Opinión

Al Pereyra Tras el balotaje, segunda vuelta electoral, el candidato derechista Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, reafirmó su condición de eterno perdedor de las cuatro las lides presidenciales a las que se presentó al ser derrotado esta vez con el también candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según el conteo de los votos escrutados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz Pereira obtuvo el 54,96% de los votos frente al 45,04% alcanzado por Tuto Quiroga. Con esta nueva derrota, Tuto Quiroga cierra un periodo de constantes magras presentaciones presidenciales tras haberse postulado fallidamente en cuatro contiendas electorales. En 2005, con la agrupación política Poder Democrático y Social (Podemos) perdió las elecciones al obtener el 28,62 por ciento de los sufragios frente al 53,72 por ciento de Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS). Para los comicios de 2014 fue candidato invitado del PDC, y desoyendo el pedido para conformar un bloque de “unidad” contra la reelección de Morales, prefirió postularse por su propia cuenta en la que tuvo que volver a morder el polvo de la derrota frente a su enemigo político y entonces presidente Morales quien obtuvo el 61,36 por ciento del escrutinio, mientras que Tuto Quiroga sacó un paupérrimo tercer lugar con el 9,04 por ciento, detrás del candidato Samuel Doria Medina de Unidad Demócrata, que obtuvo el 2423 por ciento. Para las elecciones de 2020, y tras figura clave en el golpe de Estado que encumbró a la presidencia a la entonces senadora Jeanine Añez en 2019, se presentó como candidato presidencial acompañado dentro de la alianza Libre21-Libertad y Democracia. Con un bajo perfil en las encuestas de opinión en el electorado, nunca superó el 7 por ciento de simpatía, Tuto Quiroga “tiró la toalla” anunciando que se retiraba de la contienda electoral. Esos comicios fueron ganados en primera vuelta por Luis Arce Catacora del MAS que obtuvo el 55,11 por ciento de los sufragios. Tuto Quiroga solamente en 1997 fue elegido vicepresidente del binomio que encabezaba el exdictador Hugo Banzer Suárez quien fuese jefe de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Accedió a la presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del exdictador porque padecía de un cáncer terminal. Tuto Quiroga, que de nada le sirvió que su suegra y su esposa participen de su campaña electoral hablando y cantando en quechua (verdadero insulto a los quechuistas y originarios), perdió el balotaje por su soberbia contra el expresidente Morales y contra los movimientos sociales. Durante su campaña electoral constantemente reiteraba que la actual crisis económica es producto de la “mala administración” del MAS, pero jamás dijo que la crisis tiene nombre y apellido: Luis Arce Catacora, quien es el verdadero culpable que la economía nacional haya tocado fondo debido al saqueo y robo por parte de sus ministros, viceministros, directores; además, de sus hijos: Marcelo y Rafael Arce Mosqueira. Recordemos que en los catorce años que Evo estuvo al frente de la presidencia del país se registró un rotundo éxito económico y social que fue visto con admiración por diversos organismos internacionales y por gobiernos vecinos. Durante el Gobierno de Morales nunca faltaron los dólares, no se registró carencia de combustibles ni de alimentos. El crecimiento económico fue casi permanente por lo cual se pagó durante varios años el doble aguinaldo. Los recursos económicos, debido a la nacionalización de las empresas, fueron distribuidos entre la población y se construyeron miles de obras en áreas rurales y ciudades.  Tuto Quiroga suma su nombre a la lista de otros perdedores presidenciales como Samuel Doria Medina, quien se postuló sin éxito en 2005, 2009, en 2014 y 2025. En 2020 fue postulante a la vicepresidencia por la agrupación Juntos que lideraba la golpista Añez. Otro gran derrotado es el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien se postuló este 2025 con su partido, APB-Súmate, obteniendo un pobre 6,7 por ciento de preferencia. En 2002 se había postulado por la Nueva Fuerza Republicana (NFR), ocupando el tercer lugar 20,91por ciento detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (22,46 %), y de Morales, del MAS, (20,94%). A la lista de perdedores se suman las empresas encuestadoras como Ciesmori y Captura Consulting SR, que con sus sondeos y encuestas manipuladas que en los últimos años no le “achuntan ni una”. Las encuestadoras están desacreditadas. Fallaron con Morales en 2005, fallaron con Arce Catacora en 2020 y en la primera vuelta del pasado 13 de agosto volvieron a errar cuando le daban ganador a Doria Media, candidato de Unidad. Con mucha parafernalia y show circense las empresas televisivas presentan las encuestas que están totalmente dirigidas por quien o quienes pagan por sus “servicios”. Asimismo, perdieron los comunicadores Junior Arias, José Pomacusi, Jimena Antelo, Carlos Valverde, Juan Carlos Monroy, Ximena Bellido, entre otros; los canales de televisión Gigavisión, Red Uno, Unitel, la emisora Panamericana y los diarios El Deber y Los Tiempos, quienes con su postura han dejado hacer periodismo para convertirse en medios de campaña política, poniendo en tela de juicio la labor de la prensa boliviana. Los verdaderos ganadores son los que no quieren ser excluidos, los “mascacocas”, los que sufren de racismo, los que fueron traicionados, los que luchan para que se respete la soberanía nacional ante gobiernos saqueadores y los miles de indignados y rebeldes que jamás se rinden y forman parte importante de la Bolivia profunda.

Por Fabrizio Casari Es oficial el paso de Bolivia a la derecha y, con ello, casi con certeza, de su litio. Después del Ecuador, convertido en un protectorado estadounidense sobre una base criminal, que ha entregado su significativa cuota de petróleo a Estados Unidos, parece delinearse un panorama favorable a la sed de recursos latinoamericanos que habita en las gargantas de Washington y que, en muchos aspectos, explica algunas de las verdaderas razones que empujan a la IV Flota de la Marina estadounidense hacia el Caribe. Estados Unidos no está en el Caribe para librar una guerra contra las drogas: si así fuera, debería haber procedido a miles de arrestos en los 3,500 laboratorios de fentanilo que se encuentran en territorio estadounidense, al desmantelamiento de los cárteles norteamericanos y al cierre de las entidades bancarias y financieras que lavan sus beneficios, muchas de ellas operando en Wall Street. Que su presencia militar en el Caribe tenga contornos de ilegitimidad e ilegalidad, ya que de hecho amenaza la libre navegación incluso con ataques injustificados a embarcaciones civiles pesqueras, quedó en evidencia por el propio Alvin Holsey, el ya exalmirante jefe del Comando Sur (y, por tanto, también de la IV Flota), quien renunció precisamente en nombre del respeto al código de navegación y a las leyes de guerra. El respeto a estas leyes impediría los métodos de la operación naval en curso, cuyo único propósito es amenazar y aterrorizar; prueba de ello es que los supuestos traficantes de drogas no son abordados ni detenidos, sino que se les dispara directamente, sin preocuparse siquiera de quién va a bordo, qué está haciendo y si representa o no un peligro. La idea es disparar primero y ver después a quién. Se llama terrorismo de Estado, sin comillas. Estados Unidos se encuentra frente a las costas de Venezuela con dos objetivos: uno inmediato y otro a mediano plazo. El inmediato es la caída del gobierno de Nicolás Maduro; el más amplio busca el fin del ALBA, es decir, de Cuba y Nicaragua. El primer objetivo contempla dos opciones: un ataque directo buscando un falso ‘casus belli’, o bien, agresión tras agresión, obligar a una reacción que pueda justificar el ataque a Caracas. La guerra psicológica es, por ahora, el camino elegido, pero ambas opciones no se excluyen entre sí. Forma parte de esta guerra psicológica el anuncio de la orden impartida a la CIA de promover un golpe de Estado en Venezuela, pero no hay ninguna novedad en ello, salvo la provocación: desde la llegada de Hugo Chávez hasta hoy, siempre ha estado en la agenda, y el fracaso de los intentos de golpe contra el Comandante Chávez y de magnicidio contra el Presidente Maduro no ha producido un cambio de rumbo por parte de Langley. Otro elemento de esta guerra psicológica son precisamente los ataques dirigidos contra embarcaciones de pescadores inocentes, que confirman el comportamiento criminal de sus militares y demuestran que la actividad de los buques estadounidenses se configura en todos los aspectos como un bloqueo naval. El petróleo de Venezuela es el objetivo político inmediato. No hay lectura del contexto, ni reflexión sobre los equilibrios, ni proyección de un orden válido para todos los actores: la única unidad de medida con la que Estados Unidos observa a Venezuela son los barriles de petróleo. Es la mayor reserva del mundo. La faja del Orinoco, un área de 54 mil kilómetros cuadrados a lo largo del río homónimo, podría contener hasta 1,300 millones de barriles según las estimaciones más optimistas, una cantidad casi igual a la de todos los recursos de petróleo convencional del planeta. Pero ya hoy sus reservas oficiales ascienden a 303.3 mil millones de barriles, situando a Caracas en el primer lugar del ranking mundial según el anuario de BP, una de las fuentes estadísticas más acreditadas del sector. Estados Unidos, pese al shale oil, ocupa solo el décimo lugar, con 44.2 mil millones de barriles, superado por Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Libia, y su producción se consume en gran parte internamente. Si no fuera así, si no tuvieran interés en extraer los recursos energéticos y alimentarios de otros para sobrevivir y dominar -de ejercer el mando, porque son incapaces de gobernar-, no mantendrían unas 800 bases militares en todo el mundo. En todo el Occidente Colectivo, donde Estados Unidos pretende ser el único vendedor de crudo -aún más, tras el fracaso sustancial de la economía verde y el renovado apoyo al fósil- la centralidad del petróleo ha asumido un carácter estratégico como nunca antes. Si se observa el bloqueo a las importaciones desde Rusia, Irán y Venezuela, queda claro que el mapa de extracción y suministro del crudo se ha convertido en prioridad dentro de la agenda política trumpista. Incluso para su propio consumo, ya que la desindustrialización impuesta por la financiarización de la economía no ha reducido la demanda energética. Estados Unidos produce diariamente 15’837,640 barriles de petróleo, pero consume 20 millones. No es poca cosa para una sociedad cada vez más energívora: sus reservas comprobadas equivalen a 4.9 veces sus niveles anuales de consumo. Esto significa que, sin importaciones, tendrían unos cinco años de petróleo (a los niveles actuales de consumo y excluyendo las reservas no comprobadas). Suficiente para un pais normal, pero demasiado poco para un país de las ambiciones dominantes de Estados Unidos. Insignificante para su comercio. ¿Por qué Venezuela? Porque representa muchas cosas: protagonista absoluta, junto a Nicaragua y Cuba, del socialismo latinoamericano, auténtico desafío al modelo neoliberal fracasado. El ALBA es hoy la única alternativa creíble de modelo, la única doctrina socioeconómica orientada al reequilibrio social como motor de riqueza que puede permitir una fuerte reducción de la pobreza endémica que afecta a decenas de millones de latinoamericanos. Precisamente ante el fracaso incluso administrativo de un modelo como el estadounidense -que cada año se encuentra en la imposibilidad de cubrir un déficit público monstruoso y estructural-, el socialismo latinoamericano ofrece lecciones de buena política y buena economía. Los

Por Horacio Villegas Pardo Otro escándalo, similar al de Botrading —o incluso peor—, se da en la construcción de plantas de biodiésel a cargo de YPFB Corporación. Luis Arce presentó este proyecto como una solución estructural a la importación de combustibles, prometiendo la producción interna de biodiesel. En un inicio se anunció la construcción de tres plantas: una en Santa Cruz, otra en El Alto y la última con tecnología HVO —capaz de procesar todo tipo de aceites— en Puerto Suárez. De las tres plantas, con un presupuesto de 387 millones de dólares, sólo se entregó la de Santa Cruz, con capacidad de 1.500 barriles diarios (238.500 litros). La planta de El Alto debía producir lo mismo, pero pese a múltiples anuncios, a un mes y medio de dejar el gobierno, aún no ha sido entregada. Las irregularidades que deben investigarse con urgencia son las siguientes: 1) Sobreprecio en la planta de Santa Cruz Según fuentes de YPFB, la empresa encargada de construir la planta fue la empresa belga Desmet Ballestra, por un valor de 47 millones de dólares (1). Sin embargo, en mayo de 2023 entregó en Paraguay una planta de 30 millones de dólares, con una capacidad de 2.000 barriles diarios (2). La pregunta es inevitable: ¿cómo la misma empresa cobra 17 millones más en Bolivia por una planta de menor capacidad? 2) Contratación directa sin licitación Tras tres licitaciones desiertas, YPFB Corporación delegó la construcción a su subsidiaria YPFB Refinación —bajo la misma modalidad que en el caso Botrading—, la cual no tiene experiencia en fabricación de plantas. Aun así, contrató directamente a la empresa belga para la construcción de las tres plantas, sin licitación pública. Cabe destacar que YPFB Refinación es 99% estatal y 1% privada; al ser sociedad anónima regida por el Código de Comercio, el Estado actúa como socio mayoritario, no como ente de control. 3) Problemas con la materia prima En 2018, YPFB elaboró un estudio para una planta de biodiésel, el cual establecía que, para ser viable, debía producir al menos 500.000 litros diarios con base en aceite de soya. Se requeriría importar metanol para mezclar un 30%, alcanzando un costo de 0,8 dólares por litro (5,60 bolivianos, al tipo de cambio oficial), más caro que el diésel convencional, por lo cual entonces se descartó el proyecto. El bajo rendimiento de la soya en Bolivia (2 T/ha frente a 3–4 T en Paraguay, Argentina y Brasil) compromete el abastecimiento y encarece el producto, especialmente en El Alto por la distancia. Además, el precio del aceite de soya subió en los mercados debido a la alta demanda de la planta, beneficiando principalmente a los grandes productores aceiteros, como la familia Marinkovic. 4) La planta HVO de Puerto Suárez El biodiésel HVO es un diésel sintético caro debido al alto costo de producción, ya que requiere hidrógeno importado. Tampoco se ha informado cuántos barriles o litros producirá por día. La construcción de las tres plantas fue adjudicada directamente a Desmet Ballestra —ingeniería y equipos— por un valor global de 387 millones de dólares. Si las plantas de Santa Cruz y El Alto costaron cada una 47 millones, queda un remanente de 293 millones de dólares que corresponderían a la planta HVO. Es urgente que YPFB informe el estado de ese proyecto. 5) Cobertura mínima de la demanda Bolivia consume alrededor de 7 millones de litros de diésel y 6 millones de gasolina cada día. La planta de Santa Cruz producirá 238.500 litros diarios y la de El Alto otros 238.500, sumando 477.000 litros, equivalentes al 6,8% de la demanda nacional de diésel. Considerando los paros por mantenimiento de las plantas, la cobertura real sería menor, llegando en el mejor de los casos al 6%. Conclusiones El proyecto carecía de sentido económico porque los números nunca cerraron. Las consecuencias son claras: * Sobreprecio de al menos 34 millones de dólares en dos plantas. * La planta HVO sin información sobre costos y producción. * Materia prima escasa por tanto cara aumentando el precio final del litro del biodiesel y con ello la subvención del Estado. * Incremento del precio del aceite de soya para la población. * Beneficio exclusivo para agroindustriales como Marinkovic y para los mismos jerarcas de YPFB, que se enriquecieron aún más. Este es otro caso de desinstitucionalización de YPFB, que favorece intereses de empresas privadas y allana el camino hacia la futura privatización de la empresa estatal más grande del país.

Alfredo Pereyra El gobierno sionista de Benjamín Netanyahu, junto al ejército de Israel, mantiene su posición genocida y expansionista contra Palestina con oleadas de bombardeos a edificios de viviendas, hospitales, bloqueo de dotación de alimentos y la matanza a diestra y siniestra contra la población civil en la Franja de Gaza. El Ejército israelí continúa una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan convertido en “infraestructura terrorista”. El gobierno de Netanyahu controla el 40% de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur el millón de personas que se concentran en la urbe. El Ejército sionista, para justificar sus inhumanos bombardeos, asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamás en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza”. A parte de los brutales bombardeos, la Franja de Gaza está en la Fase 5, el nivel más alto y grave dentro de la escala de inseguridad alimentaria aguda, según la Clasificación Integrada Alimentaria en Fases (CIF), organismo respaldado por las Naciones Unidas. El informe indica que el Comité de Revisión de la Hambruna (CRH) ha determinado que la hambruna se está produciendo actualmente en la gobernación de Gaza. Las muertes por desnutrición en la Franja de Gaza se dispararon hasta inicios de mes, cuando el Ministerio de Sanidad gazatí registró más de 390 muertes por esta causa desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023. La hambruna está presente y se propaga rápidamente. No debe caber ninguna duda de que se necesita una respuesta inmediata y a gran escala. Cualquier retraso adicional resultará en una escalada totalmente inaceptable de la mortalidad relacionada con la hambruna. Más de medio millón de personas en Gaza, aproximadamente una cuarta parte de la población, se enfrentan a niveles catastróficos de hambre, y muchas corren el riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición. La publicación de imágenes de cientos de niños demacrados en Gaza es elocuente que la hambruna se ha instalado en ese territorio palestino. Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) ha denunciado que tanto tanques como francotiradores y otros uniformados del Ejército israelí abren constantemente fuego contra la multitud que busca recoger el contenido de sus camiones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, lo que resultó en la masacre de 81 personas. El genocidio israelí no se detiene. El mes pasado, un convoy que llevaba ayuda alimentaria, compuesto de 25 camiones, poco después de cruzar el último punto de control más allá del cruce de Zikim hacia Gaza, el convoy se encontró con enormes multitudes de civiles que esperaban ansiosas a acceder a los recursos alimentarios que necesitaban desesperadamente. Cuando el convoy se acercaba, la multitud que lo rodeaba quedó bajo fuego de tanques israelíes, francotiradores y otros disparos. Los muertos en la Franja de Gaza desde la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 superan las 61.000 personas, y otros miles de heridos. En las últimas semanas figuran Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, a los que se han sumado también Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco y San Marino para reconocer a Palestina como Estado independiente, con soberanía y derecho a la autodeterminación, una medida de presión contra el gobierno de Netanyahu. En los últimos años, Europa ha tenido un papel destacado en esta dinámica. España, Irlanda, Noruega y Eslovenia dieron el paso en 2024, y en septiembre de 2025 se ha producido una oleada de reconocimientos en países del G7 y de la Unión Europea, que ha marcado un cambio significativo en el equilibrio diplomático. En la reunión de las Naciones Unidas, donde Palestina mantiene desde 2012 el estatus de observador permanente, pero sin lograr el respaldo necesario para convertirse en miembro de pleno derecho, más de tres cuartas partes de los 193 Estados miembro de la ONU reconocen ya a Palestina como Estado. El respaldo llega a más de 150 países y se ha reforzado en septiembre de 2025 con la adhesión de gobiernos europeos y occidentales, lo que supone un salto cualitativo en el plano diplomático. El exterminio que aplica Netanyahu contra Palestina se compara con la barbarie de la Alemania nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dado que la matanza y la hambruna es totalmente provocada por el gobierno de Israel, es posible detenerla y revertirla denunciando al mundo entero sobre este brutal genocidio contra el pueblo palestino. Ante este genocidio, el cantante y fundador de la banda de rock Pink Floyd, el inglés Roger Waters, estrenó una nueva canción titulada “Sumud” (en árabe “perseverancia inquebrantable”) que es un himno atemporal a la resistencia. Waters levanta su voz contra el genocidio Israel presentando “Sumud” como en la resistencia cotidiana no violenta, a todos los niveles, contra la ocupación, la explotación y la colonización brutal y forzada de Palestina.

Por Teodoro Rentería Arróyave El próximo 7 de junio de 2026, cumple nuestra organización continental señera, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, sus primeros cincuenta años de luchas basadas en sus principios básicos en el cometido de realizar un “periodismo libre en patrias libres”. Esta encomienda se renueva hoy más que nunca ante el acoso del imperialismo que se aparece constantemente con diferentes máscaras, pero con una misma tendencia: apoderarse de las riquezas de nuestras naciones, con el apoyo de los apátridas que, cobardes, medran desde los sótanos de la traición en todas nuestras naciones. Para nadie es un secreto que, bajo la acusación sin prueba alguna del narcotráfico, el fin del gobierno de Donald Trump es apoderarse del petróleo de Venezuela. Los integrantes de la FELAP, precisamente su Comité Ampliado nos reunimos en varias sesiones en la ciudad-capital, Buenos Aires, los días 4 y 5 de septiembre, en las cuales se analizaron los nuevos retos y oportunidades que plantea el avance tecnológico digital para el ejercicio de la información. Además de otros análisis que habrá tiempo de exponer, se tomó la muy importante decisión de llevar a cabo, bajo los mejores auspicios y renovadas ideas, su XIII Congreso tanto en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, como en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Si tomamos en cuenta que la FELAP, fue fundada en nuestro país, en forma primordial por los periodistas asilados en nuestro territorio en esos años cruentos de persecución de las criminales dictaduras del Cono Sur, y posteriormente celebramos su XXX Aniversario, con los actos inherentes a la efeméride y la edición del libro que recogió la historia gremial de esas tres décadas, titulado: “FELAP Treinta años de principios. Periodismo libre en patria libres”, todo ello en la presidencia del Camarada argentino, Juan Carlos Camaño. Es prácticamente un deber celebrar su próximo Congreso General y su Quincuagésimo Aniversario a desarrollarse en junio de 2026 en México; los representantes de las agrupaciones que la conforman plantearán los retos a seguir como organización y su desempeño ante el gremio. Los dirigentes de las asociaciones de periodistas que conforman a la FELAP se comprometieron a exponer la realidad, problemática, retos y logros de cada agrupación; asimismo, plantearán diversos temas que serán recogidos en un Documento Final. Esta reunión de decisiones de Buenos Aires fue presidida por el presidente de la FELAP, Juan Carlos Camaño; el secretario General, Nelson del Castillo; y por el secretario de Desarrollo Social, Teodoro Rentería Arróyave. Participaron, además, los presidentes de Honor, Rafael Vargas de República Dominicana e Iván Canelas de Bolivia y la secretaria Ejecutiva, María Teresa Olguín. Fue la Unión de Trabajadores de Prensa Buenos Aires, UTPBA, a cargo de Leandro Torres, la anfitriona; entre otros participaron, Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

Por: Gabriel Villalba Pérez* El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) constituye un documento que desnuda las vulneraciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante la crisis política y social de 2019. En este marco, una de sus determinaciones más relevantes se centra en el rol de grupos parapoliciales y delincuenciales, entre ellos la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Por 21 días las ciudades capitales del país fueron escenarios de violencia promovida por grupos de bloqueos y movilizaciones contra las elecciones generales del año 2019. El 24 de octubre organizaciones sociales campesinas llegaban a la ciudad de Cochabamba para defender el voto en favor del entonces presidente Evo Morales. En horas de la noche cuando hacían vigilia pacifica, el grupo denominado RJC de motoqueros atacó con armamento a las y los campesinos. Sus agresiones siguieron todos los días posteriores contra la humanidad de personas campesinas humildes movilizadas, sus victimas favoritas fueron las mujeres de pollera. De estas situaciones cursa amplia prueba documental y testimonial de carácter irrefutable e incontrastable. Si bien este grupo paramilitar conformado por motoqueros pagados para delinquir portando armas se conformó antes del Golpe de Estado de noviembre. Posterior a la autoproclamación de Jeanine Añez sus miembros recibieron entrenamiento y armas militares por parte de Arturo Murillo protagonizando secuestros, torturas y vejámenes a mujeres de pollera a la cabez de Yassir Molina. El GIEI señala que la RJC operó de manera articulada con instituciones estatales y con respaldo de actores políticos que promovieron y toleraron su actuación violenta. Lejos de constituir una simple agrupación cívica, la RJC se configuró como un grupo irregular con prácticas de hostigamiento, amedrentamiento y ataque directo contra opositores y población movilizada, vulnerando de manera sistemática los derechos a la libertad de expresión, de reunión y a la integridad personal. Desde un punto de vista jurídico-constitucional, la permisividad del Estado frente a la acción de la RJC contradice abiertamente el artículo 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza la primacía de los derechos fundamentales y obliga a todas las autoridades a velar por su respeto. Asimismo, el artículo 21 de la CPE, que consagra los derechos civiles, fue violentado al permitir que un grupo irregular restrinja la libre participación ciudadana mediante la violencia y la amenaza. En el plano del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado boliviano, en virtud del artículo 13.IV de la CPE, que otorga primacía a los tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la actuación de grupos armados no estatales cuando operan con tolerancia de autoridades. La inacción estatal frente a la RJC, como establece el GIEI, no solo compromete la responsabilidad individual de sus integrantes, sino también la responsabilidad internacional del Estado por omisión. La caracterización de la RJC como grupo delincuencial y parapolicial tiene efectos jurídicos concretos de: Responsabilidad penal individual de sus miembros por delitos comunes (lesiones, daños, amenazas, asociación delictuosa, entre otros);  Responsabilidad penal de autoridades que promovieron, protegieron o encubrieron sus acciones, conforme al principio de autoría mediata por dominio de la organización y Responsabilidad internacional del Estado boliviano por permitir que actores irregulares suplan funciones coercitivas propias de las fuerzas del orden. El informe del GIEI, por tanto, no solo documenta la violencia de un grupo específico, sino que deja al descubierto la fragilidad de un supuesto Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho en Bolivia durante el periodo de 2019. La tolerancia hacia grupos parapoliciales como la RJC es incompatible con la noción misma de un Estado, donde el monopolio legítimo de la fuerza debe recaer exclusivamente en instituciones estatales sujetas a control democrático y respeto de los derechos humanos. En consecuencia, el mandato jurídico y político que emana de estas determinaciones es claro: la judicialización efectiva de la RJC y la sanción a las autoridades que permitieron su accionar. Solo así podrá evitarse que en el futuro resurjan organizaciones delincuenciales bajo ropajes “cívicos” o “patrióticos” que en realidad buscan imponer, mediante la violencia, proyectos políticos autoritarios y excluyentes. Sin embargo, el Órgano Judicial de nuestro país actúa en contradicción con el GIEI develando indultos políticos que tienen como consecuencia la impunidad ante todos los actos delincuenciales de este grupo paramilitar; todo con la venia del Tribunal Supremo de Justicia. *M.Sc.Abogado.

Por Horacio Villegas Pardo Todos los caminos para responder estas preguntas nos llevan a una misma institución: YPFB. El objetivo no es ir en contra de la empresa estatal que generó las condiciones para que Bolivia tuviera los índices de crecimiento económico nunca vistos en su historia hasta el año 2019, sino de quienes la administraron en los últimos 5 años. YPFB es la única institución estatal que, por normativa vigente, puede importar carburantes al país para su posterior comercialización en el mercado interno. Para realizar dicha importación, YPFB contrata a unos intermediarios, a los que se denomina “traders”, bajo unos reglamentos de contratación establecidos por la empresa. Dichos reglamentos definen cómo se llevará a cabo la contratación del intermediario, es decir, el marco legal para realizar dicho servicio. A finales del año 2021, el directorio de YPFB modificó estos reglamentos de contratación sin justificación alguna, y al año siguiente los modificó dos veces más. Antes de estos cambios, los reglamentos establecían que, para la compra de carburantes, debía llamarse a una licitación pública para seleccionar a los intermediarios/traders. Estos debían presentar sus propuestas en función de unos precios referenciales que imponía la estatal boliviana; por tanto, los traders debían ajustarse al presupuesto de YPFB, quien siempre adjudicaba al que tenía el precio más bajo. Luego, se firmaban, una vez seleccionado el trader, contratos anuales con precios establecidos para el abastecimiento interno, lo que generaba una previsión de cuánto YPFB gastaría en la compra de carburantes. Con las modificaciones a los reglamentos de contratación, todo cambió: las licitaciones públicas dieron paso a las convocatorias directas, YPFB dejó de dictaminar los precios referenciales, que dejaron de existir, y los contratos anuales se anularon para firmarse contratos spot (contratos de corta duración) por una cantidad de carburantes que solicita YPFB, pero cuyo precio es determinado por el intermediario, quien aumentó el premio (ganancia + costos logísticos) que recibe. Todo esto trajo como consecuencia que el costo de la importación subiera de manera exponencial. A esto debemos sumar que los volúmenes de importación de los últimos 4 años se incrementaron sin tener un estudio técnico por parte de la estatal, lo que no corresponde al aumento real de la demanda, como lo demuestra el informe de transparencia de YPFB del año 2023 (1). Los datos del INE nos indican que el costo de la importación, es decir, lo que YPFB paga al intermediario por la importación de carburantes, desde el año 2010 hasta el año 2019, es decir, en 10 años, fue de 9.800 millones de dólares. En cambio, para los años 2021 a 2024, YPFB compró un monto de 10.100 millones de dólares, como se aprecia en el gráfico. Es decir, que en 10 años se gastó menos que en los últimos 4 años (2). Sin embargo, esto no es todo, porque a pesar de que se gasta más, las filas en las gasolineras siguen presentes, y la situación empeora este 2025. Esta situación, obviamente, tuvo su correlato en las finanzas bolivianas, específicamente en lo que se refiere a las reservas internacionales. En una primera instancia, tuvieron que gastarse todos los dólares disponibles para hacer frente a la importación de carburantes, y luego se pasó a la venta de la mitad de las reservas de oro que teníamos como país, de 44 a 22 toneladas. Como la normativa no permite la venta de la otra mitad de nuestras reservas en oro, el Banco Central tuvo que comprar oro del mercado interno a las cooperativistas por un precio superior al tipo de cambio establecido oficialmente, para lo cual tuvo que imprimir 28.423 millones de bolivianos, es decir, un aumento del 55% en la emisión monetaria durante los últimos 4 años. Este monto exorbitante, obviamente, causó inflación en los mercados y una presión cambiaria que llevó al dólar a situarse por encima de los 14 bolivianos en el mercado paralelo. Lo que debe investigarse de manera urgente son los responsables de estos cambios en los reglamentos de contratación y los gerentes que los propusieron, ya que el Estado entró en esta debacle económica justamente por el descalabro ocasionado por YPFB. Esto permitió que se constituyeran empresas como Botrading, que nada han hecho por importar combustibles a precios más bajos que los intermediarios más conocidos, como Vitol y Trafigura. Por el contrario, han abierto una caja de Pandora que nos muestra serios indicios de corrupción con sobreprecios escandalosos en la compra de carburantes. Este contexto abrió la puerta para discursos y propuestas por parte de los candidatos de la derecha que quieren privatizar YPFB, lo cual siempre ha sido un objetivo del capital transnacional. El problema no es la institución como tal, sino de quienes la administran. Por tanto, querer vender la empresa estatal o abrirla a capitales extranjeros —que es lo mismo— traerá consigo serias complicaciones para la economía nacional y el mercado interno, debido a un menor excedente económico, un levantamiento de los subsidios a los carburantes, gas domiciliario y electricidad, lo que incrementará los costos de producción de las MyPes, la industria nacional y los transportistas, elevando los precios finales de los productos que la población pagará. Por ello, lo que debe hacerse es una reestructuración de YPFB y crear mecanismos de control rigurosos por parte de la Contraloría en los procesos de contratación. Las siguientes preguntas deben responderse: ¿el capital privado podrá traer combustibles para su comercialización? ¿Por qué YPFB no compra de manera directa a las refinerías productoras de gasolina y diésel en el mundo? En una próxima oportunidad, analizaremos tales cuestiones. (1) Informe del 10 de marzo de 2023. (2) No se toma en cuenta la deuda que se tiene con Trafigura y Vitol, que asciende a comienzos del año 2025 a 600 millones de dólares.

Al Pereyra Tras los comicios presidenciales del domingo 17 de agosto, el voto nulo y blanco lograron un resultado histórico ante la incapacidad, falta de programas políticos por parte de los ocho candidatos en contienda; además, por ser partidos políticos desgastados, desfasados que representaron a la vieja política boliviana. De un total de 7,9 millones de ciudadanos habilitados, 1,2 millones de bolivianos eligieron votar nulo o blanco (20,79%), ubicándose en la tercera posición del conteo nacional, algo nunca visto en la historia de la democracia boliviana. Lamentablemente, los medios de comunicación nacional e internacional han minimizado este resultado. Los candidatos de la derecha que irán al balotaje de octubre próximo, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) obtuvieron 1,4 millones de votos (31,33%) y Jorge ‘Tuto’ Quiroga (Alianza Libre), 1,3 millones de votos (27,39%), respectivamente. El descontento de la población, que conforma la Bolivia profunda, con los aspirantes a la presidencia se incrementó antes de las elecciones porque no se sentían representados y consideraron que fueron marginados por no tener un candidato que les brinden esperanza para resolver la incertidumbre que los aquejan. Con un claro programa neoliberal, los ocho postulantes a la Presidencia han omitido problemáticas importantes como la salud, educación, crisis alimentaria en sectores rurales, el desempleo juvenil o la migración interna y externa por razones climáticas y económicas. El electorado que optó por el voto nulo sabía claramente que ninguno de los candidatos aportó nuevas ni significativas propuestas de fondo en sus programas de gobierno para solucionar los problemas económicos, políticos y sociales que aquejan a la población en general. Para entender de fondo el por qué una gran parte de la población boliviana eligió votar nulo fue porque no tenía un candidato que los represente dignamente, puesto que al expresidente Evo Morales se lo inhabilitó de manera ilegal y se tejió sobre su persona una vil campaña de calumnias llenas de mentiras. A esto se suma que muchos opinólogos y analistas políticos de derecha y del gobierno del presidente Luis Arce Catacora no escatimaron esfuerzos y recursos económicos para denigrar la figura política de Morales quitándole incluso la sigla de su partido político que gobernó durante los últimos años. El “error” de Morales fue el haber denunciado, desde el principio de gestión del gobierno de Arce Catacora, diversos actos de corrupción en los que estaban involucrados los hijos del mismísimo presidente de Bolivia. Esto, de hecho, no fue del agrado de Arce Catacora y decidió eliminarlo políticamente a Morales haciendo uso de artimañas con un grupo de jueces de la Suprema Corte de Justicia quienes se habían autoprorrogado en sus funciones pese a que su labor había terminado un año antes de las elecciones. Arce Catacora, quien fue ministro de Economía de Morales, sabía muy bien que si éste se presentaba a las elecciones presidenciales las ganaba ampliamente. Y una vez en el gobierno haría cumplir las leyes y la familia del actual presidente, así como muchos ministros, tendrían que enfrentarse a la justicia y acabarían en prisión por los grandes hechos de corrupción que realizaron utilizando sus influencias políticas. Es una falacia y mentira que se diga que la izquierda perdió en Bolivia por el ego y ansias de poder de Morales por que llamó a votar nulo. Los que piensan así, desconocen las verdaderas causas que motivaron a apostar por el voto nulo. Los evistas consideran que su líder es aún un factor determinante, y han asegurado que ni siquiera la suma de los principales líderes opositores iguala su respaldo. Los que realmente dañaron a la izquierda boliviana son los denominados “Triple A”: Arce (Luis), Andrónico (Rodríguez) y Álvaro (García Linera, exvicepresidente), porque fueron ellos quienes traicionaron a Morales por megalómanos y por sus apetitos personales. La campaña oscura que se cierne contra la figura de Morales no es de ahora, viene de hace mucho tiempo. La derecha recalcitrante, la centro derecha, los racistas, los falsos izquierdistas nunca dejaron de desprestigiar al exjefe de Estado. La verdadera izquierda boliviana, que está encabezada por Morales, entra en un periodo de reflexión y autocrítica con la vista puesta en las elecciones subnacionales, previstas para el año próximo, en las que deberá presentarse con la finalidad de recuperar lo que se ha perdido por causa del “Lawfare” (persecución judicial) que se hizo contra el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

*Sergio de la Zerda A veces, lo más doloroso no es que nos roben… sino que nos roben a plena luz del día y nos quieran convencer de que no ha pasado nada. Así vivimos en estos últimos cuatro años: bajo un cerco mediático que recuerda al de 2019, donde ni quienes seguimos de cerca las noticias llegamos a dimensionar el tamaño del atraco que sufrió Bolivia. Esa fue mi primera impresión al leer “Yo vi el robo de mi país. Corrupción reservada y traiciones evidentes en el gobierno de Luis Arce Catacora”, el primer y valiente libro de Héctor Arce Rodríguez —abogado, politólogo e ingeniero agrónomo cochabambino—, hoy diputado nacional y, sobre todo, servidor público en el sentido más puro de las palabras. Pongo un ejemplo fresco: el escándalo internacional que estalló hace apenas unos meses fue denunciado por Héctor más de un año antes, y silenciado por una prensa que muchas veces parece trabajar para la pauta estatal y no para la ciudadanía. En mayo de 2024, nuestro diputado, con papeles en mano y en el mismo lugar de los hechos, destapó que un hijito del presidente, de 24 años y sin patrimonio conocido, había sido premiado con un crédito bancario de 3,3 millones de dólares para comprar —a precio ilegalmente reducido y sin pagar impuestos debidos— más de dos mil hectáreas de tierras forestales en Santa Cruz. En esos predios, reconvertidos a uso agrícola con inédita rapidez y hasta con quemas ilegales, encontró vehículos de empresas públicas y un puente nuevo construido por el régimen como si fuera un regalo de cumpleaños. En cualquier otra nación, esto hubiera terminado con la inmediata renuncia del presidente. Aquí, fue tratado como una simple anécdota por medios que, según la propia investigación de Héctor, recibieron hasta 79 millones de bolivianos en contratos propagandísticos para una sola familia de “periodistas”. Sólo cuando un consorcio internacional de reporteros de cinco países retomó la investigación, el caso obtuvo la atención que merecía. Y este es apenas un eslabón de una cadena interminable de podredumbre que convirtió a este gobierno en el más corrupto de nuestra historia democrática, superando incluso a varias dictaduras. Desde 2021, la bautizada como Casa Grande del Pueblo dejó de ser casa y de ser del pueblo: se volvió guarida de malhechores. Y Héctor ya nos lo había mostrado. En 2022, reveló el escándalo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): una coima grotesca de 19 millones de bolivianos de una empresa china para un tramo carretero entre Sucre y Yamparáez. Ni siquiera ocultaron las bolsas de dinero. Luego, con cinismo, dijeron que era un “pago adelantado devuelto”. Un testigo protegido, cuya identidad fue revelada por ministros, apareció muerto… y el caso terminó como tantos: impunidad. El libro documenta 63 casos de corrupción en áreas clave del Estado: falsificación de documentos y contratos amañados en el Ministerio de Medio Ambiente, pasajes aéreos comprados para familiares en la Autoridad de la Madre Tierra, puertos que nunca existieron en la Administración de Servicios Portuarios, manipulación hasta con el hambre de la gente en la empresa de alimentos EMAPA para favorecer a “los hijos del patrón”. Y todos, absolutamente todos, terminan con la misma triste historia: los culpables se van a casa… pero con la casa y los bolsillos más grandes y más llenos que antes. Sin embargo, la obra no es solo una crónica de horrores, sino un testimonio de que todavía hay servidores públicos que honran el juramento. Héctor es uno de ellos. Ha demostrado que la decencia es una forma de resistencia. Lo decía otro diputado insigne, aguerrido y socialista: “No hay revolución sin ética, ni ética sin sacrificio”. Su nombre era Marcelo Quiroga Santa Cruz y fue asesinado hace 45 años. La buena noticia es que en nuestros días no todos fuimos ciegos o parcialmente ciegos. Hubo alguien que vio el robo, lo investigó y lo denunció, cumpliendo a rajatabla su deber. Es Héctor Arce Rodríguez, un referente que personaliza los más altos valores del proceso de cambio. Y no lo es por haber logrado tres títulos profesionales en Agronomía, Derecho y Ciencias Políticas. Tampoco porque obtuvo una maestría y tres diplomados. Ni siquiera por haber sido una excepcional autoridad de su municipio ni de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Lo es porque comprendió y encarnó algo muy simple: la plata del pueblo es sagrada.  ¿Cómo no hacerlo si proviene de las entrañas del mundo quechua en el que se acuñó la trilogía moral del ama sua, ama llulla, ama qhella? ¿Cómo no hacerlo si cuando chico comer fideo con huevo a cambio de arar la tierra era un lujo casi tan elevado como la posibilidad de estudiar? ¿Cómo no hacerlo si, como tantos compatriotas, tuvo la dignidad de ser albañil cuando migró temporalmente? ¿Cómo no hacerlo si sufrió en su propio rostro la discriminación de quienes creen que el Estado debe servir a unos cuántos privilegiados y no a las mayorías? En el inicio de esta su primera obra, recordando su niñez en los fértiles pero trabajosos campos del Omereque de la entonces olvidada Bolivia profunda, Héctor expresa una frase: “Algún día seré grande”. Pues bien, querido hermano, sin la menor lisonja y con genuina admiración personal, yo te ratifico que ese día llegó hace tiempo. Lo hizo porque, como dice el poeta alemán Bertolt Brecht que asimismo citas en este tu obra, los hombres que luchan son los imprescindibles. Y lo son más cuando esas gestas son contra toda la adversidad, cuando ponen en empeño su propia vida por la defensa de principios de bienestar colectivo. Gracias, Héctor, por mostrarnos el vertiginoso abismo del robo a nuestro país. Por ser un buen hermano y discípulo de ese otro enorme e inolvidable luchador, el compañero Evo Morales Ayma. Gracias por mostrarnos con el ejemplo que el proceso de cambio es de todos y que debemos cuidarlo tan celosamente como tú. ____ *Comunicador y asambleísta departamental por Cochabamba.

Al Pereyra A pocos días para las elecciones presidenciales, el voto nulo y blanco van “in crescendo”, según las últimas encuestas publicadas, ante la incapacidad, falta de programas políticos y desprecio hacia el electorado por parte de los ocho candidatos en contienda y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, con media docena de ampliaciones de plazo, buscaron que partidos políticos desgastados y desfasados vuelvan a participar en una lid electoral. Los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), y Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia APB – Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (Alianza Fuerza del Pueblo), Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) y Pavel Aracena (Alianza Libertad y Progreso ADN), no aportaron nuevas ni significativas propuestas de fondo en sus programas de gobierno sobre aspectos económicos, políticos y sociales. El descontento de la población, que conforma la Bolivia Profunda, con los actuales candidatos se ha incrementado en las últimas semanas porque no se sienten representados y consideran que han sido marginados por no tener un candidato que les brinden esperanza para resolver la incertidumbre que los aquejan. Con un claro programa neoliberal, los ocho postulantes a la Presidencia han omitido problemáticas importantes como la salud, educación, crisis alimentaria en sectores rurales, el desempleo juvenil o la migración interna y externa por razones climáticas y económicas. La última encuesta de intención de voto elaborada por Ipsos-Ciesmori para Unitel emitida la noche del domingo muestra un estrecho empate entre Doria Medina con un 21,2%, seguido por Tuto Quiroga con un 20,0%. El tercer lugar es para Paz Pereira, con un 8,3%; seguido de Reyes Villa con un 7,7% y Rodríguez con un 5,5%. Luego aparecen Fernández con un 2%, Del Castillo con un 1,5%, Pavel Aracena con un 0,5%. Esta encuestadora mostró que el voto residual se distribuye en nulos (14,6%), indecisos (13,3%) y blancos (5,2%). En la primera encuesta presentada el 1 de junio la intención de voto nulo y blanco llegó al 17 %.  El 13 de julio, la segunda encuesta mostró que los votos nulo y blanco sumaban el 20,7 %, mientras que dos semanas después el resultado de los mismos factores, para la tercera encuesta, fue del 21,7 %, es decir un punto porcentual más, lo que marcó una tendencia hacia arriba hasta el 30 de julio. En tanto, la Red Uno también presentó su última encuesta a escala nacional a través de la empresa Captura Consulting en la que Doria Medina lleva la intención del voto con un 21,6%. Seguido de Tuto Quiroga con el 20%; Reyes Villa con el 9,7% obtiene el tercer lugar; mientras que Rodríguez y Rodrigo Paz se colocan en el cuarto y quinto lugar con el 7,2% y 6,4%, respectivamente. En el sexto lugar se ubican, empatados con el 2,0%, Del Castillo y Fernández. Pavel Aracena obtiene un pírrico 0,7% La encuesta de Captura Consulting dio a los votos blancos 5%; los nulos 10,6%; y los indecisos, 14,4%; sumando un total de 30%. El expresidente Evo Morales, al no poder postularse como candidato a la Presidencia por no tener partido y por una inhabilitación ilegal y amañada, llamó a sus seguidores y a todo el país a votar nulo en rechazo a la derecha y al Gobierno de Luis Arce Catacora. Los evistas consideran que su líder es aún un factor determinante, y han asegurado que ni siquiera la suma de los principales líderes opositores iguala su respaldo. El expresidente Morales recalcó que el “voto nulo no sólo es legal y legítimo, sino una expresión de rechazo del pueblo a unas elecciones amañadas, que margina a los movimientos indígenas y sociales y al pueblo, y sólo favorece a los candidatos de derecha”, quienes, junto al gobierno de Arce Catacora, inhabilitaron a partidos políticos que respaldaban su candidatura. El voto nulo está establecido en la normativa boliviana, por eso los jurados electorales tienen la posibilidad de registrarlo. La Ley 026 de Régimen Electoral contempla tres tipos de votos: el válido, que es la marca por una candidatura y que es el único que suma al cómputo para la definición de los ganadores; el voto blanco, que es la papeleta devuelta sin marcas ni daños, y el voto nulo, que presenta marcas en más de una casilla para el mismo cargo, en otras partes de la papeleta, tiene incluso cortes u otras averías. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la candidatura elegida para la Presidencia será por más del 50 % de los votos válidos o con un mínimo del 40 % de los mismos votos, y con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura. Según la norma vigente, los votos nulos y blancos no ingresan en los votos válidos, y solo son considerados para fines estadísticos de los votos emitidos en un proceso electoral.  En caso de que los votos nulos y blancos sumen la mayoría del proceso, la elección de los nuevos dignatarios se realizará con base en los votos válidos, aunque hayan obtenido minoría. Lo cierto es que, tras los comicios generales, los principales medios de la prensa nacional e internacional abrirán sus ediciones con titulares que indican que en Bolivia ganó el voto nulo, porque se rechaza a los políticos neoliberales, reciclados, falsos izquierdistas y a los partidos de derecha.