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Página 12 La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso este miércoles a la venta monedas conmemorativas de un dólar por el 250 aniversario de la independencia del país. La novedad es que se acuñaron con el rostro del actual presidente, Donald Trump. La institución informó en redes sociales que la pieza ya está disponible para coleccionistas, aunque también indicó que se encuentra en circulación y recomendó a los ciudadanos revisar el cambio recibido para comprobar si tienen alguna. El diseño muestra un retrato serio de Trump, la palabra “Libertad”, las fechas 1776-2026 y el lema nacional de Estados Unidos, “En Dios confiamos”. La Casa de la Moneda comercializa paquetes de 25 monedas por 61 dólares y de 100 unidades por 154,50 dólares. La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, una decisión criticada por la oposición demócrata, que considera que refleja una actitud megalómana del republicano. El Departamento de Estado expide desde el pasado 8 de agosto pasaportes conmemorativos que también contienen la imagen de Trump.

DW Actualidad La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el chavismo, respaldó este martes (01.09.2026) el acuerdo petrolero que cede a Estados Unidos la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras del país, reportaron agencias de noticias. El presidente del organismo Jorge Rodríguez anunció la aprobación en votación a mano alzada con la abstención de una decena de legisladores opositores. El acuerdo otorga a Washington el control de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela. Los diputados de la oposición que se abstuvieron afirman que esperan ver los detalles del contrato, que fue anunciado el viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confirmado de inmediato por la encargada del régimen chavista Delcy Rodríguez. Producción de petróleo requiere «muchísimo dinero que Venezuela no tiene» «Como diputados electos por el pueblo, tenemos la necesidad y la obligación de saber lo que en derecho se llama la letra chiquita», dijo el diputado opositor Luis Emilio Rondón, de Nuevo Tiempo, quien exigió «el texto pleno y completo» para poder evaluarlo de manera técnica. Jorge Rodríguez criticó la postura de la oposición y dijo que el convenio con Estados Unidos es necesario por las costosas inversiones que requiere la producción de petróleo, «muchísimo dinero que Venezuela no tiene». También sostuvo que se requieren «nuevas tecnologías para la producción de ese crudo» y que el país caribeño crecerá más que el resto de los países de la región en el futuro. El acuerdo, presentado como «histórico» por Trump, aportará a Venezuela ganancias de 209.000 millones de dólares en 25 años, según Delcy Rodríguez.

Página 12 Tres menores de edad fallecieron en un bombardeo en la Amazonía de Colombia contra una guerrilla, hasta ahora el ataque más letal ordenado por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, según la autoridad forense. Se trata del segundo ataque aéreo realizado por el Ejército desde que el presidente derechista asumió el poder el 7 de agosto y deja un total de diez muertos. Nueve de los cuerpos ya fueron identificados y entre ellos tres eran menores de edad, indicó Medicina Legal en un comunicado en la noche del domingo sin especificar su edad. Según el Ministerio de Defensa, dos de los menores tenían 15 años y otro, 16. De la Espriella defendió en sus redes sociales el operativo: “Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”. El mandatario llegó al poder con la promesa de enfrentar sin tregua a guerrilleros y narcotraficantes con apoyo de sus aliados Estados Unidos e Israel. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten (…) a los grupos narcoterroristas”, añadió. “Fracaso del gobierno” El bombardeo tuvo lugar en el departamento del Guaviare, en el sur del país. Los abatidos integraban las filas de una disidencia de las FARC que rechazó firmar el histórico acuerdo de paz en 2016. El año pasado se registraron 428 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, según la Defensoría del Pueblo. Este año, con corte al 31 de julio, ya van 97. De la Espriella informó el lunes sobre un tercer bombardeo en la misma zona contra otra disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Ocho integrantes de sus filas fueron abatidos, según el presidente, y todavía no se sabe si había menores de edad. Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el impacto de los bombardeos en los niños víctimas de reclutamiento en zonas pobres y con mínima presencia del Estado. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido al presidente de Colombia que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país. El documento, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”, establece que las cifras oficiales disponibles indican un fuerte aumento de casos desde 2023 y que los grupos armados disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados. “Los grupos armados en Colombia están reclutando niños con impunidad, ya que los sistemas de protección están fallando y las redes sociales se han convertido en un medio de reclutamiento más eficaz”, dice en el reporte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, que añade que “cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno”. Alineándose con Washington En este contexto, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, dijo el viernes que forjará un frente unido con Colombia para enfrentar el narcotráfico, al concluir una visita de tres días al país, la primera de un alto funcionario estadounidense tras la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente. “La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es inigualable. Al forjar un frente unificado, desarticularemos las operaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y eliminaremos sus redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas”, expresó Donovan en la cuenta de X del Southcom. “Fortalecer y recuperar estas capacidades es una prioridad para garantizar una fuerza con mayor movilidad, alcance y respuesta. Seguimos trabajando de manera monolítica por la seguridad de Colombia”, expresó, por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Erik Rodríguez, en X. La visita de Donovan ocurre además en momentos en que el nuevo Gobierno busca estrechar la relación de seguridad con Washington, después del distanciamiento durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026). Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Telesur Este domingo 30 de agosto el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llamó a la población de Japón a reclamar transparencia a su Gobierno por la cesión de instalaciones territoriales a las fuerzas de Estados Unidos. La advertencia llegó después de que se difundieran reportes sobre el traslado de aviones de combate estadounidenses con base en Japón hacia el escenario de Oriente Medio. Estas exigencias surgen en plena disputa por el sentido del acuerdo de seguridad que une a Washington y Tokio. En una entrevista con la agencia Kyodo News, Araghchi puso en tela de juicio el alcance de ese pacto. A su juicio, esas instalaciones no están cumpliendo una función de defensa del país anfitrión, sino que sostienen operaciones militares fuera de su territorio. El jefe de la diplomacia iraní mencionó un caso concreto, como el de cazas F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense que habrían partido de la Base Aérea de Misawa, en la prefectura de Aomori, hacia la zona de conflicto en Oriente Medio. El pacto de seguridad que Tokio invoca para justificar la presencia militar estadounidense quedaría desnaturalizado, según la lectura de Teherán. Lo concebido como mecanismo de defensa mutua se habría convertido, en los hechos, en una herramienta de proyección ofensiva hacia Oriente Medio, con el territorio japonés como punto de apoyo. Ese traslado convierte al Ejecutivo nipón en corresponsable indirecto de las acciones de Washington, sostuvo el canciller. Al habilitar que infraestructura militar bajo soberanía japonesa funcione como base de apoyo de acciones militares contra Irán, Tokio queda comprometido en la escalada. El llamamiento alcanzó a la población, Araghchi pidió a los ciudadanos japoneses que vigilen a sus gobernantes y reclamen información sobre el rol de Tokio en el recrudecimiento de la tensión militar internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ya advirtió en términos parecidos a países de Europa que acogen infraestructura o aviones del Pentágono usados en maniobras de la zona. La elección de Misawa como ejemplo no parece casual. Esa base funciona en el norte del archipiélago y figura entre los puntos de partida que Estados Unidos utiliza para proyectar su poder aéreo en Asia y más allá. Tokio defiende su alianza con Washington y sostiene un pacto de seguridad que, en su lectura, garantiza la defensa mutua. El señalamiento de Teherán apunta a que esa misma arquitectura sirve a operaciones que tienen a Irán entre sus objetivos.

Prensa Latina Bogotá, 29 agosto (Prensa Latina).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, canceló las negociaciones con al menos tres grupos armados del país, un proceso que se inscribió en la política de Paz Total impulsada por su predecesor, se conoció hoy. El mandatario firmó varias resoluciones en las cuales se revocan las designaciones de representantes del gobierno, así como el reconocimiento de integrantes de esas organizaciones en las mesas de diálogo. De acuerdo con el jefe de Estado, las referidas organizaciones no demostraron “voluntad de paz”. Los grupos aludidos son las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, conocido por sus siglas EMBF. La última de esas estructuras está bajo el mando de alias Calarcá, que fue blanco de bombardeos en días recientes en el departamento de Guaviare (sureste), donde el Ejército ocasionó al menos una decena de bajas. El mismo día de su posesión, el pasado 7 de agosto, De la Espriella expresó que, en relación con los grupos armados, “la opción del diálogo está completamente agotada”. Recientemente, autorizó la extradición a Estados Unidos de cinco hombres que participaron en distintos procesos de paz durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Los hombres son Willington Henao, alias ‘El Mocho Olmedo’, del Frente 33; Carmen Evelio Castillo alias ‘Muñeca’, del grupo conocido como ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)’; y Geovanni Andrés Rojas alias ‘Araña’ de ‘Comandos de la Frontera’, quienes permanecían detenidos. La decisión presidencial también incluye a Gabriel Yepes alias ‘H.H.’ (líder de ‘Comuneros del Sur’ y Freddy Castillo alias ‘Pinocho’ (a quien se señala de ser el máximo líder de la ACSN y hermano de alias ‘Muñeca’). El paradero de estos últimos se desconoce.

Página 12 El Ejército estadounidense utilizó un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México. El operativo se llevó a cabo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasado, en el que se utilizó el Láser de Alta Energía Multipropósito del Ejército, según dijo en un comunicado el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos. Los drones interceptados habían sido clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. “La neutralización exitosa de estos drones hostiles es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”, afirmó el mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur. El operativo marcó la primera vez que se usa este sistema para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur. Taylor afirmó que los cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente al personal militar y los agentes de la Patrulla Fronteriza. El mayor general agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, lo que supone que el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo conocimiento del ataque. Sheinbaum ha declarado que cualquier acción unilateral de Estados Unidos en suelo mexicano constituiría una grave violación de la soberanía de su país.

Página 12 Al cumplirse seis meses del estallido bélico en Medio Oriente, el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes está impidiendo la importación de nafta, en un momento en que la producción nacional no basta para cubrir el consumo tras las nuevas sanciones económicas de Washington hacia Teherán. “La producción de nafta es insuficiente y, a causa del bloqueo naval estadounidense, no podemos importar”, indicó el vicepresidente encargado de asuntos ejecutivos, Mohammad Jafar Qaempanah, citado por la agencia oficial Irna. El estrecho de Ormuz, por el que transitaba antes de la guerra el 20% del gas licuado y el petróleo consumidos a nivel mundial, está prácticamente paralizado por Teherán desde que arrancó el conflicto el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel. En paralelo, Estados Unidos ha aplicado un bloqueo naval a los puertos iraníes, como medida de presión y para impedir la exportación de crudo iraní. La retórica de Trump Eric Quinteros, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explicó a Página/12 que Estados Unidos marcó el pulso del conflicto durante estos meses, aunque sin alcanzar los objetivos que se había propuesto inicialmente. “Cuando inicia esta campaña, Trump se plantea alcanzar el control del programa nuclear de Irán y el control de su programa de misiles balísticos. No sucede ninguna de estas dos cuestiones”, señaló. El analista mencionó que Irán, en cambio, ha mostrado durante estos meses una gran capacidad de resiliencia. “Irán ha podido ganar el tiempo suficiente para reorganizar su cadena de mando al interior, a sabiendas de que el 28 de febrero falleció el ayatolá Ali Jamenei, y es sucedido por su hijo”, indicó. “Ha sabido llevar a cabo una escalada horizontal, atacando las bases militares de Estados Unidos en los países del Golfo, y también ha aprovechado su acceso y ha controlado el estrecho de Ormuz, el cual se transformó en una variable de poder muy importante a lo largo de todos estos meses de conflicto, tanto a partir del bloqueo que lleva a cabo Irán para frenar la salida de los barriles de petróleo que circulan por el estrecho, como también el contrabloqueo que ha llevado a cabo Estados Unidos para que Irán no lleve a cabo el primero mencionado”, precisó. Acerca de la firma del memorándum de entendimiento entre ambos bandos para buscar el fin definitivo del conflicto, Quinteros se refirió a las declaraciones públicas del mandatario republicano. “Hace muy poco, Donald Trump salió a decir que Estados Unidos ya no se encuentra unido a este memorándum y que tampoco tiene obligaciones de respetarlo, lo cual muestra que la veracidad de su palabra ha sido puesta en duda y esto la cúpula militar iraní lo sabe”, subrayó. “Trump ha amenazado con atacar incluso a los intermediarios que facilitaron estas negociaciones, como Omán. Este mecanismo de intimidación que ha llevado a cabo Trump contra la élite política iraní tampoco ha hecho que Irán merme sus pretensiones de finalizar la guerra o de llegar a algún tipo de acuerdo, tanto de su programa nuclear como de su programa de misiles balísticos”, agregó. Para el académico, Irán ha ganado tiempo con el aumento de los costos de la guerra para Estados Unidos en lo que respecta al transporte de material militar hasta la región, y también se ha beneficiado de las cuestiones vinculadas al paso del estrecho de Ormuz.

Telesur La ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto y principal centro urbano de la Amazonía peruana, cumplió la segunda jornada de un paro general de 48 horas con una adhesión estimada del 95 por ciento. Las centrales obreras y organizaciones territoriales desmintieron las versiones oficiales sobre una presunta suspensión de la medida de fuerza, reafirmando el cese total de actividades en la Administración pública, escuelas, comercios, transporte urbano y navegación fluvial. La movilización popular es conducida por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP-Loreto) y el Frente Patriótico de Loreto. Las dirigencias denunciaron los intentos de desinformación promovidos desde el partido de Gobierno, Fuerza Popular, al tiempo que ratificaron que las protestas continuarán hasta obtener respuestas concretas frente al desmedido incremento en los precios de los combustibles y los continuos racionamientos de energía eléctrica. Uno de los puntos centrales del pliego de reclamos es la erradicación inmediata de la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable para la población loretana. Analistas e informes locales advierten que decenas de dragas extractivas operan en el cauce fluvial vertiendo más de una tonelada de mercurio al año para procesar minerales, provocando un grave envenenamiento en los ecosistemas selváticos y amenazando la salud comunitaria. Los voceros sindicales advirtieron que de no concretarse la llegada a Iquitos de la presidenta Keiko Fujimori o del primer ministro Luis Galarreta para entablar un diálogo directo con el movimiento social, se convocará a una huelga indefinida con el bloqueo de la infraestructura aeroportuaria y vías fluviales. El descontento popular refleja la profunda brecha entre las promesas estatales y la realidad de los pueblos amazónicos, tras semanas de protestas similares en regiones vecinas como Ucayali. A mediados de agosto la tensión social en la región selvática de Ucayali alcanzó un punto crítico tras registrarse intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los accesos a Pucallpa. Los altercados dejaron un saldo de cinco efectivos policiales heridos y 11 civiles detenidos en el marco de las movilizaciones contra el alza sistemática en el precio de los carburantes. Durante los disturbios, sectores de la protesta incendiaron una unidad patrullera cuando los efectivos intentaron romper el bloqueo vial en la arteria principal de la capital regional. La escalada del conflicto fue impulsada por un sector del gremio de transportistas que rechazó los acuerdos de suspensión de la huelga general, al evaluar como insuficiente la respuesta oficial del Gobierno nacional. Los manifestantes mantuvieron la paralización del tránsito terrestre y el desacato a los pactos de tregua, exigiendo medidas de fondo que protejan la economía de los trabajadores del volante y de la población amazónica golpeada por la inflación.

Telesur Ecuador registró 345 menores de edad asesinados entre enero y julio de 2026, máximo histórico según datos del Ministerio del Interior que equivalen a un homicidio cada 14 horas y 45 minutos. La cifra se inscribe en un total de 4.882 asesinatos reportados en todo el país durante el período, lo que sitúa a los menores como el siete por ciento de las víctimas. En la comparación interanual, el incremento es del 1,8 por ciento frente a los 339 casos contabilizados en los primeros siete meses de 2025; la subida alcanza el 54 por ciento respecto de los 224 casos de 2024 y asciende al 77,8 por ciento frente a los 194 menores asesinados en el mismo lapso de 2023. La tendencia convierte al período en el más letal para la niñez y la adolescencia desde que se tienen registros comparables, y evidencia una escalada sostenida de la violencia en Ecuador. Los reportes oficiales identifican una fuerte concentración de los crímenes en la región costera del país. Guayaquil se sitúa como el cantón más afectado con 111 menores de edad asesinados; Durán ocupa el segundo lugar con 28 casos, mientras que Manta y Esmeraldas registran 15 víctimas infantiles y adolescentes cada una. En cuanto a los mecanismos de agresión, en 321 de los 345 casos los agresores utilizaron armas de fuego. Los expedientes restantes reportan 13 ataques con armas cortopunzantes, seis por estrangulación, dos mediante armas constrictoras o contundentes y un caso por envenenamiento. La preponderancia del armamento de fuego confirma a la violencia armada como principal causa de muerte violenta de menores en el país. El balance de violencia incluye hechos recientes que ilustran la exposición de la niñez al fuego cruzado. El 21 de agosto pasado, un niño de 7 años resultó gravemente herido tras recibir tres impactos de bala en un área de juegos mecánicos del Suburbio de Guayaquil, durante una presunta amenaza contra los administradores del lugar. El 3 de junio, sicarios en motocicleta asesinaron a un adolescente de 14 años en la cooperativa Juan Montalvo. Ambos episodios se suman al patrón de ataques selectivos y víctimas colaterales que marcan la crisis de seguridad en la urbe porteña y sus alrededores. El escenario plantea un desafío directo para las políticas de protección a la infancia y para los planes de contención del crimen organizado en la costa ecuatoriana. La modalidad de sicariato, la concentración territorial en Guayaquil y los cantones aledaños y la persistente utilización de armas de fuego indican que la respuesta institucional no ha logrado revertir la curva ascendente de homicidios de menores