Portada 9

Página 12 La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este lunes las nuevas normas de conducta que regirán en las escuelas públicas del país, que incluyen la expulsión de los alumnos violentos, el combate del acoso escolar y la prohibición de usar maquillaje, llevar el pelo largo o pintado y tener equipos electrónicos en las aulas. “El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas”, remarcó Fujimori al anunciar que las nuevas normas recibirán los aportes de la sociedad civil antes de entrar en vigencia. La hija de Alberto Fujimori (electo en 1990, que dio un autogolpe en 1992 y gobernó hasta 2000) remarcó que la intención es “generar un debate”, porque “la violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa, las conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros niños y adolescentes, requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable”. Explicó que las medidas comprenden “sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad”, pero que ante, los casos graves de violencia, “vuelven las expulsiones” de alumnos. Fujimori remarcó que las autoridades no van “a permitir ni aceptar el bulllying, la violencia, el acoso sexual” y pidió a los estudiantes que denuncien estos casos ante las autoridades educativas “porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional”. “Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones”, acotó antes de confirmar que las normas incluyen que “los artículos electrónicos y celulares están prohibidos, salvo autorización del profesor”. A su turno, el ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo que “dentro de la escuela no habrá nunca más chicos que estén agrediendo a otros” e informó que también se han tomado medidas “respecto a la presentación y disciplina dentro de la institución educativa”. “No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados, que el uso de las faldas escolares tenga una medida adecuada”, detalló. El ministro precisó que estas últimas medidas regirán “para todas las instituciones públicas”, mientras que las privadas podrán establecer sus normas internas de presentación. Las medidas se anunciaron luego de que el pasado 15 de septiembre se generó una ola de indignación en el país tras la denuncia de la presunta violación de un estudiante de 16 años por sus compañeros cuando viajaban en un autobús escolar, tras lo cual un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internación preventiva para seis adolescentes. Todos los implicados eran estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra, y fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como Maranguita, en el distrito de San Miguel. El caso llevó a la denuncia de otros episodios de acoso y violencia en escuelas del país, así como de la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios administrado por la Marina. Tras eso, el Gobierno ordenó la reorganización del Liceo Naval y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año, una medida que Chang aseguró que está permitiendo recuperar “el orden y la disciplina” en ese centro de estudios.

Prensa Latina Brasilia, 11 octubre (Prensa Latina).- El corregidor general de la Justicia Electoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, suspendió hoy la orden de retirar de WhatsApp el canal Exército do Lula, vinculado a la campaña del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La medida revierte una disposición adoptada horas antes por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, a solicitud de la campaña del senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, rival de Lula en la segunda vuelta presidencial del próximo 25 de octubre. Nunes Marques justificó la suspensión al considerar que el canal, coordinado por el diputado André Janones, difundía de forma centralizada contenidos que el tribunal ya había reconocido como falsos. Cueva, relator del caso, discrepó de esa decisión y sostuvo que los documentos presentados no demostraban que toda la actividad del espacio digital fuera ilícita ni que resultara insuficiente adoptar medidas menos restrictivas. El magistrado también expresó preocupación por la intervención de la presidencia del TSE en un proceso bajo competencia de la corregiduría y señaló que la suspensión integral se produjo antes de concluir las diligencias para completar las pruebas. «La preservación de la libertad de expresión y la necesidad de evitar restricciones más amplias que las estrictamente justificadas por los elementos disponibles recomiendan el examen inmediato de la cuestión por el pleno de esta Corte», argumentó Cueva, citado por el portal G1. El corregidor permitió que el canal reanudara sus actividades hasta que el pleno del tribunal examine la controversia, pero prohibió reproducir contenidos cuya ilegalidad ya haya sido reconocida por la Justicia Electoral, en particular los considerados manifiestamente falsos o gravemente descontextualizados. Tras conocerse la determinación de Cueva, Janones celebró el restablecimiento del canal en un mensaje difundido en redes sociales, en el que calificó la decisión anterior de censura y convocó a ampliar la participación en ese espacio digital. El canal, creado en WhatsApp para difundir contenidos favorables al mandatario, cuenta con casi 3,5 millones de integrantes. “Esta victoria es una victoria de la democracia, aprendieron la lección, y ahora llamen a más gente: quiero cuatro, quiero cinco, quiero 10 millones de personas en el canal”, expresó Janones. La controversia ocurre en medio de la disputa electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales, y reabre el debate sobre los límites de la propaganda política en las plataformas digitales y la actuación de la Justicia Electoral frente a la desinformación.

Prensa Latina Quito, 10 octubre (Prensa Latina).- Miles de estudiantes universitarios y miembros de organizaciones sociales de Ecuador marcharon hoy en esta capital para exigir respuestas a la crisis de salud, educación, empleo y seguridad, y expresar su rechazo al Gobierno del presidente Daniel Noboa. La movilización, convocada por el Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO), comenzó en la Universidad Central del Ecuador y recorrió varios puntos de Quito. Con consignas como “Fuera Noboa, fuera”, los manifestantes avanzaron por la ciudad y reclamaron medidas ante los problemas que los afectan, como la falta de medicamentos, las dificultades en el sistema educativo, el desempleo y la inseguridad. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Hatari Ulcuango, sostuvo que las movilizaciones juveniles representan el comienzo de nuevas acciones y destacó que la marcha surgió de la organización autónoma de estudiantes y colectivos sociales. “Estamos aquí, autoorganizados, autoconvocados desde las federaciones de estudiantes, desde los colectivos de estudiantes, desde los colectivos juveniles, desde los colectivos de Palestina”, afirmó el joven desde las afueras de la embajada de Israel. Ulcuango cuestionó también la situación del sistema eléctrico y recordó las promesas gubernamentales de garantizar el suministro de energía. “Hace cuatro años nos prometió luz, hace dos años volvió a prometernos luz y ya estamos teniendo apagones”, declaró. Asimismo, el dirigente estudiantil llamó la atención sobre la falta de medicamentos en la red pública de salud, así como el impacto de la informalidad laboral y el subempleo en millones de personas. Durante la movilización, los participantes también expresaron su solidaridad con Palestina. Una bandera de esa nación encabezó parte de la marcha, mientras los manifestantes caminaban hacia la sede diplomática israelí. Tras varias horas de caminata por las calles de Quito, hubo reportes de enfrentamientos entre policías y manifestantes, que denunciaron haber sido objeto de una arremetida de los uniformados. La protesta tuvo lugar durante el feriado nacional por la independencia de Guayaquil, celebrado el 9 de octubre, y se produjo después de una movilización de sindicatos y organizaciones sociales realizada el jueves. Medios locales también reportaron manifestaciones antigubernamentales en otras ciudades ecuatorianas, como Cuenca, donde la semana pasada los estudiantes rechazaron la presencia de Noboa en la Universidad de esa urba del sur del país.

DW Actualidad El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes (09.10.2026) sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay. La decisión de Washington provocó la reacción inmediata de distintos países de la comunidad internacional, que critican el intento de demolición de la Justicia internacional. «Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. «Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio. «Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», agregó Rubio, quien afirmó que «durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos». Y añadió que el presidente Donald «Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses». Rubio agregó que «o la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI». Washington le concedió, sin embargo, seis meses de gracia al alto tribunal, para dar tiempo a los Estados miembro para que demuestren que responden con acciones concretas «a las preocupaciones de Estados Unidos». Críticas desde distintos frentes La Corte rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos y afirmó que «la historia juzgará este momento». La decisión de Washington constituye «un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley», declaró la CPI a través de un comunicado «Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada», denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros. Agregó que «nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia» e instó a los miembros de la Corte a adoptar «medidas concretas» para garantizar que el tribunal pueda continuar operando. La Unión Europea (UE) criticó las sanciones y señaló que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que la CPI pueda seguir su labor, «tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE en el mercado único», indicó la Comisión Europea. En un mensaje separado, Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron su «profundo desacuerdo» con las sanciones, mientras que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, juzgó como «inaceptables» la decisión estadounidense. Amnistía Internacional, en tanto, llamó a «resistir” el «ataque» estadounidense. Solo Israel aplaudió la medida anunciada por Washington.

Telesur La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina se movilizó este jueves 8 de octubre por la Diagonal Sur, en el centro de Buenos Aires, hasta el edificio del ex Ministerio de Industria. La marcha, bajo el lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, rechazó el modelo económico del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. El cierre del acto estuvo a cargo de los tres secretarios generales de la central: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. Desde la confederación enfatizaron que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”. Según medios locales, el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003) estuvo presente en el acto. Industricidio y crisis social en Argentina La CGT difundió un comunicado del Consejo Directivo Nacional en el que sostiene: “El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros”. Más adelante denuncian que el modelo Milei-Caputo “está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”. Sobre las consecuencias sociales, el texto describe “una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte”. “Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las PyMEs, principal sostén del empleo”, señala el comunicado. La central aclara que no propone aislarse del mundo: “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria”. La CGT cuestionó la idea de una economía “a dos velocidades”, que pone en valor el crecimiento exportador de los sectores energético, minero y del agronegocio frente a la caída de la producción manufacturera. Para la central, “no hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde ‘la plata no alcanza’ y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor”. Críticas al Gobierno y propuesta El documento acusa al Ejecutivo de desatender a la población: “Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”. Frente a ello, la CGT llama a “organizar allí donde todavía no hay organización y a construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos”. Finalmente, en línea con los preceptos rectores de la doctrina peronista: “Frente a estas propuestas del ‘sálvese quien pueda’, nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada”. Esta movilización forma parte de un esquema de protestas escalonadas impulsadas por la CGT antes de evaluar la convocatoria a un quinto paro general contra las políticas gubernamentales. Las agrupaciones convocantes anticiparon que confluirán la próxima semana en la Quinta Marcha Federal Universitaria junto a diversos movimientos sociales para exigir presupuesto educativo y la derogación de los decretos de desregulación económica y entrega de soberanía.

Rusia Today Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que fue violentamente desahuciada en Madrid del piso en el que vivió durante más de 70 años, murió este miércoles, informaron medios locales, sin haber podido regresar a su casa. Según El Diario, la mujer que se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda en España, falleció en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. La información fue confirmada en sus redes por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que le escribió un sentido mensaje póstumo a un de sus integrantes:  «Un día aquí en Madrid, nos fuimos a juntar a defender las casas que nos quieren robar. Maricarmen, no estás sola, nada nos detendrá. El Sindicato es familia, lo vamos a luchar». Maricarmen, como era conocida, vivía en el distrito madrileño de Retiro y fue expulsada en camilla de la casa en que habitó desde 1956, tras días de tensiones entre los vecinos del barrio y la Policía Nacional. «Son asesinatos» La anciana habitaba desde la adolescencia el piso del que fue desahuciada. Luego de varias subrogaciones de su contrato antiguo, la empresa inmobiliaria propietaria del inmueble logró una resolución para sacarla. La razón de esta decisión es que la inquilina pagaba una renta ajustada al contrato anterior, muy por debajo de los precios especulativos actuales. Cerca del Congreso de los Diputados, en Madrid, cientos de manifestantes se concentraron para denunciar el suceso. Muchos de ellos gritaban: «¡No son muertes, son asesinatos!».  Mientras que algunos jóvenes se autoconvocaron para seguir manifestándose. «¡Que viva la lucha de la clase obrera!», corearon. La ola de protestas Su desahucio desató protestas frente al inmueble, que posteriormente se extendieron a otros puntos de la capital española como la Puerta del Sol, la Plaza Cibeles y los alrededores del Congreso, donde incluso ha habido acampadas. Asimismo, las manifestaciones en contra de la medida se realizaron en otras ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla, La Coruña, entre otras. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos advirtieron que no cesarían la movilización en las calles, bajo la consigna «Ni una Maricarmen más«, que han encendido «una chispa» para reivindicar el derecho a una vivienda digna, consignado en la Constitución española, pero violentado por una crisis habitacional marcada por la especulación. Tras lo ocurrido, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que el Ejecutivo trabajaba «contrarreloj» para aprobar un decreto de vivienda, en medio del descontento social por el desalojo. Días luego de haber sido sacada de su vivienda, se conoció que podría volver a ella después que sus representantes legales, el Sindicato y la firma Urbagestión, propietaria del departamento, alcanzaran un acuerdo en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Sin embargo, su regreso no pudo concretarse debido a que fue ingresada a un centro de salud en una condición delicada. Desde el hospital, la octogenaria envió un mensaje de aliento a los manifestantes, a través del Sindicato: «No he logrado defender mi casa, pero voy a seguir luchando», expresó. Los desahucios en el Parlamento En septiembre, el Congreso rechazó los dos decretos aprobados previamente por el Gobierno para evitar los desahucios y regular el sector con el objetivo de proteger los derechos de los residentes. La decisión provocó movilizaciones multitudinarias en defensa del acceso a una vivienda, en un contexto de creciente tensión tras el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desahuciada a finales de septiembre. Tanto el Sindicato como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas hizo una propuesta dirigida al Ejecutivo llamada «decreto Maricarmen» donde se pide la congelación de los alquileres, la renovación automática de los contratos y modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, según Demócrata.

Prensa Latina París, 6 octubre (Prensa Latina).- En medio de las intenciones de los sindicatos de protagonizar hoy una huelga nacional del sector público, las protestas en los liceos franceses de hace dos semanas ya acumulan 215 lesionados entre los estudiantes. De acuerdo con un informe del Gobierno, el caso más grave se produjo ayer en Lens, en el departamento de Pas-de-Calais, donde un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano tras la explosión de una granada policial durante una protesta frente al instituto profesional Auguste Béhal. El joven, estudiante de segundo curso de secundaria fue trasladado a un hospital de Lille y su vida no corre peligro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00, hora local, durante una protesta con participación de entre 200 y 250 educandos. La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, indicó el canal de televisión BFMTV. Un alumno de la misma clase que el joven herido, que presenció los hechos, declaró a BFMTV que algunos manifestantes, en ocasiones, utilizaban morteros caseros contra las fuerzas del orden. Desde el comienzo de las protestas, la IGPN abrió 10 investigaciones relacionadas con las actuaciones policiales. Matignon (gobierno francés) sostiene que “la inmensa mayoría” de los 215 estudiantes heridos resultó lesionada “ya sea en el marco de accidentes” o “por la acción de otros individuos externos”. Las autoridades también informaron sobe seis mil 50 detenciones desde el 28 de septiembre pasado, incluidas cinco mil 60 que permanecen bajo custodia policial. De esa cifra, el 87 por ciento son menores de edad, mientras que 14 están en prisión preventiva con cargos pendientes, de acuerdo con el ministerio de Justicia. Por parte de las fuerzas de seguridad, 715 policías y gendarmes resultaron heridos desde el inicio de las movilizaciones. Varios sindicatos y asociaciones acusaron al Gobierno francés de reprimir las movilizaciones estudiantiles mediante una violencia desproporcionada y de intentar silenciar reivindicaciones que consideran legítimas. La Liga de los Derechos Humanos denunció “una deriva general respecto al Estado de derecho”, indicó BFMTV. De su lado, el ministro del Interior Laurent Núñez rechazó haber dado instrucciones para “reprimir a los estudiantes” y aseguró que las fuerzas de seguridad priorizan la protección de los alumnos, del personal de los centros educativos y a quienes deseen manifestarse pacíficamente.

RT La diputada venezolana Cilia Flores, esposa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ambos secuestrados en Caracas el pasado 3 de enero tras la agresión militar e incursión masiva de tropas de EE.UU. contra Venezuela, enfrenta en la actualidad un cuadro de salud complicado tras presentar «un problema muy delicado en el corazón», informó este lunes a la agencia AFP, Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario retenido por la fuerza en Nueva York. Según la entrevista a Maduro Guerra, quien también es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Flores presenta un «prolapso» en el corazón, una condición que en situaciones graves puede causar fallos cardíacos.  El parlamentario también comentó que la funcionaria venezolana se encuentra privada de libertad junto a otras 40 mujeres y no recibe el tratamiento indicado para atender el padecimiento que presenta. Además, dijo que su estado clínico se ha agravado desde que los agentes del Pentágono la extrajeron junto a Maduro desde Caracas y la encerraron en Nueva York tras acusarla de supuesto «narcoterrorismo». «No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente», aseguró el diputado sobre Flores, quien tiene 69 años y cuya defensa solicitó a la justicia estadounidense que le dieran prisión domiciliaria para atender la dificultad cardíaca pero la medida fue rechazada. Maduro Guerra indicó que Flores «empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero», y agregó que «nunca había sufrido» de la presión arterial. El parlamentario comentó que la esposa de su padre también ha experimentado problemas respiratorios luego de que autoridades de la prisión usaran gas pimienta para controlar una riña entre dos mujeres. «Ella es asmática«, dijo el diputado, quien espera que la justicia pueda hacer «algo bueno esta semana» por la salud de la funcionaria venezolana.

Telesur El electorado latino en Estados Unidos muestra un giro significativo en sus preferencias políticas y se inclina mayoritariamente hacia el Partido Demócrata, impulsado por un profundo descontento ante la gestión económica y los excesos en la política migratoria de la Administración republicana de Donald Trump, según dos sondeos publicados este domingo. Los datos revelan que el respaldo hacia los demócratas se amplía a pocas semanas de los comicios de medio mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre. La medición conjunta de NBC y Telemundo indica que los votantes latinos prefieren una victoria demócrata en el Congreso en noviembre por un margen de 24 puntos, con 59% frente al 35% que respalda a los republicanos. Esta diferencia supera ampliamente la ventaja de 12 puntos de los demócratas entre los votantes latinos a esta altura de 2024, aunque sin alcanzar la amplitud de las elecciones intermedias de 2018. Una tendencia similar arroja el estudio de CBS y YouGov, donde los votantes latinos con probabilidades de sufragar respaldan, en proporción de 60% contra 39%, a un candidato demócrata frente a uno republicano en su distrito de la Cámara de Representantes. Economía y costo de vida como detonantes El descontento de la comunidad latina se centra fundamentalmente en el manejo de la economía y el incremento de los precios. El sondeo de NBC y Telemundo sitúa la aprobación general del mandatario en apenas 27%, mientras que su gestión sobre el costo de vida desciende al 20%. La consulta de CBS y YouGov arroja que el 56% de los votantes registrados considera que Trump está haciendo un peor trabajo en su segundo mandato que en el primero, y el 70% atribuye a sus políticas un aumento de los precios de los alimentos y productos de supermercado. El Partido Demócrata (48%) aventaja al Partido Republicano (27%) en la confianza ciudadana sobre un mejor trabajo en el manejo de la economía. La opinión negativa del Partido Republicano creció al 62% (frente al 46% registrado en septiembre de 2024). Cuestionamientos a la política migratoria de Trump Si bien el ámbito migratorio otorga a Trump una valoración ligeramente superior, alcanzando un 30% de respaldo, dos tercios de los consultados de la comunidad latina advierten que su Gobierno ha ido demasiado lejos en su enfoque para hacer cumplir las leyes migratorias. Aproximadamente, una cuarta parte de los encuestados afirma conocer a alguien que ha sido deportado o detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos dos años. Este panorama contrasta con el protagonismo que los aproximadamente 36 millones de votantes latinos del país tuvieron en los comicios de 2024, cuando se alejaron de su trayectoria histórica de apoyo abrumador a los demócratas y Trump obtuvo el 46% del voto latino, frente al 51% de la demócrata Kamala Harris. La encuesta de CBS/YouGov revela que, entre el electorado en general, los votantes con probabilidades de sufragar favorecen a los demócratas por un margen de nueve puntos, en sintonía con otras mediciones recientes sobre la intención de voto genérico. En cuanto a la metodología, el estudio de NBC News y Telemundo se desarrolló en inglés y español del 21 al 28 de septiembre, mediante entrevistas telefónicas en vivo y encuestas en línea, a una muestra nacional de 800 votantes latinos registrados (con un margen de error porcentual de 3.5). La encuesta de CBS News y YouGov se llevó a cabo en línea del 30 de septiembre al 2 de octubre con una muestra nacional aleatoria de 2.166 adultos. Los resultados entre todos los adultos tienen un margen de error porcentual de 2.5 puntos porcentuales; entre los votantes con probabilidades de votar, unos 3.1 puntos porcentuales.