Opinión

Por Dolores Arce “Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro”, quien no recuerda estas palabras de una valerosa mujer minera, Domitila Chungara, que hace 47 años fue una de las 4 mujeres que iniciaron la huelga de hambre que derrotaría al dictador, un 28 de diciembre del año 1977. En el contexto actual, no solo nuestros miedos, también la desmemoria y la deslealtad amenazan con retrocesos que nos pueden costar sangre si no tenemos la capacidad de frenar la rearticulación y el avance de la derecha neoliberal, racista y fascista que se ha propuesto borrar del mapa el Estado Plurinacional y volver al pasado. Hace 66 años atrás, un Primero de Enero el pueblo hermano cubano, alzado en armas, puso la piedra fundamental de una Revolución y aún sigue de pie, pese a tanto asedio, sabotaje, bloqueo económico y todo el odio escupido por el imperialismo norteamericano.  ¿Cuál será el secreto de su revolución?  Entre un trabajo imparable por construir una sociedad más justa y solidaria, pero está también otro pilar, la formación política ideológica sólida, sostenida, para formar nuevas generaciones que sepan soportar las adversidades y la crisis sobre la base de la comprensión de la realidad y los mecanismos de dominación. Al igual en la República bolivariana de Venezuela, en pocos días se juramentará una vez más como presidente reelecto Nicolás Maduro, aunque le duela al imperio y a muchos gobiernos occidentales con democracias de corte burgués, incapaces de comprender – y respetar – la voluntad popular. Al triunfo de la revolución bolivariana de 1999 le siguieron conspiraciones, golpes de Estado, boicot y guerra económica, psicológica y mediática, también la guerra cognitiva o batalla cultural. Ya en tiempos de Chávez el pueblo venezolano supo resistir y vencer los intentos de acabar con una Revolución para acaparar de nuevo el tan acodiciado oro negro. Esta victoria no hubiera sido posible sin la conciencia social revolucionaria del trabajo en barrios, a partir de los concejos comunales, y fundamentalmente la formación de la nueva generación. Por supuesto no faltarán los descontentos, que hacen lo posible por salir del país o aún peor, ponerse al servicio de los enemigos a cambio de migajas, hablando tanto de Cuba como de Venezuela. Pero ambos países supieron resistir por décadas construyendo la Patria Grande, brindando su solidaridad de la cual somos testigos en Bolivia. Por lo tanto, la defensa de Venezuela es deber moral de todo aquel que se identifica con el movimiento popular antifascista, anticapitalista y antimperialista, un flaco favor le hacen a la democracia los comentarios negativos y ofensivos de Lula o Mújica, para regocijo del imperio. Este año 2025, año del bicentenario, se juega una vez más nuestro futuro. La derecha neoliberal, racista y fascista, capitalista y proimperialista hace su máximo esfuerzo por unificarse y con el apoyo de los grandes medios de comunicación y fundamentalmente las redes sociales además del asesoramiento y billetes del imperio, crear la confusión necesaria para sumar votos aún si ello implicara darse un tiro en el pie, como ocurrió en la Argentina con Milei. El pensamiento fascista de borrar todo proyecto social y estatal, se ve muy bien representado en el símbolo la “motosierra” para joder al pobre, al zurdo, al sindicalista. Parece que en Bolivia también hubiéramos perdido el rumbo, ya no sabemos identificar al enemigo principal. ¿Acaso el Trópico de Cochabamba, que tantas vidas ha ofrendado en la lucha por la recuperación de la democracia, es una zona prohibida, un territorio enemigo? ¿Ahora las 6 Federaciones del Trópico deben ser borradas del mapa? Las 4 radios comunitarias acalladas en el mes de noviembre, Radio Guerrilleros de Independencia, Radio Chiwalaki de Vacas, Radio Comunitaria Aiquile y poco después Radio Tawantinsuyo de Laja, ¿por qué se buscan pretextos o se aplica con tanta saña una norma administrativa de manera unilateral?  ¿Cuando hay medios de comunicación que vomitan odio y desinforman con mucha soltura sin recibir ninguna sanción? El ministro bravucón Del Castillo se parece cada vez más a su antecesor, Arturo Murillo.  Les une el odio a Evo.  ¿Es posible catalogar a Evo Morales como enemigo principal?  Tanta desmemoria, tanta deslealtad nos está llevando a la derrota como proyecto político.  Si en la Cuba de Fidel o la Venezuela de Chávez hubiera ocurrido algo semejante, ¿cuál hubiera sido la reacción del movimiento popular y revolucionario, nacional e internacional? Hace falta no solamente mucha reflexión, sino aplicar una purga, un código SUYSUNA para volver con más fuerza y convicción, sin prebenda o interés personal de por medio, porque los principios revolucionarios son primero. Triste papel de los traidores – a lo largo de la historia en todos los procesos de liberación aparecen – por dinero y prebendas entregan o venden a los líderes.  Que no nos dejemos confundir, que tengamos la lucidez de identificar al enemigo principal y no rifar el proyecto político más importante de nuestra historia, son mis deseos para este año del bicentenario.

Por Ruperto Perca Quispe El mundo debe saber que en Bolivia el Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca no son del auténtico Movimiento al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Tampoco es de izquierda, popular o progresista. Hace tiempo dejó de ser Gobierno y se convirtió en Régimen. No solo traicionó al Proceso de Cambio sino a sus electores. Por destruir a Evo Morales, el líder histórico del MAS-IPSP, Lucho Arce -conocido como Tilín por inútil- destruyó la economía de Bolivia y la de los bolivianos. Dividió a organizaciones sociales y se compró con dineros de las arcas del Estado a dirigentes sin conciencia y, en muchos casos, infiltrados de partidos neoliberales. ÓRGANO JUDICIAL DE FACTO Lo más terrible es que el régimen de Arce-Choquehuanca entronó a un Órgano Judicial de Facto, con magistrados y jueces autoprorrogados, violando la Constitución Política del Estado y la elemental ética del derecho. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agrario y del Consejo de la Magistratura, fueron elegidos en las urnas por seis años. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), les entregó credenciales con mandato hasta el 31 de diciembre del 2023, tal como hizo con fecha de expiración de mandato de gobernadores, alcaldes y concejales en todo el país. Sin embargo, sin ningún respaldo de algún artículo de la Constitución Política del Estado o de ley alguna, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia aprobaron, a finales del 2023 -cuando ya debieron marcharse- un fallo disponiendo la prórroga de mandato de manera indefinida de todos los magistrados. Desde enero del 2024, esos exmagistrados usurpan un cargo, reciben salarios del Estado, disponen recursos económicos públicos sin tener competencia legal, dictan fallos con abierto y escandaloso favoritismo al régimen de Arce y Choquehuanca. Ningún fiscal del país tuvo hasta ahora la decencia de actuar de oficio para frenar ese abuso de poder y las actuaciones ilegales de los Magistrados de Facto. La Contraloría no realiza ninguna auditoría a los usurpadores de funciones para frenar el manejo de recursos públicos. No hay medios de comunicación ni periodistas que echen un grito al cielo ante semejante dictadura judicial. SENTENCIAS A LA CARTA PARA EL ARCISMO El régimen arcista protege asquerosamente a esos Jueces de Facto porque ellos son eficientes sirvientes que dictan fallos a la carta, según los intereses y deseos de los inquilinos de la Casa Grande del Pueblo o de Palacio Quemado. El Órgano Ejecutivo está feliz con esos Jueces de Facto porque actúan por encima de todos los Órganos del Estado.  No solo les da más dinero del Tesoro General de la Nación para mantener la Dictadura Judicial sino que los encubre con un batallón de fiscales y policías para que nadie se atreva a criticarlos, acusarlos o juzgarlos. LEGISLATIVO CERRADO La Dictadura Judicial cerró, en la práctica, el Órgano Judicial, pues los senadores y diputados -elegidos en las urnas con miles de votos- no pueden fiscalizar ni interpelar a ministros del Órgano Ejecutivo tal como manda la Constitución. Un juez constitucional de rango inferior, Israel Campero, prohibió, pisoteando la Carta Magna, ejercer el mandato que tienen todos los legisladores para solicitar informes a los ministros y, de ser necesario, censurarlos y destituirlos de sus cargos. Ese juez Campero, un rabioso militante y apologista del Gobierno de Arce-Choquehuanca, además de ser empleado del régimen arcista en la OEA, ahora, es candidato al Tribunal Constitucional para seguir siendo operador de la Dictadura Judicial que tanto beneficia al Órgano Ejecutivo. LOS SUCIOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En el Tribunal Constitucional, dos Magistrados de Facto son los más sucios: Gonzalo Hurtado e Yván Espada. Ellos actúan en complicidad con otros ilegales. Todos sus fallos son en favor del Gobierno de Arce. Y por eso reciben protección desde el Ministerio de Justicia de Arce-Choquehuanca, con el blindaje de la prensa comprada con millonaria pauta publicitaria estatal. Hurtado y Espada dispusieron ilegalmente la suspensión de elecciones judiciales en los departamentos a los que legalmente representaron hasta el 31 de diciembre del 2023. Dictaron una sentencia ilegal para quedarse de manera indefinida en cargos que ya no les corresponde. No solo usurpan funciones, sino que dictan sentencias por encima de los Órganos Electoral y Legislativo. Hurtado y Espada, actúan como monarcas, dictadores supremos, intocables, protegidos con policías armados hasta los dientes. Son poderosos porque ni el Contralor ni el Fiscal de Estado se atreven a tocarlos. Lo escandaloso es que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se bajan los pantalones ante el Órgano Judicial de Facto. Se dejan abusar y violar por esos dos cochinos autoprorrados. VOCALES DEL TSE COBARDES, PREVARICADORES Y SIRVIENTES DEL EJECUTIVO Los vocales del TSE: Oscar Hassenteufel Salazar, Francisco Vargas Camacho, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martin Crespo y Gustavo Ávila Mercado, son cobardes, prevaricadores y sirvientes no solo del Tribunal Constitucional de Facto sino del Gobierno de Arce que apenas tiene el 2% de apoyo en la ciudadanía. Ninguno de esos vocales electorales son una garantía para llevar adelante elecciones limpias o administrar las cuestiones de los partidos políticos de manera legal porque acatan fallos de un Tribunal Constitucional de Facto, ilegal, autoprorrogado, violador de la Constitución, abusivo, sinvergüenza o sucio. EL ARCISMO Y SU PODER DE FACTO EN DIPUTADOS El régimen arcista solo se sostiene con un Órgano Judicial de Facto en el que tiene pongos que redactan sentencias a pedido del cliente. También en la Cámara de Diputados rige la Administración de Facto. El legislador arcista, Omar Yujra, se autonombró Presidente de la Cámara de Diputados  con la complicidad de legisladores tránsfugas. Yujra y su supuesta directiva, usan recursos económicos del Estado ejerciendo cargos que asumieron sin ninguna elección. No hubo votación de los diputados. EL PRESUPUESTO GENERAL DE FACTO Como le encanta gobernar de manera dictatorial, Arce y Choquehuanca, pondrán en vigencia con un decretazo, el Presupuesto General del Estado (PGE), aunque tal como pasó con las elecciones judiciales, simulan un debate en el Legislativo.  En

Al Pereyra A pocos días de haberse cumplido mil días de la guerra entre Ucrania y Rusia, la comunidad internacional expresó su preocupación después que el presidente estadounidense Joe Biden autorizará al gobierno de Volodimir Zelenski la utilización de sus misiles en territorio ruso, autorización que fue contrarrestada por el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, al ordenar lanzar, por primera vez, un misil balístico hipersónico contra Ucrania. Rusia está ganando terreno constantemente en el este de Ucrania pese al alto número de bajas y con las fuerzas ucranianas necesitadas de más soldados, pero con un cambio importante en el apoyo que reciben de Estados Unidos: la posibilidad de utilizar los misiles Atacms en territorio ruso. Rusia acusó a Estados Unidos de echar “leña al fuego” y seguir provocando una escalada de tensión en torno a la guerra en Ucrania al autorizar ataques con misiles de largo alcance. Sin dejar pasar un segundo más, Moscú actualizó su doctrina nuclear y Putin firmó un decreto por el que se aprueban los fundamentos de la política estatal rusa en el ámbito de la disuasión nuclear. El documento establece que “la agresión de cualquier Estado de una coalición, bloque o alianza militar contra la Federación Rusa o sus aliados se considerará una agresión”. El decreto determina que «la disuasión de la agresión está garantizada por la totalidad del poder militar de la Federación Rusa, incluidas las armas nucleares». Moscú confiaba en que las potencias occidentales atendieran los avisos del Kremlin, como el claro mensaje que Putin envió en septiembre pasado cuando dijo que si daban permiso a Kiev para el empleo de misiles de largo alcance eso significará que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “están en guerra con Rusia”. La semana pasada, la cadena de televisión CNN y el influyente diario The New York Times informaron de la decisión sin precedentes del gobierno de Biden, quien finalizará su mandato el próximo 20 de enero. La cadena estadounidense, que citó como fuentes a dos funcionarios del país del norte, aseguró que las armas están destinadas a ser utilizadas, por el momento y principalmente, en Kursk, la región del sur de Rusia, en la que Moscú ha desplegado casi 50.000 tropas. La decisión del presidente Biden es un cambio importante en la política estadounidense y ha dividido a sus asesores, ya que la medida se produce dos meses antes de que su sucesor, el presidente electo, el republicano Donald Trump, asuma el cargo, tras haber prometido que va a limitar el apoyo a Ucrania. Recordemos que Trump como Putin mantienen buena sintonía. Durante su campaña electoral, Trump aseguró que tiene la intención total de lograr alcanzar de alguna manera la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además, durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), éste mantuvo en alto la diplomacia de Washington con Moscú. Trump ha afirmado repetidamente que mantiene buena relación con Putin. A finales de septiembre, en una reunión con el presidente ucraniano Zelenski en Nueva York, mencionó su buena relación con Putin y si sería reelegido presidente de Estados Unidos, esta relación le podría ayudar a poner fin rápidamente a la guerra. Sus oponentes, sin embargo, lo acusaron de estar demasiado cerca del líder del Kremlin e incluso de actuar, en ocasiones, en beneficio de los intereses de Moscú. El temor es que, bajo otro Gobierno de Trump, el acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania pueda significar importantes concesiones a Moscú. Desde que hace más de un año, las fuerzas rusas no han dejado de avanzar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, aunque Moscú sigue lejos de su objetivo de controlar todo el territorio. Aunque reconoce estos avances rusos, Kiev insiste en que tienen lugar a un precio récord de pérdidas humanas y de material, y se aferra, como llevan haciéndolo desde el segundo año de la guerra, a la esperanza de que el Kremlin se quede sin hombres y equipamiento para suplir estas bajas. Esperanza que se disuelve teniendo en cuenta que en enero próximo Trump regirá la política estadounidense que, para muchos, estará en sintonía con Moscú.

La Montaña Blu El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, comunicó la decisión política del gobierno —seguramente tomada por el presidente Luis Arce, ordenada al ministro de Gobierno Eduardo Del Casillo y este al comandante general Augusto Russo— de privar la seguridad física a las familias del trópico de Cochabamba. El generalísimo Aguilera dejó sentado que la decisión gubernamental se fundamenta en que los policías destinados a proteger las vidas humanas y las actividades sociales y económicas de esa región, no tienen garantías para cumplir con la ley. Se comprende que las garantías deben ser ofrecidas —no explicó cuáles— por los vecinos que habitan el trópico. Lo claro es una respuesta represiva al último movimiento popular en la región que rechazó las políticas económicas del gobierno de Arce, el intento de magnicidio de Evo Morales, la detención arbitraria masiva de dirigentes sindicales y ciudadanos que participaron en el prolongado bloqueo de carreteras. Antes de J. Aguilera, su colega de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos había dicho que la policía no retornaría a sus puestos de trabajo en el Chapare, porque no tenían garantías de las autoridades locales, sindicatos y de otros estamentos de la sociedad civil para ejercer su función sin amenazas de secuestro, golpizas, privación de alimentos, etcétera. Ambas autoridades, subordinadas al ministro Del Castillo, afirmaron también que los gobiernos municipales de la región deberían aprobar presupuestos para el funcionamiento de las unidades policiales. Nadie del gobierno, menos los medios de comunicación subordinados a la publicidad financiada por el Estado, admitió que la decisión política tomada que resulta violatorio a la Constitución y leyes conexas, incluso de la ética y doctrina policiales. Esta suerte de amotinamiento contra la seguridad ciudadana vulnera el mandato constitucional que asigna a la Policía Boliviana “la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano (251)”. Las leyes que se refiere la constitución son garantizar “el derecho fundamental a la vida y a la integridad física, los derechos civiles a la libertad y seguridad personal”, cumplir con las funciones “preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz y justicia”, “servir a la Patria y la sociedad con lealtad”, con practica moral expresada en actos de valores humanos y sociales y “garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien (…)”. El mal recordado ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, puso de moda condecorar a policías que actuaron con brutalidad, cerrar módulos policiales, suspender la vigilancia y tolerar la delincuencia callejera, con el fin de escarmentar las protestas populares. Nada cambio ahora con vil actuación.

Por Dolores Arce Los pueblos colonizados, sometidos y violentados siempre han sabido encontrar la forma de burlar las prohibiciones del opresor. Es el caso de Palestina, hoy nuevamente martirizada por el sionismo israelí que comete un genocidio a vistas y paciencia del dizque “civilizado” mundo occidental.  Las cifras oficiales hablan de 50.000 muertos en los últimos 14 meses, en su totalidad población civil (la mayoría de las víctimas niños y mujeres), ya que Palestina no cuenta con ejército.  Sin embargo, la cifra se estima en cuatro veces mayor, puesto que no incluye los cuerpos no identificados, pulverizados o desintegrados por las bombas, enterrados bajo toneladas de escombros. Para una población palestina de algo más de 2 millones de habitantes en la región de Gaza, una cantidad escalofriante. Revuelve el estómago el silencio de los organismos internacionales ante semejante crimen de lesa humanidad, así mismo la complicidad de las grandes cadenas mediáticas que se empeñan en justificar los ataques a título del derecho de “defensa” de Israel.  Si bien recientemente la Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, nada garantiza la condena de este carnicero, Israel tiene muchos socios y cómplices, el principal de ellos: Estados Unidos. Lleva más de un año esta última arremetida para aniquilar un pueblo – literalmente borrarlo del mapa – de ahí tanta saña para no dejar piedra sobre piedra.  Pero la colonización no es reciente, data de hace más de un siglo, bajo la figura de “Mandato británico”, Gran Bretaña ocupó (perdón, “administró”) el territorio de Palestina por 30 años, hasta que en 1948, después de la segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas decidieran inventar un estado a costa de otro: la creación de Israel, convirtiendo en extranjero en su propia tierra al originario pueblo palestino. Hubiera sido interesante que los Estados Unidos le cedan un pedazo de su país donde los judíos se hubieran integrado con mucha facilidad ya que les une el amor por el dios dinero y el racismo. Llama la atención la hipocresía de los organismos internacionales, que mientras que sancionan a unos (caso Rusia, que queda “castigada” o excluida de eventos deportivos, artísticos y una serie de sanciones económicas por la invasión a Ucrania) cierra los ojos y mira para otro lado,  cuando se trata de Israel.  Hay dos símbolos palestinos que le causaron tremendo dolor de cabeza a la potencia invasora, ambos son la representación del territorio, la resistencia y lucha con identidad y dignidad por un futuro mejor. En Palestina, el olivo no solo es un árbol, es un emblema de identidad y arraigo. Su cultivo, que abarca aproximadamente la mitad de la tierra agrícola del país, sostiene a más de 100.000 familias palestinas. Estos árboles, algunos de miles de años de antigüedad como el histórico Al-Badawi en Al-Walaja, son testigos vivos de la historia, pero también de los desafíos que enfrenta el pueblo palestino.  Desde 1967, las fuerzas de ocupación y los colonos han destruido o arrancado alrededor de 800.000 olivos en Cisjordania, afectando no solo la economía sino también la conexión cultural y emocional de las familias con su tierra.   Con más de 5.000 años de historia, el olivo más antiguo de Palestina🇵🇸 sigue en pie gracias a la dedicación de una familia palestina que, generación tras generación, lo ha protegido de los soldados israelíes y los colonos ilegales que intentan destruirlo. El 26 de noviembre, es el Día Mundial del Olivo, un símbolo de territorio, paz, resistencia y esperanza para los palestinos. La sandía tiene una historia similar, ya que ante la confiscación y prohibición de ondear la bandera palestina, cuyos colores son rojo, negro, blanco y verde, el ingenio popular remplazó las banderas con mitades de sandías en las protestas.  Hoy en día, la sandía se ha convertido en símbolo de solidaridad con la causa palestina, llegando a viralizarse e incomodando a los usurpadores sionistas. Cada pueblo tiene su simbología, de acuerdo a las raíces culturales y trayectorias de lucha. En Bolivia, la wiphala y la sagrada hoja de coca son y serán testigos de resistencia y emancipación de los pueblos.  En resumen, territorio, resistencia, lucha con identidad y dignidad.

Por Ruperto Perca Quispe El pueblo en las calles califica de “maldito” al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Muchos ciudadanos de a pie gritan: “¡malditos!” a los gobernantes actuales, ministros, viceministros y sus sindicalistas comprados. Y en vez de decir “presidente Arce”, la gente afirma: “el Catacora”. Hay mucho empute en el país contra la administración de Arce y Choquehuanca. De gobierno pasó a régimen. De régimen a dictadura. El pueblo tiene razón al decir “maldito” al grupo de racistas que se adueñaron de la Casa Grande del Pueblo. Bolivia sufre la Dictadura Judicial y Mediática. Lucho, David y sus ministros -muchos de ellos k’aras (blancos) odiadores de los campesinos- solo se sostienen con asquerosos magistrados autoprorrogados, sobre todo del Tribunal Constitucional y del Supremo Tribunal de Justicia (Corte Suprema). Lucho Arce -traidor y malagradecido con Evo Morales y el auténtico MAS-IPSP y Proceso de Cambio- ya sufre el castigo del pueblo. No pasa del 2% en preferencia electoral, está en los tres peores presidentes de Sudamérica y cerca del 95% de los bolivianos asegura que el país se va al infierno económico. Por supuesto que esto no informa la “prensa independiente” de Bolivia ni los medios estatales (ABI, RPO’s, Bolivia Tv y Ahora el Pueblo) tan “profesionales” cuando se trata de echar mierda a Evo. Se escucha en las calles de Bolivia indignación contra Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca. El Jilata, como se hace llamar el “segundo hombre del país”, nunca ofrece conferencias de prensa ni sale a las calles para caminar y ver la realidad. Es uno de los mayores cobardes y traidores del régimen que se cae en pedazos. El “hermano David” es un monumental cómplice de la represión y encarcelamiento de campesinos. No abrió la boca ni asumió ninguna acción para impedir la humillación de sus hermanos indígenas del altiplano, de los valles y trópico. Denunciado por ser un agente de EEUU, un malinche, un traidor de su gente que tiene su mismo origen y sangre, el Jilata sigue leyendo discursos que se lo escriben k’aras de Organismos No Gubernamentales. Grita contra el colonialismo, pero es el primer peón de los colonialistas e imperialistas. Es un ll’unku de los k’aras que desde el Legislativo destruyeron la democracia, la institucionalidad y la decencia. Hubo robos, corrupción, violaciones, borracheras, transfugio, compra de votos y otras cochinadas en el Parlamento pero Choquehuanca, como lo hizo, los 4 años, mantuvo un silencio cobarde y cómplice. Muchos se preguntan cuándo y con quién comenzó la división del MAS-IPSP. Todos los caminos apuntan al Jilata. Por su odio, envidia y venganza contra Evo al no haber sido elegido candidato presidencial, juró una noche, entre sus fieles, destruir a su hermano indígena que lo tuvo como canciller durante casi todos sus gobiernos. Choquehuanca fue el primero en mandar a sus perros para ladrar la palabrita “renovación”. Luego le convenció a Lucho para sumarse al Plan Negro de matar política, judicial y moralmente a Evo. Le garantizó a Lucho protección e impunidad con organizaciones sociales compradas y jueces delivery o a la cara para cerrar el Legislativo y poner en marcha la Dictadura Judicial. Luego vinieron ministros que jamás militaron en el MAS y se jactaron de ser académicos, técnicos y honestos. Prometieron poner fin al ciclo de los indios en el poder. La traición a Evo comenzó cuando Lucho y David, no lo recibieron en Villazón tras el retorno del exilio obligado en el vecino país. Tampoco, el flamante mandatario agradeció a Evo por haberlo elegido como candidato presidencial del MAS-IPSP. Esta actitud miserable de Lucho fue detestable. En la vida nunca hay que ser malagradecido. La Pachamama y Dios castigan a los malagradecidos. Solo como referencia de lo que es ser agradecido. La presidenta de México Claudia Sheinbaum, cuando asumió el mandato le dedicó una tonelada de palabras de gratitud al mandatario saliente López Obrador. El reciente elegido presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, tras haber triunfado en el balotaje el domingo 24 de noviembre, agradeció a Pepe Mujica y a su esposa, la senadora Lucía Topolansky. Otro comportamiento de los traidores es cuando en marzo del 2021, Arce y Choquehuanca, apoyaron a los candidatos de la oposición y criminalizaron a los postulantes del MAS-IPSP que tenían el aval y coordinación de Evo. Por eso en La Paz se perdieron las alcaldías de la hoyada y del El Alto, además de la gobernación. Lucho, David y los traidores, apoyaron a Copa, Arias y Quispe. Actualmente estos tres son aliados entusiastas del régimen arcista. Los malditos y canallas, siguieron emborrachados de poder y empezaron a dejar sin empleo a muchos militantes del MAS solo por ser sospechosos de evistas. Como lo hizo el nazismo de Hitler, ministros y viceministros, que nunca fueron del MÁS, ejecutaron una operación de “limpieza” de evistas. Pusieron en cargos a gente que pateó, reprimió y escupió a los masistas durante el golpe de Estado de Mesa, Tuto, Quiroga, Camacho, Doria Medina, Añez y otros derechistas y neoliberales. Ministros, viceministros y diplomáticos que no hicieron campaña electoral para que gane el MAS-IPSP con Lucho y David, en el año 2020, ahora tienen cargos. Muchos de ellos que comieron de la mano de Evo, hoy son como perros rabiosos que todos los días ladran, muerden y vomitan la espuma y la baba del odio, la traición, la maldad y el mal agradecimiento. Lucho, David, sus ministros, diputados y senadores, durante los últimos cuatro años no gobernaron para mejorar la vida de los bolivianos. Estuvieron ocupados en cómo fusilar a Evo y a los evistas. Son peor que los gobiernos de facto de Banzer, García Meza, Arce Gómez y Añez. Son unos canallas y malditos como los califica el pueblo. No podrán caminar ni 100 metros por las calles y pueblos porque fueron malévolos con sus propios compañeros. Con su Dictadura Judicial y Mediática, el régimen traidor metió palo, gases, bala, difamaciones e insultos a sus propios electores. Solo un canalla puede meter a la cárcel al

Por Dolores Arce Hace más de dos semanas que el bloqueo de caminos entró en cuarto intermedio, pero lo que no cesa, son las interminables filas por abastecerse de combustible, tampoco aparecieron los dólares. La escalada de violencia va tomando forma de cerco sistemático al indio desde diferentes flancos, entrando a una fase de aniquilación, mientras paralelamente la desinstitucionalización del Estado llega a niveles alarmantes y el ciudadano de a pie siente que la economía se va al pique.  Por lo mismo, se reactivan bloqueos esporádicos en diferentes regiones, ya sea por transportistas impotentes ante la falta de soluciones y otros sectores que no encuentran respuestas a sus demandas, esta vez sin poder acusar de ello a Evo Morales. Ya no cabe la menor duda sobre la veracidad de la denuncia de un “Plan Negro”, impulsado por el gobierno para poner en jaque a Evo Morales y al proyecto del Instrumento político que éste representa. Como brazo operativo o verdugo de la democracia, se tiene a la tristemente célebre Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP,  en sus magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado,  quienes “casualmente” también inhabilitaron ilegalmente e inconstitucionalmente al expresidente Evo Morales, restringiendo su repostulación bajo una figura introducida de ampliar la prohibición a la reelección discontinua, modificando así arbitraria e ilegalmente inclusive nuestra Carta Magna que no contempla este concepto en el artículo 168. Estos magistrados autoprorrogados corruptos que entrarán a la historia negra de Bolivia, al margen de la ley y contra toda ética, son los mismos que le devolvieron más de 30.000 has de tierras del Estado al gamonal Branko Marinkovic, también le perdonaron sentencias judiciales – varias de ellas ya ejecutoriadas – a Manfred Reyes Villa, habilitándolo, por lo tanto, no solamente para su ejercicio de alcalde sino con miras a su candidatura presidencial.  Los mismos oscuros personajes quisieron ordenar suspender las elecciones judiciales, fallando posteriormente muy convenientemente para sus intereses la realización solamente parcial de las mismas.  Y para rematar, anularon el congreso legítimo del MAS-IPSP en Lauka Ñ, validando al sector de los impostores, pretendiendo de esta manera entregar la sigla a los tarajchis. Como certeramente denunció Evo Morales, su proceder es: “Inconstitucionalmente, ilegalmente e ilegítimamente, mediante la utilización y manejo del aparato judicial, emitiendo fallos constitucionales”.  El accionar de esta dupla delincuencial es un franco atentado contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho en el país, que entró en una desinstitucionalización acelerada con intromisión y sometimiento de los diferentes órganos del Estado. Noticia esperanzadora es que Andrónico Rodríguez acaba de sancionar la ley que suspende a los magistrados, falta saber a qué artimañas jurídicas y políticas piensan recurrir para evitar la aplicación de la ley. Asistimos a un cerco que causa muchos más estragos que cualquier bloqueo: Estamos frente a un gobierno de la desmemoria y la deslealtad: Se olvidó de quienes arriesgando su vida resistieron el golpe, hicieron campaña y con su voto militante garantizaron la recuperación de la democracia y colocaron en la silla presidencial a Lucho y David.  En noviembre de 2021, en el contexto del paro promovido por el gobernador Camacho y el Comité Cívico exigiendo la realización del censo, las organizaciones sociales con Evo a la cabeza, emprendieron una marcha desde Caracollo hasta La Paz en defensa del gobierno.  Lamentablemente, en los meses y años siguientes siguió un proceso de división interna y prebendalización de muchas organizaciones matrices que termina en un inaudito intento de quitar la sigla a favor del sector arcista. Frente a este espectáculo la derecha aplaude y levanta cabeza.  El gobierno rebasando todo límite, llega al extremo de planificar la eliminación física del adversario, en el intento fallido de magnicidio del domingo 27 de octubre. Ya mencionamos el accionar de una justicia autoprorrogada, manipulada y corrupta, que se presta al triste papel de persecución, aprehensiones ilegales y sentencias inconstitucionales.  Mientras la cacería contra dirigentes no cesa, el ministro bravucón no hace nada ante la rearticulación de la derecha, el nuevo saqueo de la Sede de la Federación Trópico quedó impune y los vándalos de la RJC, UJC bien gracias. Hubiéramos querido ver este despliegue de militares y policías para la captura de Marset.  Ni qué decir de investigar – mejor dicho, transparentar – el atentado al expresidente. La línea editorial de los medios de comunicación comerciales y estatales – pauta publicitaria de por medio – comete un verdadero linchamiento mediático, con pocas excepciones, sin permitir parte y contraparte de manera equilibrada, donde deliberadamente se pone fuera de contexto las noticias y tal pareciera que Evo es el culpable de todos nuestros males.  La desinformación y manipulación se han convertido en armas cotidianas, a lo que se suma la falta de transparencia y cortinas de humo. Muy poco se sabe de los contratos (aunque bajo el denominativo de “convenios”) que involucran nuestros recursos naturales u otras cuestiones vitales. Un manto de silencio cubre temas como la investigación sobre los responsables del intento de magnicidio, por ejemplo. Como en tiempos de dictaduras militares – o neoliberales – la ATT procedió al secuestro de equipos y acallamiento de emisoras contestatarias. Esta vez fue el turno de Radio Guerrilleros (Independencia), Radio Chiwalaki (Vacas) y Radio Aiquile.  “Casualmente” las 3 emisoras bajan los informativos de Radio Kawsachun Coca y están con organizaciones sociales que apoyaron el bloqueo de caminos.  Vaya forma de amedrentar, cuando supuestamente existe libertad de expresión.  El año 2001 – con Tuto presidente – algo similar ocurrió con Radio Soberanía, y hace 5 años los delincuentes de la RJC quemaron los equipos de las Radios Kawsachun Coca y Soberanía ubicadas en la Sede de la Federación Trópico. Solo el gobierno no percibe la crisis de carburantes, de dólares y de alimentos.  Mientras que el pueblo está de hambre, ¿dónde se perdió el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi?  No dice nada, claro con 36.000 Bs de “salario”, debe estar satisfecho. Ahora la derecha cacarea al unísono que el modelo socio comunitario productivo llegó a su fin, que todo

La Montaña Blu Arce y Choquehuanca ejecutan en pleno la guerra judicial o “lawfare”, sin reconocer ningún derecho a su declarado enemigo a muerte Evo Morales y los dirigentes políticos y sindicales que lo acompañan en el MAS IPSP. El presidente Luis Arce viene insistiendo en que es víctima de una “guerra híbrida” que busca sacarlo del poder, mediante una combinación —según su entender y explicación dada a civiles y militares— de operaciones militares, grupos irregulares, sabotajes económicos, bloqueos y ataques cibernéticos con el objetivo, además, de apropiarse del litio, principalmente. No menciona de manera directa a Evo, pero sus mensajes están dirigidos a él y su entorno político y sindical. Dos en la cárcel (H. Claros y R. Cucho) y otros dos perseguidos con orden de captura (J. Quintana y P. Santos). La lista no termina ahí. Las “guerras” que se libran Utiliza el concepto de “guerra híbrida” para victimizarse y encubrir sus fatales errores de su administración y el viraje hacia medidas económicas de corte neoliberal; en cambio, bien utiliza las operaciones de “lawfare” o guerra judicial contra su enemigo personal al que quiere marginarlo de la ley y considerarlo como una especie de no-persona, no ciudadano, no merecedor de derechos civiles ni políticos. La guerra judicial de Arce – Choquehuanca carcomió la independencia del poder público (órganos judicial, legislativo y electoral) al fundirles en un solo órgano bajo a su entera disposición para consumar su ambición personal de atornillarse en el gobierno. El anticonstitucional poder concentrado en una sola persona viene manifestándose en las resoluciones manipuladas del Tribunal Constitucional Plurinacional (auto prorrogado), el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y, todavía parcialmente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional; poder unipersonal extendido sobre las organizaciones sindicales como la Central Obrera Boliviana, lamentablemente aceptada interesadamente por sus dirigentes, también auto prorrogados. Los ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia, Fiscalía, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Procuraduría General del Estado se han convertido en organismo supra estatal que acaba de apropiarse —robar calificaron los “evistas”— de la sigla y organización del MAS IPSP, incluido los aportes de sus auténticos militantes, entregados a personas que no son militantes, pero si declarados “arcistas”, quienes anunciaron borrar a Evo de la historia del MAS. Buscando el golpe final, contra las manifestaciones realizadas en defensa del proceso de cambio, la democracia, del MS IPSP y de la economía popular frente a la grave crisis económica, desataron una impecable persecución política al borde del crimen, como fue el intento de magnicidio y las detenciones arbitrarias. Los medios de comunicación y redes sociales subordinados a la publicidad y propaganda gubernamental, vienen machacando en sus espacios la defenestración de Evo y todo lo construido en 14 años de gobierno revolucionario. Es “narco terrorista” y es no persona La “lawfare” contra Evo y sus mas fieles seguidores se inspira en la teoría del “derecho penal del enemigo”, que declara fuera de la ley y sin derechos a toda persona considerada “peligrosa” para el gobierno, el Estado, la sociedad, la democracia y la Constitución. Peligrosa, entendido como “terrorista”, “narco-terrorista”, “subversivo”, “sedicioso” y en tiempo de dictaduras “comunista” y “terrorista”, hoy “evista”. Este “enemigo público” merece ser tratado como no – persona, no – ciudadano, por tanto, no sujeto de derechos. Pero este despropósito debe tener la apariencia de “realidad”, mínimamente aceptada por la sociedad. Así se constituyó en el elemento de la campaña de desprestigio: Evo causante de la crisis económica nacional, Evo endemoniado por su “conducta inmoral”, Evo “narco – terrorista”, Evo ególatra, etcétera. Nada de bueno ni mérito personal y patriótico había que reconocerle. Terrorista porque él —como Claros, Cucho, Quintana, Ponciano otros detenidos y perseguidos—, organizó la protesta popular con uso de explosivos, armas de fuego, armas caseras y llamados de sangre para derrocar al gobierno de Arce – Choquehuanca. Los gubernistas incluyeron dos novedades a su repertorio calumnioso y degradante: la DEA, según el periódico oficialista y multiplicada por los medios subordinados, fue expulsada por Evo Morales porque estaba investigando su vida íntima. Recordatorio necesario: la DEA y el embajador de EEUU en La Paz, Philip Goldberg, y la ruptura de relaciones con el país imperial, se dio por alentar “golpes cívicos” de Estado, actos de sabotaje a la seguridad y economía del Estado Plurinacional y su democracia. Arce y Choquehuanca, lo sabían. Del extremista Milei a los “jueces sin rostro” Lo segundo. La aplicación de la Ley de protección de denunciantes y testigos. El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo anunció que 21 “testigos” declararán sobre el “autoatentado” y la mentira del intento de magnicidio en el Chapare. Un documental de denuncia confirma que Evo y su comitiva fue blanco de un ataque armado de “agentes civiles” y de uniforme que, tras su fracaso, huyeron de la escena del crimen en helicóptero militar. El objeto de la ley de protección, promulgada en el gobierno de Evo, es aplicable “a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, en contra de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales”. Y a propósito, el gobierno de Luis Arce acudió al extremista neoliberal que viene destruyendo la economía argentina y la seguridad social, Javier Milei, para que informe que Evo Morales cometió abusos en contra de menores de edad. Y tendrá ese certificado en forma de demanda judicial. Milei odia a los comunistas, a los socialistas, a los sindicalistas insubordinados, a los revolucionarios y, naturalmente, a los “evistas”, a los kirchneristas.  Los operadores del “lawfare” sumaron a la lista de falsas denuncias una risible: infracción de tránsito y negar a prestar auxilio de policías que acababa de atropellar en el Chapare, sin decir que esos testigos protegidos, podrían ser los que reprimieron a la movilización popular y el intento de magnicidio. Están a un paso de replicar la existencia de “jueces sin rostro” del Perú de A. Fujimori, para castigar impunemente al “enemigo público”,

Casimiro Pérez Huanca Los abogados del régimen de Luis Arce Catacora criminalizan las protestas de las organizaciones sindicales en los bloqueos de caminos y las consideran asociaciones terroristas, esto en la audiencia virtual de medidas cautelares, realizada el viernes 15, de Humberto Claros y Ramiro Cucho, a quienes se les atribuyó la autoría del intento de derrocamiento del presidente del Estado. El juez de medidas cautelares, Heber Torrejón, convencido de las acusaciones determinó que H. Claros sea guardado en la cárcel de San Pedro de La Paz y R. Cucho en Patacamaya —entre Oruro y La Paz—, por el lapso de cinco meses desde donde podrán defenderse de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa e Instigación pública a delinquir. El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía de La Paz, mediante sus abogados, coincidieron en afirmar que las organizaciones sindicales protagonistas de hechos violentos se habían convertido en una asociación “destinada a cometer delitos” y con el liderazgo de los dos cometieron actos de terrorismo —usando hondas, flechas, piedras, cartuchos de dinamita y armas de fuego— e instigaron subvertir el orden democrático y provocar daños materiales y humanos, a más de 350 kilómetros de La Paz. Los acusadores afirmaron que existían “riesgos procesales” que justificaban la “medida extrema de la detención preventiva”, siendo estos: peligro de fuga, peligro de obstaculización de las investigaciones, destrucción de pruebas, domicilio desconocido e incierto, trabajo u ocupación no demostrado, facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos y peligro efectivo para la sociedad y las victimas denunciantes —la mayoría policías represores— y que tienen capacidad de movilizar y bloquear nuevamente a las llamadas “asociaciones delictivas”, es decir los sindicatos agropecuarios. A decir del abogado de la Procuraduría, los sindicatos movilizados por instrucciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Humberto Claros y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) de Ramiro Cucho fueron puestos fuera de la ley por disposición del Tribunal Constitucional que desconoció al MAS IPSP y a su líder Evo Morales. El aboga defensor de Claros y Cucho, John Rioja Guzmán, demostró al juez que los argumentos de los acusadores no eran evidentes, porque no presentaron pruebas materiales y objetivas que les haga suponer la autoría de los delitos que les atribuyen, solo expusieron imágenes de las redes sociales y declaraciones a la prensa, ni mencionaron al policía que habría sufrido mutilación de una de sus piernas por explosión de dinamita.  Demostró con documentación que los dos tienen arraigo natural, social y familiar, además de trabajo y títulos profesionales, Claros en Chipiriri realizando tareas de agricultor junto a su madre, licenciado en Contaduría Pública y escritor literario; Cucho autoridad originaria del CONAMAQ, con domicilio conocido en Llallagua (Potosí) y con título de Licenciado en Informática. “Lo que hicieron es ejercer su libertad a la expresión y protesta” para demandar la solución de la crisis económica, la falta de dólares y suministro de combustible; además, que fueron detenidos arbitrariamente, sin individualizar el delito que cada uno de ellos habría cometido en las carreteras. Asimismo, no tienen capacidad para destruir las “pruebas” que se suponen están en custodia de la Policía y Fiscalía, ni poder para influenciar negativamente sobre los policías víctimas y testigos. Los abogados estatales buscan que los dos sean castigados con la pena máxima de 20 años de prisión por el delito de terrorismo, que comprende atentado “contra la seguridad común, la salud pública, seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de jefes de estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidos en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieron tales hechos punibles (Art. 133 del Código Penal); los otros delitos “instigación pública a delinquir” y “asociación delictuosa” no les resulta atractivos porque la sanción no superan los tres años de prisión. Los abogados y el juez no tomaron en cuenta para nada el uso de la fuerza desproporcionada de la Policía y las Fuerzas Armadas, que movilizaron a más de 4.000 hombre armados, sobre campesinos que sostenían la protesta pacífica; ni de los tres heridos de bala y más de 150 detenidos de manera violenta y trasladados a La Paz, donde se les privó de defensa legal, abrigo y comida.

La Montaña Blu La crítica y autocrítica es un valioso instrumento democrático de evaluación de acciones políticas o sindicales, que tiene la finalidad de corregir errores cometidos o mejorar las estrategias y tácticas para llegar a un fin del movimiento. Eso es lo que hizo Evo Morales en el Ampliado Extraordinario del MAS IPSP que se realizó el domingo 10. El ampliado se realizó a puertas abiertas y transmitido en vivo por Radio Kawsachun Coca. ¿Algún partido hizo lo mismo? Allí, los delegados expresaron con honestidad las razones por las cuales varias organizaciones y dirigentes no se sumaron al bloqueo de caminos, mientras otras resistieron a la brutal y masiva represión policial y militar, que dejó el saldo de tres heridos de bala, sofocación con densos gases lacrimógenos y la masiva detención arbitraria de más de cien campesinos agricultores. Evo Morales reveló, con la sinceridad que lo caracteriza, que algunos dirigentes lo llamaron para pedir “viáticos” y “logística” para sumarse a los bloqueos; mientras “unos luchando y otros farreando”. Los que participaron activamente lo hicieron por convicción, disciplina, con sus propios medios y poniendo en riesgo su vida, como el que corrió Morales cuando policías intentaron asesinarlo a tiros. Recordó que Tupac Katari ni Tomas Katari, durante la resistencia a la colonia y la sublevación, pidieron viáticos ni logística. Remarcó que los cocaleros del trópico lucharon durante muchos años, contra la política estadounidense de “coca cero” con sus manos, sin pedir nada a nadie, lo que ahora Luis Arce —derechizado— quiere el retorno de EEUU, mediante la DEA, para volver a la política neoliberal de “coca cero” y “nada de tierras”. Los medios de comunicación y “analistas” no dedicaron ni una línea a la crítica y autocrítica practicada en el Ampliado Extraordinario del MAS IPSP. Eso sí, ridiculizaron a Evo y los Kataris con eso de los viáticos y logística. Los delegados al Ampliado Extraordinario salieron fortalecidos y con fuerzas renovadas para seguir luchando por Bolivia, la liberación de los detenidos y encarcelados. Bebieron de la crítica y autocrítica, de cara al pueblo, y cumpliendo el Estatuto Orgánico con relación a los ampliados extraordinarios convocados “con la finalidad de analizar, evaluar y tomar decisiones con relación a temas coyunturales o de emergencia nacional”. La ruta del movimiento ya está trazada, por la defensa de los intereses nacionales y la solución urgente de la crisis económica generada por la ineficiencia del presidente Luis Arce y David Choquehuanca.