidos incluyen asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, destrucción de bienes del Estado, atentados contra organismos de seguridad y tentativa de homicidio. Con relación a las 37 personas heridas en los enfrentamientos, la Defensoría del Pueblo dice que 14 son producto de las movilizaciones, 10 policías, 2 periodistas y 9 transeúntes o terceros afectados. Los casos tienen que ver con heridos por lesiones por balines, impactos de proyectiles de gas lacrimógeno, quemaduras, traumatismos craneales, daños oculares y heridas provocadas por explosiones de dinamita. El informe dice que el caso más alarmante es el registro de los 10 fallecimientos vinculados al conflicto social. De ellos, siete están relacionados con los bloqueos, que impidieron o retrasaron el acceso de pacientes a atención médica especializada. La muerte de los tres comunarios y pobladores está asociada a operativos policiales y militares de desbloqueo, los cuales aún son objeto de investigación. Por último, la Defensoría expresó preocupación por el incremento de discursos de confrontación y estigmatización entre actores políticos y sociales, un escenario que, según advierte, profundiza la polarización y dificulta la construcción de acuerdos para resolver la crisis. También reitera su convocatoria a un diálogo y respeto a los derechos humanos, frente al agravamiento del conflicto, y a priorizar mecanismos de negociación y concertación para evitar una escalada de la violencia.

Cochabamba, 6 de junio (El Nuevo Cambio).- El gobernador del departamento de Cochabamba, Leonardo Loza, pidió en un pronunciamiento público, una pausa en los bloqueos para posibilitar el paso de alimentos, ambulancias, transporte y otros servicios, durante ocho horas. “Solicito considerar una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos para permitir el paso de ambulancias, alimentos, transportistas y familias que hoy enfrentan las consecuencias de la crisis”, dijo en sus redes sociales. Loza aclaró que esta acción humanitaria, de ninguna manera significa renunciar a ninguna demanda social, sino por el contrario, tiene que ver con poner por delante la vida, la salud y el bienestar del pueblo. “Mi pedido, como gobernador de Cochabamba, se da ante la abrupta subida de precios de la canasta familiar en nuestros mercados, por eso les solicito esta pausa y que pueda extenderse en el lapso de ocho horas, en el momento que ustedes vean conveniente”, dice el mensaje. Aclara que la pausa, tiene la finalidad de permitir el paso de ambulancias y personal de salud, así como de los transportistas, quienes necesitan atención médica. Además, del sector productivo y agropecuario que está varado en las carreteras. “Con estas acciones ayudaremos a que la economía de las familias no se vea afectada”, sostiene en la carta dirigida a los sectores que actualmente se encuentran movilizados en las carreteras del departamento.

La Paz, 5 de junio (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Claudio Choque Quispe, por supuestos actos en contra de los derechos ciudadanos, a raíz de los bloqueos que se registran en el país. La determinación de la Fiscalía no sólo complica mucho más la solución del conflicto a través del diálogo, sino generó una serie de críticas y rechazos de los dirigentes de las organizaciones sociales a la que denominaron “persecución política”. Con la orden de aprehensión de Choque, los dos principales dirigentes del ente matriz de los trabajadores, incluyendo al ejecutivo Mario Argollo, estarían siendo buscados para su detención y proceso. Los dirigentes dijeron que existen también otras órdenes de aprehensión del Ministerio Público contra otros dirigentes de las organizaciones sociales, en un intento del gobierno por descabezar el movimiento obrero campesino e imponer con un estado de excepción sus políticas privatizadoras. Anunciaron que a pesar de las órdenes de aprehensión y del sometimiento de la justicia y de la Fiscalía al gobierno, las medidas de presión no sólo se mantendrán a nivel nacional, sino serán masificadas en las próximas horas. Mientras tanto, continúan al menos unos 90 puntos de bloqueo en siete departamentos del país, desde alrededor un mes, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz y la convocatoria a elecciones en los próximos 90 días.