Opinión 1

Alfredo Jiménez Pereyra El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, está pagando un precio muy caro por guerra contra Irán, puesto que enfrenta tensiones con sus aliados, arsenales vacíos y un prestigio internacional cada vez más dinamitado. El manejo de la guerra de Irán evidencia los límites y la podredumbre interna del poderío estadounidense. Lo que Trump admitió como “una base de negociación viable” la aceptación de los 10 puntos (propuestos por Teherán) como un marco general como base para negociaciones habría resultado del todo inaceptable para el ocupante de la Casa Blanca si no se hubiera encontrado en una situación límite –por decirlo suavemente– en el escenario del conflicto. La lista de exigencias de la propuesta iraní comprende: Compromiso oficial de Estados Unidos con la no agresión contra Irán. Control continuo del país persa sobre el estrecho de Ormuz. Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio. Levantamiento completo de las sanciones primarias estadounidenses. Levantamiento completo de las sanciones secundarias de Estados Unidos. Revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán. Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán. Pago de una compensación a Irán. Retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de la región. Y, alto el fuego en todos los frentes, incluidos los ataques contra la Resistencia Islámica en el Líbano. De todos esos puntos, sólo el tema atómico puede ser presentado por Trump como una muy relativa victoria, dado que la república islámica ha manifestado desde siempre su negativa a fabricar armas atómicas. El resto constituye una derrota en toda la línea, por más que el republicano se esfuerce en presentar el alto el fuego como resultado de una exitosa negociación de paz. Incluso con un alto al fuego, Trump está lejos de alcanzar sus objetivos estratégicos más amplios. Algunas personas que han apoyado al magnate estadounidense en el pasado consideran que su estrategia en torno a Irán, en la medida en que exista, es perjudicial y peligrosa. Este desenlace –provisional e incierto, como todo lo que tenga que ver con el mandamás estadounidense– pone en evidencia el contraste entre la determinación defensiva con la que Irán ha construido su estrategia militar durante décadas y lo que para Washington fue una aventura bélica descabellada, inescrupulosa e improvisada, sin más propósito visible que acatar los designios expansionistas, belicistas y genocidas del régimen de Israel. Pero marca también la diferencia entre el muy menguante respaldo social del presidente republicano y la admirable cohesión nacional del pueblo iraní. El país agredido dio a sus verdugos y al mundo una admirable, conmovedora e histórica lección de integridad y valor: millones se ofrecieron para defender a su país y cientos de miles formaron cadenas humanas para resguardar las plantas de energía, puentes, centrales eléctricas, desalinizadoras y otras infraestructuras civiles críticas marcadas como blancos de los bombardeos con los que había amenazado Trump. Menos de 24 horas después que Washington y Teherán acordaran un alto al fuego, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que “no tiene confianza” en las promesas de Estados Unidos y aseguró que responderá a cualquier agresión estadounidense o israelí que se produzca durante el alto el fuego acordado. Durante este mes y medio de conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán, que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y el cierre del estrecho de Ormuz por donde pasa el 20 por ciento de la producción mundial de petróleo. En un aleteo desesperado, Trump lanza amenazas cada vez más intensas, consigue algo parecido a un acuerdo y se marcha, mientras canta victoria de cara a los comicios de medio tiempo a realizarse en noviembre próximo, en un ambiente que no le es nada favorable.

Alfredo Jiménez Pereyra Fiel a su retórica de chantajes y mentiras Estados Unidos, en su afán de ser el “sheriff del mundo”, a más de un mes de iniciada la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump asegura que negocia con el país de los ayatolas y que el nuevo líder del régimen persa le pidió un “alto el fuego”, por lo que el conflicto bélico va a durar dos o tres semanas más. Pero, ha ordenado desplegar y acumular tropas en el Golfo para una posible invasión terrestre, una opción que extendería mucho más el conflicto. Antes de todo conflicto bélico, Estados Unidos siempre ha enarbolado la bandera de la mentira, lo hizo durante la invasión y la guerra en Irak en 2003 para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. Desde antes del inicio de los combates, el entonces presidente George W. Bush poseía las evidencias de inteligencia y de fuentes de alto rango que apuntaban que el régimen de Hussein no poseía armas de destrucción masiva. Y los indicios de las conexiones del entonces presidente iraquí con los terroristas del 11 de septiembre, obtenidos bajo tortura, también resultaron ser falsos. En la actualidad, Trump la guerra que injustificadamente inicio contra Irán lo está complicando mucho más de lo que esperaba y por eso busca desesperadamente una salida que no vaya a empañar ya su insípida y deplorable gestión gubernamental para los comicios de medio tiempo que se celebrarán en noviembre próximo. A mediados de marzo, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, compareció ante el Senado estadounidense para presentar la evaluación anual de amenazas, donde contradijo a Trump al señalar que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear tras ser destruidas en un ataque estadounidense conjunto con Israel a mediados del año pasado. Tras el bombardeo de junio de 2025 en el marco de la “Guerra de los 12 días” entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump afirmó que las tropas habían destruido completamente las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, desde el inicio del más reciente conflicto, ha sostenido que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica. Las declaraciones de Gabbard ocurrieron un día después de que el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentara su renuncia ante Trump, en rechazo al conflicto bélico que su país e Israel encabezan contra el país persa. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, escribió Kent en una carta dirigida al presidente, compartida en su cuenta de la red social X. El actual conflicto bélico está poniendo en jaque a Trump porque los estadounidenses están pagando las consecuencias de la guerra ante el alza de los combustibles. Actualmente, el galón de gasolina a trepado a más de cuatro dólares promedio en Estados Unidos. Así, el jefe de la Casa Blanca busca escapar rápido del conflicto. La vía más efectiva sería lograr que Irán acepte un acuerdo que -más allá de la realidad- Trump pueda presentar como una “victoria”. Pero el régimen iraní se siente envalentonado y no parece con ganas de ceder. Trump analiza varias opciones posibles, como retirarse sin que se reabra el estrecho de Ormuz o una incursión de fuerzas de Estados Unidos en el terreno, lo que escalaría aún más el conflicto. Ninguna de esas alternativas es fácil o rápida, sin tener que enfrentar “un riesgo de escalada”. En los últimos días Estados Unidos concentró más de 50.000 tropas en el Golfo, incluidos 4.000 marines y la 82va División Aerotransportada, un cuerpo de elite, y muestra así músculo para una posible ofensiva terrestre, aunque limitada. Los lugares más posibles para una invasión terrestre estadounidense serían “tres islas” ubicadas en el estrecho de Ormuz (Abu Musa y las islas Tunb Mayor y Menor). Estas islas son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos, lo que podría utilizarse como justificación para su ocupación y eventual anexión. Trump podría creer que ocupar estas islas le permitirá declarar la victoria y obligar a Irán a hacer concesiones en las negociaciones para su devolución. Sin embargo, ignora los evidentes peligros de cualquier operación terrestre”. Un desembarco inicial y el mantenimiento del control de las islas no resultará fácil. La capacidad de Irán para lanzar fuego constante de artillería, drones y misiles provocará un elevado número de bajas y también dificultará el refuerzo de las tropas estadounidenses en las islas. Irán conservará la capacidad, con el apoyo de sus aliados en Irak y Yemen, de atacar las bases estadounidenses en la región, así como la infraestructura energética de los estados árabes del Golfo, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Trump quiere salir lo antes posible de esta guerra que supuso que sería corta y con apoyo europeo, pero que se prolonga mucho más de lo que deseaba. Pero salvo que consiga un acuerdo diplomático con el que pueda ofrecer una narrativa de victoria, algo que los iraníes no parecen dispuesto a otorgarle, las opciones restantes asoman muy complicadas para un presidente que dirige un “régimen autoritario, belicista, mentiroso y ladrón”.

Alfredo Jiménez Pereyra La reclusión de Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, en la cárcel cruceña de Palmasola por 180 días, imputado de legitimar ganancias obtenidas de manera ilegal y enriquecimiento, demuestra que las constantes denuncias que realizó en su momento el exjefe de Estado, Evo Morales, sobre la magnitud de corrupción en las que estaban involucrados los hijos de Arce Catacora eran ciertos. Durante más de cuatro años, Morales alertó y denunció sobre diferentes hechos de corrupción que involucraban de manera directa a los vástagos del expresidente boliviano. Estas denuncias, que ningún otro político boliviano se atrevió a realizarlas, le valieron a Morales ser proscripto de participar en las elecciones nacionales por medio de artimañas realizadas por un grupo de jueces autoprorrogados de la Suprema Corte de Justicia y digitadas por el mismo Arce Catacora quien falazmente aducía: “No se metan con mi familia”. Con la venia y el permiso del mismísimo Arce Catacora, su hijo mayor trabajó en YPFB Corporación y después como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco. Pese a dejar estas funciones siguió operando en un piso de la estatal petrolera para tomar importantes decisiones y direccionar procesos de contratación mediante servidores públicos. De esta manera, Arce Mosquiera pasó a ser el dueño y señor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde hacía lo que quería junto a otros cómplices dentro y fuera de la empresa petrolera. La investigación abierta en su contra puso bajo la lupa un patrimonio llamativo para su perfil económico. Arce Mosquiera, con 33 años de edad, tiene a su nombre 18 bienes inmuebles, 20 vehículos y al menos dos transacciones observadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), una por más de 300.000 bolivianos y otra por más de 500.000 bolivianos, registradas entre 2022 y 2024. El pasado 18 de marzo, día de su aprehensión en el barrio de Equipetrol, el exmadamás de YPFB conducía un vehículo Ford Raptor valorado en 110.000 dólares. En septiembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un informe final sobre presuntas irregularidades en la firma Botrading vinculada con el suministro de combustibles a YPFB a través de 12 contratos de provisión de combustible con daño económico al Estado. En enero del presente año, la nueva administración de YPFB informó que presentó una segunda denuncia para rastrear el destino de 55 millones de dólares, luego que YPFB Refinación otorgara un crédito de 80 millones de dólares para la operación de esa firma en Paraguay. Ningún movimiento económico se realizaba sin su conocimiento y operaba en complicidad con el expresidente de la estatal petrolera Armin Dorgathen, uno de los principales investigados en el caso Botrading, que huyó a Brasil. La corrupción también salpicó al hijo menor del expresidente boliviano. Rafael Ernesto Arce Mosqueira adquirió en 2021 el predio “Empresarial y agrícola Adán y Eva” con una extensión de 2.187 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio Público abrió, de oficio, otro expediente para investigar a los Arce (incluida Camila, hija también de Arce Catacora) por presunta legitimación de ganancias ilícitas. La causa se encuentra en fase preliminar. Lo que indigna es que estos hechos de corrupción y abuso de poder no fueron investigados ni tomados en cuenta en su momento por los medios de comunicación bolivianos. ¿Dónde quedó la “libertad de la prensa” que siempre pregona la prensa escrita, televisiva y radial en el país? Con su silencio encubrieron varios hechos de corrupción del anterior gobierno. Los principales medios de comunicación dependían económicamente del viceministerio de Comunicación, dirigida por la exviceministra de esta cartera, Gabriela Alcón, quien manejaba a su antojo, mediante la pauta publicitaria, a la prensa nacional con la finalidad de promover la imagen gubernamental del anterior gobierno. Durante los cinco años de la gestión de Arce Catacora, la viceministra Alcon erogó millones de bolivianos comprando a periodistas y medios de comunicación, no sin antes obtener el 20 por ciento de comisión por concepto de publicidad, según comentarios de exdirectores de algunos medios nacionales. Actualmente, el expresidente Arce Catacora cumple detención preventiva desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro por el caso Fondo Indígena. Padre e hijo quedaron atrapados en procesos distintos, pero señalados por las denuncias de corrupción, abuso de poder y ganancias ilícitas que son investigadas por fiscales, jueces y unidades financieras. La punta del ovillo está en manos de la justicia de Bolivia que tendrá que esclarecer la corrupción, el despilfarro y el saqueo de las arcas del Estado por parte de políticos que en nombre de los movimientos sociales y de los más desposeídos del país hicieron lo que les vino en gana.

Anónimo A la humanidad entera, a las madres del mundo, a los médicos sin fronteras, a los periodistas con dignidad, a los gobiernos que aún creen en la justicia: Me llamo como millones. No tengo apellidos conocidos ni cargos importantes. Soy una cubana de a pie. Una hija, una hermana, una patriota. Y escribo esto con el alma desgarrada y las manos temblando, porque lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un asesinato lento, calculado, fríamente ejecutado desde Washington. Y el mundo mira hacia otro lado. Ancianos Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada. Empresas que quieren venderle a Cuba son multadas, perseguidas, amenazadas. Sus gobiernos callan. Y mientras tanto, un abuelo cubano aprieta el pecho y espera. La muerte no avisa. El bloqueo sí. Niños Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no. Que hay madres cubanas que han visto peligrar la vida de sus hijos porque una orden firmada en una oficina de Washington vale más que el llanto de un bebé a 90 millas de sus costas. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están las organizaciones que tanto defienden la infancia? ¿O es que los niños cubanos no merecen vivir? El hambre Denuncio que el bloqueo es hambre programada. No es que falte comida porque sí. Es que nos impiden comprarla. Es que los barcos con alimentos son perseguidos. Es que las transacciones bancarias son bloqueadas. Es que las empresas que nos venden granos, pollo, leche, son sancionadas. El hambre en Cuba no es un accidente. Es una política de Estado del gobierno de Estados Unidos, refinada durante 60 años, actualizada por cada administración, recrudecida por Donald Trump y ejecutada con saña por Marco Rubio. Ellos llaman a esto «presión económica». Yo lo llamo terrorismo con hambre. Los médicos Denuncio que nuestros médicos, los mismos que salvaron vidas en la pandemia mientras el mundo entero colapsaba, hoy no tienen jeringas, ni anestesia, ni equipos de rayos X. No porque no sepamos producirlos. No porque no tengamos talento. Sino porque el bloqueo nos impide acceder a los insumos, a los repuestos, a la tecnología. Nuestros científicos crearon cinco vacunas contra la COVID-19. Cinco. Sin ayuda de nadie. Contra viento y marea. Contra bloqueo y mentiras. Y aun así, el imperio nos castiga por haberlo logrado. AL MUNDO LE DIGO: Cuba no les pide limosna. Cuba no les pide soldados. Cuba no les pide que nos quieran. Cuba les pide justicia. Nada más. Nada menos. Les pido que dejen de normalizar el sufrimiento de mi pueblo. Les pido que llamen al bloqueo por su nombre: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Les pido que no se dejen engañar por el cuento del «diálogo» y la «democracia» mientras nos aprietan el cuello. No queremos caridad. Queremos que nos DEJEN VIVIR. A los gobiernos A los gobiernos cómplices que callan: La historia les pasará factura. A los medios que mienten: La verdad siempre encuentra grietas. A los verdugos que firman sanciones. El pueblo cubano no olvida y no perdona. A los que aún tienen humanidad en el pecho. Miren a Cuba. Miren lo que le hacen. Y pregúntense: ¿De qué lado de la historia quiero estar? Desde esta isla pequeña, con un pueblo gigante, Una cubana de a pie que se niega a rendirse.

Al Pereyra Las protestas que imperan en varias ciudades de Estados Unidos después que agentes del Servicio de Inmigración Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataran a tiros el sábado pasado en Minesota a Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, dos semanas después de lo ocurrido en Mineápolis en el que agentes migratorios también asesinaron con tres disparos a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres niños, tras movilizaciones, en las que más de 50.000 personas salieron a las calles del centro de Mineápolis para manifestarse contra el ICE. Ambas víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Pretti, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Sistema de Atención Médica para Veteranos de Mineápolis, estaba filmando con su teléfono el accionar de los agentes durante una protesta contra la campaña represiva que el gobierno del republicano Donald Trump está implementando contra los inmigrantes. El presidente Trump minimizó estas ejecuciones de la manera más cínica cuando afirmó que Pretti era un “hombre armado” y violento que amenazó con “masacrar” a las fuerzas del orden. En tanto, Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca e ideólogo de la política de migración trumpista, dijo que Pretti era “un aspirante a asesino”. Pero las imágenes de video y los testimonios de testigos que circulan en las redes sociales contradicen de manera directa estas versiones. Los videos muestran que Pretti es derribado por varios agentes y luego recibe diez disparos en menos de cinco segundos. En las imágenes se ve que Pretti interviene en defensa de una mujer a la que un agente federal había empujado contra el suelo. Luego, el agente rocía al enfermero con una sustancia química y lo derriba. Seis agentes rodean a Pretti tirado en el pavimento y al menos uno de ellos parece dispararle a quemarropa. Luego, los agentes se apartan de Pretti y uno parece efectuar seis disparos contra su cuerpo inmóvil. El enfermero carecía de antecedentes penales y tenía autorización legal para portar un arma de fuego, que en ningún momento la sacó. Sobre la ejecución de Good, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que ésta murió por cometer “terrorismo doméstico”, o en palabras del mismísimo vicepresidente, J.D. Vance por ser una “izquierdista trastornada”. Según el influyente diario The Washington Post, desde julio de 2025, los agentes enmascarados del ICE han disparado por lo menos dieciséis veces a ciudadanos durante algunos operativos antiinmigrantes o en las protestas que tienen lugar en las ciudades con mayor presencia de la policía migratoria de la Casa Blanca. Hasta el momento, han sido al menos tres los decesos de personas baleadas sin que los agentes involucrados hayan sido procesados por las autoridades. En un clima hostil por la retórica de detenciones y expulsiones en el país, los asesinatos han abierto un frente de lucha entre el ICE y la ciudadanía. Desde la muerte de Silverio Villegas-González el 12 de septiembre de 2025, hasta la de Pretti, 24 de enero, se han dado violentas protestas en varios estados. La nación que se jacta de defender la democracia, la libertad y que no escatima recursos económicos ni humanos en intervenir directamente en países para arrestar presidentes (tal es el caso reciente en Venezuela), ha impedido que investigadores locales realicen pesquisas sobre los abusos del ICE. Trump enfrenta en Minesota varios frentes: una crisis social, con una sociedad activa que no deja las calles, a pesar del miedo; una crisis política, que incluye no solo las declaraciones sino el despliegue de la Guardia Nacional de Minesota, y una crisis judicial, porque el gobierno estatal ha decidido enfrentar en los tribunales al gobierno federal. Minesota, con una gobernación demócrata y ciudades santuario como Mineápolis y St. Paul, se ha convertido en un blanco temprano y simbólico para el Departamento de Seguridad Nacional. Frente a eso, queda mirar al movimiento popular y la enorme resistencia que han demostrado. ¿Será Minesota el símbolo de la caída de Trump? Para calmar las aguas, Trump cambió a Gregory Bovino, comandante general de ICE, por su zar fronterizo Tom Homan. El envío de Homan a Mineápolis en sustitución de Bovino es interpretado por analistas políticos como otro de los gestos para bajar la tensión y redibujar la estrategia migratoria del jefe de Estado de cara a las elecciones de medio tiempo a celebrarse en un par de meses. A estas muertes hay que sumar la detención, el pasado 20 de enero, de Liam Ramos, un niño de cinco años, de padres ecuatorianos, interceptado por agentes de inmigración tras volver del colegio, ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias. Entre enero y octubre de 2025, ICE ingresó a 3.800 menores en centros de detención. La comunidad latina en el país del “sueño americano” atraviesa uno de los momentos más críticos. Tras semanas de una intensificación sin precedentes de los operativos migratorios federales, el miedo se ha instalado en barrios, escuelas y centros comunitarios. Arrestos masivos, redadas, puntos de control y la presencia constante de agentes armados han transformado la vida cotidiana de miles de familias inmigrantes, muchas de ellas con estatus legal o incluso teniendo la ciudadanía estadounidense.

Al Pereyra El presidente Rodrigo Paz Pereira, mediante el Decreto Supremo 5503 que elimina el subsidio a los combustibles, fiel a sus principios políticos asestó un artero puñal por la espalda de millones de bolivianos quienes esperaban días mejores tras los cinco años de desfalco, robo y corrupción por parte de la administración de Luis Arce Catacora. Paz Pereira, junto a su entorno económico y político, no midió las consecuencias como el encarecimiento de los precios de la canasta familiar, la subida arbitraria en el costo de los pasajes, entre otras consecuencias. Las medidas de ajuste económico que ha emitido el presidente Rodrigo Paz, que ya fue denominado “gasolinazo” por la ciudanía, golpea fuertemente a las familias más vulnerables de la población. Es cierto que gran parte de la actual crisis económica que impera en el país se debe a la subvención de los hidrocarburos, ésta debería aplicarse de manera gradual, según vaya mejorando la economía nacional, con la finalidad de que no sea traumático para la gran mayoría de los bolivianos. Sin embargo, Paz Pereira “sin asco” emitió su Decreto que establece que el precio de la gasolina especial se incrementa de 3,72 a 6,96 bolivianos por litro; el diésel, de 3,74 a 9,80; y, la gasolina premium cuesta ahora 11 bolivianos por litro. Pese a que el Gobierno dictaminó un incremento del salario mínimo a 3.300 bolivianos, este monto será insuficiente para la clase asalariada porque el costo de vida se incrementará en un cien por ciento. El Decreto Supremo 5503 también hace referencia a un Régimen Especial de Inversiones que tiene como objetivo autorizar, mediante decreto, la inversión extranjera, con el fin de “reactivar la economía”. En este régimen están involucradas los sectores de la minería, metalurgia, hidrocarburos y energía, en especial el litio que será explotada por capitales nacionales o extranjeros. Con relación a las exportaciones, las nuevas normas que rigen con el actual gobierno eliminan el cupo de abastecimiento interno que estuvo vigente en los últimos veinte años que tenía por finalidad la seguridad alimentaria. Ahora, el sector exportador podrá disponer sin límite alguno sus productos a los mercados externos con el objetivo de que las divisas retornen al país. Pero acá la población se pregunta: ¿Qué empresario guarda sus dólares en el país? Recordemos que este gobierno empezó su gestión, un mes y medio, con muchos errores e improvisaciones. A tal punto que diversos sectores de la población, e incluso el mismísimo vicepresidente, Edmand Lara, afirma que el empresario y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina, es quien puso a la gente de su partido político en los ministerios y puestos claves del aparato estatal. El divorcio entre Lara y Paz Pereira que se dio desde el día de sus respectivas juramentaciones no ha podido ser solucionado. Es así, la misma noche del miércoles, el vicepresidente rechazó de plano las medidas anunciadas por el jefe de Estado, indicando que desconocía totalmente lo que habían definido Paz y su entorno “samuelista”. Lara considera que el presidente Paz Pereira se está “equivocando” constantemente porque está “muy mal asesorado”. El gobierno de Paz Pereira está obsesionado con descubrir el escamoteo de dinero al Estado durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero no es valiente en decir con nombre y apellido al causante de la debacle económica: Luis Arce Catacora. Todo el gabinete del mandatario y su entorno deben ser investigados, procesados y castigados con el peso de la ley. En los últimos días circularon denuncias también de que la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, se había beneficiado de suculentas pautas publicitarias para cuatro radioemisoras de su propiedad. A esto se suman denuncias en sentido que cobraba el veinte por ciento del costo total de las pautas de varios medios de comunicación tanto escritos, radiales y televisivos. El mandatario Paz Pereira solo atina a repetir que en los últimos veinte años el MAS desfalcó las arcas del Estado e incluye al gobierno del expresidente Evo Morales sabiendo que durante los catorce años que éste gobernó Bolivia, el país obtuvo importantes índices de crecimiento económico que fueron reconocidos por diversas naciones del mundo y por una veintena de organismos económicos internacionales. El presidente Paz Pereira deberá reformular su “gasolinazo”, caso contrario tendrá que enfrentar el descontento del pueblo en las calles de Bolivia y quien sabe si logra llegar al primer año de su desatina gestión antipopular

Gabriel Villalba Pérez* La historia reciente de Bolivia está atravesada por una paradoja geopolítica: mientras el país es presentado internacionalmente como un eslabón problemático dentro del circuito global del narcotráfico, su territorio ha sido, durante décadas, laboratorio de una intervención sistemática que se justificó bajo el eslogan de la lucha contra las drogas. Pero que en la práctica operó como un dispositivo de control político. Re abierto el debate sobre la presencia de la DEA en Bolivia conviene preguntarse cómo operó esta agencia en el país ¿Fue un mecanismo de cooperación o un instrumento de tutela extranjera? La DEA ingresó a Bolivia al calor de la Doctrina de Seguridad Nacional que redefinió a América Latina como un tablero de amenazas híbridas. El narcotráfico, que sin duda constituye un fenómeno criminal real, fue reinterpretado por Washington como un problema de seguridad hemisférica, lo que habilitó la presencia operativa, logística e incluso táctica de una agencia extranjera dentro de las instituciones bolivianas. El documental INVASIÓN USA de Andrés Salari expone con crudeza cómo el discurso de lucha contra el narcotráfico se convirtió en una carta blanca para que la DEA actuara con autonomía funcional a través de operativos nocturnos sin supervisión, control directo sobre unidades policiales y militares locales, confiscación de información estratégica y, lo más grave, una política de inteligencia paralela que desbordaba la normativa nacional. Esto coincide con denuncias históricas hechas por diversos investigadores bolivianos: la agencia no sólo administraba el narcotráfico, sino que seleccionaba actores políticos, territorios y líderes sindicales en función de un mapa de intereses geopolíticos. La pregunta no es si la DEA ayudó o no ayudó, sino, qué implicó permitir que una agencia extranjera actuara sin control judicial ni parlamentario. Un Estado cuya policía responde a una oficina foránea es un Estado con soberanía condicionada. Mientras Washington insistía en el discurso de la responsabilidad compartida, evitaba recordar que el principal consumidor global de cocaína es justamente Estados Unidos. El 85% del dinero del narcotráfico no circula en Bolivia, sino en el sistema financiero internacional. Y, sin embargo, la presión recayó siempre sobre los países supuestamente productores, no sobre los centros globales de lavado y consumo de droga. La DEA no opera sola; opera articulada con contratistas, empresas de tecnología de vigilancia, proveedores de armamento y una red de intereses que lucran con la narrativa del enemigo interno. Allí donde hay conflicto, hay presupuesto; allí donde hay presupuesto, hay poder. La DEA se volvió un actor político en Bolivia, con capacidad para incidir en decisiones internas, moldear percepciones públicas y legitimar intervenciones bajo el paraguas de la cooperación. La salida de la DEA en 2008 fue interpretada por algunos analistas como un acto de antiamericanismo. Pero más bien fue un acto de realismo soberano. La pregunta que abrió ese momento es si Bolivia puede diseñar una política antidrogas propia, eficaz y sin tutelaje. Los datos posteriores indican que los decomisos y la desarticulación de fábricas de droga no disminuyeron tras la expulsión; por el contrario, varias métricas oficiales mostraron estabilidad o crecimiento en los resultados operativos de la FELCN y UMOPAR. Esto sugiere que la presencia de la DEA no era un requisito técnico sino una opción política. El debate sobre la DEA en Bolivia no es un debate del pasado. Aún hoy persisten presiones externas, rotulaciones mediáticas y estrategias diplomáticas que buscan reinstalar la idea de que la seguridad boliviana debe ser gestionada desde fuera. Bolivia necesita una política antidrogas que no subordine su estrategia nacional a intereses ajenos; controle militar y policialmente su propio territorio sin paralelismos institucionales; incorpore transparencia y control civil y exija rendición de cuentas a las redes financieras internacionales donde realmente se concentra el negocio del narcotráfico. La soberanía no se negocia, se ejerce. Y ejercerla implica desarmar la matriz cultural que normalizó la injerencia como si fuera cooperación. La DEA no es solo una agencia; es una expresión de poder imperial en la era de las guerras asimétricas. Reconocerlo es el primer paso para que Bolivia deje de ser objeto y se convierta plenamente en sujeto en su propia política de seguridad. *Es abogado y docente de posgrado de la UMSA.

Al Pereyra Tras el balotaje, segunda vuelta electoral, el candidato derechista Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, reafirmó su condición de eterno perdedor de las cuatro las lides presidenciales a las que se presentó al ser derrotado esta vez con el también candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según el conteo de los votos escrutados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz Pereira obtuvo el 54,96% de los votos frente al 45,04% alcanzado por Tuto Quiroga. Con esta nueva derrota, Tuto Quiroga cierra un periodo de constantes magras presentaciones presidenciales tras haberse postulado fallidamente en cuatro contiendas electorales. En 2005, con la agrupación política Poder Democrático y Social (Podemos) perdió las elecciones al obtener el 28,62 por ciento de los sufragios frente al 53,72 por ciento de Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS). Para los comicios de 2014 fue candidato invitado del PDC, y desoyendo el pedido para conformar un bloque de “unidad” contra la reelección de Morales, prefirió postularse por su propia cuenta en la que tuvo que volver a morder el polvo de la derrota frente a su enemigo político y entonces presidente Morales quien obtuvo el 61,36 por ciento del escrutinio, mientras que Tuto Quiroga sacó un paupérrimo tercer lugar con el 9,04 por ciento, detrás del candidato Samuel Doria Medina de Unidad Demócrata, que obtuvo el 2423 por ciento. Para las elecciones de 2020, y tras figura clave en el golpe de Estado que encumbró a la presidencia a la entonces senadora Jeanine Añez en 2019, se presentó como candidato presidencial acompañado dentro de la alianza Libre21-Libertad y Democracia. Con un bajo perfil en las encuestas de opinión en el electorado, nunca superó el 7 por ciento de simpatía, Tuto Quiroga “tiró la toalla” anunciando que se retiraba de la contienda electoral. Esos comicios fueron ganados en primera vuelta por Luis Arce Catacora del MAS que obtuvo el 55,11 por ciento de los sufragios. Tuto Quiroga solamente en 1997 fue elegido vicepresidente del binomio que encabezaba el exdictador Hugo Banzer Suárez quien fuese jefe de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Accedió a la presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del exdictador porque padecía de un cáncer terminal. Tuto Quiroga, que de nada le sirvió que su suegra y su esposa participen de su campaña electoral hablando y cantando en quechua (verdadero insulto a los quechuistas y originarios), perdió el balotaje por su soberbia contra el expresidente Morales y contra los movimientos sociales. Durante su campaña electoral constantemente reiteraba que la actual crisis económica es producto de la “mala administración” del MAS, pero jamás dijo que la crisis tiene nombre y apellido: Luis Arce Catacora, quien es el verdadero culpable que la economía nacional haya tocado fondo debido al saqueo y robo por parte de sus ministros, viceministros, directores; además, de sus hijos: Marcelo y Rafael Arce Mosqueira. Recordemos que en los catorce años que Evo estuvo al frente de la presidencia del país se registró un rotundo éxito económico y social que fue visto con admiración por diversos organismos internacionales y por gobiernos vecinos. Durante el Gobierno de Morales nunca faltaron los dólares, no se registró carencia de combustibles ni de alimentos. El crecimiento económico fue casi permanente por lo cual se pagó durante varios años el doble aguinaldo. Los recursos económicos, debido a la nacionalización de las empresas, fueron distribuidos entre la población y se construyeron miles de obras en áreas rurales y ciudades.  Tuto Quiroga suma su nombre a la lista de otros perdedores presidenciales como Samuel Doria Medina, quien se postuló sin éxito en 2005, 2009, en 2014 y 2025. En 2020 fue postulante a la vicepresidencia por la agrupación Juntos que lideraba la golpista Añez. Otro gran derrotado es el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien se postuló este 2025 con su partido, APB-Súmate, obteniendo un pobre 6,7 por ciento de preferencia. En 2002 se había postulado por la Nueva Fuerza Republicana (NFR), ocupando el tercer lugar 20,91por ciento detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (22,46 %), y de Morales, del MAS, (20,94%). A la lista de perdedores se suman las empresas encuestadoras como Ciesmori y Captura Consulting SR, que con sus sondeos y encuestas manipuladas que en los últimos años no le “achuntan ni una”. Las encuestadoras están desacreditadas. Fallaron con Morales en 2005, fallaron con Arce Catacora en 2020 y en la primera vuelta del pasado 13 de agosto volvieron a errar cuando le daban ganador a Doria Media, candidato de Unidad. Con mucha parafernalia y show circense las empresas televisivas presentan las encuestas que están totalmente dirigidas por quien o quienes pagan por sus “servicios”. Asimismo, perdieron los comunicadores Junior Arias, José Pomacusi, Jimena Antelo, Carlos Valverde, Juan Carlos Monroy, Ximena Bellido, entre otros; los canales de televisión Gigavisión, Red Uno, Unitel, la emisora Panamericana y los diarios El Deber y Los Tiempos, quienes con su postura han dejado hacer periodismo para convertirse en medios de campaña política, poniendo en tela de juicio la labor de la prensa boliviana. Los verdaderos ganadores son los que no quieren ser excluidos, los “mascacocas”, los que sufren de racismo, los que fueron traicionados, los que luchan para que se respete la soberanía nacional ante gobiernos saqueadores y los miles de indignados y rebeldes que jamás se rinden y forman parte importante de la Bolivia profunda.

Alfredo Pereyra El gobierno sionista de Benjamín Netanyahu, junto al ejército de Israel, mantiene su posición genocida y expansionista contra Palestina con oleadas de bombardeos a edificios de viviendas, hospitales, bloqueo de dotación de alimentos y la matanza a diestra y siniestra contra la población civil en la Franja de Gaza. El Ejército israelí continúa una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan convertido en “infraestructura terrorista”. El gobierno de Netanyahu controla el 40% de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur el millón de personas que se concentran en la urbe. El Ejército sionista, para justificar sus inhumanos bombardeos, asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamás en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza”. A parte de los brutales bombardeos, la Franja de Gaza está en la Fase 5, el nivel más alto y grave dentro de la escala de inseguridad alimentaria aguda, según la Clasificación Integrada Alimentaria en Fases (CIF), organismo respaldado por las Naciones Unidas. El informe indica que el Comité de Revisión de la Hambruna (CRH) ha determinado que la hambruna se está produciendo actualmente en la gobernación de Gaza. Las muertes por desnutrición en la Franja de Gaza se dispararon hasta inicios de mes, cuando el Ministerio de Sanidad gazatí registró más de 390 muertes por esta causa desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023. La hambruna está presente y se propaga rápidamente. No debe caber ninguna duda de que se necesita una respuesta inmediata y a gran escala. Cualquier retraso adicional resultará en una escalada totalmente inaceptable de la mortalidad relacionada con la hambruna. Más de medio millón de personas en Gaza, aproximadamente una cuarta parte de la población, se enfrentan a niveles catastróficos de hambre, y muchas corren el riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición. La publicación de imágenes de cientos de niños demacrados en Gaza es elocuente que la hambruna se ha instalado en ese territorio palestino. Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) ha denunciado que tanto tanques como francotiradores y otros uniformados del Ejército israelí abren constantemente fuego contra la multitud que busca recoger el contenido de sus camiones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, lo que resultó en la masacre de 81 personas. El genocidio israelí no se detiene. El mes pasado, un convoy que llevaba ayuda alimentaria, compuesto de 25 camiones, poco después de cruzar el último punto de control más allá del cruce de Zikim hacia Gaza, el convoy se encontró con enormes multitudes de civiles que esperaban ansiosas a acceder a los recursos alimentarios que necesitaban desesperadamente. Cuando el convoy se acercaba, la multitud que lo rodeaba quedó bajo fuego de tanques israelíes, francotiradores y otros disparos. Los muertos en la Franja de Gaza desde la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 superan las 61.000 personas, y otros miles de heridos. En las últimas semanas figuran Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, a los que se han sumado también Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco y San Marino para reconocer a Palestina como Estado independiente, con soberanía y derecho a la autodeterminación, una medida de presión contra el gobierno de Netanyahu. En los últimos años, Europa ha tenido un papel destacado en esta dinámica. España, Irlanda, Noruega y Eslovenia dieron el paso en 2024, y en septiembre de 2025 se ha producido una oleada de reconocimientos en países del G7 y de la Unión Europea, que ha marcado un cambio significativo en el equilibrio diplomático. En la reunión de las Naciones Unidas, donde Palestina mantiene desde 2012 el estatus de observador permanente, pero sin lograr el respaldo necesario para convertirse en miembro de pleno derecho, más de tres cuartas partes de los 193 Estados miembro de la ONU reconocen ya a Palestina como Estado. El respaldo llega a más de 150 países y se ha reforzado en septiembre de 2025 con la adhesión de gobiernos europeos y occidentales, lo que supone un salto cualitativo en el plano diplomático. El exterminio que aplica Netanyahu contra Palestina se compara con la barbarie de la Alemania nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dado que la matanza y la hambruna es totalmente provocada por el gobierno de Israel, es posible detenerla y revertirla denunciando al mundo entero sobre este brutal genocidio contra el pueblo palestino. Ante este genocidio, el cantante y fundador de la banda de rock Pink Floyd, el inglés Roger Waters, estrenó una nueva canción titulada “Sumud” (en árabe “perseverancia inquebrantable”) que es un himno atemporal a la resistencia. Waters levanta su voz contra el genocidio Israel presentando “Sumud” como en la resistencia cotidiana no violenta, a todos los niveles, contra la ocupación, la explotación y la colonización brutal y forzada de Palestina.

Por Teodoro Rentería Arróyave El próximo 7 de junio de 2026, cumple nuestra organización continental señera, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, sus primeros cincuenta años de luchas basadas en sus principios básicos en el cometido de realizar un “periodismo libre en patrias libres”. Esta encomienda se renueva hoy más que nunca ante el acoso del imperialismo que se aparece constantemente con diferentes máscaras, pero con una misma tendencia: apoderarse de las riquezas de nuestras naciones, con el apoyo de los apátridas que, cobardes, medran desde los sótanos de la traición en todas nuestras naciones. Para nadie es un secreto que, bajo la acusación sin prueba alguna del narcotráfico, el fin del gobierno de Donald Trump es apoderarse del petróleo de Venezuela. Los integrantes de la FELAP, precisamente su Comité Ampliado nos reunimos en varias sesiones en la ciudad-capital, Buenos Aires, los días 4 y 5 de septiembre, en las cuales se analizaron los nuevos retos y oportunidades que plantea el avance tecnológico digital para el ejercicio de la información. Además de otros análisis que habrá tiempo de exponer, se tomó la muy importante decisión de llevar a cabo, bajo los mejores auspicios y renovadas ideas, su XIII Congreso tanto en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, como en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Si tomamos en cuenta que la FELAP, fue fundada en nuestro país, en forma primordial por los periodistas asilados en nuestro territorio en esos años cruentos de persecución de las criminales dictaduras del Cono Sur, y posteriormente celebramos su XXX Aniversario, con los actos inherentes a la efeméride y la edición del libro que recogió la historia gremial de esas tres décadas, titulado: “FELAP Treinta años de principios. Periodismo libre en patria libres”, todo ello en la presidencia del Camarada argentino, Juan Carlos Camaño. Es prácticamente un deber celebrar su próximo Congreso General y su Quincuagésimo Aniversario a desarrollarse en junio de 2026 en México; los representantes de las agrupaciones que la conforman plantearán los retos a seguir como organización y su desempeño ante el gremio. Los dirigentes de las asociaciones de periodistas que conforman a la FELAP se comprometieron a exponer la realidad, problemática, retos y logros de cada agrupación; asimismo, plantearán diversos temas que serán recogidos en un Documento Final. Esta reunión de decisiones de Buenos Aires fue presidida por el presidente de la FELAP, Juan Carlos Camaño; el secretario General, Nelson del Castillo; y por el secretario de Desarrollo Social, Teodoro Rentería Arróyave. Participaron, además, los presidentes de Honor, Rafael Vargas de República Dominicana e Iván Canelas de Bolivia y la secretaria Ejecutiva, María Teresa Olguín. Fue la Unión de Trabajadores de Prensa Buenos Aires, UTPBA, a cargo de Leandro Torres, la anfitriona; entre otros participaron, Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.