Telesur El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recurrir este viernes al recurso de una orden ejecutiva y la declaración de una amenaza para imponer nuevas medidas coercitivas ilegales contra Cuba, que ya sufre desde finales de enero un bloqueo energético decretado con el mismo método. Las nuevas «sanciones», además de ir dirigidas a más entidades y personas en Cuba, especialmente en sectores claves como energía, minería y servicios financieros, apuntan contra cualquier persona o entidad «extranjera o estadounidense» que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas a la isla, lo cual evidencia una vez más el carácter no solo extraterritorial, sino ilegal de la política estadounidense. Según el decreto, cualquier persona, empresa u organización financiera que opere o haga negocios con entidades cubanas «sancionadas» sufrirá el bloqueo total de sus activos en EE.UU. A la par, si un banco de otro país facilita una «transacción significativa» para alguna entidad sancionada en Cuba, se expondrá al cierre de sus cuentas en Wall Street o a la prohibición de operar en dólares. En la orden ejecutiva de este viernes, que entra en vigor de inmediato, Trump repite la calificación de Cuba como «amenaza», ya empleada el 29 de enero para justificar el bloqueo la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a la nación caribeña, lo que derivó en un bloqueo energético de facto. Según el mandatario, «las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (…) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos». Agrega que esas prácticas y acciones están «diseñadas para perjudicar a los Estados Unidos». Trump, que al inicio de su segundo mandato decretó la reinserción de Cuba en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, también sin evidencias, vuelve en este decreto a emplear argumentos como la amenaza de Cuba a la seguridad nacional de EE.UU., llegando a hablar de modo general, sin mayores detalles, del «apoyo» de la isla «a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses». Cuba ha negado reiteradamente que sea una amenaza para Estados Unidos o que, como alega Trump para justificar sus medidas, «alberga instalaciones adversarias extranjeras centradas en atacar y explotar información sensible de seguridad nacional procedente de Estados Unidos» y que mantiene estrechos lazos con el terrorismo. Todas esas matrices no solo han sido desmentidas por La Habana, sino por organizaciones internacionales, incluida la ONU, y Gobiernos que, en contraste, han advertido permanentemente sobre las consecuencias humanitarias del bloqueo estadounidense y su carácter violatorio del derecho internacional. A ojos del derecho internacional y las prácticas del derecho internacional consuetudinario, las llamadas «sanciones», que en concreto son medidas coercitivas unilaterales y, como en el caso de Cuba, extraterritoriales, contravienen los principios de la Carta de Naciones Unidas y son ilegales. Expertos y organizaciones internacionales señalan que afectan a la población civil, constituyen castigo colectivo y violan derechos humanos de las poblaciones afectadas y principios del derecho internacional humanitario. Durante la nueva escalada de Trump en su política de asfixia económica, financiera, comercial y energética contra Cuba, que contempla también constantes amenazas de intervención militar, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha acusado a Washington de «fabricar pretextos con argumentos débiles y falaces». Este viernes, Rodríguez Parrilla dijo en X que «no es casualidad que estas medidas se anunciaran el 1 de mayo, el mismo día en que millones de cubanos salen a las calles para denunciar el bloqueo estadounidense y el asedio energético», y agregó que «mientras el Gobierno estadounidense reprime a su propio pueblo en las calles, busca castigar al nuestro». Días atrás, rechazando los argumentos y medidas de la Administración Trump contra la isla, el ministro de Exteriores recalcó que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni ningún otro país. «Cuba es un país pacífico que no agrede a otros, no permite que su territorio se use contra otros y tiene un historial limpio contra el terrorismo, el crimen internacional organizado y la violencia«, escribió Rodríguez Parrilla en sus redes sociales. A finales de 2025, Alena Douhan, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, declaró que las acciones unilaterales de Estados Unidos en contra de Cuba son ilegítimas y perjudican los derechos humanos de la población cubana, particularmente los de los sectores más desprotegidos.
