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Telesur El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes a los ministerios de Defensa y de Justicia proporcionar asistencia jurídica a los mercenarios colombianos acusados de participar en el magnicidio del mandatario haitiano, Jovenel Moïse, víctima de un atentado en su residencia privada de Puerto Príncipe en julio de 2021, hecho que profundizó la crisis multidimensional que sufre la nación caribeña. A través de X, el mandatario colombiano exigió que se otorgue apoyo económico a las familias de los acusados. Enfatizó que busca esclarecer la responsabilidad individual de cada implicado y aseguró que no abandonará a quienes considera héroes en momentos de dificultad, garantizándoles respaldo total para su defensa. Jovenel Moïse fue asesinado a tiros en julio de 2021 en un ataque armado contra su domicilio en el barrio Pétion-Ville de la capital haitiana. Debido al asalto perpetrado por un comando de extranjeros que hablaban inglés y español, también resultó herida la primera dama, Martine Moïse, quien debió ser trasladada a un hospital en el área de Miami para recibir atención médica. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de Haití respondieron con un operativo dirigido por el entonces jefe de policía Léon Charles. Esta acción permitió abatir a cuatro mercenarios, detener a otros dos sospechosos y liberar a tres agentes tomados como rehenes. El entonces primer ministro interino Claude Joseph asumió el control del país para garantizar la continuidad del Estado. Gracias al operativo, integrantes de fuerzas de seguridad y pobladores capturaron con vida a 17 exmilitares colombianos que formaron parte del comando magnicida. Desde entonces guardan prisión y la investigación se ha visto estancada. A mediados de septiembre pasado, el grupo de colombianos y el exfuncionario gubernamental haitiano Joseph Félix Badío —señalado por servir de enlace para el asesinato— fueron trasladados a EE.UU., donde meses atrás se enjuició al médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon como uno de los autores intelectuales del crimen. Con anterioridad, fueron hallados culpables y condenados Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por su participación en la conspiración para secuestrar y asesinar al exmandatario. La Cancillería reiteró que mantiene un seguimiento permanente y asistencia consular a los 17 exmilitares colombianos que fueron trasladados desde Haití hacia Estados Unidos. Este acompañamiento incluye la verificación constante de las condiciones de reclusión y el mantenimiento de contacto directo de los detenidos con sus familiares. Actualmente, el proceso judicial contra el grupo se halla en su fase inicial de comparecencia y lectura de cargos ante una corte federal en Miami. Mientras algunos de los imputados se han declarado no culpables, otros solicitaron plazos adicionales con el propósito de que sus defensores de oficio puedan examinar a fondo el expediente judicial. Los colombianos enfrentan en la actualidad tres cargos federales graves: conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de EE.UU. y dos cargos por conspiración para proporcionar apoyo material con resultado de muerte. De ser declarados culpables por el tribunal estadounidense, los acusados podrían afrontar penas máximas de cadena perpetua. El crimen de Moïse ahondó la crisis multidimensional que enfrenta Haití.

Página 12 Menos de tres meses después de haber asumido el gobierno, la presidenta Keiko Fujimori ha sufrido una debacle electoral en las elecciones municipales y para gobernadores regionales en todo el país. Su partido, Fuerza Popular (FP), fue barrido en las urnas. En Lima, su candidato a la alcaldía quedó relegado al séptimo puesto con 2,6 por ciento, y el fujimorismo ha sido derrotado en las 25 regiones. El mejor desempeño electoral del partido de gobierno ha sido un segundo lugar, con 19,6 por ciento, en la norteña región de Lambayeque, lo que le permite meterse al balotaje por la gobernación. En las otras 24 regiones ha quedado en el sótano electoral. Este mal desempeño del fujimorismo en las elecciones se da cuando las encuestas revelan un desplome de la aceptación de Keiko Fujimori en solo dos meses de gestión. Un último sondeo de la encuestadora Datum realizado en septiembre registra que el apoyo a Fujimori ha caído del 60 por ciento al inicio de su gobierno en julio pasado a 42 por ciento, y el rechazo a su gestión ha subido en ese periodo de 24 a 44 por ciento. A pesar de este duro revés electoral, el gobierno fujimorista tendrá en la capital a un alcalde de la derecha cercana al régimen. Según el conteo oficial al 92,7 por ciento —quedan pendientes de contarse las actas que han sido observadas—, Rafael López Aliaga, fundador del partido de ultraderecha Renovación Popular (RP), gana con 27,7 por ciento; segundo se ubica otro candidato de derecha, Francis Allison, exalcalde de un distrito residencial de la capital, con 26,8 por ciento. La diferencia entre ambos es de 45 mil votos de 5,63 millones contabilizados. Una diferencia que no permite confirmar oficialmente el triunfo de López Aliaga, el que, sin embargo, solamente estaría en riesgo si las actas observadas marcan un importante cambio. Un conteo rápido no oficial al cien por ciento da ganador a López Aliaga con 27,6 por ciento, con Allison segundo con 26,7 por ciento. Pero si se ratifica la victoria de López Aliaga, no es seguro que pueda asumir la alcaldía de Lima. El ultraderechista fue elegido alcalde de la capital en 2022 y se apartó del cargo para presentarse este año a la presidencia, elección en la que quedó tercero. La Constitución prohíbe a quien fue elegido alcalde postular al mismo cargo en la siguiente elección. Para burlar esta prohibición, López Aliaga postuló formalmente como candidato a primer regidor y no como alcalde —pero hizo toda su campaña como candidato a alcalde— y luego de inscrita la candidatura de su partido, el candidato que puso para la alcaldía en su lista renunció, dejándolo como su reemplazante para el cargo de alcalde. Una burda maniobra para burlar la ley con una reelección encubierta, que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha permitido. En una insólita decisión, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que se pronunciarían sobre la validez de la candidatura de López Aliaga recién después de las elecciones. Si se confirma el triunfo del ultraderechista, el JNE deberá decidir, con el hecho consumado del resultado electoral, si está o no habilitado para ser alcalde de Lima, al estar prohibido un segundo periodo consecutivo en el cargo. Preguntado qué haría si el JNE no le permite asumir la alcaldía por ser ilegal la reelección, López Aliaga respondió amenazante: “No soy manco, toda mi vida la he hecho a patadas”. Empresario millonario que se benefició en la dictadura de Alberto Fujimori con concesiones del Estado, López Aliaga, conocido como “Porky”, es un fanático religioso miembro del ultraconservador Opus Dei. Autoritario, prepotente, arrogante, acostumbrado a la violencia verbal y al insulto, la amenaza y la difamación contra sus críticos, “Porky”, de 55 años, es un admirador de Javier Milei, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Su reciente gestión como alcalde de Lima se ha caracterizado por ofertas incumplidas, obras cuestionadas, desconocimiento de las normas y el endeudamiento de la municipalidad. A pesar de eso, el ultraderechista tiene respaldo en una Lima conservadora. Pero en el interior del país su partido no tiene presencia. En 15 de las 25 regiones habría segunda vuelta para elegir gobernadores, al no superar ningún candidato el 30 por ciento. La izquierda confirma su fuerza en el sur del país, especialmente el sur andino, donde, dividida en distintas agrupaciones, gana en tres regiones y pasa a segunda vuelta en otras tres, en una de las cuales, la altiplánica Puno, competirán en el balotaje dos candidatos de izquierda. En el resto del país ganan candidatos de partidos de derecha que tuvieron un mal desempeño en la última elección presidencial y movimientos independientes. El triunfo más significativo de la izquierda es el de la dos veces candidata presidencial Verónika Mendoza, que gana la gobernación de la región andina de Cusco en primera vuelta, un resultado que la regresa al centro de la escena política y la coloca como una potencial figura de relevancia en la oposición al gobierno de Keiko Fujimori.

Prensa Latina Lima, 4 octubre (Prensa Latina).- La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el atentado con un explosivo en una de las escuelas usadas como recintos electorales, que rompió hoy la normalidad de las elecciones regionales y municipales peruanas. El ataque, que no dejó víctimas ni heridos, interrumpió la votación de 300 ciudadanos en la escuela David Sánchez Infante, de la localidad de Sorochuco, en la provincia de Celendín, en la región norandina de Cajamarca. Tal hecho fue condenado enérgicamente por el Sistema Electoral que integran el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En un comunicado, el sistema destacó el rápido control de la situación por la Policía Nacional y el Ministerio Público, que buscan a los responsables del atentado, y destacaron que nadie debe impedir el ejercicio del derecho al voto, sin amenazas ni intimidación alguna. «Exhortamos a toda la población y a las organizaciones políticas a respetar la voluntad expresada por la ciudadanía y a contribuir a un proceso libre y democrático», agrega el pronunciamiento.

Telesur Este sábado 03 de septiembre un buque cisterna sufrió el impacto de un proyectil sin identificar cuando atravesaba el Estrecho de Ormuz, de acuerdo con la Dirección de Operaciones Marítimas del Reino Unido （UKMTO） y medios omaníes. La agresión causó un incendio menor y averías en el sistema eléctrico, que la tripulación dominó antes de retomar el rumbo, las autoridades informaron que no dejó víctimas mortales ni vertidos de crudo. El desenlace, con todo, no alcanza a ocultar la gravedad del hecho, que engrosa una cadena de ataques no reivindicados contra la navegación comercial en un paso decisivo para el abastecimiento mundial. Por ese canal circula la quinta parte del petróleo que consume el planeta. Cualquier alteración sostenida de su tránsito se traduce de inmediato en tensión sobre el comercio energético. En los últimos siete días, cuatro naves dedicadas al transporte de hidrocarburos fueron alcanzadas por proyectiles o asediadas en incursiones armadas. Tres de ellas eran petroleros y una transportaba gas natural licuado. Los tres incidentes más recientes se concentraron en apenas 72 horas. Esa frecuencia dibuja una pauta de acoso sin autor conocido. Ningún actor ha reivindicado las agresiones, y el silencio multiplica la incertidumbre en una de las rutas marítimas más vigiladas del mundo. La oleada ocurre en medio de los choques militares directos que sostienen Estados Unidos, Israel e Irán desde finales de febrero. Ese acoso a las rutas de navegación ha obligado a interrumpir por tramos el paso de las embarcaciones y encareció los seguros que cubren la zona. El nerviosismo se mide en las primas de riesgo marítimo, que se dispararon con la sucesión de agresiones. Se trata de un termómetro del temor que rodea al suministro de energía en la región, y su alza golpea a los cargadores antes que a los gobiernos. La seguridad del tránsito por el Estrecho de Ormuz figura, además, entre los focos de fricción más sensibles de la geopolítica regional. Las conversaciones entre Teherán y Washington siguen trabadas en torno a quién controla esas aguas y cómo se gestiona el comercio del crudo que las atraviesa, y el estrecho permanece como un punto ciego de esa negociación estancada. Los organismos navales de la zona y las instituciones británicas conservan activas las alarmas. Rastrean el origen de los proyectiles y piden a las compañías navieras redoblar la vigilancia al atravesar el canal.

Página 12 Argentina, al mejor postor. Éste podría ser el lema del Gobierno de Javier Milei, que ya no sabe qué vender. Durante la recorrida por París, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que cualquiera que haga un aporte directo al Tesoro por 350 mil dólares podrá gozar de la ciudadanía argentina. Más allá de ponerle precio a la nacionalidad, la iniciativa oficial funciona como un atajo para que cualquier extranjero con unos cuantos dólares en su haber pueda comprar tierras. Lo que Caputo introdujo fue posiblemente un “plan B” por si no salía el fallo de la Corte Suprema, que dio vía libre a la extranjerización del territorio. En el Congreso ya se prepara la resistencia. El peronismo presentó un proyecto para prohibir la venta de la ciudadanía argentina. La historia arranca el martes. Ese día partió la comitiva argentina hacia la Argentina Week en Francia. Horas antes, la Corte Suprema había firmado un fallo de alto voltaje: al no reconocerle legitimación al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, dejaba sin efecto una resolución que ellos habían conseguido y que frenaba el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 con el que Milei se despachó en diciembre de 2023. Con ese artículo, el presidente había derogado la Ley de Tierras, de 2011, que fijaba un máximo del 15 por ciento de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Tras el fallo de la Corte ya no existían límites. Sin embargo, la reacción fue tal que se activó la Cámara de Diputados para voltear el DNU 70 y puso fecha para la sesión: el 15 de octubre. Mientras tanto, Milei y Caputo estaban en París tratando de atraer inversiones junto con un grupo de gobernadores y jueces. Este viernes, antes de emprender la retirada, Caputo presentó el llamado “programa de ciudadanía por inversión” junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Para acceder a la ciudadanía, hay dos mecanismos: hacer un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por 350 mil dólares o suscribir un título público de 800 mil dólares creado específicamente para este programa. Durante la presentación en sociedad de la iniciativa, Caputo terminó mostrando los hilos sobre quiénes son los verdaderos interesados en convertirse en ciudadanos argentinos. “Se enmarca en algo que, en realidad, se originó hace ya dos años en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley, donde vimos a los más importantes popes de la industria tecnológica, y surgió en ese viaje el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina”, dijo. De acuerdo con la propia admisión del ministro de Economía, los dueños de la idea son los tecnomagnates que necesitan comprar tierras en la Patagonia para poner los datacenters. “Está diseñado para que los empresarios tecnológicos puedan hacer negocios. Para Peter Thiel, de Palantir, no representa ningún esfuerzo poner 350 mil dólares”, sostiene en diálogo con Página/12 el diputado peronista Agustín Rossi, que ya presentó el proyecto para impedir la venta de la ciudadanía argentina. Myriam Bregman, del FIT-U, también opina en la misma línea. “Es una compra-venta de ciudadanía para que los millonarios de cualquier modo puedan quedarse con las tierras que necesitan para la localización de sus datacenters. En Estados Unidos alcanzan un rechazo del 80 por ciento de la población, por eso buscan otros territorios. Es una vergüenza que el gobierno les haga ‘los papeles para la entrega’”, dice. La diputada Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), tildó la iniciativa de Caputo de escandalosa. “Para tener dimensión de lo que promueve el gobierno de Milei, otros países que venden su ciudadanía son San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru”, advirtió desde redes sociales. El abogado Pablo Serdán también hizo notar que hay varios negocios que se superponen detrás del anuncio de Caputo. Mostró, por ejemplo, que la empresa Arton Capital ya está promocionando los registros de interesados para acceder a la ciudadanía argentina. Entre las bondades que destaca están que se trata de un país del G20 con un pasaporte respetado. Según describe la propia Arton, es una de las cinco compañías que vienen asesorando al Gobierno argentino en el diseño y la implementación de lo que anunció Caputo. Es parte de un consorcio que se llama AMIGO (Argentina: movilidad por inversión y oportunidades globales). Detrás del programa de venta de ciudadanía hay una arquitectura que se comenzó a edificar el año pasado. Es la continuidad de lo que empezó con el DNU 366/2025, que reformó la Ley de Migraciones y la Ley de Ciudadanía. El DNU dice que quien realice una inversión considerada relevante por el Ministerio de Economía puede acceder a la ciudadanía. “El DNU 366 no exige residencia. Gente que no vivió ni un día en Argentina puede acceder. No pasa lo mismo con quienes sí residen pero se la niegan por no contar con ciertas condiciones socioeconómicas”, explica Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). “Los inversionistas pueden pagar por la ciudadanía, cosa que no les representa esfuerzo y les brinda beneficios. Los migrantes que quieren acceder necesitan cumplir con un montón de requerimientos pero además se encuentran con una modalidad administrativa a cargo de DNM que hasta hace poco no funcionaba”, añade, por su lado, Gabriela Liguori, de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF). La iniciativa oficial –con todo el andamiaje que la sustenta– deja en claro que la Argentina en la era Milei transita una reversión de su historia que lo hizo grande, la de ser un país de puertas abiertas a quienes quisieran venir a trabajar y a aportar. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el anuncio de Caputo podría ser violatorio del artículo 20 de la Constitución si se achican los dos años de residencia que se exige y si se entiende por “servicio” poner plata mientras

Telesur Una reciente encuesta elaborada por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos revela un descontento en la sociedad estadounidense ante la situación económica actual. De acuerdo con los datos, el 65 por ciento de los adultos en el país señala directamente a las políticas implementadas por el presidente Donald Trump como la causa principal de los elevados y persistentes costos de vida, superando la percepción de que existen factores externos fuera de su control. El estudio detalla que la aprobación general del mandatario respecto a la economía ha caído a un mínimo histórico del 26 por ciento, mientras que la aceptación sobre su manejo del costo de vida se desploma hasta el 17 por cierto. Aproximadamente, 7 de cada 10 estadounidenses señalan que la gestión sobre las cargas financieras cotidianas ha sido “peor de lo esperado”, un sentimiento de decepción que comparten cerca de la mitad de los votantes republicanos. El sondeo revela que alrededor de 6 de cada 10 republicanos desaprueban la gestión de Trump frente al costo de vida, frente a aproximadamente la mitad en abril. Las cifras marcan el panorama a pocas semanas de las elecciones de mitad de período, un proceso crucial que definirá el control del Congreso. En consonancia con el sector republicano en descontento, Kristen Slaven, una terapeuta de salud mental de 41 años oriunda de Gluckstadt, Mississippi, y votante habitual del partido republicano, señaló que la Administración se enfoca en prioridades erróneas y lamentó que los resultados gubernamentales hayan quedado muy por debajo de sus expectativas iniciales. Por su parte, Robert Gault, trabajador industrial jubilado de 66 años oriundo de Bradford, Pensilvania y simpatizante republicano, manifestó su descontento con el actual Gobierno. El ciudadano expresó que sus expectativas de mejora no se han cumplido y cuestionó la efectividad de las medidas gubernamentales para fortalecer al país. Señaló que el mandatario no ha concretado las promesas de prosperidad que anunció durante su campaña. La presión sobre los hogares se refleja en que, en comparación con el 39 por ciento de julio del año en curso, aproximadamente la mitad de los ciudadanos muestra extrema preocupación por adquirir alimentos o combustible para sus vehículos. Pedro Sánchez, un oficial de las fuerzas del orden de 52 años residente en Perris, California, y votante de Trump, señaló que el incremento en los precios de los combustibles ha provocado una subida generalizada y desmedida en el costo de la vida. Asimismo, indicó que su poder adquisitivo y sus ingresos disponibles se han visto fuertemente reducidos debido a esta situación. El malestar también se extiende a la política exterior y comercial. Un 69 por ciento de la población opina que la guerra contra Irán no ha valido la pena, con una aprobación de apenas el 28 por ciento hacia su gestión en este conflicto. En el ámbito comercial, solo el 30 por ciento respalda sus negociaciones con otros países, frente a alrededor de 4 de cada 10 en marzo, mientras que el 64 por ciento advierte que las medidas arancelarias han ido demasiado lejos. De acuerdo con la encuesta, únicamente alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses aprueban cómo Trump maneja su trabajo como presidente, y aproximadamente 6 de cada 10 afirman que el país en su conjunto está “mucho” o “algo” peor que cuando comenzó su segundo mandato. Pese a que un sector de sus bases partidarias continúa atribuyendo la inflación a factores externos, el panorama general sitúa la seguridad fronteriza como la única área en la que el presidente conserva una valoración medianamente favorable, cercana al 50 por ciento de aprobación.

Prensa Latina Teherán, 30 septiembre (Prensa Latina).-  Irán condenó hoy la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y advirtió sobre las repercusiones de la presencia de Israel en la región. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní explicó que el viaje de Netanyahu tuvo lugar en una “coyuntura delicada”, marcada, según Teherán, por los ataques israelíes contra Irán y la situación en Palestina y Líbano. “La presencia de esta entidad divisiva en la región genera una situación peligrosa”, afirmó la cancillería iraní, que instó a los países regionales a mantenerse alerta ante lo que calificó de amenazas israelíes contra la paz y la seguridad compartidas. Asimismo, pidió a los Estados de la zona impedir que sus territorios sean utilizados para acciones que puedan afectar la estabilidad regional. Medios israelíes informaron que Netanyahu realizó el 27 de septiembre una visita no anunciada previamente a EAU, durante la cual sostuvo una reunión con representantes de varios países. Según esas informaciones, en el encuentro participaron funcionarios de Israel y EAU, además de representantes de Arabia Saudita, Estados Unidos, Marruecos, Kuwait, Bahréin, Libia, Omán y Egipto. La advertencia iraní se produce en un contexto de tensiones regionales vinculadas al conflicto entre Teherán, Estados Unidos e Israel. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán que, según Teherán, causaron miles de muertos. La República Islámica respondió con acciones contra objetivos israelíes y estadounidenses en distintos puntos de la región, antes de alcanzarse un acuerdo de alto el fuego en abril. Posteriormente, Estados Unidos efectuó nuevos ataques contra instalaciones en territorio iraní, mientras las negociaciones entre ambos países permanecían estancadas por diferencias relacionadas con la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz, pese a la firma de un memorando de entendimiento en junio.

Prensa Latina Bogotá, 29 septiembre (Prensa Latina).- El senador Alejandro Ocampo denunció hoy que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pretende mantener el silencio en torno al destino de recursos financieros recolectados tras el sismo del pasado 10 de agosto. Según expuso el congresista, en lugar de responder algo tan simple como cuánto dinero en donaciones ha recibido la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cuya representante legal es su esposa, busca recusar a la jueza que admitió el recurso legal interpuesto por él para conocer cuánto dinero se recaudó y en qué se gastó. También señaló que, hasta la fecha, ni el Ministerio de Hacienda, ni la organización interpelada, ni la primera dama Ana Lucia Pineda, ofrecen claridad sobre el monto de las donaciones recibidas. “Esto no debió llegar hasta un juez. Le pedimos al presidente Abelardo de la Espriella que no busque acciones jurídicas para evadir su obligación de responder. Cuando uno no tiene nada que ocultar, contesta con cifras, no busca recusar a quien administra justicia”, remarcó Ocampo en una comunicación difundida en sus redes sociales. El legislador por el Pacto Histórico recordó además que la cuenta bancaria de la Fundación fue publicitada a través de canales oficiales del Estado, entre ellos Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia e Inravisión, y que el propio ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue grabado en Buenaventura invitando a a la ciudadanía a “donar a través de la estructura de la primera dama”. Pese a ello, lamentó que no existe una sola cifra pública sobre cuánto dinero se recaudó ni en qué se ha gastado. “Abelardo tiene que responder. No es una pregunta política, es un derecho de todos los que donaron esperando ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026. Buscar recusar a la jueza en lugar de dar la cara con la información es la prueba más clara de que algo no quieren que se sepa”, refirió. El senador refrendó que insistirá ante la justicia para que se conozca la verdad sobre el manejo de los recursos recaudados en nombre de la reconstrucción del Valle del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el movimiento telúrico.

Página 12 Con la pobreza en 32,3% y la desocupación entre las principales preocupaciones de los argentinos, Javier Milei volvió este lunes a poner Malvinas en la agenda al anunciar una nueva ofensiva contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la zona y por operaciones aéreas entre las islas y Punta Arenas. La Casa Rosada informó que Milei ordenó a la Cancillería y a los abogados del Gobierno iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido. El objetivo es intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y evitar nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la zona. El reclamo de Argentina contra el Reino Unido El Gobierno le dio a Londres dos semanas para que tome medidas y frene las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos. Si no hay cambios, Argentina adelantó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para pedir medidas provisionales. Para sostener su reclamo, la Casa Rosada citó resoluciones de Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llaman a los dos países a buscar una solución mediante negociaciones. El comunicado también cuestionó la posición británica sobre las islas y sostuvo que el referéndum realizado en 2013 no modificó la disputa de soberanía. Vuelos, Punta Arenas y un negocio que avanza Milei también ordenó iniciar sanciones, denuncias penales y gestiones diplomáticas por operaciones de THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre Malvinas y Punta Arenas. Según el Gobierno, los vuelos se realizaron con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina. El anuncio se conoció mientras Punta Arenas avanza con negocios propios con las islas. Este lunes y martes, empresarios de Malvinas mantienen reuniones con compañías chilenas para buscar acuerdos comerciales y avanzar en una conexión marítima directa con Puerto Argentino. Ese movimiento no fue mencionado por Milei. Tampoco aparece en el comunicado la iniciativa que prepara Tierra del Fuego para controlar empresas y actividades que, según la provincia, fortalecen la presencia británica en las islas. Con la pobreza en aumento y el empleo entre las principales preocupaciones, Milei vuelve a correr el eje de la discusión: de la economía a Malvinas y la soberanía.

Prensa Latina Bogotá, 27 septiembre (Prensa Latina).- La Defensoría del Pueblo de Colombia informó hoy que ascienden a 112 los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país entre el 1 de enero y el 31 de agosto último. Los meses más letales fueron agosto con 22 homicidios, a este le sigue abril con 18 y luego está mayo con 14. De acuerdo con la fuente, del total de fallecimientos violentos, 91 casos se corresponden a hombre y 21 a mujeres. Cauca (26), Valle del Cauca (14), Antioquia (12), Norte de Santander (ocho), así como Arauca y Caquetá, cada uno con seis, son los departamentos con mayor número de estos asesinatos. También expuso el organismo que, durante el mismo periodo, se reportan en la nación 86 masacres con 326 víctimas. Los meses de marzo y abril, con 14 eventos cada uno, resultaron los más mortales, mientras que Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, concentran la cifra más abultada de esos hechos. Alertó asimismo la Defensoría que hasta el cierre de agosto 10 firmantes de paz perdieron la vida. Los ataques contra los exguerrilleros ocurrieron en Caquetá (dos), Cauca (tres), Huila (uno), Putumayo (dos), Valle del Cauca (uno) y Norte de Santander (uno).