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Denuncian ante la CIDH descargas eléctricas contra presos en las cárceles de El Salvador

Página 12 Choques eléctricos, palizas, rociamientos con gas pimienta, asfixias por sumersión y hasta colgaduras de los cuerpos de sus extremidades. Así se tortura en las cárceles de El Salvador desde que entró en vigencia el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, según la denuncia que diferentes organizaciones sociales presentaron esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por. David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y abogado de la organización Cristosal, expuso que hasta el momento han registrado 454 muertes dentro de las prisiones. Entre los fallecidos hay 33 mujeres, tres niñas y un niño. El 78 % de la víctima no tenía ningún vínculo con las pandillas y en los reportes de muertes podría haber encubrimiento del Instituto de Medicina Legal, ya que las autopsias dicen que estas personas murieron por causas como edemas pulmonares o cerebrales, pese a que los cuerpos presentan traumas, expuso Morales. “Comprobamos la práctica de la tortura antes y después de las capturas”, precisó, y por lo tanto, se tratan de “ejecuciones extraduciales”, continuó. Esta audiencia, donde también las organizaciones denunciaron la pasividad del Estado salvadoreño frente a estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, ocurrió una semana después de que Bukele anunciara que su gobierno tiene un plan para liberar anticipadamente a miles de personas detenidas por colaborar con pandillas, una decisión criticada por diferentes sectores porque estas liberaciones son competencia de los jueces, no del Ejecutivo. Bajo el régimen de excepción, que Bukele implementó en marzo de 2022, han sido detenidos más de 93 mil salvadoreños, algunos casos han sido denunciados como2 detenciones arbitrarias. Una muestra de detenidos analizada en 2024 por Cristosal, por ejemplo, plantea que la mayoría fue detenido de forma fraudulenta”, y luego fueron acusados de pertenecer a pandillas. El 13 de octubre, ante cuestionamientos de una periodista sobre una supuesta comisión que analiza la libertad de los detenidos y que está conformada por uno de los hermanos de Bukele, el presidente habló de la existencia de este plan de liberación y, por primera vez en años, dijo que le gustaría derogar el régimen de excepción. Sin embargo, las repercusiones de este anuncio fueron tales que, tres días después, durante la visita de su par costarricense, Laura Fernández Delgado, dedicó 18 minutos de una conferencia a tratar de “aclarar” dicho plan. “Lo que dije fue que íbamos a revisar el 50 %, aproximadamente, pueden ser 45, 55, de los casos de los están presos por ser colaboradores de pandillas, no de los pandilleros. Incluso, hay gente que tergiversó el término ‘colaborador’. Entonces, dije: ‘Se lo vamos a explicar con dibujitos, para que no haya duda, y traje dibujos”, ironizó Bukele, al tiempo que, desde una pantalla, presentó estadísticas sobre la población carcelaria salvadoreña, datos que hasta entonces solo conocía la administración bukelista. En esa conferencia el mandatario dijo que las cárceles salvadoreñas alojan a 120,965 reos y que 96,457 están vinculados a pandillas. De esta última cifra, agregó, 10,629 han sido categorizados como “colaboradores”, lo que para el gobierno significa que no pertenecen directamente a pandillas, pero ayudaron en ciertas circunstancias a cometer o encubrir los delitos de los grupos criminales. Sobre ellos, dijo, su gobierno analiza una revisión de casos para que ingresen a un programa de reinserción y que no cumplan una pena completa por sus delitos. Un criterio vago El Estado salvadoreño está cooptado por Bukele. El mandatario llegó por el voto popular a la presidencia en 2019, dos años después su partido obtuvo los primeros diputados en el Congreso, quienes, en alianza con otros, destituyeron al Tribunal Constitucional y al Fiscal General que investigaba negociaciones de su gobierno con pandillas, para luego instalar en estos cargos a persona afines al oficialismo. En 2024, tras una reforma constitucional, Bukele fue reelegido y bajo otra enmienda constitucional también buscará nuevamente la reelección el próximo año. “La línea entre quién es considerado pandillero que debe permanecer en la cárcel y el ‘colaborador’ que puede salir está siendo definida por el mismo Ejecutivo. Es difícil valorar este proceso solo a partir de declaraciones del presidente, pero si lo que existe es una comisión con personas cercanas a él, no hay garantías de independencia y rigurosidad”, señala, a Página/ 12, Abraham Ábrego, director legal de la organización Cristosal. Para Ábrego, no está claro cuál sería la condición jurídica de las personas liberadas, porque para que puedan acceder a la libertad deben haber cumplido parte de una pena y esto lo decide solo un juez. Además, en el informe que un grupo de juristas internacionales especializados en investigar violaciones a derechos humanos presentó en diferentes instancias, como las Naciones Unidas, señalando que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción, se recomienda que debe crearse un mecanismo independiente al Ejecutivo que revise los casos de los detenidos. “La lógica de Bukele, es distinta, las personas tienen que aceptar ser culpables, aunque no lo sean, para poder gozar de un beneficio. Esto crea un incentivo perverso. Una persona detenida injustamente, sin juicio y con un horizonte de años de prisión, puede preferir aceptar una culpa que no tiene a cambio de entrar un programa de reinserción y ‘salir más rápido’”, plantea el abogado. El régimen de excepción ha permitido modificar la legislación salvadoreña en los últimos años. Así se aprobó la cadena perpetua, que aplica a partir de los menores de 12 años; aumentaron las penas para los delitos relacionados con pandillas, la ley permite los juicios masivos sin individualizar las acusaciones y deja a los imputados sin el pleno derecho de la defensa. A mediados del año pasado, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas arrojó que, de 10 salvadoreños, seis temen represalias si critican al gobierno. El juez Bukele “Habría que esperar a ver si, con estas declaraciones, existen reformas legales, pero lo veo de manera escéptica, porque existe una represión absoluta en el país, con un gran

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España decreta tres días de luto nacional tras la tragedia ferroviaria en Toledo

Telesur El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la declaración de tres días de luto oficial en todo el territorio nacional a raíz del mortífero desastre ferroviario registrado en la provincia de Toledo, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La medida institucional regirá durante las jornadas del 29, 30 y 31 de octubre de 2026 en memoria de las víctimas provocadas por la colisión entre dos unidades de transporte de pasajeros. El siniestro se produjo a las 8:54 hora local cuando una formación del tren de alta velocidad AVE, gestionado por la empresa estatal Renfe, embistió por la parte posterior a un convoy de la compañía privada Iryo que se encontraba detenido sobre la vía en las proximidades del municipio de Urda, lo que ocasionó el descarrilamiento de los dos vagones traseros de este último y la precipitación de varias unidades por un barranco. Ante la gravedad de los hechos, Sánchez transmitió toda la solidaridad y empatía con las familias de los fallecidos y con los heridos que permanecen ingresados en los centros hospitalarios, manifestando el deseo del Ejecutivo por su pronta recuperación. Parálisis institucional y duelo por las víctimas del sistema ferroviario La decisión de decretar el duelo nacional implica la bandera a media asta en todos los edificios públicos e instalaciones militares del país durante tres días consecutivos. Asimismo, las autoridades gubernamentales y autonómicas mantienen suspendidas sus actividades oficiales mientras avanzan los trabajos de los equipos de emergencia en la zona del impacto y se desarrollan las investigaciones técnicas para esclarecer los fallos de señalización y seguridad en la red de alta velocidad. La cifra de fallecidos a causa de la colisión ferroviaria en el municipio de Urda, provincia de Toledo, aumentó a 68 personas, según lo verificado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En el instante del impacto viajaban 544 pasajeros entre ambos transportes 397 en el AVE y 147 en el Iryo, incluyendo un bebé, lo que motivó el despliegue de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias junto al Equipo de Grandes Catástrofes de la Guardia Civil para labores de rescate y localización de cuerpos. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI cancelaron sus compromisos oficiales tras comunicarse sobre el evento. Sánchez viajó a la provincia de Toledo para evaluar las acciones en el sitio del suceso, en tanto que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acudió a la estación de Atocha en Madrid para revisar la señalización y analizar los factores del impacto. Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, suspendió sus actividades e integró los recursos sanitarios del Estado con las administraciones regionales de Madrid y Castilla-La Mancha para socorrer a las víctimas. El desastre en Urda ocurre tras el antecedente registrado en el mes de enero de 2026 en la ruta Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz, Córdoba, donde una unidad de la empresa Iryo procedente de la capital descarriló e impactó contra otro tren que cubría el trayecto Huelva-Madrid. Aquel evento dejó un balance de 39 muertos y más de 100 heridos hospitalizados, de los cuales 11 requirieron cuidados intensivos en estado de gravedad. Las indagaciones iniciales de aquel caso de enero no determinaron causas inmediatas, puesto que la vía ferroviaria había sido renovada recientemente y el primer tren superó su revisión técnica cuatro días antes del choque a una velocidad de entre 200 y 210 kilómetros por hora, aspecto que llevó al ministro Óscar Puente a catalogar la colisión como un hecho muy raro. Dichos acontecimientos derivaron en la interrupción temporal del servicio ferroviario hacia el sur del país y la cancelación masiva de pasajes en la terminal de Atocha mientras se realizaban las pericias correspondientes.

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Respaldo mayoritario en la ONU al cese del bloqueo a Cuba

Telesur Diversos países y bloques internacionales manifestaron este martes 27 de octubre su rechazo al recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la jornada de debate sobre el proyecto de resolución presentado por la isla caribeña, las delegaciones participantes denunciaron las  secuelas humanitarias y el impacto socioeconómico que generan estas medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que instaron a respetar la soberanía y los principios del derecho internacional. En representación del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), la delegación de Uganda denunció el recrudecimiento del cerco estadounidense, subrayando su carácter extraterritorial y sus consecuencias en sectores vitales como la salud, la educación, la agricultura y el suministro eléctrico. Mnoal alertó sobre el impacto de la interrupción del flujo de combustible, la desatención de transferencias bancarias internacionales y las trabas logísticas para la entrega de ayuda humanitaria. Asimismo, desestimó que la nación antillana represente una amenaza a la paz, reconoció su labor médica internacional y solicitó su retiro de la lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo. Por su parte, Argelia, a través de su embajador Amar Bendjama, reafirmó su apoyo a la resolución cubana y coincidió con las posturas del Grupo Africano, el Mnoal y el Grupo de los 77 más China. El representante argelino enfatizó que el bloqueo obstaculiza el desarrollo sostenible de la isla y socava la Carta de las Naciones Unidas. De igual forma, abogó por la diplomacia, el diálogo y la resolución pacífica de controversias como la única vía para garantizar la estabilidad y prevenir el incremento de tensiones en América Latina y el Caribe. Desde el sudeste asiático, Laos adelantó que votará a favor de la propuesta de la isla caribeña. El representante permanente laosiano, Thongphane Savanphet, condenó el cerco de más de 60 años y advirtió que la reciente crisis energética vulnera el derecho del pueblo cubano a la autodeterminación Laos instó a poner fin a las medidas unilaterales contra los Estados y reiteró que el respeto mutuo debe prevalecer sobre la interferencia externa para resolver los diferendos diplomáticos. En la misma línea de respalda al Gobierno y pueblo cubano, el representante de Angola, Francisco José da Cruz, recordó la deuda histórica y los lazos de solidaridad que unen a su país con Cuba. El diplomático calificó la política de sanciones como una medida injusta e inhumana que atenta contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De la Cruz instó a Washington y La Habana a retomar un intercambio político directo y constructivo orientado a la normalización de sus relaciones bilaterales a través del diálogo diplomático. Etiopía también sumó su voz de rechazo al alertar que la extraterritorialidad de las sanciones afecta la participación de Cuba en la economía internacional y restringe su capacidad para dar respuesta a desafíos globales como el cambio climático. La representación etíope exhortó a la comunidad internacional a revisar estas medidas y exigió el levantamiento de las restricciones que impiden el acceso de la población cubana a insumos y servicios esenciales. Chile también manifestó su postura en el plenario rechazando las medidas económicas unilaterales por considerar que la adopción de sanciones coercitivas solo corresponde al Consejo de Seguridad y que estas terminan afectando a la población civil más vulnerable. No obstante, el representante chileno atribuyó las dificultades de la sociedad cubana a supuestas restricciones internas de libertades, distanciándose del enfoque del resto de los países intervinientes. Como ocurre habitualmente desde 1992, los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU están convocados entre este martes y el miércoles 28 de octubre a debatir el proyecto de resolución que exige a Washington poner fin al bloqueo contra Cuba. El documento, titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», cuenta históricamente con un respaldo casi unánime, alcanzando en ocasiones hasta 189 votos a favor. En la votación del año pasado, el texto fue respaldado por 165 países, mientras que 12 se abstuvieron y solo 7 votaron en contra: Estados Unidos., Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.

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Pese a chantajes, Cuba espera nuevo triunfo contra el bloqueo en ONU

Prensa Latina Nueva York, 26 octubre (Prensa Latina).- Cuba no es una amenaza, el bloqueo impuesto por Estados Unidos sí; y frente al chantaje y la prepotencia, la comunidad internacional volverá a elegir la verdad, dignidad y solidaridad internacional, afirmó el embajador Ernesto Soberón. El representante permanente de Cuba ante la ONU expresó a Prensa Latina que el 27 y 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) volverá a su examen anual de la resolución cubana que reclama el fin de ese cerco unilateral. Cuba llega a la AGNU con la legitimidad de una demanda justa, sostenida durante décadas y con un amplio respaldo internacional, dijo el diplomático, quien sostuvo que defenderán “con ejemplos irrefutables los cuantiosos y dolorosos daños que provoca el bloqueo en el pueblo cubano”. Este año -advirtió-, la votación tendrá lugar en un contexto especialmente grave, marcado por el reforzamiento sin precedentes de la política de castigo colectivo contra Cuba, incluyendo un cerco energético y sanciones secundarias a terceros países. A este escenario “se añade una ofensiva sin precedentes del Departamento de Estado, la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (USUN) y las Embajadas estadounidenses alrededor del mundo para intentar alterar la voluntad soberana de los Estados miembros y debilitar los tradicionales niveles de apoyo alcanzados por nuestra resolución”, acotó. Enfatizó que “en un año donde los graves efectos del bloqueo son imposibles de ocultar, el Gobierno estadounidense ha desplegado intensas gestiones diplomáticas, incluidas presiones directas del secretario de Estado, amenazas de sanciones y posibles represalias económicas y políticas contra países de todo el mundo”. “Ello se ha complementado -subrayó- con un accionar diplomático ofensivo del Embajador estadounidense ante las Naciones Unidas Mike Waltz y su equipo de politiqueros, quienes en su afán de desviar la atención sobre el abrumador rechazo que genera el bloqueo a nivel internacional, organizaron un mendaz evento de marcado perfil anticubano en la sede de las Naciones Unidas el pasado 19 de octubre”. Recordó que “en su afán de atacar a Cuba, Estados Unidos llevó a Naciones Unidas a criminales comunes y a un sujeto incluido en la lista cubana de individuos y entidades buscados por sus actividades terroristas, en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad”. El embajador cubano alertó que el objetivo de Washington es conseguir que países que históricamente han rechazado el bloqueo por su carácter violatorio del derecho internacional, cambien ahora su voto, se abstengan o incluso se ausenten de la votación. «Intentan cambiar posiciones históricas a punta de pistola», dijo. “Es tal el temor en los círculos cercanos al Secretario de Estado, que el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, ha puesto en marcha una campaña políticamente motivada en redes sociales que pretende demeritar y desacreditar los logros de la Revolución”, puntualizó. Agregó que todo forma parte del afán incumplido de decenas de administraciones estadounidenses de provocar un cambio de sistema político, económico y social en Cuba. “Este vergonzoso accionar pone al descubierto la paradoja de quienes pretenden erigirse en supuestos defensores del orden internacional, mientras recurren al chantaje, el acoso y la intimidación para imponer sus intereses de dominación sobre Cuba”, insistió Soberón al vaticinar una nueva derrota para Estados Unidos. El debate que ocurrirá en la sede la ONU, aquí en Nueva York, martes y miércoles, “trascenderá el nivel de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, al tratarse de un tema de interés para la Asamblea General, incluido en su agenda por más de 30 años, que concita altos niveles de participación y amplia representatividad regional”, dijo. Además, estará “en juego -opinó- el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la libertad de comercio y navegación, la no injerencia y la vigencia y relevancia de la Carta de las Naciones Unidas”. La dimensión humana de esta agresión continua de los Estados Unidos no puede ocultarse, indicó el representante del país caribeño ante el organismo multilateral. “Los prolongados apagones, las dificultades para acceder a medicamentos, alimentos y agua potable, y las afectaciones a los servicios de salud evidencian el impacto de una política genocida que castiga a toda la población”, afirmó. “No existe ni un solo ámbito de la vida cotidiana de los cubanos que no se vea afectado por los efectos del bloqueo. El bloqueo viola los derechos humanos de todos los cubanos, afecta el desarrollo nacional y pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por Cuba, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, expresó el embajador. “Frente a esta realidad y a las reiteradas y peligrosas amenazas del presidente de los Estados Unidos y su Secretario de Estado de usar la fuerza contra nuestro país, Cuba reafirma su condición de país de paz, comprometido con la independencia, la soberanía y la solución pacífica de las controversias”, sentenció. El pasado año, la votación sobre la resolución cubana “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” -que se realizó por trigésimo tercera ocasión- se adoptó por 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

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Iran lanza dura advertencia a Alemania si entra en el conflicto military

RT Irán lanzó este 25 de octubre una dura advertencia a Alemania ante el aumento de los esfuerzos antiiraníes de Berlín, según informó el corresponsal de seguridad y defensa de la agencia Fars. Teherán advirtió que si el país europeo entra abiertamente en una disputa militar contra la República Islámica, «todas las bases y centros relacionados con Alemania en toda la región serán considerados objetivos legítimos«, detalló el medio. De acuerdo con la información obtenida, la nación persa también advirtió a Berlín que «pare de acosar y hostigar» a los ciudadanos iraníes que residen en territorio alemán bajo acusaciones que considera infundadas. Irán ya ha advertido anteriormente que la ayuda prestada por varios países europeos a las operaciones estadounidenses no quedaría reducida a un respaldo político, sino que implicaría también responsabilidad directa por facilitar bases, infraestructura y territorio para la ofensiva.

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Trasladan a excandidata presidencial de Ecuador Luisa Gonzáles a la cárcel de Riobamba

Telesur Un fuerte contingente integrado por efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas llegó pasadas las 21:00 horas (hora local) de este viernes 23 de octubre a las afueras del Centro de Privación de Libertad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. El operativo trasladó a la excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, luego de que el juez Henrry Navarrete dictara en su contra la medida de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos dentro del denominado “Caso Laberinto”. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido la confirmación oficial del ingreso efectivo de González al centro de reclusión femenino. El operativo de traslado inició pasadas las 16:00 horas (hora local) desde el Cuartel Modelo de Guayaquil —ciudad a la que fue conducida tras su aprehensión el jueves en la localidad de Canuto, Manabí—; un vehículo policial movilizó a la exdirigente hacia la base aérea para abordar un vuelo que aterrizó a las 19:30 en el aeropuerto de Latacunga, en Cotopaxi. Aunque inicialmente los reportes logísticos indicaban que cumpliría la medida en la cárcel de Cotopaxi o en Quito, la coordinación policial dispuso finalmente su traslado vía terrestre hacia Riobamba en una caravana de seguridad con patrullas y unidades tácticas. El uso de transporte aéreo buscó mitigar riesgos de orden público, en medio de un clima de tensión en varios penales del país que el ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó directamente a reacciones por la detención de la procesada. Desde la Revolución Ciudadana y el entorno de la exdirigente rechazaron categóricamente el dictamen, calificándolo como un acto de lawfare o persecución política. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, González reafirmó su inocencia y aseguró que permanecerá en el país para hacer frente al proceso judicial. En los exteriores del presidio de Riobamba se registró una jornada de vigilia impulsada por simpatizantes con banderas y pancartas, acompañados por la asambleísta por Chimborazo, Patricia Núñez, quienes permanecieron junto al cerco de vallas dispuesto por los uniformados. En el mismo expediente penal, la justicia ordenó prisión preventiva para el exasambleísta Santiago D. y para Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO. Onofre se entregó voluntariamente en Guayas y fue recluida pasadas las 20:00 en el Centro de Privación de Libertad de Pichincha N.º 3 (Chillogallo, sur de Quito). Por su parte, la procesada Estefanía M. recibió medidas sustitutivas, incluyendo presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico, durante los 90 días que durará la instrucción fiscal.

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Caos, saqueos y disturbios: así arde Europa por la ola de protestas

RT Europa atraviesa una ola de protestas estudiantiles y sociales que ya se extiende por varios países y que, en algunos casos, han derivado en disturbios, saqueos, bloqueos y una fuerte respuesta policial. Francia, Grecia, Bélgica, Italia, España, Portugal y Albania figuran entre los escenarios más visibles de los levantamientos, impulsados por factores distintos según el país, que van desde los recortes presupuestarios y la crisis de vivienda hasta el deterioro del sistema educativo o el encarecimiento del combustible y la energía. Francia Francia vive el episodio más grave de esta nueva ola de protestas desde la noche del pasado sábado tras llamados en redes sociales para reactivar el movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en rechazo al aumento del costo de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. A esa movilización se sumaron grupos estudiantiles que ya venían protestando por la precariedad del sistema educativo, la falta de docentes y el deterioro de los centros escolares, junto con otros sectores que denunciaban el abandono de los servicios públicos y unas políticas que, a su juicio, favorecen a los más ricos. Entre los episodios más graves de la actual ola de violencia figura el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante la noche del 17 de octubre. La respuesta de las autoridades ha sido endurecer el control del espacio público. El presidente Emmanuel Macron anunció el 22 de octubre la prohibición de las manifestaciones no sindicales durante los próximos días, en particular las previstas para el 24 de octubre. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, informó de que desde el sábado 2.700 personas han sido puestas bajo custodia policial, de las cuales 217 terminaron encarceladas. Italia Protestas masivas también se registraron en los últimos días en Italia por el alto costo de vida y otras demandas sociales. El 16 de octubre miles de estudiantes se volcaron a las calles del país para protestar contra el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, en lo que denominaron ‘El día de no-Meloni’. Sus reclamos incluyeron mejoras en las condiciones educativas y críticas al aumento del gasto militar, entre otras cosas.  Posteriormente, se reportaron fuertes enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en Milán, además de saqueos e incendios de mobiliario urbano y propiedades privadas. Por su parte, Meloni condenó la violencia en sus redes sociales. «Manifestarse es un derecho. Incendiar nuestras ciudades no lo es«, afirmó. Esta semana, además, camioneros y agricultores protestaron en el sur de Italia contra el encarecimiento del diésel, bloqueando autopistas, puertos y centros de distribución. Según medios locales, el Consejo de Ministros aprobó el decreto de ayudas para el sector del transporte por carretera y para otros sectores especialmente expuestos a las oscilaciones del precio del diésel, como la agricultura y la pesca. Bélgica En Bélgica, el descontento estalló por los recortes en el nuevo proyecto presupuestario federal. A las protestas masivas de sindicatos y estudiantes de principios de octubre, que derivaron en disturbios y choques con la Policía, se sumó un bloqueo universitario en Bruselas, convocado por alumnos contra los recortes en educación. España En España existen actualmente varios frentes de protesta. Uno de ellos es la crisis de la vivienda. Paralelamente, estudiantes y profesores protagonizan paros y bloqueos universitarios contra la precariedad educativa y la falta de inversión en la escuela pública. A ellos se suman los jubilados, que preparan nuevas marchas para reclamar aumento de las pensiones ante la pérdida de poder adquisitivo. Albania Decenas de miles de estudiantes salieron la semana pasada a las calles de Tirana, Albania. Según comunicó la cadena pública, Televizioni Shqiptar, las manifestaciones empezaron con las exigencias de mejorar las condiciones de estudio en las universidades, reducir los costos de la educación y aumentar el apoyo financiero a los estudiantes. Sin embargo, poco después, se convirtieron en protestas masivas contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama, la corrupción, la desigualdad social y la falta de oportunidades laborales.   Los participantes de las protestas lanzaron piedras contra los agentes de Policía, que, a su vez, utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Más adelante, a los estudiantes se sumaron profesores universitarios y profesionales del sector sanitario (médicos, farmacéuticos, dentistas, enfermeros). Austria En Austria, decenas de miles de estudiantes se manifestaron en Viena para exigir más financiación para las universidades. El malestar se desató tras el anuncio de un marco presupuestario de 16.000 millones de euros para las 23 universidades públicas del país entre 2028 y 2030, una cifra que los rectores consideran insuficiente para cubrir la inflación y el aumento de los costos. Grecia  Miles de personas se manifestaron también este 21 de octubre en el centro de Atenas (Grecia) para reclamar más financiación para la educación pública, mejores condiciones en los centros educativos y aumentos salariales para las plantillas docentes del país. En sus pancartas se leían frases como: «De Grecia a Francia luchamos por una educación pública y gratuita». La Policía griega desplegó unos 3.000 agentes ante el temor de que se repitieran los disturbios registrados en Francia e Italia durante protestas similares. Dos estaciones de metro del centro de la capital permanecieron cerradas por precaución. Portugal En Portugal, las protestas se centraron principalmente en la crisis de la vivienda y el aumento del costo de vida. Las demandas exigen contener los precios del alquiler, proteger los derechos de los inquilinos, aumentar los salarios y mejorar los servicios públicos.

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Luisa González pide unidad tras su ilegal detención en Ecuador

Prensa Latina Quito, 22 octubre (Prensa Latina).- La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González llamó a la unidad de las fuerzas progresistas tras su detención en la madrugada de este jueves por una acusación que calificó como “absurda”. “Hemos llegado a una situación insostenible”, escribió la líder de la Revolución Ciudadana (RC) en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, en el que pidió unirse “para lograr la libertad y la democracia en el país”. González catalogó de “dictadura” al Gobierno de Noboa y afirmó que la crisis económica, la violencia y la corrupción se suman a las restricciones de derechos. También sostuvo que los presos políticos son víctimas de maltratos y torturas. “Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda”, expresó en su mensaje, y aseguró que responderá “con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad del Ecuador y un futuro mejor para el país”. La detención fue divulgada inicialmente en la madrugada de este jueves por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien difundió en X imágenes del procedimiento y expresó su respaldo a González: “¡Increíble! ¡Fuerza, Luisa!”. La Fiscalía confirmó parcialmente la detención al informar que tres personas fueron arrestadas en las provincias de Manabí y Pichincha en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. El organismo identificó ese caso como Laberinto. La RC, por su parte, calificó el procedimiento de “aberración jurídica” y exigió a las autoridades informar de inmediato la ubicación exacta de González y garantizar el acceso de sus abogados y de veedores de derechos humanos. La actual titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, llamó a movilizaciones para exigir la libertad de quien fue candidata presidencial en 2023 y 2025. Rivadeneira aseguró que los abogados no tienen detalles del proceso por el cual acusan a Gonzales, ni saben de su paradero, por lo que consideró la aprehensión como un “secuestro”. A esta hora medios locales como el portal digital Primicios señalan que estaría retenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

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EE.UU. recorta presencia militar en Oriente Medio, mientras Trump evalúa acciones en Irán

Rusia Today El Ejército de Estados Unidos ha estado reduciendo discretamente su presencia en bases de Oriente Medio en los últimos días y el Departamento de Estado ordena nuevos recortes de personal en varios puestos diplomáticos de la región, dijeron a NBC News dos funcionarios estadounidenses y dos personas familiarizadas con el asunto. Según las fuentes, los recortes responden a las amenazas en curso en la región, incluidas las procedentes de Irán, y siguen un patrón similar a las reducciones que el Pentágono y el Departamento de Estado realizaron al comienzo de la guerra con Irán en febrero. En ese contexto, el medio reportó que altos mandos militares han estado presentando al presidente Donald Trump opciones para ataques a Irán. Además, un funcionario indicó que entre los movimientos figuran tropas en bases de Jordania, así como efectivos en Catar y Kuwait. Los informes se producen tras el anuncio del Departamento de Estado del 21 de octubre sobre la orden de la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita de una «salida ordenada», lo que significa que el puesto operará únicamente con personal de emergencia.

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Oposición rechaza aprobación del Presupuesto de Colombia para el 2027

Telesur La reciente aprobación por el Congreso del Presupuesto General de Colombia para el año 2027, cuyo monto asciende a 634,9 billones de pesos (equivalentes a 200 mil millones de dólares al cambio actual), provocó descontento entre los sectores de la oposición. La ley, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, recibió la luz verde legislativa en medio de reclamos liderados principalmente por los integrantes del partido Pacto Histórico. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal calificó la discusión del proyecto como un «desastre» y lamentó la postura del Ejecutivo al no acoger ninguna de las 700 proposiciones presentadas por su bancada. Según la congresista, estas iniciativas buscaban destinar mayores recursos a sectores clave como la educación pública, la atención a las víctimas de la violencia y las regiones. Ante la falta de concertación, la bancada opositora optó por retirarse del debate manifestando que no respaldarían una medida perjudicial para el país. Por su parte, desde el Pacto Histórico cuestionaron la orientación de la ley al señalar que el Gobierno prefirió proteger a entidades financieras, oligopolios y a los sectores más favorecidos. Asimismo, denunciaron que el proyecto promueve un sobreendeudamiento que terminará trasladando mayores cargas impositivas a la ciudadanía colombiana. Otras voces del Legislativo también sumaron sus objeciones al articulado aprobado. La senadora Jennifer Pedraza, de la colectividad Dignidad y Compromiso, criticó la ausencia de una asignación fija para atender las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, cuestionando que la asistencia a departamentos fuertemente impactados como Risaralda, Chocó y el Valle del Cauca dependa únicamente de los saldos presupuestales sobrantes. En la misma línea, el senador Ariel Ávila lamentó la desfinanciación de los fondos destinados a la infraestructura eléctrica y energización en zonas no interconectadas como Vichada, Guainía, Arauca, Putumayo y Vaupés, además de señalar un desinterés hacia las víctimas del conflicto armado y una asfixia presupuestal contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Tras concretar la validación de la ley, el Congreso fijó un plazo de 90 días para que el Ejecutivo elabore un plan de ajuste fiscal, denominado por la Administración nacional como Ley de rescate. El Ministerio de Hacienda y el gabinete gubernamental avanzan en diálogos con el Fondo Monetario Internacional, lo que sugiere la eventual negociación de nuevos instrumentos de crédito y las exigencias que de ellos se deriven. Convocan a movilización nacional el 24 de noviembre La bancada del Pacto Histórico hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a una movilización nacional el próximo 24 de noviembre en rechazo al presupuesto. Sostienen que el proyecto incrementa el servicio de la deuda en un 46 por ciento, al tiempo que reduce la inversión en la Jurisdicción Especial para la Paz en un 82 por ciento y resta 500.000 millones de pesos al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Asimismo, advirtieron que 14 departamentos verán disminuida su inversión real, denunciando que la norma prioriza el pago de la deuda sobre el financiamiento de la paz, la educación y el desarrollo regional. «La denuncia es clara: más recursos para la deuda y menos para la paz, la educación y las regiones», enfatizaron en sus redes sociales.

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