La Paz, 14 de mayo (El Nuevo Cambio).- Los bloqueos en el país, principalmente en el departamento de La Paz, en alrededor de 40 regiones, se mantienen sin variación, a pesar de las amenazas de la Policía por intervenir y la falta de atención a las demandas de las organizaciones sociales.
El gobierno se reunió con el magisterio urbano y rural, pero no logró evitar las movilizaciones de este sector y a pesar de que se abrogó la ley 1720 los indígenas continúan en vigilia y la Central Obrera Boliviana, los campesinos, mineros y otros sectores se mantiene la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Decenas de mineros llegaron a El Alto la noche de este miércoles para sumarse a las medidas de presión de las organizaciones sociales y hoy participarán de los bloqueos, marchas y movilizaciones en la sede de gobierno.
Entre tanto, el secretario de Justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Severo Marca, dijo que el anuncio de operativos de desbloqueo por parte de la Policía y al estado de apronte de las Fuerzas Armadas, cualquier hecho de violencia que se registre será responsabilidad del Gobierno.
El dirigente demandó evitar enfrentamientos con los sectores movilizados y aseguró que las organizaciones continuarán con sus medidas de presión y están dispuestas a mantener la protesta pese a las posibles intervenciones.
Por su parte, la Central Obrera Departamental (COD) y los Fabriles de Cochabamba iniciaron este jueves a un paro movilizado con bloqueos en calles y avenidas, exigiendo también la renuncia de Paz Pereira y atención a las demandas laborales.
La Federación de Fabriles, por su lado, instruyó la participación del 100% de sus bases en las movilizaciones, exigiendo respeto al fuero sindical, cumplimiento de la Ley General del Trabajo, estabilidad laboral y la renuncia del ministro de Trabajo.
Los conflictos se mantienen en el país en medio de tensiones extremas, falta de alimentos en La Paz y protestas contra el gobierno por no atender las demandas, a pesar del tiempo transcurrido, desde principios de mayo.
Los campesinos, sobre todo de las 20 provincias del departamento de La Paz, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, debido a que no cumplió con las promesas realizadas durante su campaña electoral con ese sector.
“Queremos que se vaya, ya no queremos diálogo”, dijo el dirigente campesino Jaime Condori, mientras el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció un proceso de conspiración y ha descartado la renuncia del presidente Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB), por su parte, se quejó de falta de atención a su pliego petitorio de 211 demandas, entre las principales un aumento salarial para todos los trabajadores del 20 por ciento y el compromiso de no privatizar las empresas del estado. El gobierno ya rechazo un incremento de salarios.
Los maestros, tanto urbanos y rurales, también presentaron sus pliegos petitorios, entre los que se destaca un incremento de salarios, pero el gobierno les propuso un bono de 1.500 bolivianos, que sectores de La Paz se adelantaron a rechazar.
Los choferes también se encuentran en protesta y participan en movilizaciones junto a las juntas de vecinos de El Alto, en rechazo a la gasolina basura, los actos de corrupción en el gobierno, la privatización de las empresas del estado, entre otras.
Los cooperativistas mineros y los del estado también advirtieron con acciones de lucha y movilizaciones y anunciaron que se unirán a los bloqueos de carreteras, en demanda de la provisión permanente de combustible de buena calidad.
Los indígenas de Pando y Beni definirán si retornan a sus regiones o se mantienen en la sede de gobierno, apoyando las protestas de los sectores, después de que anoche el presidente Rodrigo Paz abrogará la ley 1720 y anunciará una nueva ley de consenso.
