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Rusia Today El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado en declaraciones a la prensa durante una reunión con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, en la Casa Blanca que la concesión de Rusia para lograr la paz será detener el conflicto y no tomar la totalidad de Ucrania. «Dejar de hacer la guerra, dejar de tomar todo el país es una concesión bastante grande«, dijo el mandatario estadounidense.  Al mismo tiempo, el presidente indicó que quiere aplazar la consideración de sanciones adicionales a Rusia hasta que esté claro si puede haber un acuerdo de paz entre el país y Ucrania. «Prefiero responder a esa pregunta en una semana», precisó. Al ser preguntado si sigue creyendo que Ucrania tendrá que ceder territorio para lograr la paz, Trump señaló que «depende del territorio».  «Perdieron mucho territorio. Cuando dicen Crimea, eso fue entregado durante un presidente llamado Barack ‘Hussein’ Obama. Eso no tuvo nada que ver conmigo. Eso fue hace 11 años«, destacó. El presidente destacó que cuando Crimea se reunificó con Rusia, «no se disparó ni una bala», «no hubo lucha». «Simplemente la entregaron. Ahora dicen: ‘Bueno, ¿podemos recuperarla?’ Creo que eso va a ser algo muy difícil de hacer», subrayó. «Creo que vamos a hacer un trato [de paz]. Pueden hacer esa pregunta en 2 semanas«, indicó. El martes, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, declaró a la prensa que «Ucrania no reconocerá» a Crimea como parte de Rusia y «aquí no hay nada que hablar».  Por su parte, Donald Trump afirmó el miércoles que las palabras del líder del régimen de Kiev «son muy perjudiciales para las negociaciones de paz con Rusia en el sentido de que Crimea se perdió hace años» y «ni siquiera es un punto de discusión». Crimea se reunificó con Rusia en marzo del 2014, después de que el 96,77 % de la población de la península votara a favor de convertirse en parte integrante de la Federación de Rusia.

Página 12 Momentos de tensión se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso en una nueva marcha de los jubilados debido a la intención de los manifestantes de movilizarse desde ese punto hacia la Plaza de Mayo. Los efectivos de la Policía Federal, en tanto, retuvieron a los manifestantes sobre la vereda para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo que generó gritos, insultos y empujones. Como cada miércoles, se realiza la marcha de los jubilados en reclamo por mejoras en sus haberes. En esta ocasión, se sumaron maestros agrupados en la Organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y movimientos sociales. Las manifestaciones son acompañadas por una fuerte presencia policial, siempre intimidante y proclive a generar encontronazos. En la marcha del 12 de marzo, acompañada por hinchas de fútbol, fue herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo. Este miércoles, quienes marchaban consiguieron llegar hasta la entrada del Congreso de la Nación ante lo cual los infantes de la Policía Federal actuaron como fuerza de choque y cayeron vallas.  En medio de ese tumulto, un manifestante quedó inmovilizado entre las vallas y las paredes del Congreso y luego fue detenido. Tenía puesta una camiseta de Chacarita bajo una remera de color naranja. Se lo llevaron efectivos de la Policía Federal. También fue detenida una mujer. Minutos más tarde comenzó la marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, en la continuidad de las protestas que los jubilados llevan adelante todos los miércoles en las inmediaciones del Parlamento. La movilización se dio por avenida de Mayo, vigilada por efectivos de la Policía Federal para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes. La marcha que reúne a jubilados con universitarios se realiza exactamente un año después de la gigantesca concentración en defensa de la educación superior. Al operativo se sumó la Policía de la Ciudad, cuyos efectivos dejaron un carril libre en la avenida para el avance de la marcha. Por su parte, Gendarmería apostó a sus hombres en Plaza de Mayo.

Telesur El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar al país norteamericano. «Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas», dijo el mandatario colombiano durante un consejo de ministros. Gustavo Petro hizo la referencia al visado al comentar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, viajó a EE.UU. para participar esta semana en las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El jefe de Estado colombiano no ofreció detalles sobre los motivos por los que EE.UU. le canceló la visa, pero antes de comentar esa situación habló sobre una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, aparentemente relacionada con la deportación de venezolanos a El Salvador. Como telón de fondo al anuncio del presidente Petro hay dos hechos importantes de contexto. Primero, el mandatario colombiano protagonizó una discusión a principios de año con Donald Trump que casi termina con el rompimiento de relaciones entre ambos países. Segundo, Colombia podría ser “descertificado” en su lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos tras el incremento del número de hectáreas de cultivos de uso ilícito. El Gobierno colombiano ha creado una estrategia para evitar ese escenario, pero si ese país confirma que le quitó la visa a Petro, muy probablemente la “descertificación” sea el siguiente paso. De confirmarse la versión de Petro, sería el segundo presidente colombiano en ejercicio al que el Gobierno estadounidense le retira su visado. Por lo pronto, no hay pronunciamiento por parte de autoridades norteamericanas ni tampoco el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido ningún comunicado. A mediados de 1996 Estados Unidos le retiró la visa al entonces presidente Ernesto Samper, luego de que se denunciara que dinero de los narcotraficantes entró a su campaña electoral.

Telesur El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, acusó al mandatario salvadoreño de «violador serial» de los derechos humanos, y calificó las acciones contra los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos como desapariciones forzadas y trata de personas. Este lunes 21 de abril, en una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, Saab amplió la posición del ente ante la admisión de Bukele, expresada en un comunicado, de mantener detenidos arbitrariamente y en condición de desaparición forzada en un campo de concentración de ese país, a 252 venezolanos, deportados de forma ilegal desde Estados Unidos. El Fiscal General de Venezuela denunció que Bukele recibe un pago de siete millones de dólares por parte de Estados Unidos para mantener a los 252 venezolanos secuestrados, quienes además son víctimas de humillaciones, tratos crueles e inhumanos, algo que recordó ha sido demostrado con pruebas en vídeos difundidos por la fiscalía venezolana. Saab denunció que «El 2 % de la población salvadoreña la tiene Bukele encarcelada, la población carcelaria del país pasó de unas 38 mil personas al inicio de la administración de él, en 2019, a un estimado de 120 mil en la actualidad, la mayoría de las cuales aún no ha sido condenados por ningún delito», destacó, al afirmar que esta se trata de la tasa de encarcelamiento más alta del planeta. El funcionario venezolano extendió una solicitud a la fiscalía salvadoreña para que responda a los abogados el recurso de Habeas Corpus para lograr la libertad inmediata y sin condiciones de las personas encarceladas arbitrariamente. La máxima autoridad del Ministerio Publicó de Venezuela, señaló que Bukele alcanzó acuerdos con pandillas salvadoreñas para vender su modelo autoritario y de seguridad.  Así como la compra de 34 nuevas propiedades por un valor cercano a los 10 millones de dólares, durante sus primeros cinco años de gobierno. Asimismo, denunció que el mandatario salvadoreño junto a su familia mantiene un entramado de corrupción nepótico, que se traduce en el uso de un cargo, ya sea en el sector público o en la empresa privada, para nombrar a familiares o amigos para determinados empleos o darles otros favores, sin importar el mérito para ocupar el cargo. En esta misma línea recordó que Bukele se reeligió como presidente violando la constitución de su país a nivel judicial. En un reciente pronunciamiento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alineado a la extrema derecha internacional, confirmó la detención masiva de ciudadanos venezolanos en El Salvador y criticó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestos «presos políticos» en el país, mientras él mismo enfrenta acusaciones de mantener el sistema carcelario más represivo de América Latina, en tal sentido, propuso un «acuerdo» para la repatriación de 252 venezolanos a cambio de personas procesadas por los actos de violencia posteriores al 28 de julio en Venezuela.

Telesur El politólogo argentino Atilio Borón presentó uno de los análisis más contundentes, calificando los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador, como «un milagro sin precedentes en la historia política mundial». Borón destaca una anomalía estadística ya que mientras Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, obtuvo prácticamente el mismo porcentaje en ambas vueltas electorales (44% en primera vuelta y 44,35% en el balotaje), Daniel Noboa incrementó su apoyo de 44,17% a 55,65%. «Estadísticamente hablando, la probabilidad de que un candidato obtenga un resultado casi idéntico en dos elecciones separadas es casi cero», afirma Borón, quien contrasta esta situación con otros balotajes recientes en América Latina, donde invariablemente ambos candidatos aumentan su caudal electoral en segunda vuelta. «Cancha inclinada» Por su parte, el sociólogo español radicado en Quito, Decio Machado, señaló diversos factores que habrían contribuido a crear condiciones desiguales durante la campaña. En una entrevista con Tiempo Argentino, Machado acusó a Noboa de aprovechar indebidamente su posición como presidente en ejercicio para utilizar «el patrimonio público y el erario público en favor de su campaña». Machado también denunció la parcialidad de instituciones supuestamente independientes que «jugaron plegadas a sus posiciones» dentro de un marco estratégico gubernamental, así como una distribución desigual de recursos económicos que habría resultado en una «cancha inclinada» que otorgó aproximadamente 1.200.000 votos de ventaja al oficialismo. Un factor adicional señalado por Machado es el «proceso de derechización» en la sociedad ecuatoriana, impulsado por el temor ante la creciente violencia en el país. Este clima ha generado una demanda social por «más control, más militarización, mano dura», creando un ambiente favorable para políticas conservadoras y un proceso de desmovilización social coincidente con la declaración gubernamental de «conflicto armado interno». Tensiones diplomáticas La controversia electoral obviamente trascendió las fronteras ecuatorianas, provocando tensiones diplomáticas con México. El editorial del diario mexicano La Jornada de este domingo destacó el desmentido de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respecto a las acusaciones del Gobierno ecuatoriano sobre un supuesto traslado de sicarios mexicanos para atentar contra Noboa, calificándolas como «inescrupulosa creación de narrativas» con fines políticos internos. «Democracia a la medida» del poder El investigador Lautaro Rivara profundiza el análisis cuestionando si Ecuador mantiene siquiera una democracia condicionada o si cruzó el umbral hacia un régimen autoritario. Rivara señala contradicciones matemáticas críticas en los resultados: de los votos nuevos disponibles para segunda vuelta, González habría captado apenas 150.000, mientras Noboa habría obtenido 1.3 millones. Más sorprendente aún, en distritos clave como Pichincha, Guayas, El Oro y Azuay, González habría perdido votos netos respecto a la primera vuelta, un fenómeno estadísticamente inusual en un escenario de alta polarización política. Otro dato revelador es que mientras en balotajes previos (2021 y 2023) el voto en blanco se redujo apenas entre un 7% y 12%, en esta ocasión disminuyó casi un 70%, una caída sin precedentes que añade interrogantes sobre la transparencia del proceso. Reacciones internacionales contradictorias El periodista venezolano Clodovaldo Hernández destaca las contradicciones en la respuesta internacional, particularmente la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien felicitó rápidamente a Noboa pese a las denuncias de fraude, contrastando con su posición crítica ante procesos electorales en otros países de la región.

Rusia Today El reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia sería «un gran error» que podría empujar a Israel a una acción unilateral, advirtió el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, en una entrevista concedida al diario británico The Daily Telegraph. «Perderán influencia regional, perjudicarán su posición. No crearán un Estado palestino con esta decisión ilusoria o imaginaria», declaró. También señaló que, aunque muchos países han reconocido a Palestina, eso no ha alterado la «realidad sobre el terreno». El canciller israelí alertó que el reconocimiento del Estado palestino «disminuirá las posibilidades de lograr la paz y la estabilidad en el futuro». Además, acusó a los ciudadanos palestinos de actuar en los foros multilaterales y en la escena internacional «para aislar y perjudicar a Israel, no para que haya paz». Entre otras cosas, reiteró que la medida francesa, lejos de acercar soluciones, puede provocar represalias por parte del país hebreo. Según el político, una decisión así «arrinconaría a Israel y le obligaría a tomar decisiones sobre pasos unilaterales por sí mismo». «Si alguien intenta prejuzgar el resultado de posibles negociaciones futuras, nosotros también podemos hacerlo», advirtió. Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia podría reconocer al Estado palestino «en junio» durante la conferencia de la ONU en Nueva York sobre la resolución del conflicto palestino-israelí. Después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, calificara el anuncio del líder galo como «un paso en la dirección correcta de acuerdo con la protección de los derechos del pueblo palestino y la solución de dos Estados», el canciller de Israel, Gideon Saar, rechazó el plan de Francia, calificando a Palestina como un Estado «ficticio».

Página 12 La Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha límite para presentar candidatos a legisladores nacionales para las elecciones del 26 de octubre, por lo que, si la Corte Suprema resolviera antes de esa fecha contra los intereses de la expresidenta Cristina Kirchner, peligraría su candidatura. La condena por corrupción contra CFK por la causa Vialidad ingresó al máximo tribunal, que solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para determinar si corresponde revisar o aumentar la pena de seis años de prisión contra la exmandataria. El pedido de la Corte busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, y en la que solicitó que se incremente la condena contra Fernández de Kirchner a doce años, al sumar el delito de asociación ilícita al de la condena por administración fraudulenta. La Cámara Federal de Casación había rechazado la presentación del fiscal y mantuvo la condena de Cristina solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante ese fallo, Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte, en un texto en el que definió de «arbitraria» la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una «decisión inválida». Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debatirán si dan lugar a la apertura de los recursos de queja directa. De confirmarse la condena, Fernández de Kirchner debería cumplir los seis años de prisión y quedaría imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos. Por su parte, la defensa de la titular del PJ presentó su propia queja para revertir la doble condena en su contra, sancionada por el Tribunal Oral 2 en 2022 y ratificada por la sala IV de la Cámara de Casación. Si el máximo tribunal decide declinar el recurso, la condena quedará firme y la ex presidenta, de 72 años de edad, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, aunque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos quedaría firme, lo que afectaría de manera directa el calendario electoral.

Prensa Latina Brasilia, 16 abril (Prensa Latina).- La ex primera dama de Perú Nadine Heredia llegó a la base aérea de esta capital, acompañada de su hijo menor de edad, después que Brasil les concediera asilo diplomático. Heredia arribó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, un día después de ser condenada a 15 años de prisión por lavado de dinero e ingresar a la Embajada de Brasil en Lima, para solicitar asilo y evitar la detención ordenada por el juez del caso. La presidenta peruana, Dina Boluarte, otorgó un salvoconducto para que ella pudiera salir de la misión diplomática y viajar a Brasil junto a su hijo. Su esposo, el expresidente Ollanta Humala, de 62 años, decidió quedarse en Perú y terminó detenido. La pareja fue condena por la justicia peruana a 15 años de prisión por lavado de dinero durante la campaña electoral de 2011. Según la cancillería, Heredia y su hijo realizarán los trámites necesarios de regulación migratoria en el gigante sudamericano. Los fondos ilícitos por la que Heredia y Humala fueron penados procedían supuestamente de la contratista brasileña Odebrecht, ahora llamada Novonor. El laudo emitido coronó más de tres años de audiencias contra Humala, electo presidente en 2011 y quien permaneció en el cargo hasta 2016.

Prensa Latina Lima, 16 abril (Prensa Latina).- La esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, ingresó ayer a la Embajada de Brasil en busca de asilo tras ser condenada a 15 años de prisión, al igual que su cónyuge, por lavado de activos. La entrada de Heredia a la sede diplomática fue confirmada en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido después de que ingresó a la embajada, informó el organismo peruano. “La señora Heredia ha solicitado asilo a dicho país, en concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual el Perú y el Brasil son parte, dice el texto oficial. Añade que “Ambos Gobiernos se encuentran en permanente comunicación sobre esta situación”. La ex primera dama no asistió a la audiencia, al igual que su hermano Elian, condenado a 12 años como coautor, pero sí se presentó su esposo, mientras ella informó a la corte que se recuperaba de una operación y solo participó por megaconferencia. Ollanta Humala fue detenido para su envío a la prisión exclusiva para ex altos funcionarios, que alberga a otros dos expresidentes, el neoliberal Alejandro Toledo, condenado a 20 años por corrupción, y el maestro rural Pedro Castillo, sometido a juicio por presunta rebelión y sobre quien pesa un pedido de 34 años de cárcel. Tras la audiencia final del juicio a los Humala y otros acusados, la Policía buscó en su casa a Nadine Heredia, pero no estaba y, bajo el asedio de decenas de periodistas, su madre, dijo la hija estaba en una clínica. Entretanto, Ulises Humala, hermano del exgobernante, rechazó la condena dictada contra su hermano y la calificó como injusta, porque los aportes a con fines electorales no eran entonces un delito. “Todos los partidos políticos recibían fondos en ese entonces y no existía una norma clara que penalizara tales ingresos si no eran reportados”, dijo.  Añadió que las campañas requieren millones de dólares y solo los aportes fueron prohibidos en 2017 y hasta entonces recibirlos y no declararlos no era delito. El actual Parlamento los legalizó y fijó límites para los fondos, entre los muchos cambios de la legislación y las normas electorales y estableció que no debe hacerse público.