Sucre, 7 de octubre (El Nuevo Cambio).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, demandó la renuncia inmediata de los magistrados autoprorrogados, por ser ilegales y por haber sido los que más daño le ocasionaron a Bolivia y la democracia.
Afirmó que estos magistrados carecen de legalidad y legitimidad, por lo tanto, deben cesar en sus funciones de inmediato o presentar renuncia al cargo o en su caso deben ser cesados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ASP).
La autoridad, sin embargo, no dijo nada sobre las resoluciones adoptadas por los magistrados, sobre todo la sala cuarta, por los magistrados Yvan Espada y Gonzalo Hurtado, que siendo ilegales emitieron disposiciones que carecen también de valor legal. Los autoprorrogados, además de Espada y Hurtado, son Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
“Bolivia debe recuperar la institucionalidad”, dijo Saucedo al señalar que estos magistrados, fueron los que más daño le ocasionaron a Bolivia y reiteró que los que se prorrogaron desde enero de 2024, son autoridades ilegales.
«Una de las instituciones que más daño a causado al país y su democracia, es el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de los Magistrados autoprorrogados”, reiteró y afirmó que no se puede permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad.
Mencionó que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya aprobó en la Cámara de Senadores una ley para cesar el mandato de ellos y actualmente falta la consideración en Diputados que debería ratificar la disposición.
“Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. Bolivia debe recuperar la institucionalidad!», afirmó.
La afirmación de Saucedo fue respaldada por el expresidente de la República, Eduardo Rodriguez Veltzé, que pidió también que se expresen sobre el tema otras instituciones del Estado, incluyendo a la Contraloría.
Entre tanto, aunque no de manera oficial, los magistrados autoprorrogados e ilegales expresaron que sólo pueden ser removidos de sus cargos, a través del voto ciudadano y no de la Asamblea Legislativa.
