Telesur
La resistencia popular se profundiza en Ecuador, en el día 15 del paro nacional 2025, con la movilización de las comunidades amazónicas de Pastaza y una advertencia de la CONAIE de «tomarse Quito».
Las protestas rechazan la eliminación del subsidio al diésel ordenado por el mandatario Daniel Noboa y otras políticas gubernamentales. Denuncian la escalada de violencia estatal contra los manifestantes y la declaración del estado de excepción en diez provincias con el objetivo de impedir las movilizaciones.
Este lunes, 6 de octubre, los pueblos de Pastaza iniciaron la «Marcha por la Vida y el Territorio» para defender sus derechos colectivos y su cosmovisión, concentrándose en el Estadio Víctor Hugo Georgis. Llaman también al Gobierno a abstenerse de la explotación petrolera y minera en sus territorios, con el reclamo colectivo «¡Pastaza Viva, Pastaza Digna, Sin Petróleo, Sin Minería!».
El movimiento indígena mantiene sus demandas, que incluye la derogatoria del Decreto 126 que disparó el precio del diésel, y la reducción del IVA del 15% al 12%, además de soluciones urgentes a las crisis en salud y educación.
La respuesta gubernamental es la radicalización de la represión: Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en diez provincias, suspendiendo la libertad de reunión.
Esta medida busca contener las protestas, que según el Ejecutivo se tornaron violentas. No obstante, el monitoreo de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos registra hasta el 5 de octubre 219 vulneraciones, 95 detenidos, 112 heridos, 12 desaparecidos y 1 fallecido.
La escalada de violencia estatal se produjo tras el asesinato del líder comunitario indígena Efraín Fuérez, en Imbabura, quien recibió un disparo por la espalda mientras protestaba.
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa, a sus ministros y al Estado ecuatoriano por el crimen, advirtiendo que «no puede quedar en la impunidad» y exigiendo una investigación internacional independiente.
La Alianza ecuatoriana de Derechos Humanos (DD.HH.) detalló la brutalidad militar, que incluyó patadas al cuerpo agonizante de Fuérez y agresiones a su amigo.
El Gobierno recurrió a la criminalización, utilizando la figura del terrorismo contra manifestantes.
Es el caso de «Los 12 de Otavalo», campesinos y artesanos kichwas acusados falsamente de terrorismo y trasladados a cárceles peligrosas como parte de una estrategia de «disciplinamiento».
En este contexto, los organizadores del Paro Nacional denunciaron que el Gobierno intenta vincular falsamente a algunos detenidos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua para justificar la represión.
Lucía Guitarra, la esposa de Fuérez, denunció la violencia y señaló que los objetivos que el objetivo del paro es reclamar derechos.
«No salimos a matar, salimos a reclamar lo que es nuestro», sentenció.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, instó al Gobierno nacional a abrir un «diálogo serio y concreto» para evitar la inminente escalada, pues la advertencia de la CONAIE de tomar la capital se mantiene firme ante la postura de Noboa de «no negociar y no retroceder» en el subsidio.
