Portada 8

RT Miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizaron este jueves 15 frente al Congreso de Argentina, en Buenos Aires, para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, lo que fue una jornada convocada para defender la educación pública terminó envuelta en graves incidentes, con fuerzas de seguridad que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra los manifestantes. Una movilización en defensa de la educación pública La quinta Marcha Federal Universitaria había sido convocada por estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y rectores, con el respaldo de sindicatos y organizaciones sociales. Bajo la consigna «Por la educación, la soberanía y la democracia», los participantes exigieron mayores recursos para las universidades públicas, una recomposición salarial y el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso que el Ejecutivo mantiene sin aplicar plenamente. Desde las primeras horas de la tarde, distintas columnas comenzaron a llegar a la Plaza de los Dos Congresos para participar del acto central. La concentración se desarrollaba en medio de un importante operativo de seguridad, con calles cortadas, vallados y numerosos efectivos desplegados alrededor del Palacio Legislativo. ¿Cómo comenzaron los enfrentamientos? La situación cambió minutos antes del acto central, cuando un grupo de encapuchados comenzó a destruir mobiliario urbano y arrojar piedras y otros objetos contra las vallas que protegían el Congreso. Imágenes difundidas por TN mostraron a personas rompiendo bancos y veredas para obtener proyectiles. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y chorros de agua a presión. Aunque los disturbios fueron protagonizados inicialmente por un grupo reducido, la intervención policial afectó a numerosos participantes que se manifestaban pacíficamente. Entre ellos había estudiantes, docentes y familias que habían acudido para reclamar por el futuro de la educación pública. Los enfrentamientos dejaron al menos ocho policías heridos y 25 personas detenidas en Buenos Aires, según informó el canal argentino A24. «Se torna realmente muy complicado» La represión también afectó a trabajadores de prensa que cubrían la movilización. El corresponsal de RT en Argentina, Ricardo Romero, fue alcanzado por gases lacrimógenos mientras transmitía en vivo desde la avenida Rivadavia y la calle Paraná, en el centro de Buenos Aires. «Se torna realmente muy complicado poder seguir al aire y poder seguir contando lo que está sucediendo», expresó el periodista entre toses. Romero aseguró que los manifestantes que se encontraban a su alrededor «en ningún momento estaban provocando incidentes». Uno de los episodios más graves quedó registrado por las cámaras de televisión cuando una granada de gas, lanzada por las fuerzas de seguridad, impactó en la cabeza de una mujer que participaba de la protesta. Además, un camarógrafo de C5N fue golpeado en el rostro por un individuo encapuchado mientras intentaba filmarlo.  El ataque quedó registrado durante una transmisión en vivo y provocó nuevas denuncias sobre la presencia de presuntos infiltrados entre los manifestantes. El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, cuestionó duramente el operativo policial. «No tiene ningún sentido la represión que están haciendo. La marcha venía absolutamente normal y pacífica», afirmó, al denunciar que incluso legisladores resultaron afectados por los gases. Reclamos de la comunidad universitaria La protesta reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, sindicatos y organizaciones sociales que reclaman la aplicación de la ley de financiamiento, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por Milei. La norma fue ratificada por el Parlamento, pero continúa sin aplicarse, en medio de una disputa judicial entre las universidades y el Ejecutivo.  La comunidad universitaria exige una actualización de los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones, la recomposición de los salarios docentes y no docentes frente a la inflación, y mayores recursos para la investigación científica. Los manifestantes denunciaron que el ajuste presupuestario del Gobierno pone en riesgo la calidad educativa, las actividades académicas y la continuidad de proyectos de investigación.

Telesur El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina emitió este miércoles 14 de octubre un comunicado oficial para condenar “en los términos más enérgicos” la inauguración de la embajada de Colombia ante la ocupación israelí en la ciudad de Jerusalén.   Señaló que la apertura de la delegación diplomática constituye una “grave violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como una afrenta al pueblo palestino y a sus legítimos e inalienables derechos nacionales”. ​El texto oficial subraya que cualquier medida o decisión encaminada a modificar el carácter, el estatuto jurídico o la composición demográfica de Jerusalén ocupada es “nula y carece de validez jurídica, y no puede producir efecto jurídico alguno”.   ​Asimismo, el Ministerio recordó que esta acción contraviene de forma directa las resoluciones 476 (1980) y 478 (1980) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales rechazan los intentos de alterar el estatus de la Ciudad Santa y advierten que este tipo de actos socavan el consenso internacional, alentando a la potencia ocupante a perpetuar sus políticas coloniales.   ​Ante este escenario, el Gobierno palestino exhortó formalmente al Ejecutivo colombiano a “cumplir sus obligaciones internacionales, respetar las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y revertir esta medida”, en consonancia con los esfuerzos globales orientados a lograr una paz justa basada en el fin de la ocupación y la materialización de la independencia de Palestina con Jerusalén Este como su capital.   Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que asuman su responsabilidad política y jurídica en la defensa del orden jurídico internacional.   ​El documento instó a promover la”aplicación efectiva de las resoluciones de las Naciones Unidas y de las decisiones pertinentes adoptadas por consenso en los ámbitos árabe e islámico”, sugiriendo la adopción de medidas diplomáticas y económicas frente a cualquier Estado que decida trasladar su sede diplomática a Jerusalén ocupada. Este miércoles, el Gobierno de Colombia, presidido por Abelardo de la Espriella, inauguró oficialmente su embajada en la ciudad de Jerusalén, en el marco de una ceremonia protocolaria que contó con la participación del ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, su homólogo colombiano, Omar Bula Escobar, y el alcalde de Jerusalén Oeste, Moshe Lion. La apertura de esta misión diplomática representa un hito clave en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, impulsado por la llegada a la presidencia De la Espriella en agosto de 2026. Con este movimiento, el actual mandatario revierte de manera radical la política exterior de su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026), quien en mayo de 2024 había roto los lazos diplomáticos con Tel Aviv en protesta por las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza y el posterior estancamiento del proyecto de abrir una embajada colombiana en territorio palestino. 

Telesur El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, reclamó la rendición de cuentas e investigación penal contra los responsables de las agresiones militares israelíes en la Franja de Gaza, calificando de forma explícita de genocidio la ofensiva ejecutada por el régimen sionista contra el pueblo palestino desde octubre de 2023. Durante la apertura del 55 período anual de sesiones del Consejo de la Shura en Doha, el mandatario aseveró que las atrocidades cometidas en el enclave palestino constituyen un crimen sistemático cuyos autores no deben eludir la responsabilidad internacional. El jefe de Estado ratificó el compromiso de su nación con los esfuerzos diplomáticos y la búsqueda de soluciones pacíficas en el plano regional. No obstante, Al Thani enfatizó que dicha vocación mediadora en el conflicto de Medio Oriente no implica bajo ninguna circunstancia renunciar al derecho soberano y a la defensa de la seguridad del territorio qatarí ante la inestabilidad provocada por las agresiones israelíes y estadounidenses. Devastación humanitaria e impunidad de la ocupación La sistemática agresión perpetrada por las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza deja hasta ahora un saldo destructivo de más de 74.000 palestinos asesinados y 175.000 heridos, además de la destrucción deliberada del 90 por ciento de la infraestructura básica de la Franja. Pese a la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre de 2025 impulsado por el Gobierno de Washington, las incursiones e impactos militares israelíes continúan, cobrando la vida de al menos 1.493 personas adicionales y dejando más de 5.200 heridos en medio de la tregua. Las fuerzas ocupantes mantienen un bloqueo criminal sobre el enclave que impide el acceso continuo de alimentos, medicinas y materiales para refugios de emergencia. Esta política de asedio mantiene a cerca de 2,4 millones palestinos en condiciones catastróficas, contabilizando más de dos millones de personas desplazadas por la violencia estatal israelí. Procesos en cortes internacionales contra el régimen sionista Las denuncias vertidas por la jefatura catarí se enmarcan en el avance de las causas jurídicas internacionales contra la cúpula de la ocupación. La Corte Penal Internacional mantiene vigentes las órdenes de detención emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, imputados por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. De forma paralela, la Corte Internacional de Justicia avanza en el examen de la demanda promovida por Sudáfrica, causa a la que se adhieren diversos Estados del Global Sur para sancionar a Tel Aviv por la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La denuncia de Catar refuerza el cerco diplomático contra la impunidad garantizada por las potencias occidentales al régimen sionista.

Telesur La Ciudad de Buenos Aires fue elegida por unanimidad como la sede oficial para albergar la edición número 40 del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. El anuncio se formalizó durante el acto de clausura realizado en la Ciudad Universitaria de Córdoba, tras tres jornadas consecutivas de debates y marchas multitudinarias. Militantes feministas leyeron el documento oficial en el escenario principal para argumentar la importancia estratégica de trasladar la convocatoria al centro de la Capital Federal. El texto subrayó la relevancia política de realizar el evento histórico en el epicentro del poder nacional durante el desarrollo del próximo año electoral, en el que Javier Milei buscará la reelección. Las agrupaciones participantes destacaron la urgencia de coordinar acciones colectivas frente al escenario socioeconómico actual y el impacto del ajuste implementado por el Gobierno de ultraderecha. Las delegaciones denunciaron la pérdida de empleo, el recorte de políticas públicas de cuidado y el incremento del costo de vida en los sectores más vulnerables. “El gobierno de Milei, sus cómplices gobernadores y su plan no se aguanta más, como miles lo venimos manifestando en las calles y lo seguiremos haciendo. Tenemos que sumar la potencia del Encuentro y de todo nuestro movimiento para frenar la profundización de un modelo de vaciamiento, de pobreza, de criminalización de la protesta, de conservadurismo, misoginia y transfobia institucionalizada, de desempleo, sometimiento irrestricto a Estados Unidos, el FMI, la ultraderecha y el imperialismo”, señalaron en el texto. La designación de la capital federal marca el retorno del evento al territorio porteño, lugar donde nació la primera edición de este encuentro federal en el año 1986. Las voceras recordaron que la ciudad también sirvió como punto de partida para la movilización masiva Ni Una Menos y las campañas nacionales por los derechos reproductivos. “Consideramos que ser sede del Encuentro 2027 es clave para mostrar movilización feminista y transfeminista en el medio de la campaña electoral, contra la naturalización de la crueldad y el traspaso sin metáforas de los recursos del pueblo a manos de los capitales concentrados”, enfatizaron las militantes de Buenos Aires. Durante las tres jornadas desarrolladas en la provincia de Córdoba, la organización contabilizó la realización de 99 talleres temáticos sobre soberanía, trabajo y derechos humanos. Los debates plenarios concluyeron con fuertes reclamos dirigidos a las autoridades nacionales y provinciales para garantizar el financiamiento universitario y la protección social. La lectura final de las conclusiones dio por terminada la asamblea plurinacional mientras miles de delegaciones emprendieron el regreso a sus respectivas provincias. Los comités organizadores de la Ciudad de Buenos Aires iniciarón de inmediato las labores de coordinación logística para recibir la masiva convocatoria en 2027.

Telesur Un sismo de magnitud 5.1 se sintió este domingo en la región de Arequipa sin que se registraran víctimas ni daños materiales de consideración. El Instituto Geofísico del Perú reportó que el movimiento telúrico ocurrió a las 08:43 (hora local) con epicentro 16 kilómetros al suroeste de la localidad de Quilca. El temblor tuvo una profundidad de 47 kilómetros y alcanzó una intensidad entre III y IV en los distritos costeros de la provincia de Camaná. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó que el evento sísmico fue percibido de forma leve a moderada por la población civil y descartó cualquier riesgo de tsunami. Pocas horas antes del temblor en Arequipa, la vecina región de Ica registró otro movimiento sísmico de magnitud 4.5 a las 06:36. El reporte sísmico oficial ubicó el epicentro a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona y a profundidad de 16 kilómetros, en la provincia de Nazca. Las regiones del sur peruano presentan una elevada actividad telúrica debido a la interacción directa entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La región de Ica fue el epicentro del devastador terremoto registrado en 2007, que alcanzó una magnitud de 7.9 y provocó la muerte de más de 500 personas. Frente a la constante actividad telúrica registrada en la franja marina, la Dirección de Hidrografía y Navegación mantiene el monitoreo continuo en el océano Pacífico. Las autoridades de Defensa Civil exhortaron a la población a mantener la calma y conservar preparados los kits de emergencia ante eventuales réplicas en la zona.

DW Actualidad El tribunal electoral de Brasil pidió explicaciones este sábado (10.10.2026) a la gigante tecnológica Meta luego de que la campaña del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva denunciara un intento de «interferir» en las elecciones presidenciales con supuestas restricciones a sus contenidos, acusaciones que la empresa estadounidense calificó de «falsas». El presidente Lula busca un cuarto mandato en el balotaje del 25 de octubre ante el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). Su campaña denunció en un comunicado «fuertes sospechas» de que Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, limitó sus contenidos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió al gigante de las redes sociales aclarar en un plazo de 48 horas si redujo la difusión de las publicaciones y explicar las anomalías denunciadas. La oficina de Meta en Brasil expresó a la AFP en un correo que cumple con las normas electorales, por lo que «las alegaciones son simplemente falsas y no encuentran respaldo en los hechos». Lula ha denunciado intentos de injerencia electoral de su par estadounidense Donald Trump para favorecer a Bolsonaro. El gobierno del presidente octogenario, que intensifica su campaña en redes para el balotaje, evalúa si las grandes empresas tecnológicas pueden servir como canal para ese propósito. Pulso La denuncia ocurre a una semana de la primera vuelta, en la que Flávio Bolsonaro quedó primero con el 47% de los votos, pese a que las encuestas daban a Lula (45%) como favorito. La campaña aseguró que Meta «impidió que el perfil del presidente Lula promocionara publicaciones del feed en Instagram», mientras que una publicación de su cuenta oficial «sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones, lo que afectó su alcance». También sostuvo que las publicaciones de Flávio Bolsonaro tienen más interacciones pese a tener menos seguidores y que antes de la primera vuelta la cuenta de Lula y de otros dirigentes de izquierda «desaparecieron repentinamente del buscador de Instagram». «La sucesión de problemas técnicos que la empresa no ha explicado despierta fuertes sospechas de que las acciones de Meta constituyen un intento de interferir en el proceso electoral brasileño en beneficio» de Bolsonaro, añadió. Meta agregó que «muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas»: «Estamos comprometidos con la igualdad de condiciones en el uso de nuestras plataformas», agregó. «Perfil a perfil» El TSE solicitó a Meta «informar, perfil a perfil, todas las medidas aplicadas» a «las cuentas oficiales de Lula», además de «explicar las anomalías en las métricas» de los videos. Lula hizo de la soberanía una bandera al advertir sobre supuestos intentos de interferencia por parte del mandatario estadounidense, aliado de Jair Bolsonaro. Éden Valadares, secretario de comunicación del partido de Lula, dijo a la AFP que de momento no tienen «pruebas de ese vínculo concreto y formal» entre Trump y las plataformas. Sin embargo, recordó que cuando el presidente estadounidense intentó «interferir en las decisiones de la Corte Suprema brasileña» mencionó «los intereses de las llamadas big tech», lo que «constituye más que una evidencia de ese interés compartido mutuamente». Tras la primera vuelta, Lula, que usualmente no utiliza celular, puso en marcha una estrategia centrada en las redes sociales, donde comenzó a publicar contenidos.

Telesur El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reanudó sus actos de campaña en las calles este viernes 9 de octubre, en Ceilândia para manifestar su plena confianza en remontar los resultados de la primera vuelta electoral. Durante el evento, el líder brasileño afirmó ante cientos de militantes que la nación sudamericana no volverá a ser gobernada por el fascismo. El primer estudio de opinión publicado tras los comicios por la firma Datafolha otorgó un 52 por ciento de los votos válidos al aspirante opositor Flávio Bolsonaro frente al 48 por ciento que obtendría el actual jefe de Estado. Esta proyección se dio luego de que el mandatario obtuviera el 45 por ciento de los sufragios el pasado domingo, dos puntos por debajo del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Ante este escenario adverso, la dirigencia del Partido de los Trabajadores reestructuró su estrategia electoral para intensificar la presencia del candidato de 80 años en plataformas digitales y redes sociales. El propio mandatario confirmó que incrementará su actividad en internet y participará en debates televisivos para movilizar al electorado de cara al balotaje. Durante el recorrido por la periferia de Brasilia, el gobernante arremetió contra su adversario político vinculando a la familia Bolsonaro con el escándalo de fraude financiero del Banco Master. Asimismo, el jefe de Estado cuestionó los lazos de la oposición con la Administración estadounidense de Donald Trump al señalar que prefieren símbolos extranjeros sobre la bandera nacional. En el plano socioeconómico, el candidato progresista respaldó la propuesta legislativa para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales que permanece en análisis dentro del Senado. Igualmente, el mandatario enfocó sus propuestas en el combate integral contra los feminicidios y el fortalecimiento de la educación pública frente a la política armamentística de sus opositores. Las organizaciones sociales vinculadas al oficialismo reforzaron la movilización de bases en las regiones clave del país para incentivar la participación ciudadana en las urnas. La dirigencia del Partido de los Trabajadores confía en que la captación de votos indecisos permitirá revertir la estrecha ventaja que mantienen las encuestas en la recta final de la contienda.

Telesur El juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, rechazó este jueves 8 de octubre la solicitud de la defensa de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, para otorgarle libertad bajo fianza y permitirle cumplir detención preventiva bajo arresto domiciliario en una residencia privada de esa ciudad. La propuesta de los abogados de la esposa del presidente Nicolás Maduro incluye monitoreo por GPS y otras medidas de seguridad. Sin embargo, el magistrado argumentó que existe un supuesto riesgo de fuga, y señaló además que las garantías ofrecidas son insuficientes. La defensa solicitó la medida argumentando un deterioro en la salud cardíaca de Flores a sus 69 años, con episodios de dolor en el pecho, arritmias y una pérdida de peso de más de 11 kilos desde su secuestro tras la invasión estadounidense a Venezuela del 3 de enero pasado. Afirmó que requiere recibir tratamientos médicos y recuperarse fuera de prisión. La decisión se produce tras un proceso formal que inició el 9 de septiembre con la petición de la defensa. Posteriormente, el juez ordenó mantener bajo sello los expedientes médicos presentados, por lo que el contenido específico de esos documentos sigue sin conocerse públicamente. La situación judicial de Flores y Nicolás Maduro se remonta al 3 de enero de 2026, fecha en que fueron secuestrados en Caracas, capital venezolana, por fuerzas especiales estadounidenses, en una incursión militar que dejó más de un centenar de fallecidos, entre civiles y militares, y una cantidad similar de heridos. Tras su primera comparecencia el 5 de enero, en la que se declararon no culpables, han permanecido detenidos en Nueva York, en el Centro Federal de Detención de Brooklyn. El presidente Maduro cuestiona la legalidad del secuestro e invoca inmunidad soberana, mientras que Flores alega inmunidad como primera dama. En julio, Fiscalía y Defensa acordaron que el juicio oral quedó fijado para el 1 de junio de 2027, con una audiencia previa programada para el próximo 17 de noviembre, cuando se evaluarán las mociones de la defensa.

RT El embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, está nuevamente en el centro de la polémica, al haber condicionado el respaldo de Washington a la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes –que ha sido puesta en cuestión por algunas autoridades de la vecina Argentina– a la cooperación bilateral por parte de Santiago en los términos que estipule la Casa Blanca, recoge Cooperativa. «Siempre vamos a estar firmes [con la soberanía de Chile], porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial. Si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir al crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros«, sostuvo el diplomático en un evento por el Día del Comercio Global, celebrado esta jornada en la capital chilena. Sus expresiones causaron malestar y motivaron una respuesta del canciller, José Francisco Pérez Mackenna, quien tras comparecer en el Senado en una sesión destinada a discutir la adhesión de ese país suramericano al Escudo de las Américas, ratificó la soberanía de Chile sobre el paso marítimo, ubicado al extremo sur del subcontinente suramericano. «El estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defenderla: así lo hemos venido haciendo por 200 años», declaró el alto funcionario a los medios locales. Al ser preguntado sobre la posibilidad de llamarle nuevamente la atención a Judd por sus recientes palabras, el diplomático no descartó esa opción, aunque matizó que tendría que evaluarlo luego de analizar en detalle sus comentarios. Cooperativa llama a recordar que la semana anterior, Pérez Mackenna refirió en una interpelación que le hiciera la Cámara de Diputados que el embajador estadounidense ha recibido ya una nota de protesta del Gobierno, así como «reconvenciones verbales en repetidas ocasiones», con las cuales las autoridades chilenas han manifestado su «disconformidad» ante sus reiteradas intervenciones en los asuntos internos de esa nación.

Telesur El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes a los ministerios de Defensa y de Justicia proporcionar asistencia jurídica a los mercenarios colombianos acusados de participar en el magnicidio del mandatario haitiano, Jovenel Moïse, víctima de un atentado en su residencia privada de Puerto Príncipe en julio de 2021, hecho que profundizó la crisis multidimensional que sufre la nación caribeña. A través de X, el mandatario colombiano exigió que se otorgue apoyo económico a las familias de los acusados. Enfatizó que busca esclarecer la responsabilidad individual de cada implicado y aseguró que no abandonará a quienes considera héroes en momentos de dificultad, garantizándoles respaldo total para su defensa. Jovenel Moïse fue asesinado a tiros en julio de 2021 en un ataque armado contra su domicilio en el barrio Pétion-Ville de la capital haitiana. Debido al asalto perpetrado por un comando de extranjeros que hablaban inglés y español, también resultó herida la primera dama, Martine Moïse, quien debió ser trasladada a un hospital en el área de Miami para recibir atención médica. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de Haití respondieron con un operativo dirigido por el entonces jefe de policía Léon Charles. Esta acción permitió abatir a cuatro mercenarios, detener a otros dos sospechosos y liberar a tres agentes tomados como rehenes. El entonces primer ministro interino Claude Joseph asumió el control del país para garantizar la continuidad del Estado. Gracias al operativo, integrantes de fuerzas de seguridad y pobladores capturaron con vida a 17 exmilitares colombianos que formaron parte del comando magnicida. Desde entonces guardan prisión y la investigación se ha visto estancada. A mediados de septiembre pasado, el grupo de colombianos y el exfuncionario gubernamental haitiano Joseph Félix Badío —señalado por servir de enlace para el asesinato— fueron trasladados a EE.UU., donde meses atrás se enjuició al médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon como uno de los autores intelectuales del crimen. Con anterioridad, fueron hallados culpables y condenados Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar y asesinar al exmandatario. La Cancillería reiteró que mantiene un seguimiento permanente y asistencia consular a los 17 exmilitares colombianos que fueron trasladados desde Haití hacia Estados Unidos. Este acompañamiento incluye la verificación constante de las condiciones de reclusión y el mantenimiento de contacto directo de los detenidos con sus familiares. Actualmente, el proceso judicial contra el grupo se halla en su fase inicial de comparecencia y lectura de cargos ante una corte federal en Miami. Mientras algunos de los imputados se han declarado no culpables, otros solicitaron plazos adicionales con el propósito de que sus defensores de oficio puedan examinar a fondo el expediente judicial. Los colombianos enfrentan en la actualidad tres cargos federales graves: conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de EE.UU. y dos cargos por conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte. De ser declarados culpables por el tribunal estadounidense, los acusados podrían afrontar penas máximas de cadena perpetua. El crimen de Moïse ahondó la crisis multidimensional que enfrenta Haití.