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Telesur La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD) informó este domingo 16 de agosto que la atención inmediata se centra en garantizar suministros básicos para los sobrevivientes, más de 5.000 personas ubicadas en refugios temporales y polideportivos. Las autoridades señalaron la necesidad urgente de tiendas de campaña, alimentos, medicamentos, agua potable, mantas y generadores eléctricos. El desastre natural ha dejado un saldo preliminar de 47 personas fallecidas, cientos de heridos y severos daños materiales, mientras los equipos de rescate avanzan en las labores de búsqueda e inspección en la zona afectada. El sismo, registrado al noroeste de la ciudad de Ende, afectó gravemente a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. De acuerdo con el balance oficial de la BPBD, las afectaciones en la infraestructura incluyen, 914 Viviendas con daños graves, 126 con daños moderados y 317 con daños menores. Las autoridades informaron que en cuanto a las instalaciones públicas, más de un centenar de edificios afectados, entre los que se contabilizan 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 oficinas gubernamentales. Por su parte el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, expresó sus condolencias a las víctimas y familiares afectados por el sismo. En respuesta a la magnitud de la catástrofe, el Gobierno Provincial tramita la declaración del estado de emergencia por un período de 14 días para agilizar la movilización de recursos y la asistencia en la isla. Indonesia registró otro terremoto de 6.9 este sábado Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este sábado el norte de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, inglés). El temblor se produjo a las 17:54 (hora local, 10:54 GMT) a una profundidad de 183 kilómetros, cerca de la ciudad de Pematangsiantar, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales. Tampoco se ha activado la alerta de tsunami. Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas. Tiene forma de herradura, abarca las costas de América, Asia y Oceanía, pasando por países como Chile, Perú, México, Estados Unidos, Japón, Indonesia y Nueva Zelanda. Una de las catástrofes más mortíferas en el país tuvo lugar en 2004, cuando un fuerte terremoto en el norte de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el océano Índico.

Telesur El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado hasta ahora un saldo oficial de 294 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó en una actualización este sábado que la emergencia ha afectado a 115.461 personas en 448 municipios de 15 departamentos, con más de 54.000 familias damnificadas. Las consecuencias materiales sobre el parque habitacional son severas, registrándose 81.506 viviendas dañadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados en las zonas golpeadas por el movimiento telúrico. En el sector de la infraestructura pública y de servicios, el informe oficial reporta daños en 241 centros de salud y 2.612 centros educativos, al tiempo que 3.621 centros comunitarios presentan diversas afectaciones estructurales. La red de transporte y los servicios públicos sufren graves estragos, con 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares y cinco puentes peatonales afectados. El balance gubernamental incluye daños en cinco aeropuertos como consecuencia del potente evento sísmico del lunes. Las afectaciones se extienden al sector ambiental y de protección animal, con un registro oficial de 578 animales impactados por el sismo, de los cuales 188 habían sido rescatados por los equipos especializados hasta este sábado. Los organismos de emergencia mantienen desplegadas las labores de búsqueda y rescate, la atención integral a las comunidades damnificadas y los censos técnicos para consolidar la evaluación de los daños materiales generados por el sismo. Cadena solidaria popular recorre Colombia tras el terremoto Frente a la magnitud de la tragedia, la respuesta ciudadana se multiplica en el país sudamericano. En Bogotá operan al menos seis centros de acopio oficiales distribuidos por la ciudad, complementados por iniciativas espontáneas que van desde puntos improvisados en plena calle hasta instalaciones de gran envergadura como el estadio El Campín, donde miles de voluntarios forman a diario cadenas humanas para recibir, clasificar y empaquetar las donaciones. Los productos pasan de mano en mano mientras se organizan por categorías para facilitar su traslado. Agua, alimentos no perecederos, pañales, artículos de higiene, cobijas y otros insumos esenciales se acumulan en cajas que posteriormente emprenden el camino hacia las comunidades más afectadas en el centro, oeste y suroeste de Colombia. Las donaciones comenzaron a movilizarse desde distintas ciudades hacia los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, considerados entre los más golpeados por el sismo. En Quibdó, capital del Chocó, arribaron las primeras ayudas procedentes de varios puntos del país. En las calles de las ciudades afectadas, la solidaridad adquiere diversas formas: personas que entregan agua y alimentos a los rescatistas, grupos de amigos que viajan desde otras localidades para colaborar, voluntarios que ponen sus manos al servicio de las labores de emergencia y comerciantes locales que comparten sus productos con los socorristas. En Pereira, la solidaridad se refleja en la figura de Juan Pablo, un niño de 13 años que salió por iniciativa propia a remover escombros tras el terremoto y cuya imagen se difundió ampliamente en las redes sociales.

Prensa Latina Bogotá, 14 agosto (Prensa Latina).- El terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes deja hoy en Colombia un saldo lamentable de 281 fallecidos, tres mil 971 heridos, 379 desaparecidos y 45 mil familias afectadas, según datos divulgados por el Gobierno. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la emergencia ocasionó daños en 15 de los 32 departamentos del país y en 426 municipios, en decir, cerca del 40 por ciento de todo el territorio nacional. Se estima que más de 100 mil personas resultaron perjudicadas de manera directa por el impacto del movimiento telúrico. La entidad también actualizó las cifras de los principales daños en edificaciones e infraestructura. Hasta la fecha se reportan 65 mil 841 viviendas averiadas y 10 mil 677 viviendas destruidas, además del colapso de 172 edificios. Debido a la tragedia suman 236 los centros de salud afectados, dos mil 136 las instituciones educativas y mil 168 los centros comunitarios. Según la Ungrd, están dañadas 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares y 12 peatonales, así como cinco aeropuertos. Detalló el organismo que el departamento de Valle del Cauca concentra el mayor número de víctimas fatales con 148. A este le sigue Risaralda (104), Chocó (13), Caldas (seis) y uno en Quindío. El último parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió un total de 260 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, de los cuales se identificaron 246 víctimas, entre las que se encuentran 17 menores de edad. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales apuntó que los requerimientos identificados en las ciudades más afectadas tienen que ver con equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, plantas eléctricas para hospitales, sangre, agua potable, alimentos, carpas, colchonetas, insumos médicos y herramientas especializadas para la evaluación y remoción de estructuras. Las acciones prioritarias incluyen además la disposición de maquinaria pesada para la remoción segura de estructuras colapsadas y la verificación de la capacidad de hospitales, albergues temporales y servicios esenciales como agua, energía y gas, actualmente muy deficientes, sobre todo en Chocó.

Página 12 La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) pidió la cárcel para el presidente Javier Milei luego de denunciarlo penalmente por el desvío de fondos que debían destinarse al arreglo de rutas pero terminaron, según ella, comprando voluntades en el Congreso. En declaraciones a Radio 750, la diputada —exintegrante de La Libertad Avanza— dio detalles acerca de la denuncia contra altos mandos del gobierno libertario por el presunto desvío de fondos públicos que debían destinarse a mantener rutas nacionales. Según Pagano, la Justicia debería recorrer un camino judicial “como mínimo similar” al que tuvo la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner está presa y proscripta. “La denuncia recayó en el juzgado federal Nº10, que maneja (Julián) Ercolini, que tuvo la causa Vialidad, impulsada por Javier Iguacel, y donde se estudian estos mismos fondos viales y quien instruye la condena para Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, dijo Pagano. “La doctora Fernández de Kirchner hoy tiene una tobillera y una proscripción devenida de esta causa”, agregó Pagano. Según la diputada, “es importante resaltar esto”, porque “si el destino nos acompaña será este juez el que debe evaluar –y yo apuesto a una condena– al presidente Milei por las mismas maniobras sobre el uso discrecional, según él mismo sentando jurisprudencia, por los fondos viales”. En otras palabras, recordó que el juez Julián Ercolini “decía que eran demasiados fondos para las provincias” en las que, presuntamente, el Gobierno tenía negocios particulares. Y añadió: “Si nos jactamos solamente del dinero recibido, ahí ya tenemos discrecionalidad”. Para reforzar esta idea, dijo que estudió que al comienzo del gobierno de Milei “los fondos estuvieron más de un semestre congelados”. “Desde que asumió Milei esos fondos no se tocaron. Y eso ya de por sí nos marca que empezaron sabiendo lo que tenían entre manos y no lo tocaron”. ¿Hasta cuándo? Pagano explicó: “Hasta que lo necesitaron políticamente, cuando entra la discusión de la Ley Bases. La segunda, después del primer verano. Cuando los votos se le ponen complicados en el recinto del senado, que logran ese empate y desempata la vicepresidenta”. Esto, dijo, se ve de manera evidente: “Lo hacen liberando los fondos para que aliados les presten los votos. Esto fue en 2024. De ahí en adelante, tres días antes y posteriores a las votaciones, tanto en Diputados como en el Senado, cuando el Gobierno necesitaba el apoyo de gobernadores liberaba esos fondos”. Según explicó en la denuncia, en esos días se multiplicó hasta un 300 por ciento el envío de fondos. “Cuando se establecen las negociaciones por los votos. Y no para todas las provincias, sino únicamente para los que levantan la mano en positivo para las iniciativas de Milei”, dijo. Por eso, señaló que también se debe revisar la votación de ciertas leyes: “Eso se tiene que investigar. Yo lo vendo denunciando que el Congreso se convirtió en una escribanía del poder. Y eso por los facilitadores”. “Una cosa son los diputados del propio partido, que no por eso deben levantar la mano como ovejitas. Pero más allá de eso, las leyes siempre salieron por los aliados. Fue muy llamativo el giro ideológico de diputados y senadores que –yo los escuche– casi votan pidiendo disculpas”, recordó. “Como pasó con la reforma laboral, porque dicen que no se debería votar, pero dicen que el contexto los lleva. Y ahí se entiende. Los arrastra el dinero. Es un delito”, enfatizó.

Telesur Sectores de la sociedad peruana rechazaron la excarcelación de ocho militares que cumplían prisión preventiva por el presunto delito de homicidio calificado contra cinco jóvenes, a quienes asesinaron el 25 de abril pasado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica (sur). Las víctimas eran cuatro peruanos y un colombiano, todos vinculados a actividades deportivas o culturales. Fueron privados de la vida en una zona perteneciente al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).  Los uniformados estaban presos desde junio, cuando la Fiscalía les inició investigación por uso excesivo de la fuerza y homicidio mientras se encontraban en un retén. Inicialmente declararon que dispararon al auto en que viajaban los jóvenes asesinados tras la supuesta negativa a detenerse y la sospecha de que trasladaban drogas. Las primeras indagaciones negaron esa versión, pues en el auto no se hallaron armas de fuego ni narcóticos. Tras un fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Junín, el Ministerio Público les permitió seguir la indagación en libertad, por lo que el 7 de agosto pasado salieron del penal de Huancayo, en los Andes. En declaraciones a Telesur, el secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, exigió que la investigación de un crimen de esa magnitud se realice mediante un procedimiento más acelerado y estricto, que permita depurar responsabilidades entre los integrantes de esta patrulla del Ejército. Para expertos, se trata de un hecho grave, pues los militares dispararon de manera injustificada y no se hallaron indicios de actividad criminal. A juicio de la senadora de Ahora Nación (centroizquierda), Mirtha Vásquez, «la prisión preventiva estaba bien justificada», pues los militares alteraron pruebas de la escena donde sucedieron los hechos, sembraron un testimonio falso y han obstaculizado la justicia. Alertó sobre la posibilidad de que ahora, en libertad, puedan evadir la acción penal. La oposición exige coherencia al fujimorismo: por un lado el expresidente interino del Congreso, hoy senador Fernando Rospigliosi, promueve leyes que favorecen la impunidad de policías y militares, mientras por otro su lideresa, la mandataria Keiko Fujimori, dice que respetará el sistema de justicia. En opinión de Jaime Quito, senador de Juntos por el Perú (izquierda), la única acción que corresponde es hacer justicia con las familias y ofrecer una respuesta clara a la ciudadanía sobre cómo operan las FF.AA. y cómo realmente hacen frente al narcotráfico. Rechazó las insinuaciones de Rospigliosi sobre una presunta politización del caso y se opuso a cualquier intento de distraer la atención sobre graves violaciones cometidas para impedir la acción judicial. Otros expertos consultados consideran que lo ocurrido es una señal de impunidad promovida por el fujimorismo, que busca flexibilizar las sanciones a los malos militares involucrados en graves delitos contra la vida. También estamos demandando desde un primer momento que los testigos sean protegidos. Están expuestos. Los propios militares que participaron en este crimen deben someterse a alguna medida de precaución para evitar la fuga de algunos de ellos, añadió Germán Vargas. Los entrevistados coinciden en señalar que todas las leyes proimpunidad y procrimen han de ser derogadas por el Congreso bicameral y que el asesinato de estos cinco jóvenes no puede quedar impune. Familiares y allegados de los jóvenes asesinados exigen una investigación imparcial y justicia, rechazando las acusaciones que los vinculan con actividades ilícitas en la mayor cuenca cocalera del país. Mientras avanzan las diligencias, pobladores de Tayacaja organizaron jornadas de protesta y bloqueo de vías para demandar transparencia en el informe final de las autoridades.

Telesur El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva dirigida a reformar el sistema de vacunación infantil en el país. El decreto reduce de manera directa a 11 las vacunas básicas recomendadas en los primeros años de vida y pide separar la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres dosis independientes para administrarlas en visitas médicas separadas. La medida, de gran alcance, reestructura el calendario nacional dividiéndolo en tres categorías e insta al Departamento de Salud y Servicios Humanos a intensificar la investigación sobre inmunizaciones. El nuevo esquema recomendado limita la vacunación general a las dosis contra sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, infección por Hib, enfermedad neumocócica, VPH y varicela. Bajo los lineamientos firmados en el Despacho Oval, los anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio (VSR) y las vacunas contra hepatitis A, hepatitis B, meningitis B, meningitis ACWY y dengue quedan recomendados únicamente para poblaciones de alto riesgo. Las dosis contra rotavirus, enfermedad meningocócica, gripe y covid-19 pasarán a un modelo de decisión compartida entre los padres y los médicos. La potestad para exigir inmunizaciones escolares se mantiene bajo la autoridad de cada uno de los estados y no del gobierno federal. La iniciativa retoma los planes iniciados en enero por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.,quien ha impulsado la eliminación de recomendaciones universales alegando un vínculo entre vacunas y autismo que la comunidad científica ha desmentido exhaustivamente. Durante la ceremonia de firma, Trump declaró: «Con efecto inmediato, mi administración reconoce las recomendaciones de referencia en materia de vacunación infantil, que se limitan a sólo 11 vacunas básicas contra las enfermedades más graves y peligrosas, junto con la vacuna triple vírica (MMR), que esperamos que se divida en dosis separadas». Agregó que «Estados Unidos ha recomendado más vacunas infantiles que cualquier otro país comparable, e incluso el doble de dosis que algunos países europeos», enfatizando que se busca administrar menos vacunas en múltiples visitas al médico. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, señaló a The Associated Press que la separación de las vacunas brindará mayores opciones a las familias, argumentando que «el presidente Trump es uno de los innumerables padres que han expresado preguntas e inquietudes sobre la vacuna MMR combinada» y que esta medida aumentará la confianza y las tasas de inmunización. Sin embargo, la Casa Blanca no aportó evidencias científicas. Grupos médicos y expertos en salud pública advirtieron que esta política fragmentada contraviene el consenso científico, incrementa el riesgo de que los niños contraigan enfermedades prevenibles antes de completar el esquema y obstaculiza el cumplimiento del calendario antes de los dos años de edad. Asesores políticos de la administración habían advertido que impulsar estas reformas resulta impopular frente a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. En la misma jornada oficial, Trump tomó juramento a su exabogado personal, Todd Blanche, como fiscal general tras su confirmación en el Senado el sábado. La designación generó cuestionamientos de congresistas republicanos y demócratas respecto a la independencia del Departamento de Justicia frente al Ejecutivo. En el ámbito electoral, candidatos progresistas al Senado en Minnesota y a la Gobernación de Wisconsin intensifican sus campañas de cara a los comicios del martes.

DW Actualidad La alcaldía del municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima, centro de Colombia, fue atacada este domingo (09.08.2026) con drones y disparos, sin dejar víctimas por no ser un día laborable, informó la gobernadora regional, Adriana Magali Matiz. «En este momento lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación», afirmó Matiz en su cuenta de X. La gobernadora detalló que el ataque causó una «profunda preocupación» en la población y apuntó a grupos armados ilegales como responsables ya que en esa zona operan las disidencias de las FARC. «Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía», dijo Matiz. En un video publicado por la gobernadora se ve el humo que sale de una de las fachadas de la alcaldía, mientras que en otros se escuchan algunos disparos al aire. «Rioblanco necesita en este momento toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de sus habitantes», sostuvo la gobernadora.  Escalada de violencia Colombia vive una escalada de violencia y ataques con explosivos que comenzaron la víspera en varias partes del país, y dejaron un policía muerto, un día después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. La Defensoría del Pueblo pidió este domingo prevenir estos atentados y puntualizó que entre el viernes y el sábado hubo «ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos» en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. El hecho más grave tuvo lugar en San Roque, en el departamento de Cesar (noreste), donde fue atacado el puesto policial de esa localidad con explosivos lanzados desde drones, lo que causó la muerte al subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años de edad, 18 de ellos en la Policía.

Rusia Today Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron este sábado nuevos ataques contra la infraestructura portuaria y los buques ucranianos que prestan servicio a las tropas del régimen de Kiev, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. A lo largo del día, armas aéreas de alta precisión y drones de ataque alcanzaron: Los ataques rusos contra la infraestructura portuaria se han intensificado en el contexto de los ataques regulares de Kiev contra objetivos civiles en Rusia. Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas.

Telesur El Servicio Penitenciario de Israel incrementó de forma alarmante el uso de la detención administrativa contra niños y menores de edad palestinos. Datos oficiales revelan que el número de adolescentes privados de libertad sin acusación formal casi se duplicó en el último año, pasando de 103 a 191 casos registrados en las prisiones militares. Este mecanismo judicial permite al ejército israelí encarcelar a la población civil por periodos renovables de seis meses basándose en evidencias secretas e inaccesibles para la defensa. Múltiples organizaciones defensoras de la infancia denuncian que los jóvenes permanecen retenidos en condiciones extremas y expuestos a tratos crueles, inhumanos y degradantes de forma sistemática. La proporción de menores palestinos bajo esta modalidad de reclusión pasó de representar el 30 por ciento al 50 por ciento del total de niños apresados. Asimismo, el número de adolescentes retenidos por más de un año se multiplicó drásticamente, evidenciando el recrudecimiento de las medidas punitivas contra la juventud de las zonas ocupadas. Paralelamente, el Ministerio de Defensa prohibió la aplicación de estas órdenes de detención contra los colonos extremistas que cometen actos de violencia contra familias palestinas. Mientras las autoridades judiciales eximen de responsabilidad a los colonos, miles de ciudadanos palestinos permanecen encarcelados en centros penitenciarios caracterizados por graves denuncias de tortura. Movimientos sociales e instituciones internacionales señalan que la impunidad garantizada a los grupos de colonos fomenta un aumento progresivo de los ataques y despojos territoriales en la Cisjordania ocupada. Colectivos de derechos humanos advierten que la doble vara judicial busca consolidar la ocupación e intimidar a la población trabajadora que resiste el sometimiento colonial. Las organizaciones populares ratifican su solidaridad con las familias de los prisioneros y demandan sanciones concretas frente a las violaciones sistemáticas de las normas universales de protección infantil.