Opinión

Inti Moya Arce La crisis económica que atraviesa Bolivia no puede entenderse únicamente como el resultado de desequilibrios fiscales, escasez de divisas o errores administrativos. Lo que está ocurriendo revela un proyecto político más profundo. Mientras la población permanece atrapada entre la incertidumbre, las filas por combustible, el aumento del costo de vida y la confrontación permanente, el gobierno de Rodrigo Paz impulsa una reconfiguración silenciosa del modelo económico. La crisis ha dejado de ser un problema que se intenta resolver; comienza a operar como el escenario desde el cual se justifican reformas que, en condiciones normales, encontrarían una fuerte resistencia popular. El estado de excepción se mantiene pese a que las grandes movilizaciones cesaron hace semanas, esto significa que el estado de excepción no era un instrumento para pacificar el país, sino un instrumento para sembrar el terror y evitar la protesta social ante el nuevo paquetazo económico que se nos viene encima. La escasez de diésel y gasolina continúa sin resolverse. El tipo de cambio dejó atrás la estabilidad que caracterizó durante años a la economía boliviana. Paralelamente, se aprobaron decretos que modifican aspectos sensibles del modelo económico, se amplían espacios para la participación privada en sectores estratégicos y el país vuelve a recurrir al endeudamiento externo como principal mecanismo para enfrentar la falta de liquidez Mientras tanto, el pueblo no puede movilizarse por temor de que maten a sus hijos, porque el estado de excepción es eso, carta blanca para matar. El gobierno en vez de responder a las demandas de la población y solucionar los aspectos estructurales que originan la crisis, responde con represión, criminalización de la protesta, falsas propuestas de diálogo que terminan en acuerdos incumplidos al día siguiente y en órdenes de captura para los dirigentes. Revelando que el pueblo no puede confiar en el gobierno de Rodrigo Paz ni tantito así, que el proyecto de restructuración neoliberal no será frenado mediante el diálogo. La coyuntura de crisis termina funcionando como una cortina de humo. Cuando toda la sociedad concentra su atención en resolver la emergencia cotidiana, resulta mucho más sencillo introducir reformas estructurales que alteran el funcionamiento de la economía durante décadas. No sería la primera vez que ocurre. Naomi Klein describió este mecanismo como la «doctrina del shock», las crisis permiten aplicar políticas que difícilmente serían aceptadas en circunstancias normales. La experiencia boliviana comienza a mostrar rasgos en esa dirección. Uno de los cambios más significativos es la liberalización progresiva del mercado de combustibles. La autorización para que operadores privados importen gasolina y diésel a precios internacionales parece responder inicialmente a una necesidad coyuntural. Sin embargo, políticamente puede constituir el primer paso hacia un cambio mucho más profundo, la privatización de YPFB y la nivelación generalizada del precio del combustible a estándares internacionales. Toda privatización necesita antes construir un sentido común que la haga parecer inevitable. Cuando la población enfrenta durante meses la escasez de combustibles, las interminables filas y la incertidumbre diaria, comienza a instalarse una idea peligrosa: que el problema no radica en la gestión gubernamental, sino en la existencia misma de una empresa pública encargada del abastecimiento. Así, la crisis deja de ser presentada como un fracaso de la política económica para convertirse en la justificación de una mayor participación privada. La historia latinoamericana demuestra que ese libreto no es nuevo y que el único gran beneficiado de la privatización son las transnacionales y los políticos coimeados por debajo. Por ejemplo, en Chile, la privatización de Soquimich (SQM) en beneficio del yerno del dictador Pinochet, se sello con un contrato nefasto para los intereses del pueblo chileno. El contrato de 1995 estipulaba una renta fija anual de 15.000 dólares y una irrisoria regalía alrededor del 5% por la venta del litio en favor del Estado Chileno. Mientras que SQM recibía miles de millones de dólares por la explotación de Litio, el estado recibía las migajas de las migajas, y lo peor es que el acuerdo tenía validez hasta 2030 generando un candado para gobiernos posteriores. Conviene recordar que el gobierno de Rodrigo Paz está intentando transitar por el mismo camino, prueba de ello es el memorándum de entendimiento sobre el litio y minerales críticos firmado el 28 de abril con representantes del gobierno de EEUU. Otro cambio de enorme alcance ha sido la modificación del régimen cambiario. Durante más de una década Bolivia sostuvo una relativa estabilidad monetaria apoyada en elevados ingresos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos y en un importante nivel de reservas internacionales. Hoy, en lugar de cuestionar las causas estructurales de la falta de liquidez, responden con la flexibilización cambiaría. El transito de 6.86 a 9.73 bolivianos por unidad de dólar, representa una depreciación del boliviano en un 30%, y día que pasa el tipo de cambio sube. Esto no constituye únicamente un problema financiero, es una transferencia directa del costo de la crisis hacia la población. Cada incremento del dólar encarece los bienes importados. Y Bolivia importa desde maquinaria industrial hasta medicamentos, alimentos procesados, insumos agrícolas, repuestos, productos de higiene y un sinfín de bienes de consumo cotidiano. La consecuencia es evidente, la depreciación y flexibilización cambiaría afecta a las grandes mayorías, porque implica el encarecimiento generalizado del costo de vida La pregunta entonces deja de ser exclusivamente económica y pasa a ser política: ¿quién soporta los costos de la depreciación y quién obtiene los beneficios? El costo lo paga el pueblo, el beneficio se lo llevan los exportadores, quienes representan una proporción insignificante de la población, reflejada en los grandes agroindustriales del oriente, las mineras como San Cristóbal y el sector hidrocarburifero. La misma lógica aparece en las recientes modificaciones aplicadas al sistema tarifario de la energía eléctrica. Presentadas como simples mecanismos de actualización técnica, las nuevas disposiciones abren la posibilidad de incrementos periódicos asociados, entre otros factores, a las variaciones del tipo de cambio. La fórmula de calculo parece sencilla, pero es engañosa. Menciona que la tarifa puede subir 5% mensualmente. 60% al año lo que es hartísimo, sin embargo, la

Alfredo Jiménez Pereyra En un verdadero acto de insulto y menosprecio hacia el pueblo boliviano y hacia los movimientos sociales, el presidente Rodrigo Paz Pereira ha criminalizado las protestas populares al calificarlas de ser integradas e impulsadas por “narcoterroristas”. La afirmación se suma a otros desatinos que ha cometido el jefe de Estado en tan solo siete meses de Gobierno. Desde hace más de un mes, lo que comenzó como una protesta laboral ante la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, alrededor de un centenar de sindicatos de occidente y oriente del país, ante la falta de soluciones sociales y económicas, ha intensificado los bloqueos de carreteras transformándolo en un clamor popular que exige la renuncia de Paz Pereira. Miles de obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno derechista con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian desde hace cinco semanas a las principales ciudades del país, donde escasean productos básicos. Ante esta situación, el incaPaz presidente, con siete meses en el poder, promulgó la semana pasada una ley que le da campo libre para decretar el estado de excepción que además de permitirle usar militares para contener las protestas, restringiría libertades de reunión y movimiento. Aunque el jefe de Estado pretenda minimizar el descontento generalizado de la población y tildarla de movimiento “narcoterrorista”, no quiere aceptar que su Gobierno carece de un horizonte, de un programa político y económico que vaya a mejorar la paupérrima económica de miles de bolivianos. Su Gobierno ya sido absorbido por una clase dominante del sistema financiero, de las logias cruceñas que controlan el agronegocio y por los intereses geopolíticos estadounidenses. Es así, que el gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa reiteradamente al expresidente Evo Morales de estar detrás de las masivas protestas. Con el propósito de aclarar cualquier vínculo con Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, recientemente marcó distancia del expresidente rechazando de plano las versiones que vinculan al líder cocalero con el financiamiento o la conducción de las movilizaciones y protestas en distintas regiones del país. Afirmó que las medidas de presión responden a decisiones asumidas por las organizaciones sociales movilizadas y no a intereses de actores políticos externos. Así también, aseguró que la protesta es sostenida por los propios sectores movilizados y negó cualquier respaldo económico del exmandatario. Los miles de bolivianos que piden la renuncia de Paz Pereira condenan que los cooperativistas mineros tengan gasolina subvencionada a menor precio, mientras el resto del país paga por combustibles más caros y de baja calidad; además, de los negociados y hechos de corrupción que realizan las nuevas autoridades al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). También cuestionan que se otorguen alivios tributarios a la oligarquía empresarial, mientras se incrementa la carga sobre el pueblo. Además, de aceptar préstamos millonarios con el Fondo Monetario Internacional (FMI y el Banco Mundial (BM) con tasas del 10 por ciento. Los manifestantes rechazan los intentos de privatizar las empresas estatales y de entregar a las trasnacionales -específicamente a Estados Unidos- los yacimientos del litio y la riqueza que existe en las denominadas tierras raras. Bolivia entera pide respuestas claras y transparentes sore los escándalos de corrupción dentro la estructura gubernamental, especialmente en el caso del narcotráfico como los casos de “narcomaderas”, “narcomaletas” y las cajas fuertes desmanteladas del narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Sebastián Marset. Son por estos antecedentes, y por otros más, que cientos de miles de bolivianos están en las carreteras del país exigiendo la renuncia del incompetente presidente Paz Pereira. Que vil y bajo es calificar que son movimientos “narcoterroristas” los piden su dimisión. El mandatario boliviano desconoce que la verdadera fuerza histórica popular nació cuando campesinos, trabajadores, estudiantes, organizaciones, mujeres y vecinos quienes enfilaron por la senda de la lucha fusionados en un solo cuerpo y una sola voz exigiendo: “para el pueblo lo que es del pueblo”. En un acto desesperado y de menosprecio hacia los movimientos sociales, tanto Paz Pereira y la derecha boliviana repiten constantemente que han sido veinte años de retraso, en alusión al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que fue encabezado por el expresidente Evo Morales, pero no saben que en esos veinte años sirvieron para conformar una base sólida, donde hay un pueblo más crítico, más informado y más consciente de la realidad nacional, y que ya no es posible gobernar lejos de la Bolivia profunda.

Alfredo Jiménez Pereyra Si el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción es aprobada por la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia será el acabose del gobierno que preside Rodrigo Paz Pereira, quien transita por su sinuoso laberinto. El domingo, el Senado nacional justificó la abrogación de mencionada ley al considerar que la norma limita la capacidad del Estado para pacificar el país mediante la aplicación de un eventual estado de excepción en contextos de conflictividad. La abrogación de la Ley 1341 no surge en un escenario de normalidad institucional, sino en medio de una profunda crisis económica, política y social que atraviesa actualmente el país. Desde principios de mayo, distintos sectores sociales, que engloban a organizaciones campesinas, juntas vecinales, sindicatos, maestros, transportistas, mineros, universitarios y sectores indígenas, han expresado su malestar con bloqueos de carreteras, marchas y movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional exigiendo la renuncia del presidente Paz Pereira. El descontento de miles de bolivianos, que en la actualidad permanecen en las principales carreteras del país, no es por “puro amor al bloqueo” o por joda, sino es porque están denunciando al mundo entero el deterioro de las condiciones de sus vidas, la escasez, mala calidad de combustibles, el incremento de precios de productos básicos, rechazo a las medidas neoliberales, el peligro de la privatización de las principales empresas estatales, entre muchas cosas. En este contexto, comenzó a reactivarse desde sectores de la ultraderecha, parlamentarios de los partidos políticos de derecha, empresariales, cívicos racistas y medios de comunicación el debate sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción para restablecer el “orden público”. Recordemos que el 14 de noviembre de 2019 durante el gobierno de facto de Jeanine Añez ésta promulgó el Decreto Supremo 4078, mediante el cual se dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de “conservación del orden público” y se estableció que el personal militar quedaría “exento de responsabilidad penal” cuando actuaran en “legítima defensa o estado de necesidad” en el proceso de “pacificación”. Al día siguiente de su promulgación, el 15 de noviembre de 2019, se produjo la masacre de Huayllani en Cochabamba; posteriormente, el 19 de noviembre, tuvo lugar la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. Ambos hechos represivos dejaron decenas de personas fallecidas, centenares de heridos y múltiples detenciones arbitrarias, constituyéndose en uno de los episodios más graves de violencia estatal registrados en la historia reciente de Bolivia. Diversos organismos nacionales e internacionales cuestionaron inmediatamente el contenido de esta norma, al considerar que otorgaba cobertura jurídica a la represión estatal al margen de la Constitución Política del Estado y en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos. Ante la presión social y el cuestionamiento de organismos nacionales e internacionales, no le quedó otro camino a la golpista Añez que abrogar el Decreto Supremo 4078, el 28 de noviembre de ese año. En los seis meses de gestión del presidente incaPaz, los bolivianos están sufriendo el incremento desmedido de la canasta familiar, el gobierno quitó la subvención de los hidrocarburos (a cambio importó mediante, contratos no claros, gasolina y diésel de mala calidad que está arruinando miles de motores), el precio de los pasajes terrestres y aéreos se incrementaron, se perdió la estabilización del dólar puesto que ahora rige la cotización del dólar paralelo que es de diez bolivianos, aumentó los impuestos a la pequeña producción agrícola, eliminó los impuestos a las grandes fortunas, dictó leyes que favorece a los sectores más ricos en desmedro de los más necesitados, firmó decretos sin respetar la Constitución Política del Estado, adquirió préstamos financieros con organismos internacionales endeudando más al país, inició una silenciosa privatización de empresas estatales bajo el ruin argumento de que son deficitarias, improvisa ministros y viceministros porque carece de políticos que conozcan las verdaderas necesidades de millones de bolivianos y apoya las intervenciones injerencistas y militares de gobiernos como Estados Unidos e Israel. En este contexto, los miles de bolivianos que dieron su voto a Paz Pereira en las elecciones del octubre pasado, se sienten traicionados por un presidente incaPaz, que lo único sabe repetir es: “tras veinte años de corrupción” -negando los catorce años de pujanza económica y social que tuvo Bolivia en la presidencia de Evo Morales-, Estado tranca- cuando él es quien está poniendo muchas trancas para que cientos de bolivianos no mejoren su calidad de vida-, y Bolivia, Bolivia, Bolivia… -que pretende entregar los recursos naturales a las potencias extranjeras y el pago de un bono de 3.000 bolivianos a la policía para que reprima las protestas sociales que van in crescendo.

Alfredo Jiménez Pereyra A cuatro meses del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, el tiempo y los hechos confirman que fue víctima de la traición más vil aplicada por su entorno cercano, encabezada por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y el general de las Fuerzas Revolucionarias Vladimiro Padrino López. Según investigaciones periodísticas, como del diario The Guardian, indican que, desde agosto de 2025, los Rodríguez y Padrino comenzaron a elaborar junto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y otras entidades estadounidenses, un plan para quitar a Maduro de la presidencia facilitando el cambio de poder a costa de una transición. Tras la operación, Padrino López ha pasado de ser un comandante operativo a convertirse en el “custodio” político y militar del actual gobierno. Actúa como el poder detrás del trono de Delcy (quien asumió la presidencia interina del chavismo). Es el encargado de evitar deserciones masivas en los cuarteles y entregó toda la información necesaria a la CIA para la operación estadounidense “Resolución Absoluta”. Además de paralizar personalmente todas las respuestas militares venezolanas, tanto de las tropas desplegadas en la capital como de los anillos concéntricos de protección de Maduro. Padrino López es directamente responsable del asesinato de los 32 militares cubanos, incluyendo dos coroneles. La madrugada del 3 de enero (durante la Operación Resolución Absoluta), todo estaba desmantelado, nada de la seguridad funcionó. Helicópteros Delta Force estadounidenses llegaron al Fuerte Tiuna como si estuvieran paseando. No hubo una respuesta militar de defensa antiaérea. La única barrera de contención que tuvieron fue la de los escoltas cubanos, fuerza que, aunque muy bien preparada, no estaba para ese tipo de enfrentamiento, pues no contaban con el armamento adecuado. Los marines llegaron sin resistencia hasta donde estaba Maduro, los escoltas cubanos y un par de venezolanos fueron sorprendidos en sus áreas de descanso. Tras una tenaz resistencia de los escoltas cubanos, muchos cayeron heridos, pero fueron rematados y asesinados por parte de la fuerza élite del ejército estadounidense. Tanto el Pentágono y la administración de Donald Trump confirmaron que, aunque no hubo víctimas mortales estadounidenses, se registraron siete heridos y daños materiales en el equipo de extracción. Al día siguiente, el 4 de enero, Padrino López, investido de todos sus cargos dentro del madurismo, realizó una gira por las principales bases militares para asegurar la lealtad de los generales, advirtiendo que “la traición se pagará con la vida”. Esto le permitió mantener intacta su estructura de mando para negociar con el nuevo orden representado por Rodríguez. Investigaciones de consorcios periodísticos como OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting o Project o Proyecto de Reporte sobre el Crimen Organizado y la Corrupción) que revelan riquezas ocultas de figuras políticas mundiales. En el caso de Padrino López señala que su “laberinto corporativo” está compuesto por al menos 24 empresas y 14 propiedades en Estados Unidos y Venezuela, valoradas en más de 4,5 millones de dólares. Trámites Consulares (EE.UU.), irónicamente, una empresa en Florida dirigida por su prima, Ludmila Padrino Valderrama, se dedicaba a gestionar asilos políticos y prórrogas de pasaportes para venezolanos que huían del gobierno que Padrino López defendía. Tiene en el condado de Broward, Florida, una mansión valorada en más de 600.000 dólares. Y en Miami y Houston múltiples apartamentos y locales comerciales que servían como fachada para el lavado de dinero proveniente de la corrupción estatal y el tráfico de influencias. Se ha especulado mucho sobre por qué Padrino López y Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz) permanecieron en sus puestos. La explicación oficial de la Casa Blanca fue que la operación buscaba descabezar la figura presidencial para forzar una transición, dejando a los mandos militares en una posición donde tuvieran que elegir entre negociar o sostener un gobierno sin su líder principal. En realidad, ambos personajes estaban comprometidos con todo el esquema de corrupción y fueron reclutados por la CIA, primero Padrino López y luego Cabello. De acuerdo con información de The Guardian, los hermanos Rodríguez estuvieron en comunicación con autoridades estadounidenses durante los meses previos a la intervención a través de intermediarios. El rotativo británico asegura que ambos estuvieron de acuerdo previamente con las acciones del ejército norteamericano. En diciembre 2025, una fuente estadounidense señaló a The Guardian que Rodríguez le dijo al gobierno de Estados Unidos que estaba lista: “Delcy estaba informando: ‘Maduro tiene que irse’.” En octubre de 2025, el diario Miami Herald ya había publicado que Delcy conspiraba de forma activa o pasiva para una caída de Maduro por sus propias ambiciones, y si bien ella lo negó tajantemente, su reacción pareció convencer a Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, y su entorno de que era una persona ambivalente con la que se podría llegar a algún acuerdo. De acuerdo con esta versión, Rubio aceptó trabajar con Rodríguez a pesar de su cercanía al régimen de Maduro debido a que era “la mejor manera” de efectuar las acciones con el menor desastre posible una vez que el presidente fuera derrocado y trabajaran en conjunto, tal como ha ocurrido recientemente. Desde que Trump reconoció a Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, ésta ha promovido acuerdos energéticos, incluyendo un importante suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos, ha tenido reuniones directas con director general de la CIA, ha entablado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras acciones, que escandalizarían a rabiar al difunto líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Fue la traición al más alto nivel del mando venezolano. Por la mente de Maduro jamás se cruzó la idea de que fuera entregado por las personas en quienes más “confiaba”, porque durante años éstos juraron lealtad a su mandato y a los lineamientos políticos que estipulaban el socialismo del siglo XXI.

Alfredo Jiménez Pereyra El presidente Rodrigo Paz Pereira no se ha dado cuenta hay muchas cosas que no cuadran en los primeros seis meses de su gobierno, porque su gestión no tiene una verdadera dirección que vaya a mejorar la vida de los más desposeídos del país; además, de que su administración atraviesa por una crisis política e institucional que carece de una visión sobre el rumbo al que está llevando al país. La corrupción dentro del aparato estatal, lejos de desaparecer, está presente bajo nuevas formas. En tanto, la justicia no ha dado muestras claras de transformación, no se percibe un cambio estructural en su funcionamiento. El gobierno de Paz Pereira enfrenta un escenario marcado por la desconfianza ciudadana. El dato más relevante de un reciente sondeo nacional de opinión sitúa en 81% el porcentaje de personas que afirma tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas estructurales del país. Se trata del indicador más elevado del estudio y el que define el tono general de la evaluación pública. El contexto en el que se desarrolla esta evaluación está influido por una serie de problemas que han generado cuestionamientos públicos hacia la administración gubernamental. Uno de los más visibles se relaciona con la calidad del combustible distribuido en el país. En distintos departamentos se han reportado denuncias sobre gasolina de bajo rendimiento, lo que ha derivado en fallas mecánicas y afectaciones a miles de motorizados, tanto del transporte público como privado. Conductores, sindicatos del transporte y usuarios han expresado reiteradas quejas por el desempeño del combustible, señalando una disminución en la eficiencia y daños en los vehículos. El Gobierno debe implementar medidas urgentes como ser la transparencia total sobre la situación de importación de combustibles, incluyendo pagos, volúmenes disponibles y previsiones de abastecimiento. Con la finalidad de parar el supuesto sabotaje en el interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el reciente posesionado presidente de la estatal, Sebastián Daroca, afirmó que iniciará un proceso de reestructuración de la petrolera donde se evaluará al personal por lo que se contratará un equipo exterior para un apoyo técnico. Pero el fondo del caso es que el Gobierno lo que busca es deshacerse de trabajadores petroleros que fueron contratados en gestiones pasadas. Además, hacer aparecer  a las empresas estrategias nacionales que atraviesan por “severos cuadros” de déficit para luego privatizarlas. Otro episodio que ha generado repercusión es el denominado caso de las “32 maletas”, que hasta la fecha no encuentra responsables y no se tiene una versión oficial del contenido de las mismas, pese a que extraoficialmente se conoce que habrían ingresado millones de dólares. En el tema legislativo, existe una debilidad del oficialismo por lo que el gobierno se sostiene mediante decretos ante la falta de respaldo en la Asamblea. Por su parte, el Ejecutivo enfrenta una falta de apoyo tanto de sus parlamentarios como de sus aliados, lo que configura una crisis de gobernabilidad. Con relación a las relaciones internacionales, el gobierno de Paz Pereira está desarrollando un acercamiento entre Bolivia y Chile dejando de lado el derecho inclaudicable sobre una salida soberana al océano pacífico. En el marco de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, la administración de Paz Pereira ha demostrado una total sumisión al gobierno de Donald Trump marcado por la adhesión de ambos países a la iniciativa hemisférica “Escudo de las Américas”, orientada a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en la región. Con el presidente Paz Pereira, Bolivia no tiene un norte claro en política exterior porque tampoco tiene un modelo de desarrollo definido. Estos tipos de errores no solo van a desgastar al actual gobierno, sino que ya han activado situaciones de conflicto con escenarios de protestas, paros indefinidos y bloqueos de camino en un contexto donde la ciudadanía enfrenta el encarecimiento de la canasta familiar y la devaluación del boliviano frente al dólar. El cacareado discurso “Estado Tranca” impulsado por Paz Pereira está dirigido a los estratos más desposeídos del país, porque mediante sus medidas antipopulares impuestas por su gobierno no hacen más que los ciudadanos de la Bolivia profunda estén realmente trancados sin poder hallar una solución económica, social y de desarrollo a sus vidas.

Elena Valdés Rudzinska La semana pasada, Javier Milei recibió a Peter Thiel, fundador de Palantir. El objetivo de la visita: estrechar lazos y explorar la implementación de la tecnología Palantir en la administración y gestión gubernamentales argentinas. Thiel y Milei discutieron cómo utilizar los sistemas de big data e inteligencia para incorporarlos a las políticas de control gubernamental. Thiel se refirió a este control como una «arquitectura de poder» basada en el uso de datos de la ciudadanía para implementar sistemas de vigilancia. ¿Qué es Palantir?  Palantir es una empresa que desarrolla plataformas para integrar análisis de datos. Entre sus clientes figuran el FBI, gobiernos estatales y las empresas privadas. Su objetivo es utilizar la alta tecnología de la inteligencia artificial para el espionaje, la vigilancia ciudadana e impactar en la toma de decisiones nacionales La tecnología de Palantir se utiliza como parte de la maquinaria militar del ejército israelí en el genocidio contra Palestina y el Líbano, generando las llamadas kill lists (listas de objetivos), proporcionando servicios de espionaje y la generación automatizada de dichas listas. La IA de Palantir, reduce a los palestinos a «puntos de datos estadísticos» para la toma de decisiones militares de aniquilamiento. Palantir no solo procesa la lista de datos, sino que también funciona como centro de mando y es por esto que es llamada la «Máquina de asesinatos»  El CEO de Palantir, Alex Karp, acaba de publicar un Manifiesto titulado La República Tecnológica que resume, en 22 puntos, la visión y los objetivos de Palantir. Para tener una idea, algunos de estos puntos proponen un rearme tecnológico y el retorno a un poder duro por parte de las élites financieras. No es difícil adivinar que el objetivo de Karp es reconfigurar las estructuras de poder, dejando atrás a estados y a otros actores y consolidar la hegemonía de las élites financieras de Occidente. La era del tecnofeudalismo ha comenzado.  Amenaza para la región Mientras sus defensores alegan la necesidad de modernizar el Estado, las críticas llueven sobre la presencia de Palantir en Argentina, pues ello implica un acercamiento mayor entre Milei y los intereses estadounidenses, ya que se estaría promoviendo y normalizando el uso de modelos de control y vigilancia social y política. La tecnología Palantir apunta a alinear las fuerzas de defensa, de seguridad nacional y de espionaje con los intereses de los poderes internacionales. Dicho en pocas palabras, esta reunión da un paso en dirección hacia una dictadura a la orwelliana, en la que las máquinas funcionan integralmente para quienes las poseen y controlan información y movimientos del ciudadano común.  ¿Por qué debería preocuparnos?  Milei no solo es un personaje libertario que sostiene que el mercado debe sustituir al Estado y a su rol social y cultural. También es defensor de los valores colonialistas e imperialistas de los gobiernos poderosos de Occidente. En este punto, y como todos sabemos, Milei se ha declarado el presidente más sionista del mundo, apoyando abiertamente al gobierno y las políticas genocidas de Netanyahu. Además, ha accedido a recibir a 300.000 israelíes y a otorgarles parte de la Patagonia.  Tener un país en la región que le abre las puertas al colonialismo moderno e implementar las tecnologías que harán posible este nuevo tipo de imperialismo tecnológico vía Palantir es algo que debería preocuparnos y ocuparnos, pues la tendencia es la misma en el gobierno chileno de Kast y peor aun, en el gobierno de Paz Pereira que ya ha dado la bienvenida a la tecnología Starlink de Elon Musk (muy amigo de Thiel), declarado una y otra vez su interés en inundar el país de tecnología moderna y abierto las puertas a los gobiernos neoliberales y las a élites tecnocráticas. Todo queda en familia.

Alfredo Jiménez Pereyra El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, está pagando un precio muy caro por guerra contra Irán, puesto que enfrenta tensiones con sus aliados, arsenales vacíos y un prestigio internacional cada vez más dinamitado. El manejo de la guerra de Irán evidencia los límites y la podredumbre interna del poderío estadounidense. Lo que Trump admitió como “una base de negociación viable” la aceptación de los 10 puntos (propuestos por Teherán) como un marco general como base para negociaciones habría resultado del todo inaceptable para el ocupante de la Casa Blanca si no se hubiera encontrado en una situación límite –por decirlo suavemente– en el escenario del conflicto. La lista de exigencias de la propuesta iraní comprende: Compromiso oficial de Estados Unidos con la no agresión contra Irán. Control continuo del país persa sobre el estrecho de Ormuz. Reconocimiento del derecho de Irán a enriquecer uranio. Levantamiento completo de las sanciones primarias estadounidenses. Levantamiento completo de las sanciones secundarias de Estados Unidos. Revocación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán. Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica contra Irán. Pago de una compensación a Irán. Retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de la región. Y, alto el fuego en todos los frentes, incluidos los ataques contra la Resistencia Islámica en el Líbano. De todos esos puntos, sólo el tema atómico puede ser presentado por Trump como una muy relativa victoria, dado que la república islámica ha manifestado desde siempre su negativa a fabricar armas atómicas. El resto constituye una derrota en toda la línea, por más que el republicano se esfuerce en presentar el alto el fuego como resultado de una exitosa negociación de paz. Incluso con un alto al fuego, Trump está lejos de alcanzar sus objetivos estratégicos más amplios. Algunas personas que han apoyado al magnate estadounidense en el pasado consideran que su estrategia en torno a Irán, en la medida en que exista, es perjudicial y peligrosa. Este desenlace –provisional e incierto, como todo lo que tenga que ver con el mandamás estadounidense– pone en evidencia el contraste entre la determinación defensiva con la que Irán ha construido su estrategia militar durante décadas y lo que para Washington fue una aventura bélica descabellada, inescrupulosa e improvisada, sin más propósito visible que acatar los designios expansionistas, belicistas y genocidas del régimen de Israel. Pero marca también la diferencia entre el muy menguante respaldo social del presidente republicano y la admirable cohesión nacional del pueblo iraní. El país agredido dio a sus verdugos y al mundo una admirable, conmovedora e histórica lección de integridad y valor: millones se ofrecieron para defender a su país y cientos de miles formaron cadenas humanas para resguardar las plantas de energía, puentes, centrales eléctricas, desalinizadoras y otras infraestructuras civiles críticas marcadas como blancos de los bombardeos con los que había amenazado Trump. Menos de 24 horas después que Washington y Teherán acordaran un alto al fuego, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que “no tiene confianza” en las promesas de Estados Unidos y aseguró que responderá a cualquier agresión estadounidense o israelí que se produzca durante el alto el fuego acordado. Durante este mes y medio de conflicto, Estados Unidos e Israel bombardearon a diario instalaciones militares, nucleares y energéticas, además de lugares civiles como hospitales y universidades en Irán, que respondió con ataques a intereses estadounidenses en la región, países vecinos y el cierre del estrecho de Ormuz por donde pasa el 20 por ciento de la producción mundial de petróleo. En un aleteo desesperado, Trump lanza amenazas cada vez más intensas, consigue algo parecido a un acuerdo y se marcha, mientras canta victoria de cara a los comicios de medio tiempo a realizarse en noviembre próximo, en un ambiente que no le es nada favorable.

Alfredo Jiménez Pereyra Fiel a su retórica de chantajes y mentiras Estados Unidos, en su afán de ser el “sheriff del mundo”, a más de un mes de iniciada la guerra contra Irán, el presidente Donald Trump asegura que negocia con el país de los ayatolas y que el nuevo líder del régimen persa le pidió un “alto el fuego”, por lo que el conflicto bélico va a durar dos o tres semanas más. Pero, ha ordenado desplegar y acumular tropas en el Golfo para una posible invasión terrestre, una opción que extendería mucho más el conflicto. Antes de todo conflicto bélico, Estados Unidos siempre ha enarbolado la bandera de la mentira, lo hizo durante la invasión y la guerra en Irak en 2003 para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. Desde antes del inicio de los combates, el entonces presidente George W. Bush poseía las evidencias de inteligencia y de fuentes de alto rango que apuntaban que el régimen de Hussein no poseía armas de destrucción masiva. Y los indicios de las conexiones del entonces presidente iraquí con los terroristas del 11 de septiembre, obtenidos bajo tortura, también resultaron ser falsos. En la actualidad, Trump la guerra que injustificadamente inicio contra Irán lo está complicando mucho más de lo que esperaba y por eso busca desesperadamente una salida que no vaya a empañar ya su insípida y deplorable gestión gubernamental para los comicios de medio tiempo que se celebrarán en noviembre próximo. A mediados de marzo, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, compareció ante el Senado estadounidense para presentar la evaluación anual de amenazas, donde contradijo a Trump al señalar que Irán no estaba reconstruyendo sus capacidades de enriquecimiento nuclear tras ser destruidas en un ataque estadounidense conjunto con Israel a mediados del año pasado. Tras el bombardeo de junio de 2025 en el marco de la “Guerra de los 12 días” entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump afirmó que las tropas habían destruido completamente las instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, desde el inicio del más reciente conflicto, ha sostenido que Teherán se encontraba a pocas semanas de obtener una bomba atómica. Las declaraciones de Gabbard ocurrieron un día después de que el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentara su renuncia ante Trump, en rechazo al conflicto bélico que su país e Israel encabezan contra el país persa. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, escribió Kent en una carta dirigida al presidente, compartida en su cuenta de la red social X. El actual conflicto bélico está poniendo en jaque a Trump porque los estadounidenses están pagando las consecuencias de la guerra ante el alza de los combustibles. Actualmente, el galón de gasolina a trepado a más de cuatro dólares promedio en Estados Unidos. Así, el jefe de la Casa Blanca busca escapar rápido del conflicto. La vía más efectiva sería lograr que Irán acepte un acuerdo que -más allá de la realidad- Trump pueda presentar como una “victoria”. Pero el régimen iraní se siente envalentonado y no parece con ganas de ceder. Trump analiza varias opciones posibles, como retirarse sin que se reabra el estrecho de Ormuz o una incursión de fuerzas de Estados Unidos en el terreno, lo que escalaría aún más el conflicto. Ninguna de esas alternativas es fácil o rápida, sin tener que enfrentar “un riesgo de escalada”. En los últimos días Estados Unidos concentró más de 50.000 tropas en el Golfo, incluidos 4.000 marines y la 82va División Aerotransportada, un cuerpo de elite, y muestra así músculo para una posible ofensiva terrestre, aunque limitada. Los lugares más posibles para una invasión terrestre estadounidense serían “tres islas” ubicadas en el estrecho de Ormuz (Abu Musa y las islas Tunb Mayor y Menor). Estas islas son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos, lo que podría utilizarse como justificación para su ocupación y eventual anexión. Trump podría creer que ocupar estas islas le permitirá declarar la victoria y obligar a Irán a hacer concesiones en las negociaciones para su devolución. Sin embargo, ignora los evidentes peligros de cualquier operación terrestre”. Un desembarco inicial y el mantenimiento del control de las islas no resultará fácil. La capacidad de Irán para lanzar fuego constante de artillería, drones y misiles provocará un elevado número de bajas y también dificultará el refuerzo de las tropas estadounidenses en las islas. Irán conservará la capacidad, con el apoyo de sus aliados en Irak y Yemen, de atacar las bases estadounidenses en la región, así como la infraestructura energética de los estados árabes del Golfo, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Trump quiere salir lo antes posible de esta guerra que supuso que sería corta y con apoyo europeo, pero que se prolonga mucho más de lo que deseaba. Pero salvo que consiga un acuerdo diplomático con el que pueda ofrecer una narrativa de victoria, algo que los iraníes no parecen dispuesto a otorgarle, las opciones restantes asoman muy complicadas para un presidente que dirige un “régimen autoritario, belicista, mentiroso y ladrón”.

Alfredo Jiménez Pereyra La reclusión de Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del expresidente Luis Arce Catacora, en la cárcel cruceña de Palmasola por 180 días, imputado de legitimar ganancias obtenidas de manera ilegal y enriquecimiento, demuestra que las constantes denuncias que realizó en su momento el exjefe de Estado, Evo Morales, sobre la magnitud de corrupción en las que estaban involucrados los hijos de Arce Catacora eran ciertos. Durante más de cuatro años, Morales alertó y denunció sobre diferentes hechos de corrupción que involucraban de manera directa a los vástagos del expresidente boliviano. Estas denuncias, que ningún otro político boliviano se atrevió a realizarlas, le valieron a Morales ser proscripto de participar en las elecciones nacionales por medio de artimañas realizadas por un grupo de jueces autoprorrogados de la Suprema Corte de Justicia y digitadas por el mismo Arce Catacora quien falazmente aducía: “No se metan con mi familia”. Con la venia y el permiso del mismísimo Arce Catacora, su hijo mayor trabajó en YPFB Corporación y después como jefe de Ingeniería en YPFB Chaco. Pese a dejar estas funciones siguió operando en un piso de la estatal petrolera para tomar importantes decisiones y direccionar procesos de contratación mediante servidores públicos. De esta manera, Arce Mosquiera pasó a ser el dueño y señor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde hacía lo que quería junto a otros cómplices dentro y fuera de la empresa petrolera. La investigación abierta en su contra puso bajo la lupa un patrimonio llamativo para su perfil económico. Arce Mosquiera, con 33 años de edad, tiene a su nombre 18 bienes inmuebles, 20 vehículos y al menos dos transacciones observadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), una por más de 300.000 bolivianos y otra por más de 500.000 bolivianos, registradas entre 2022 y 2024. El pasado 18 de marzo, día de su aprehensión en el barrio de Equipetrol, el exmadamás de YPFB conducía un vehículo Ford Raptor valorado en 110.000 dólares. En septiembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó un informe final sobre presuntas irregularidades en la firma Botrading vinculada con el suministro de combustibles a YPFB a través de 12 contratos de provisión de combustible con daño económico al Estado. En enero del presente año, la nueva administración de YPFB informó que presentó una segunda denuncia para rastrear el destino de 55 millones de dólares, luego que YPFB Refinación otorgara un crédito de 80 millones de dólares para la operación de esa firma en Paraguay. Ningún movimiento económico se realizaba sin su conocimiento y operaba en complicidad con el expresidente de la estatal petrolera Armin Dorgathen, uno de los principales investigados en el caso Botrading, que huyó a Brasil. La corrupción también salpicó al hijo menor del expresidente boliviano. Rafael Ernesto Arce Mosqueira adquirió en 2021 el predio “Empresarial y agrícola Adán y Eva” con una extensión de 2.187 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Ministerio Público abrió, de oficio, otro expediente para investigar a los Arce (incluida Camila, hija también de Arce Catacora) por presunta legitimación de ganancias ilícitas. La causa se encuentra en fase preliminar. Lo que indigna es que estos hechos de corrupción y abuso de poder no fueron investigados ni tomados en cuenta en su momento por los medios de comunicación bolivianos. ¿Dónde quedó la “libertad de la prensa” que siempre pregona la prensa escrita, televisiva y radial en el país? Con su silencio encubrieron varios hechos de corrupción del anterior gobierno. Los principales medios de comunicación dependían económicamente del viceministerio de Comunicación, dirigida por la exviceministra de esta cartera, Gabriela Alcón, quien manejaba a su antojo, mediante la pauta publicitaria, a la prensa nacional con la finalidad de promover la imagen gubernamental del anterior gobierno. Durante los cinco años de la gestión de Arce Catacora, la viceministra Alcon erogó millones de bolivianos comprando a periodistas y medios de comunicación, no sin antes obtener el 20 por ciento de comisión por concepto de publicidad, según comentarios de exdirectores de algunos medios nacionales. Actualmente, el expresidente Arce Catacora cumple detención preventiva desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro por el caso Fondo Indígena. Padre e hijo quedaron atrapados en procesos distintos, pero señalados por las denuncias de corrupción, abuso de poder y ganancias ilícitas que son investigadas por fiscales, jueces y unidades financieras. La punta del ovillo está en manos de la justicia de Bolivia que tendrá que esclarecer la corrupción, el despilfarro y el saqueo de las arcas del Estado por parte de políticos que en nombre de los movimientos sociales y de los más desposeídos del país hicieron lo que les vino en gana.

Al Pereyra En su visita a Estados Unidos, poco antes de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira mostró total sumisión ante el mandatario estadounidense, Donald Trump, al haber escrito en redes sociales “Make the Continent Great Again”, (hagamos el continente grande otra vez), una frase muy utilizada por el líder republicano. Paz Pereira acudió a la reunión del “Escudo de las Américas” junto a un grupo de fans del mandamás estadounidense como el presidente argentino Javier Milei; Nayib Bukele de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura de Honduras; Santiago Peña de Paraguay; Rodrigo Chaves de Costa Rica; José Raúl Mulino de Panamá; Luis Abinader de República Dominicana; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Cabe recalcar que todos estos personajes de la política están totalmente alineados con la derecha o la centro derecha regional. En una muestra de independencia y de convicción política claramente establecida no participaron los presidentes de Brasil Lula da Silva, Claudia Sheinbaum de México, Gustavo Petro de Colombia y Yamandú Orsi de Uruguay. En un inédito encuentro organizado en su club de golf en El Doral, Florida (Miami), el mandamás estadounidense pidió a sus fans participen de la creación de una alianza militar para supuestamente combatir a los carteles del narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal. Trump marcó los lineamientos de su política expansionista y puso al narcotráfico como excusa para tener mayor control en los países de América Latina al afirmar que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”. Se trata de una estrategia de seguridad con la que la Casa Blanca busca reforzar su intervención hacia el hemisferio occidental y disputar la hegemonía regional con China. La decisión de avanzar en una coalición militar entre los diferentes países de la región quedó plasmada en una proclamación a la que adhirieron con su firma los líderes presentes al denominado “Escudo de las Américas”. En medio de los aplausos y las celebraciones, el presidente estadounidense, fiel a su estilo arrogante, trató con desprecio a sus aliados. En tono de una supuesta broma aseveró que ellos tienen una ventaja sobre él porque nunca va a aprender su “maldito idioma” (el español). “No tengo tiempo. Me va bien con los idiomas, pero no voy a gastar tiempo aprendiendo su idioma”, manifestó con soberbia y arrogancia. Causa vergüenza ajena que ninguno de los jefes de Estado presentes, ni sus respectivas cancillerías, emitieron alguna declaración sobre el desprecio hacia el idioma español. El encuentro que encabezó Trump tiene otra particularidad y es que vuelve a desconocer ámbitos multilaterales donde podría tratarse la problemática del narcotráfico, como en la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero el mandamás estadounidense avanza en nuevos instrumentos donde se asegura que no participen Brasil, Mexico, Urugay y Colombia, los grandes ausentes del “Escudo de las Americas”. En este marco es que se vio al presidente Rodrigo Paz Pereira arrodillado ante Trump y la Doctrina Monroe, la nueva adaptación de la histórica Doctrina Monroe, que reafirma el dominio absoluto de Estados Unidos en el hemisferio occidental al haber escrito la frase “Make the Continent Great Again”, frase que ni siquiera es de él, lo que demuestra con certeza que no tiene ningún amor, respeto y solidaridad con Bolivia.