Portada 7

Telesur Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter se registró la noche de este sábado en Perú, con epicentro localizado a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, en el departamento de Junín y que habría causa la muerte de 5 personas, según reportó el Instituto Geofísico de Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 21:45 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 24 kilómetros, caracterizándose como un sismo de intensidad moderada. Hasta el momento, las autoridades peruanas no han reportado víctimas fatales, heridos ni daños materiales significativos en las zonas aledañas al epicentro. De acuerdo con la información proporcionada por el IGP, el sismo fue percibido en diversas localidades de la región central del país andino, incluyendo partes de Huancayo, la capital de la región Junín, así como en algunas provincias vecinas. La población, alarmada por el movimiento, evacuó temporalmente sus viviendas siguiendo los protocolos de seguridad establecidos por Defensa Civil. Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica que concentra aproximadamente el 85 % de la actividad telúrica del planeta. Esta condición geológica hace que el país sudamericano experimente una media de 400 sismos perceptibles al año, la mayoría de ellos de baja y mediana intensidad. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantiene monitoreo constante en las regiones donde se percibió el sismo para descartar cualquier eventualidad. Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano como consecuencia de este movimiento telúrico.

BBC News Un sismo de magnitud 7,3 sacudió este viernes el extremo sur de México y el oeste de Guatemala, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El temblor, que ocurrió a las 8:48 am hora local (14:48 GMT), tuvo su epicentro a 109 kilómetros de la costa Pacífico de México y se sintió con fuerza en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En zonas de Guatemala y El Salvador también se sintió el movimiento y muchas personas evacuaron de sus casas y sus lugares de trabajo. Hasta el mediodía (hora local) se registraron 80 réplicas, de acuerdo al SSN. Inmediatamente, se emitió una alerta de tsunami para las costas en un rango de 300 kilómetros del epicentro. El sistema de alertas de tsunami de EE.UU. recomendaba a los habitantes de la zona mantenerse alerta y a las autoridades locales realizar sus propias estimaciones del riesgo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que había conversado con los gobernadores de los estados de Chiapas y Tabasco, y que no se reportaban daños. Según informó, las autoridades se estaban desplazando a la zona para evaluar si hubo afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reportó que no había «nada que lamentar» e instó a la calma, pero reconoció que se seguían registrando réplicas. La Secretaría de Protección Civil de ese estado anunció que se estimaban «variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros» y recomendó a los habitantes mantenerse alejados de las playas por el riesgo de tsunami. Más tarde, informó que evacuaron a 4.480 personas y que los daños materiales ocasionados fueron menores. La Secretaría de Marina de México canceló luego la alerta de tsunami para el Pacífico mexicano, tras analizar la información y las observaciones del nivel del mar. El USGS señaló que no había riesgo de deslizamientos de tierra, pero alertó de un riesgo severo de licuefacción, un fenómeno que ocurre cuando, a causa de un terremoto, el suelo pierde temporalmente su resistencia y se comporta como un líquido espeso. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano no emitió ninguna alerta porque, según informó, «la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación». El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, hizo un llamado a la tranquilidad y a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Telesur El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés legislativo luego de que el Senado de la Nación volviera a postergar el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el marco de su programa de reformas económicas. Desde la oposición denuncian que el proyecto vulnera la soberanía nacional al eliminar las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. Por cuarta vez consecutiva, La Libertad Avanza no consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pese a que el texto ya fue modificado en 15 oportunidades con el objetivo de alcanzar consensos entre los distintos bloques parlamentarios. Ante la falta de apoyo, el oficialismo impulsó la realización de un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de agosto, cuando finalice el receso legislativo. La moción, presentada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, fue aprobada con 62 votos a favor, tres en contra y una abstención. Previo al tratamiento del proyecto, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, había afirmado: “Vamos a quitar las restricciones a los extranjeros para que puedan venir y comprar todas las tierras que quieran”. Cambios en el proyecto y riesgos por la pérdida de soberanía La versión más reciente del proyecto incorpora modificaciones destinadas a responder a cuestionamientos planteados por sectores aliados y gobiernos provinciales. Uno de los cambios más relevantes establece que cada provincia podrá fijar, mediante una ley local, los límites para la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros. Sin embargo, esa incorporación generó diferencias dentro del propio Gobierno. Equipos técnicos del Ministerio de Desregulación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, manifestaron su rechazo al considerar que la medida podría entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución Nacional, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos. Actualmente, los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%, según el Observatorio de Tierras de la UBA. “Hoy los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, ha afirmado el coordinador del proyecto, Pablo Voldkin. Los opositores a la medida advierten que el proyecto de ley vulnera la soberanía nacional ya que avalaría la extranjerización de zonas estratégicas. En algunos departamentos argentinos la propiedad extranjera ya supera el 50%, pero sin los límites vigentes, áreas con recursos estratégicos (litio, petróleo, minerales críticos y pasos bioceánicos) podrían quedar mayoritariamente en manos de capitales extranjeros. Silencio administrativo Otra de las modificaciones incorporadas al dictamen es la figura del «silencio administrativo». El mecanismo establece que, si las autoridades provinciales o nacionales no emiten un pronunciamiento dentro de los plazos previstos, la autorización correspondiente se considerará concedida automáticamente. Mediante esta medida, el oficialismo busca favorecer a inversiones privadas y operaciones inmobiliarias, sosteniendo que este mecanismo busca agilizar trámites administrativos y brindar mayor previsibilidad jurídica. Desalojos exprés La iniciativa establece un procedimiento abreviado para los desalojos por falta de pago en contratos de alquiler. En primer lugar, el propietario deberá intimar al inquilino a regularizar la deuda dentro de un plazo de diez días mediante una notificación fehaciente. La comunicación podrá enviarse al domicilio físico o electrónico declarado en el contrato y será considerada válida incluso si el inquilino se niega a recibirla o si la notificación no puede concretarse por causas atribuibles al propio locatario. Si el incumplimiento persiste, el propietario quedará habilitado para iniciar la acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente, con un plazo estimado de diez días hábiles. Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego Otro de los cambios previstos es la derogación del artículo que impedía durante 30 años modificar el uso de predios rurales afectados por incendios en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Una problemática que desde hace años viene afectando la Patagonia argentina y genera preocupación ante los intereses inmobiliarios que hay detrás. En el caso de los bosques nativos, el proyecto mantiene la prohibición de cambiar el uso o destino de las superficies incendiadas, aunque elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente, incorporado mediante una reforma impulsada por el diputado Máximo Kirchner. Con el inicio del receso parlamentario, el debate quedó postergado hasta el 6 de agosto, cuando el Senado volverá a intentar tratar un proyecto que continúa generando diferencias tanto entre la oposición como dentro del propio oficialismo.

Telesur La Unión Eléctrica de Cuba informó este miércoles 15 de julio a través de redes sociales que a las 07:00 hora local se recuperó la red desde Pinar del Río hasta Holguín, en medio de la crisis energética agravada por el bloqueo estadounidense. La entidad estatal comunicó que la red quedó interconectada desde la occidental provincia de Pinar del Río hasta Holguín, en el oriente de la isla, tras lograr la sincronización de las plantas de Mariel y Felton. El proceso de arranque también avanzó en las unidades tres y cuatro de la central Carlos Manuel de Céspedes y en Felton 1. El restablecimiento se realizó de forma gradual, según lo permitieron las condiciones técnicas de la red. Se trata de la tercera interrupción total del servicio eléctrico que sufre la nación caribeña en los últimos ocho días. El complejo escenario del sector energético cubano ocurre en medio de una extrema presión económica agravada por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos. Estas sanciones obstaculizan directamente el abastecimiento de combustibles hacia la isla. La persecución financiera y energética estadounidense contra Cuba se intensificó luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que exporten o faciliten el suministro de petróleo a la nación antillana. Desde finales de 2024, el sistema eléctrico cubano ha experimentado múltiples desconexiones totales como consecuencia directa de los daños multimillonarios generados por el bloqueo económico de casi siete décadas impuesto por Washington. Esta política impide de forma sistemática que el país acceda a las divisas y recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo de su infraestructura de generación. A comienzos de este año, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que catalogó a Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria» y advirtió que impondría aranceles a los países que suministraran petróleo, de manera directa o indirecta, a la nación caribeña. Como consecuencia de esas restricciones, Cuba solo ha recibido en lo que va de 2026 un cargamento de crudo, transportado por el buque ruso Anatoly Kolodkin en marzo.

Telesur Cuatro miembros del Congreso demócratas de los Estados Unidos (EE. UU.) que viajaron a Cuba durante el fin de semana y se encontraron con el presidente Miguel Díaz-Canel describieron como «Gaza silenciosa» el impacto del bloqueo energético que su presidente Donald Trump impuso sobre la isla. Por su parte, los congresistas Delia Catalina Ramírez de Illinois, Teresa Leger-Fernández de Nuevo México, Mark Pocan de Wisconsin y Maxine Dexter de Oregón llegaron el jueves a una visita que se alargó hasta el lunes; este es el segundo viaje que hacen los delegados en tres meses. Antes de volver, durante un intercambio con un grupo reducido de periodistas, señalaron que habían tenido encuentros con ministros, médicos y empresarios, además de Díaz-Canel, y habían recorrido las calles de La Habana. Sin embargo, precisaron que no existen diálogos entre Washington y La Habana que logren liberar la situación. “No creo que se estén llevando a cabo negociaciones”, respondió Pocan cuando le preguntaron acerca de los progresos en el diálogo binacional para desbloquear el cerco energético que ha dejado semiparalizada a la isla durante medio año. “Pienso que (el secretario de Estado) Marco Rubio está convirtiendo esto en algo personal y no profesional”, añadió. Por otra parte, los congresistas lamentaron las consecuencias del cerco energético; de acuerdo con el congresista Pocan, alguien con quien se comunicó en Cuba caracterizó la situación actual como «Gaza silenciosa«. “Puede que no haya bombardeos, pero sin duda existen condiciones que impiden a las personas llevar su vida cotidiana. No pueden ir al trabajo, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como lo hacían antes”, indicó. “Me pareció una descripción muy acertada”. El gobierno estadounidense durante los últimos días ha recrudecido la guerra contra el pueblo cubano, sus condiciones de vida y fuentes de sustento; el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el pasado lunes las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra 10 entidades estatales de la isla. El nuevo paquete de limitaciones impuesto por Estados Unidos amplía las sanciones al Ministerio de Turismo (Mintur), —que es visto como un sector esencial y estratégico para la economía isleña— así como a las compañías Enetec, S.A., Coreydan S.A. y Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), dichas entidades son encargadas de manejar operaciones comerciales internacionales, de importación y exportación, además del comercio de combustibles. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), las Brigadas de Respuesta Rápida, la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A., las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y la Corporación Antillana Exportadora S.A. (ANTEX) también están incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), la cual es elaborada por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Prensa Latina Brasilia, 13 julio (Prensa Latina).- Autoridades brasileñas anunciaron hoy el rescate de 29 trabajadores sometidos a condiciones análogas a la esclavitud en los estados de Bahía y Pernambuco, durante una operación que reveló graves violaciones laborales en obras públicas de pavimentación. La acción, realizada entre el 30 de junio y el 8 de julio por la Inspección Fiscal del Trabajo y divulgada este lunes por el Ministerio de Trabajo y Empleo, permitió liberar a 20 personas en los municipios bahianos de Casa Nova y Sento Sé, y a otras nueve en Santa Cruz, en el Sertón de Pernambuco. De acuerdo con las autoridades, las víctimas trabajaban en obras de pavimentación y en canteras que suministraban piedra para esos proyectos, ejecutados por empresas contratadas por organismos públicos que permanecen bajo investigación. En Casa Nova fueron rescatados 13 trabajadores que laboraban de 07:00 a 18:00 horas, recibían apenas 13,50 reales diarios (unos 2,65 dólares) para su alimentación, y carecían de agua potable, instalaciones sanitarias en el lugar de trabajo y equipos de protección individual, detalló el portal G1. Los dormitorios tampoco reunían condiciones mínimas de habitabilidad, no había camas y los 13 trabajadores compartían un único baño, al tiempo que parte de ellos cobraba por jornada, sin garantía de remuneración en caso de enfermedad o ausencia. Tras la inspección, la obra fue paralizada temporalmente y la empresa responsable firmó un acuerdo con el Ministerio Público del Trabajo para pagar 219 mil 600 reales (unos 39 mil 900 dólares) por concepto de prestaciones laborales e indemnizaciones por daños morales. En Sento Sé, otros siete trabajadores fueron encontrados en una situación similar, algunos de ellos alojados en la propia cantera, bajo estructuras de lona, sin sanitarios ni espacios para preparar alimentos, y todos carentes de contrato formal, remunerados exclusivamente por producción. Asimismo, en Pernambuco, los nueve trabajadores rescatados realizaban labores de pavimentación y extracción de piedra. Los inspectores constataron que vivían en viviendas hacinadas o refugios improvisados, sin acceso a agua potable ni saneamiento, y manipulaban explosivos artesanales sin capacitación ni equipos de seguridad. Esa investigación también reveló la inexistencia de contratos laborales, vacaciones remuneradas, aguinaldo, aportes al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio y otros derechos previstos por la legislación brasileña. Tres empresas constructoras fueron sancionadas en Pernambuco y deberán formalizar los vínculos laborales, rescindir los contratos y pagar cerca de 520 mil reales (aproximadamente 94 mil 500 dólares) en prestaciones e indemnizaciones. Los 29 trabajadores rescatados fueron incorporados a la red de protección social y tendrán acceso al seguro de desempleo previsto para víctimas de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud.

RT El precio del petróleo Brent se acercó a los 79 dólares por barril tras el nuevo intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán este domingo. El crudo de referencia mundial se comercializó a 78,99 dólares por barril, lo que representa un aumento de más del 3 %. Nueva escalada Los precios del petróleo se dispararon después de que el Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunciara que sus fuerzas empezaron una nueva oleada de ataques contra Irán. Los recientes ataques se realizan en medio de la nueva escalada militar entre EE.UU. e Irán. Previamente, el Centcom anunció que sus fuerzas atacaron 140 objetivos iraníes durante la noche del sábado al domingo, en su tercera ronda de agresiones contra el país persa. Según el organismo, estos ataques se produjeron después de que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica detuviera mediante disparos un buque extranjero en el estrecho de Ormuz. Estos ataques forman parte de la escalada iniciada el 8 de julio, cuando Washington reanudó los bombardeos para «imponerle» a Teherán «altos costos» por supuestos ataques a mercantes en el estrecho. Como represalia, Irán atacó con misiles balísticos instalaciones militares estadounidenses en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, y bombardeó con drones un sistema de misiles Patriot, un depósito de municiones y una estación de radar del Ejército de EE.UU. en Kuwait. Además, atacó con drones suicidas un sistema de comunicaciones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en Baréin. 

Página 12 Luego del informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que califica como “arbitraria” la detención del expresidente Pedro Castillo-en prisión desde diciembre de 2022 cuando fue destituido de la presidencia por el Congreso controlado por la derecha- y ha demandado su inmediata liberación y una indemnización, el presidente interino José María Balcázar, cuya gestión culmina este 28 de julio, ha abierto la puerta de una posible liberación de Castillo. En medio del debate sobre las consecuencias legales de este informe de la ONU y pedidos de un indulto para Castillo hechos por la defensa legal del expresidente, Balcázar, cuyo gobierno hasta ahora había negado un posible indulto, ha dicho que la decisión del grupo de trabajo de la ONU “cambia el escenario” para considerar un indulto.  Modifica el escenario “El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, declaró Balcázar, al referirse a un posible indulto a Castillo. Lo resuelto por el grupo de trabajo de la ONU, indicó el presidente, “viene a modificar el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. El presidente que se prepara para irse en unos días indicó que un indulto requiere “un pedido expreso y bien sustentado” de la defensa de Castillo. Agregó que estudiará el tema con su ministro de Justicia.  Hasta ahora el gobierno de Balcázar no ha dado trámite a varios pedidos de indulto de la defensa de Castillo. “Todo lo que se ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto (el reciente informe del grupo de trabajo de la ONU). Se rechazó formalmente (el indulto) porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, declaró el jefe de Estado. Ahora Balcázar dice que el escenario ha cambiado, lo que abre la puerta para reconsiderar la negativa de un indulto a Castillo. La derecha presiona contra ese posible indulto.  “Un llamado enérgico” Desde el penal de Barbadillo en las afueras de Lima, donde cumple una sentencia de 11 años y 5 meses por conspiración para rebelión por su fallido intento de cerrar el Congreso que buscaba destituirlo de la presidencia, Castillo, que desde su detención se ha declarado un preso político, ha enviado un mensaje a través de la Red X (ex Twitter) en el que exige su inmediata liberación en cumplimiento del informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.  “Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como las instancias de administración de la justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas. Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, ha demandado Castillo.  En este mensaje, el expresidente califica la decisión del grupo de trabajo de la ONU sobre su detención como “un hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema democrático en nuestro país, del cual he sido víctima, junto a mi pueblo, en los últimos años”. Señala que “en esta histórica decisión, dicha instancia internacional ha determinado, de manera inequívoca, que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”. Indica que este informe de la ONU confirma que su destitución y arresto fueron “ilegales” y que esa situación “quebrantó el Estado de derecho”. La defensa legal de Castillo ha presentado un hábeas corpus solicitando su liberación.

Telesur La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos utiliza históricamente la acusación de vínculos con el narcotráfico contra personas o políticos como una estrategia orientada a generar condiciones de injerencia y debilitamiento de Administraciones soberanas. La mandataria señaló que esta práctica no es exclusiva del período gubernamental actual, sino que también fue aplicada previamente contra la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para ilustrar estos mecanismos de intervención, recordó casos históricos como el escándalo Irán-Contras, donde se instrumentó a los cárteles de la droga para el traslado de armamento destinado a derrocar a un régimen legítimo. La jefa de Estado mexicana abordó la controversia en torno a las declaraciones de Ken Salazar, exembajador estadounidense en territorio mexicano, respecto al secuestro y traslado ilegal a suelo norteamericano del capo Ismael «El Mayo» Zambada, líder del cártel de Sinaloa.  Sheinbaum evidenció contradicciones en las posturas oficiales de Washington tras la reciente presentación pública de la aeronave utilizada en el traslado como si perteneciera a un operativo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).  Ante este escenario, la presidenta ratificó que el fin no justifica los medios y que lo fundamental radica en la abierta violación a la soberanía nacional, motivo por el cual solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar si se cometieron delitos en suelo mexicano, evaluando además el conflicto interno desatado posteriormente en el estado de Sinaloa a raíz del operativo extranjero. Paralelamente, la mandataria informó que el actual embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ya revisa una solicitud formal de explicación detallada para aportar mayor información sobre el caso.  Asimismo, desestimó las versiones que acusan al Gobierno mexicano de proteger o esconder al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, enfatizando que el funcionario permanece en su residencia y que cualquier procedimiento de extradición requiere pruebas legales contundentes en el marco del tratado bilateral vigente.  Finalmente, cuestionó la efectividad de las políticas internas de Washington contra el crimen organizado, exigiendo respuestas sobre los mecanismos de distribución de estupefacientes dentro de la nación norteamericana, los canales de venta, el destino de las ganancias financieras y los esquemas de lavado de dinero, reiterando el compromiso mexicano de colaborar de manera soberana y equitativa para evitar que las drogas afecten a la juventud de ambos países.

Telesur Tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, la Misión Nevado ha logrado el rescate de 449 animales en las zonas más afectadas del estado La Guaira. Los equipos especializados, junto a voluntarios y organizaciones comunitarias, trabajan en la evaluación médica, hidratación y resguardo de las mascotas que quedaron atrapadas o extraviadas. Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado, informó que actualmente mantienen bajo su resguardo a 608 animales de compañía entre perros y gatos. Las brigadas diarias ingresan a sectores como Caraballeda y Macuto para atender a las mascotas. «Entre los escombros y la incertidumbre, el amor por los más vulnerables se convirtió en nuestra mayor fuerza», expresó Vargas desde la Finca Los Corales. Los animales reciben atención veterinaria, vacunación y desparasitación, especialmente en los campamentos transitorios. Además, se atienden los cuadros de estrés que presentan las mascotas por los eventos sismológicos, recomendando a las familias generar condiciones de seguridad y rutinas. Entre los casos más impactantes, las brigadas rescataron a una perrita que estuvo sepultada durante siete días a cuatro metros bajo tierra, y un felino que permaneció 11 días bajo los escombros. Ambos requirieron estabilización por choque postraumático y deshidratación avanzada. Una de las prioridades institucionales es la reunificación familiar. Hasta la fecha, se han logrado 18 reencuentros entre mascotas y sus dueños. Vargas hizo un llamado a la ética y la legalidad: «Quedarnos con un animal que ya tiene una familia responsable revierte carácter ilegal». Instó a quienes resguardaron mascotas a publicar afiches en redes sociales (@misionnevadoficial) para facilitar su retorno, promoviendo la figura de los hogares temporales mientras se localiza a los propietarios. La solidaridad nacional e internacional ha sido fundamental. Veterinarios del estado Táchira se trasladaron a La Guaira para apoyar, señalando que «ellos son seres sintientes… si los abandonan se van a sentir tristes… son incondicionales». Asimismo, se ha articulado el trabajo con 87 proteccionistas en la entidad que abrieron sus hogares como albergues, y se ha recibido apoyo de brigadas de México que trajeron perros rescatistas. El operativo también incluye el rescate de fauna como loros, conejos y caballos. Para sostener esta labor, la institución habilitó centros de acopio en San Bernardino y Nuevo Circo (Caracas) y La Guaira, y solicitó donaciones de alimento, insumos médicos, medicamentos y artículos de bienestar animal.