Cochabamba, 7 de octubre (El Nuevo Cambio).- La intención de la Alcaldía de Cochabamba por imponer una nueva inspección vehicular cobrando un impuesto de 70 bolivianos a los usuarios, generó una serie de protestas y rechazo, porque “sólo se trata de un abuso y de sacarle plata al pueblo”.
El transporte público público y privado rechazó la medida y advirtió con asumir medidas de presión, por lo que calificaron de un intento del alcalde Manfred Reyes Villa por imponer un nuevo impuesto a título de realizar inspecciones medio ambientales, cargando a la población gastos ilegales.
El costo del nuevo impuesto es de 70 bolivianos el doble de lo que cobra el gobierno, a través de la Unidad de Tránsito de la Policía, también por una inspección vehicular que se realiza anualmente en todo el territorio nacional.
La Alcaldía de Cochabamba aprobó una ley que dispone la inspección vehicular ambiental municipal obligatoria para todos los vehículos particulares, medida que se aplicará de forma paralela a la inspección técnica vehicular (ITV) que realiza la Policía Boliviana.
Según la concejal Silvia Solíz, el costo de esta nueva inspección de 70 bolivianos, es el doble de lo que actualmente cobra la Policía Boliviana por el mismo procedimiento.
Dijo que la ley establece multas que van desde los 250 hasta los 750 bolivianos para quienes no cumplan con la revisión ambiental, incluso para aquellos conductores que solo circulen de manera transitoria por el municipio.
Solíz calificó como un abuso la medida municipal, cuestionó la legalidad de la medida y anunció que asumirá acciones legales contra la Alcaldía, argumentando que esta disposición usurpa competencias de la Policía Boliviana y afecta directamente la economía de la población.
“No se puede castigar dos veces al ciudadano por lo mismo. Esta ley es un abuso y una forma encubierta de recaudar recursos económicos a costa del bolsillo del pueblo”, dijo la concejal.
Entre tanto, varios sectores rechazaron la medida y dijeron que en vez de que el alcalde Reyes Villa “le saque plata al ciudadano debería priorizar soluciones reales a la contaminación —como el control de fuentes industriales o la modernización del transporte público— antes que crear nuevas cargas económicas para los propietarios de vehículos particulares”.
