Opinión

Al Pereyra Las protestas que imperan en varias ciudades de Estados Unidos después que agentes del Servicio de Inmigración Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataran a tiros el sábado pasado en Minesota a Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, dos semanas después de lo ocurrido en Mineápolis en el que agentes migratorios también asesinaron con tres disparos a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres niños, tras movilizaciones, en las que más de 50.000 personas salieron a las calles del centro de Mineápolis para manifestarse contra el ICE. Ambas víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Pretti, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos del Sistema de Atención Médica para Veteranos de Mineápolis, estaba filmando con su teléfono el accionar de los agentes durante una protesta contra la campaña represiva que el gobierno del republicano Donald Trump está implementando contra los inmigrantes. El presidente Trump minimizó estas ejecuciones de la manera más cínica cuando afirmó que Pretti era un “hombre armado” y violento que amenazó con “masacrar” a las fuerzas del orden. En tanto, Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca e ideólogo de la política de migración trumpista, dijo que Pretti era “un aspirante a asesino”. Pero las imágenes de video y los testimonios de testigos que circulan en las redes sociales contradicen de manera directa estas versiones. Los videos muestran que Pretti es derribado por varios agentes y luego recibe diez disparos en menos de cinco segundos. En las imágenes se ve que Pretti interviene en defensa de una mujer a la que un agente federal había empujado contra el suelo. Luego, el agente rocía al enfermero con una sustancia química y lo derriba. Seis agentes rodean a Pretti tirado en el pavimento y al menos uno de ellos parece dispararle a quemarropa. Luego, los agentes se apartan de Pretti y uno parece efectuar seis disparos contra su cuerpo inmóvil. El enfermero carecía de antecedentes penales y tenía autorización legal para portar un arma de fuego, que en ningún momento la sacó. Sobre la ejecución de Good, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que ésta murió por cometer “terrorismo doméstico”, o en palabras del mismísimo vicepresidente, J.D. Vance por ser una “izquierdista trastornada”. Según el influyente diario The Washington Post, desde julio de 2025, los agentes enmascarados del ICE han disparado por lo menos dieciséis veces a ciudadanos durante algunos operativos antiinmigrantes o en las protestas que tienen lugar en las ciudades con mayor presencia de la policía migratoria de la Casa Blanca. Hasta el momento, han sido al menos tres los decesos de personas baleadas sin que los agentes involucrados hayan sido procesados por las autoridades. En un clima hostil por la retórica de detenciones y expulsiones en el país, los asesinatos han abierto un frente de lucha entre el ICE y la ciudadanía. Desde la muerte de Silverio Villegas-González el 12 de septiembre de 2025, hasta la de Pretti, 24 de enero, se han dado violentas protestas en varios estados. La nación que se jacta de defender la democracia, la libertad y que no escatima recursos económicos ni humanos en intervenir directamente en países para arrestar presidentes (tal es el caso reciente en Venezuela), ha impedido que investigadores locales realicen pesquisas sobre los abusos del ICE. Trump enfrenta en Minesota varios frentes: una crisis social, con una sociedad activa que no deja las calles, a pesar del miedo; una crisis política, que incluye no solo las declaraciones sino el despliegue de la Guardia Nacional de Minesota, y una crisis judicial, porque el gobierno estatal ha decidido enfrentar en los tribunales al gobierno federal. Minesota, con una gobernación demócrata y ciudades santuario como Mineápolis y St. Paul, se ha convertido en un blanco temprano y simbólico para el Departamento de Seguridad Nacional. Frente a eso, queda mirar al movimiento popular y la enorme resistencia que han demostrado. ¿Será Minesota el símbolo de la caída de Trump? Para calmar las aguas, Trump cambió a Gregory Bovino, comandante general de ICE, por su zar fronterizo Tom Homan. El envío de Homan a Mineápolis en sustitución de Bovino es interpretado por analistas políticos como otro de los gestos para bajar la tensión y redibujar la estrategia migratoria del jefe de Estado de cara a las elecciones de medio tiempo a celebrarse en un par de meses. A estas muertes hay que sumar la detención, el pasado 20 de enero, de Liam Ramos, un niño de cinco años, de padres ecuatorianos, interceptado por agentes de inmigración tras volver del colegio, ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias. Entre enero y octubre de 2025, ICE ingresó a 3.800 menores en centros de detención. La comunidad latina en el país del “sueño americano” atraviesa uno de los momentos más críticos. Tras semanas de una intensificación sin precedentes de los operativos migratorios federales, el miedo se ha instalado en barrios, escuelas y centros comunitarios. Arrestos masivos, redadas, puntos de control y la presencia constante de agentes armados han transformado la vida cotidiana de miles de familias inmigrantes, muchas de ellas con estatus legal o incluso teniendo la ciudadanía estadounidense.

Al Pereyra El presidente Rodrigo Paz Pereira, mediante el Decreto Supremo 5503 que elimina el subsidio a los combustibles, fiel a sus principios políticos asestó un artero puñal por la espalda de millones de bolivianos quienes esperaban días mejores tras los cinco años de desfalco, robo y corrupción por parte de la administración de Luis Arce Catacora. Paz Pereira, junto a su entorno económico y político, no midió las consecuencias como el encarecimiento de los precios de la canasta familiar, la subida arbitraria en el costo de los pasajes, entre otras consecuencias. Las medidas de ajuste económico que ha emitido el presidente Rodrigo Paz, que ya fue denominado “gasolinazo” por la ciudanía, golpea fuertemente a las familias más vulnerables de la población. Es cierto que gran parte de la actual crisis económica que impera en el país se debe a la subvención de los hidrocarburos, ésta debería aplicarse de manera gradual, según vaya mejorando la economía nacional, con la finalidad de que no sea traumático para la gran mayoría de los bolivianos. Sin embargo, Paz Pereira “sin asco” emitió su Decreto que establece que el precio de la gasolina especial se incrementa de 3,72 a 6,96 bolivianos por litro; el diésel, de 3,74 a 9,80; y, la gasolina premium cuesta ahora 11 bolivianos por litro. Pese a que el Gobierno dictaminó un incremento del salario mínimo a 3.300 bolivianos, este monto será insuficiente para la clase asalariada porque el costo de vida se incrementará en un cien por ciento. El Decreto Supremo 5503 también hace referencia a un Régimen Especial de Inversiones que tiene como objetivo autorizar, mediante decreto, la inversión extranjera, con el fin de “reactivar la economía”. En este régimen están involucradas los sectores de la minería, metalurgia, hidrocarburos y energía, en especial el litio que será explotada por capitales nacionales o extranjeros. Con relación a las exportaciones, las nuevas normas que rigen con el actual gobierno eliminan el cupo de abastecimiento interno que estuvo vigente en los últimos veinte años que tenía por finalidad la seguridad alimentaria. Ahora, el sector exportador podrá disponer sin límite alguno sus productos a los mercados externos con el objetivo de que las divisas retornen al país. Pero acá la población se pregunta: ¿Qué empresario guarda sus dólares en el país? Recordemos que este gobierno empezó su gestión, un mes y medio, con muchos errores e improvisaciones. A tal punto que diversos sectores de la población, e incluso el mismísimo vicepresidente, Edmand Lara, afirma que el empresario y excandidato presidencial, Samuel Doria Medina, es quien puso a la gente de su partido político en los ministerios y puestos claves del aparato estatal. El divorcio entre Lara y Paz Pereira que se dio desde el día de sus respectivas juramentaciones no ha podido ser solucionado. Es así, la misma noche del miércoles, el vicepresidente rechazó de plano las medidas anunciadas por el jefe de Estado, indicando que desconocía totalmente lo que habían definido Paz y su entorno “samuelista”. Lara considera que el presidente Paz Pereira se está “equivocando” constantemente porque está “muy mal asesorado”. El gobierno de Paz Pereira está obsesionado con descubrir el escamoteo de dinero al Estado durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS). Pero no es valiente en decir con nombre y apellido al causante de la debacle económica: Luis Arce Catacora. Todo el gabinete del mandatario y su entorno deben ser investigados, procesados y castigados con el peso de la ley. En los últimos días circularon denuncias también de que la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, se había beneficiado de suculentas pautas publicitarias para cuatro radioemisoras de su propiedad. A esto se suman denuncias en sentido que cobraba el veinte por ciento del costo total de las pautas de varios medios de comunicación tanto escritos, radiales y televisivos. El mandatario Paz Pereira solo atina a repetir que en los últimos veinte años el MAS desfalcó las arcas del Estado e incluye al gobierno del expresidente Evo Morales sabiendo que durante los catorce años que éste gobernó Bolivia, el país obtuvo importantes índices de crecimiento económico que fueron reconocidos por diversas naciones del mundo y por una veintena de organismos económicos internacionales. El presidente Paz Pereira deberá reformular su “gasolinazo”, caso contrario tendrá que enfrentar el descontento del pueblo en las calles de Bolivia y quien sabe si logra llegar al primer año de su desatina gestión antipopular

Andrea Arias Moro ​Hay días gloriosos, y luego está el día de hoy. ​Imaginen la escena: Oslo, Noruega. Un frío que congela hasta los pensamientos. Y allí, en la alfombra roja, cuatro mandatarios latinoamericanos (de esos que mueven la colita cuando Washington silba) bajándose de sus aviones, con sus mejores trajes, sus discursos ensayados y sus sonrisas de «foto histórica». ​Iban a coronar a su reina. Iban a aplaudir a la señora María Corina Machado en su (muy cuestionado y ridículo) Premio Nobel de la «Paz». ​Pero, ¡sorpresa! La doña los dejó guindando. ​Sí, mis amores. Se quedaron, literal y metafóricamente, como novias de pueblo: vestidos y alborotados. ​La excusa oficial es «razones de seguridad». La realidad es que casi un centenar de personas decentes se plantaron allí a gritarle al mundo que no se puede premiar con «Paz» a quien ha pedido invasiones, bloqueos y asfixia para su propio pueblo. La presión fue tal, la vergüenza fue tanta, que prefirió no dar la cara. ​Pero lo más delicioso de todo este sainete es ver la cara de los cuatro jinetes del apocalipsis diplomático que viajaron miles de kilómetros para nada. ​Me los imagino en el hotel, con el champán caliente, mirándose las caras. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntará uno. «¿A quién aplaudimos?», dirá el otro. «¿Me devuelven las millas del viaje?», pensará el más tacaño. ​Hicieron el ridículo mundial. Fueron a validar una mentira y terminaron validados como lo que son: unos extras en una película mal producida. Son los «groupies» de la injerencia, los fans enamorados que esperan en la puerta del concierto y el artista sale por la puerta de atrás. ​¡Qué pena ajena! Tanta sumisión, tanto viaje, tanto protocolo, para terminar, haciéndole la corte a una silla vacía. ​Mientras ellos pasan frío y vergüenza en Noruega, nosotros desde aquí vemos como ​¡Se les cayó el show!.

Por Jonás Rojas Guzmán  Uno de los más viles ejemplares de la naturaleza, es el demagogo Thomas Macaulay La identificación de candidatos electorales sea de “izquierda”, “derecha” o “extrema derecha”, solo sería papel y humo, si no tuviéramos la posibilidad de medirlos por sus acciones y sus políticas. El 19 de octubre, el campo popular boliviano, tuvo que ejercer un voto chantaje ante la gigantesca campaña de Tuto Quiroga (extrema derecha y/o fascista) que, respaldada por toda la oligarquía en todas sus variantes, los medios privados de comunicación y la millonaria campaña, hacían temer la posibilidad de su triunfo. El sujeto social popular y la población conocedora del banzerismo y el fascismo, no podían con su ausencia (al no contar con candidato propio), dar lugar a que la extrema derecha se haga del gobierno. Así votó por Rodrigo Paz, por uno de los peores programas, con sigla alquilada, con listas incompletas, sin estructura, sin militancia, sin cuerpo y esencia. Aunque parezca paradójico, ese fue un voto pensado. Para las grandes mayorías, no había otra manera de impedir el regreso del banzerismo. Presionaba a amplios sectores populares, el chantaje si no quería ver a Tuto Quiroga como presidente. De ahí que Rodrigo Paz sea un accidente político, un accidente histórico. No podemos negar sin embargo que muchos sectores vieron en el candidato vicepresidencial LARA una identidad de clase, la opción instintiva que hizo ganador al binomio Paz- Lara. Lo evidente del binomio ganador del PDC (Partido Demócrata Cristiano), partido prácticamente inexistente en los últimos 30 años, usado solo para campañas aunque cueste creer como lo fue el año 2020 (por el candidato Chi), el año 2014 (por Tuto Quiroga) y este 2025 (por Paz Pereira), es que programática, discursiva, orgánica y políticamente es de derecha, es neoliberal, es reaccionaria, es antipopular, antiindígena, antinacional, sin contar los lazos con el narcotráfico del padre (Jaime Paz Zamora) debido e internacionalmente conocido y sentenciado. Si alguien tiene duda, por sus obras los conoceremos. El 25 de noviembre, Paz Pereira y su ministro de economía Espinoza (exdirector del BCB de la golpista Añez), en una desabrida conferencia de prensa ante la expectativa del país, anunciaron 4 abrogaciones de impuestos para favorecer a quién?. No a la economía popular que sigue resistiendo el alza de los precios de la canasta familiar, la ausencia de dólares, la incertidumbre y un ensanchamiento de la pobreza. Cuatro (4) impuestos: a las grandes fortunas (IGF), a las transferencias financieras (ITF), al juego (IJ) y a las promociones empresariales (IPE). Ninguno que favorezca a pueblo trabajador, a los campesinos, a los pequeños productores, a los miles y miles de personas que viven de mover la economía nacional. Medidas sin ningún impacto real, distractiva, superflua, demagógica y miserable como el mismo gobierno lo dijo. Dice el ministro Espinoza, que los 4 impuestos no significan ni el 1% de la recaudación fiscal, aunque a reglón seguido afirma que lo más importante para el gobierno actual es contar con más ingresos (!!). No dijo a la población que el 2024 se recaudó por el impuesto a los más ricos (IGF) 168 millones de Bs. cuando el costo anual del Bono Juana Azurduy es de 165.2 millones de Bs.; que los 414 millones que se dejará de percibir por los 4 impuestos representa el 90% del bono Juancito Pinto. El gobierno de Paz Pereira se llena la boca de lucha contra la corrupción, cuando deja libre el antro que es el juego de azar, cueva del ilícito y de las mafias. La oligarquía cruceña, la financiera, Doria Medina, Marinkovic, los Kuljis, los Camacho y los ricos en Bolivia deben estar satisfechos, pues este gobierno los representa, los defiende, los protege. Para ellos y por ellos se quitará esos impuestos. Todo gobierno representa los intereses de unas clases contra otras. El gobierno actual operará en adelante -si su gestión concluye-, en favor de los intereses antinacionales, en favor de los más oscuros intereses de los empresarios. Con estas medidas, el gobierno que renunció desde su inicio a la soberanía, nos dijo, a quienes servirá. No solo que no cumplió su palabra en la campaña electoral de no arrodillarse ante los organismos internacionales a quienes dijo no acudiría. No hubo en las medidas económicas ningún cambio de fondo, ni de la subvención a los carburantes, ni sobre los dólares y menos sobre estabilidad de precios de primera necesidad. Lo que vemos en Rodrigo Paz, es la voluntad servil con los intereses del capital. Exactamente lo contrario de los intereses populares, nacionales, patrióticos y sociales. La restauración neoliberal es su programa de fondo. Que nadie se deje engañar, pues tenemos al frente a un nuevo demagogo que ha hecho de ese estilo su más querido y permanente gesto. Jonás Rojas Guzmán. Red de Economía Política

Gabriel Villalba Pérez* La historia reciente de Bolivia está atravesada por una paradoja geopolítica: mientras el país es presentado internacionalmente como un eslabón problemático dentro del circuito global del narcotráfico, su territorio ha sido, durante décadas, laboratorio de una intervención sistemática que se justificó bajo el eslogan de la lucha contra las drogas. Pero que en la práctica operó como un dispositivo de control político. Re abierto el debate sobre la presencia de la DEA en Bolivia conviene preguntarse cómo operó esta agencia en el país ¿Fue un mecanismo de cooperación o un instrumento de tutela extranjera? La DEA ingresó a Bolivia al calor de la Doctrina de Seguridad Nacional que redefinió a América Latina como un tablero de amenazas híbridas. El narcotráfico, que sin duda constituye un fenómeno criminal real, fue reinterpretado por Washington como un problema de seguridad hemisférica, lo que habilitó la presencia operativa, logística e incluso táctica de una agencia extranjera dentro de las instituciones bolivianas. El documental INVASIÓN USA de Andrés Salari expone con crudeza cómo el discurso de lucha contra el narcotráfico se convirtió en una carta blanca para que la DEA actuara con autonomía funcional a través de operativos nocturnos sin supervisión, control directo sobre unidades policiales y militares locales, confiscación de información estratégica y, lo más grave, una política de inteligencia paralela que desbordaba la normativa nacional. Esto coincide con denuncias históricas hechas por diversos investigadores bolivianos: la agencia no sólo administraba el narcotráfico, sino que seleccionaba actores políticos, territorios y líderes sindicales en función de un mapa de intereses geopolíticos. La pregunta no es si la DEA ayudó o no ayudó, sino, qué implicó permitir que una agencia extranjera actuara sin control judicial ni parlamentario. Un Estado cuya policía responde a una oficina foránea es un Estado con soberanía condicionada. Mientras Washington insistía en el discurso de la responsabilidad compartida, evitaba recordar que el principal consumidor global de cocaína es justamente Estados Unidos. El 85% del dinero del narcotráfico no circula en Bolivia, sino en el sistema financiero internacional. Y, sin embargo, la presión recayó siempre sobre los países supuestamente productores, no sobre los centros globales de lavado y consumo de droga. La DEA no opera sola; opera articulada con contratistas, empresas de tecnología de vigilancia, proveedores de armamento y una red de intereses que lucran con la narrativa del enemigo interno. Allí donde hay conflicto, hay presupuesto; allí donde hay presupuesto, hay poder. La DEA se volvió un actor político en Bolivia, con capacidad para incidir en decisiones internas, moldear percepciones públicas y legitimar intervenciones bajo el paraguas de la cooperación. La salida de la DEA en 2008 fue interpretada por algunos analistas como un acto de antiamericanismo. Pero más bien fue un acto de realismo soberano. La pregunta que abrió ese momento es si Bolivia puede diseñar una política antidrogas propia, eficaz y sin tutelaje. Los datos posteriores indican que los decomisos y la desarticulación de fábricas de droga no disminuyeron tras la expulsión; por el contrario, varias métricas oficiales mostraron estabilidad o crecimiento en los resultados operativos de la FELCN y UMOPAR. Esto sugiere que la presencia de la DEA no era un requisito técnico sino una opción política. El debate sobre la DEA en Bolivia no es un debate del pasado. Aún hoy persisten presiones externas, rotulaciones mediáticas y estrategias diplomáticas que buscan reinstalar la idea de que la seguridad boliviana debe ser gestionada desde fuera. Bolivia necesita una política antidrogas que no subordine su estrategia nacional a intereses ajenos; controle militar y policialmente su propio territorio sin paralelismos institucionales; incorpore transparencia y control civil y exija rendición de cuentas a las redes financieras internacionales donde realmente se concentra el negocio del narcotráfico. La soberanía no se negocia, se ejerce. Y ejercerla implica desarmar la matriz cultural que normalizó la injerencia como si fuera cooperación. La DEA no es solo una agencia; es una expresión de poder imperial en la era de las guerras asimétricas. Reconocerlo es el primer paso para que Bolivia deje de ser objeto y se convierta plenamente en sujeto en su propia política de seguridad. *Es abogado y docente de posgrado de la UMSA.

Al Pereyra Tras el balotaje, segunda vuelta electoral, el candidato derechista Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, reafirmó su condición de eterno perdedor de las cuatro las lides presidenciales a las que se presentó al ser derrotado esta vez con el también candidato de derecha Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Según el conteo de los votos escrutados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Paz Pereira obtuvo el 54,96% de los votos frente al 45,04% alcanzado por Tuto Quiroga. Con esta nueva derrota, Tuto Quiroga cierra un periodo de constantes magras presentaciones presidenciales tras haberse postulado fallidamente en cuatro contiendas electorales. En 2005, con la agrupación política Poder Democrático y Social (Podemos) perdió las elecciones al obtener el 28,62 por ciento de los sufragios frente al 53,72 por ciento de Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS). Para los comicios de 2014 fue candidato invitado del PDC, y desoyendo el pedido para conformar un bloque de “unidad” contra la reelección de Morales, prefirió postularse por su propia cuenta en la que tuvo que volver a morder el polvo de la derrota frente a su enemigo político y entonces presidente Morales quien obtuvo el 61,36 por ciento del escrutinio, mientras que Tuto Quiroga sacó un paupérrimo tercer lugar con el 9,04 por ciento, detrás del candidato Samuel Doria Medina de Unidad Demócrata, que obtuvo el 2423 por ciento. Para las elecciones de 2020, y tras figura clave en el golpe de Estado que encumbró a la presidencia a la entonces senadora Jeanine Añez en 2019, se presentó como candidato presidencial acompañado dentro de la alianza Libre21-Libertad y Democracia. Con un bajo perfil en las encuestas de opinión en el electorado, nunca superó el 7 por ciento de simpatía, Tuto Quiroga “tiró la toalla” anunciando que se retiraba de la contienda electoral. Esos comicios fueron ganados en primera vuelta por Luis Arce Catacora del MAS que obtuvo el 55,11 por ciento de los sufragios. Tuto Quiroga solamente en 1997 fue elegido vicepresidente del binomio que encabezaba el exdictador Hugo Banzer Suárez quien fuese jefe de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Accedió a la presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia del exdictador porque padecía de un cáncer terminal. Tuto Quiroga, que de nada le sirvió que su suegra y su esposa participen de su campaña electoral hablando y cantando en quechua (verdadero insulto a los quechuistas y originarios), perdió el balotaje por su soberbia contra el expresidente Morales y contra los movimientos sociales. Durante su campaña electoral constantemente reiteraba que la actual crisis económica es producto de la “mala administración” del MAS, pero jamás dijo que la crisis tiene nombre y apellido: Luis Arce Catacora, quien es el verdadero culpable que la economía nacional haya tocado fondo debido al saqueo y robo por parte de sus ministros, viceministros, directores; además, de sus hijos: Marcelo y Rafael Arce Mosqueira. Recordemos que en los catorce años que Evo estuvo al frente de la presidencia del país se registró un rotundo éxito económico y social que fue visto con admiración por diversos organismos internacionales y por gobiernos vecinos. Durante el Gobierno de Morales nunca faltaron los dólares, no se registró carencia de combustibles ni de alimentos. El crecimiento económico fue casi permanente por lo cual se pagó durante varios años el doble aguinaldo. Los recursos económicos, debido a la nacionalización de las empresas, fueron distribuidos entre la población y se construyeron miles de obras en áreas rurales y ciudades.  Tuto Quiroga suma su nombre a la lista de otros perdedores presidenciales como Samuel Doria Medina, quien se postuló sin éxito en 2005, 2009, en 2014 y 2025. En 2020 fue postulante a la vicepresidencia por la agrupación Juntos que lideraba la golpista Añez. Otro gran derrotado es el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien se postuló este 2025 con su partido, APB-Súmate, obteniendo un pobre 6,7 por ciento de preferencia. En 2002 se había postulado por la Nueva Fuerza Republicana (NFR), ocupando el tercer lugar 20,91por ciento detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (22,46 %), y de Morales, del MAS, (20,94%). A la lista de perdedores se suman las empresas encuestadoras como Ciesmori y Captura Consulting SR, que con sus sondeos y encuestas manipuladas que en los últimos años no le “achuntan ni una”. Las encuestadoras están desacreditadas. Fallaron con Morales en 2005, fallaron con Arce Catacora en 2020 y en la primera vuelta del pasado 13 de agosto volvieron a errar cuando le daban ganador a Doria Media, candidato de Unidad. Con mucha parafernalia y show circense las empresas televisivas presentan las encuestas que están totalmente dirigidas por quien o quienes pagan por sus “servicios”. Asimismo, perdieron los comunicadores Junior Arias, José Pomacusi, Jimena Antelo, Carlos Valverde, Juan Carlos Monroy, Ximena Bellido, entre otros; los canales de televisión Gigavisión, Red Uno, Unitel, la emisora Panamericana y los diarios El Deber y Los Tiempos, quienes con su postura han dejado hacer periodismo para convertirse en medios de campaña política, poniendo en tela de juicio la labor de la prensa boliviana. Los verdaderos ganadores son los que no quieren ser excluidos, los “mascacocas”, los que sufren de racismo, los que fueron traicionados, los que luchan para que se respete la soberanía nacional ante gobiernos saqueadores y los miles de indignados y rebeldes que jamás se rinden y forman parte importante de la Bolivia profunda.

Por Fabrizio Casari Es oficial el paso de Bolivia a la derecha y, con ello, casi con certeza, de su litio. Después del Ecuador, convertido en un protectorado estadounidense sobre una base criminal, que ha entregado su significativa cuota de petróleo a Estados Unidos, parece delinearse un panorama favorable a la sed de recursos latinoamericanos que habita en las gargantas de Washington y que, en muchos aspectos, explica algunas de las verdaderas razones que empujan a la IV Flota de la Marina estadounidense hacia el Caribe. Estados Unidos no está en el Caribe para librar una guerra contra las drogas: si así fuera, debería haber procedido a miles de arrestos en los 3,500 laboratorios de fentanilo que se encuentran en territorio estadounidense, al desmantelamiento de los cárteles norteamericanos y al cierre de las entidades bancarias y financieras que lavan sus beneficios, muchas de ellas operando en Wall Street. Que su presencia militar en el Caribe tenga contornos de ilegitimidad e ilegalidad, ya que de hecho amenaza la libre navegación incluso con ataques injustificados a embarcaciones civiles pesqueras, quedó en evidencia por el propio Alvin Holsey, el ya exalmirante jefe del Comando Sur (y, por tanto, también de la IV Flota), quien renunció precisamente en nombre del respeto al código de navegación y a las leyes de guerra. El respeto a estas leyes impediría los métodos de la operación naval en curso, cuyo único propósito es amenazar y aterrorizar; prueba de ello es que los supuestos traficantes de drogas no son abordados ni detenidos, sino que se les dispara directamente, sin preocuparse siquiera de quién va a bordo, qué está haciendo y si representa o no un peligro. La idea es disparar primero y ver después a quién. Se llama terrorismo de Estado, sin comillas. Estados Unidos se encuentra frente a las costas de Venezuela con dos objetivos: uno inmediato y otro a mediano plazo. El inmediato es la caída del gobierno de Nicolás Maduro; el más amplio busca el fin del ALBA, es decir, de Cuba y Nicaragua. El primer objetivo contempla dos opciones: un ataque directo buscando un falso ‘casus belli’, o bien, agresión tras agresión, obligar a una reacción que pueda justificar el ataque a Caracas. La guerra psicológica es, por ahora, el camino elegido, pero ambas opciones no se excluyen entre sí. Forma parte de esta guerra psicológica el anuncio de la orden impartida a la CIA de promover un golpe de Estado en Venezuela, pero no hay ninguna novedad en ello, salvo la provocación: desde la llegada de Hugo Chávez hasta hoy, siempre ha estado en la agenda, y el fracaso de los intentos de golpe contra el Comandante Chávez y de magnicidio contra el Presidente Maduro no ha producido un cambio de rumbo por parte de Langley. Otro elemento de esta guerra psicológica son precisamente los ataques dirigidos contra embarcaciones de pescadores inocentes, que confirman el comportamiento criminal de sus militares y demuestran que la actividad de los buques estadounidenses se configura en todos los aspectos como un bloqueo naval. El petróleo de Venezuela es el objetivo político inmediato. No hay lectura del contexto, ni reflexión sobre los equilibrios, ni proyección de un orden válido para todos los actores: la única unidad de medida con la que Estados Unidos observa a Venezuela son los barriles de petróleo. Es la mayor reserva del mundo. La faja del Orinoco, un área de 54 mil kilómetros cuadrados a lo largo del río homónimo, podría contener hasta 1,300 millones de barriles según las estimaciones más optimistas, una cantidad casi igual a la de todos los recursos de petróleo convencional del planeta. Pero ya hoy sus reservas oficiales ascienden a 303.3 mil millones de barriles, situando a Caracas en el primer lugar del ranking mundial según el anuario de BP, una de las fuentes estadísticas más acreditadas del sector. Estados Unidos, pese al shale oil, ocupa solo el décimo lugar, con 44.2 mil millones de barriles, superado por Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Libia, y su producción se consume en gran parte internamente. Si no fuera así, si no tuvieran interés en extraer los recursos energéticos y alimentarios de otros para sobrevivir y dominar -de ejercer el mando, porque son incapaces de gobernar-, no mantendrían unas 800 bases militares en todo el mundo. En todo el Occidente Colectivo, donde Estados Unidos pretende ser el único vendedor de crudo -aún más, tras el fracaso sustancial de la economía verde y el renovado apoyo al fósil- la centralidad del petróleo ha asumido un carácter estratégico como nunca antes. Si se observa el bloqueo a las importaciones desde Rusia, Irán y Venezuela, queda claro que el mapa de extracción y suministro del crudo se ha convertido en prioridad dentro de la agenda política trumpista. Incluso para su propio consumo, ya que la desindustrialización impuesta por la financiarización de la economía no ha reducido la demanda energética. Estados Unidos produce diariamente 15’837,640 barriles de petróleo, pero consume 20 millones. No es poca cosa para una sociedad cada vez más energívora: sus reservas comprobadas equivalen a 4.9 veces sus niveles anuales de consumo. Esto significa que, sin importaciones, tendrían unos cinco años de petróleo (a los niveles actuales de consumo y excluyendo las reservas no comprobadas). Suficiente para un pais normal, pero demasiado poco para un país de las ambiciones dominantes de Estados Unidos. Insignificante para su comercio. ¿Por qué Venezuela? Porque representa muchas cosas: protagonista absoluta, junto a Nicaragua y Cuba, del socialismo latinoamericano, auténtico desafío al modelo neoliberal fracasado. El ALBA es hoy la única alternativa creíble de modelo, la única doctrina socioeconómica orientada al reequilibrio social como motor de riqueza que puede permitir una fuerte reducción de la pobreza endémica que afecta a decenas de millones de latinoamericanos. Precisamente ante el fracaso incluso administrativo de un modelo como el estadounidense -que cada año se encuentra en la imposibilidad de cubrir un déficit público monstruoso y estructural-, el socialismo latinoamericano ofrece lecciones de buena política y buena economía. Los

Por Horacio Villegas Pardo Otro escándalo, similar al de Botrading —o incluso peor—, se da en la construcción de plantas de biodiésel a cargo de YPFB Corporación. Luis Arce presentó este proyecto como una solución estructural a la importación de combustibles, prometiendo la producción interna de biodiesel. En un inicio se anunció la construcción de tres plantas: una en Santa Cruz, otra en El Alto y la última con tecnología HVO —capaz de procesar todo tipo de aceites— en Puerto Suárez. De las tres plantas, con un presupuesto de 387 millones de dólares, sólo se entregó la de Santa Cruz, con capacidad de 1.500 barriles diarios (238.500 litros). La planta de El Alto debía producir lo mismo, pero pese a múltiples anuncios, a un mes y medio de dejar el gobierno, aún no ha sido entregada. Las irregularidades que deben investigarse con urgencia son las siguientes: 1) Sobreprecio en la planta de Santa Cruz Según fuentes de YPFB, la empresa encargada de construir la planta fue la empresa belga Desmet Ballestra, por un valor de 47 millones de dólares (1). Sin embargo, en mayo de 2023 entregó en Paraguay una planta de 30 millones de dólares, con una capacidad de 2.000 barriles diarios (2). La pregunta es inevitable: ¿cómo la misma empresa cobra 17 millones más en Bolivia por una planta de menor capacidad? 2) Contratación directa sin licitación Tras tres licitaciones desiertas, YPFB Corporación delegó la construcción a su subsidiaria YPFB Refinación —bajo la misma modalidad que en el caso Botrading—, la cual no tiene experiencia en fabricación de plantas. Aun así, contrató directamente a la empresa belga para la construcción de las tres plantas, sin licitación pública. Cabe destacar que YPFB Refinación es 99% estatal y 1% privada; al ser sociedad anónima regida por el Código de Comercio, el Estado actúa como socio mayoritario, no como ente de control. 3) Problemas con la materia prima En 2018, YPFB elaboró un estudio para una planta de biodiésel, el cual establecía que, para ser viable, debía producir al menos 500.000 litros diarios con base en aceite de soya. Se requeriría importar metanol para mezclar un 30%, alcanzando un costo de 0,8 dólares por litro (5,60 bolivianos, al tipo de cambio oficial), más caro que el diésel convencional, por lo cual entonces se descartó el proyecto. El bajo rendimiento de la soya en Bolivia (2 T/ha frente a 3–4 T en Paraguay, Argentina y Brasil) compromete el abastecimiento y encarece el producto, especialmente en El Alto por la distancia. Además, el precio del aceite de soya subió en los mercados debido a la alta demanda de la planta, beneficiando principalmente a los grandes productores aceiteros, como la familia Marinkovic. 4) La planta HVO de Puerto Suárez El biodiésel HVO es un diésel sintético caro debido al alto costo de producción, ya que requiere hidrógeno importado. Tampoco se ha informado cuántos barriles o litros producirá por día. La construcción de las tres plantas fue adjudicada directamente a Desmet Ballestra —ingeniería y equipos— por un valor global de 387 millones de dólares. Si las plantas de Santa Cruz y El Alto costaron cada una 47 millones, queda un remanente de 293 millones de dólares que corresponderían a la planta HVO. Es urgente que YPFB informe el estado de ese proyecto. 5) Cobertura mínima de la demanda Bolivia consume alrededor de 7 millones de litros de diésel y 6 millones de gasolina cada día. La planta de Santa Cruz producirá 238.500 litros diarios y la de El Alto otros 238.500, sumando 477.000 litros, equivalentes al 6,8% de la demanda nacional de diésel. Considerando los paros por mantenimiento de las plantas, la cobertura real sería menor, llegando en el mejor de los casos al 6%. Conclusiones El proyecto carecía de sentido económico porque los números nunca cerraron. Las consecuencias son claras: * Sobreprecio de al menos 34 millones de dólares en dos plantas. * La planta HVO sin información sobre costos y producción. * Materia prima escasa por tanto cara aumentando el precio final del litro del biodiesel y con ello la subvención del Estado. * Incremento del precio del aceite de soya para la población. * Beneficio exclusivo para agroindustriales como Marinkovic y para los mismos jerarcas de YPFB, que se enriquecieron aún más. Este es otro caso de desinstitucionalización de YPFB, que favorece intereses de empresas privadas y allana el camino hacia la futura privatización de la empresa estatal más grande del país.

Alfredo Pereyra El gobierno sionista de Benjamín Netanyahu, junto al ejército de Israel, mantiene su posición genocida y expansionista contra Palestina con oleadas de bombardeos a edificios de viviendas, hospitales, bloqueo de dotación de alimentos y la matanza a diestra y siniestra contra la población civil en la Franja de Gaza. El Ejército israelí continúa una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de la ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan convertido en “infraestructura terrorista”. El gobierno de Netanyahu controla el 40% de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente expulsando hacia el sur el millón de personas que se concentran en la urbe. El Ejército sionista, para justificar sus inhumanos bombardeos, asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamás en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza”. A parte de los brutales bombardeos, la Franja de Gaza está en la Fase 5, el nivel más alto y grave dentro de la escala de inseguridad alimentaria aguda, según la Clasificación Integrada Alimentaria en Fases (CIF), organismo respaldado por las Naciones Unidas. El informe indica que el Comité de Revisión de la Hambruna (CRH) ha determinado que la hambruna se está produciendo actualmente en la gobernación de Gaza. Las muertes por desnutrición en la Franja de Gaza se dispararon hasta inicios de mes, cuando el Ministerio de Sanidad gazatí registró más de 390 muertes por esta causa desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023. La hambruna está presente y se propaga rápidamente. No debe caber ninguna duda de que se necesita una respuesta inmediata y a gran escala. Cualquier retraso adicional resultará en una escalada totalmente inaceptable de la mortalidad relacionada con la hambruna. Más de medio millón de personas en Gaza, aproximadamente una cuarta parte de la población, se enfrentan a niveles catastróficos de hambre, y muchas corren el riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición. La publicación de imágenes de cientos de niños demacrados en Gaza es elocuente que la hambruna se ha instalado en ese territorio palestino. Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) ha denunciado que tanto tanques como francotiradores y otros uniformados del Ejército israelí abren constantemente fuego contra la multitud que busca recoger el contenido de sus camiones de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, lo que resultó en la masacre de 81 personas. El genocidio israelí no se detiene. El mes pasado, un convoy que llevaba ayuda alimentaria, compuesto de 25 camiones, poco después de cruzar el último punto de control más allá del cruce de Zikim hacia Gaza, el convoy se encontró con enormes multitudes de civiles que esperaban ansiosas a acceder a los recursos alimentarios que necesitaban desesperadamente. Cuando el convoy se acercaba, la multitud que lo rodeaba quedó bajo fuego de tanques israelíes, francotiradores y otros disparos. Los muertos en la Franja de Gaza desde la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre de 2023 superan las 61.000 personas, y otros miles de heridos. En las últimas semanas figuran Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, a los que se han sumado también Bélgica, Luxemburgo, Andorra, Malta, Mónaco y San Marino para reconocer a Palestina como Estado independiente, con soberanía y derecho a la autodeterminación, una medida de presión contra el gobierno de Netanyahu. En los últimos años, Europa ha tenido un papel destacado en esta dinámica. España, Irlanda, Noruega y Eslovenia dieron el paso en 2024, y en septiembre de 2025 se ha producido una oleada de reconocimientos en países del G7 y de la Unión Europea, que ha marcado un cambio significativo en el equilibrio diplomático. En la reunión de las Naciones Unidas, donde Palestina mantiene desde 2012 el estatus de observador permanente, pero sin lograr el respaldo necesario para convertirse en miembro de pleno derecho, más de tres cuartas partes de los 193 Estados miembro de la ONU reconocen ya a Palestina como Estado. El respaldo llega a más de 150 países y se ha reforzado en septiembre de 2025 con la adhesión de gobiernos europeos y occidentales, lo que supone un salto cualitativo en el plano diplomático. El exterminio que aplica Netanyahu contra Palestina se compara con la barbarie de la Alemania nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Dado que la matanza y la hambruna es totalmente provocada por el gobierno de Israel, es posible detenerla y revertirla denunciando al mundo entero sobre este brutal genocidio contra el pueblo palestino. Ante este genocidio, el cantante y fundador de la banda de rock Pink Floyd, el inglés Roger Waters, estrenó una nueva canción titulada “Sumud” (en árabe “perseverancia inquebrantable”) que es un himno atemporal a la resistencia. Waters levanta su voz contra el genocidio Israel presentando “Sumud” como en la resistencia cotidiana no violenta, a todos los niveles, contra la ocupación, la explotación y la colonización brutal y forzada de Palestina.

Por Teodoro Rentería Arróyave El próximo 7 de junio de 2026, cumple nuestra organización continental señera, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, sus primeros cincuenta años de luchas basadas en sus principios básicos en el cometido de realizar un “periodismo libre en patrias libres”. Esta encomienda se renueva hoy más que nunca ante el acoso del imperialismo que se aparece constantemente con diferentes máscaras, pero con una misma tendencia: apoderarse de las riquezas de nuestras naciones, con el apoyo de los apátridas que, cobardes, medran desde los sótanos de la traición en todas nuestras naciones. Para nadie es un secreto que, bajo la acusación sin prueba alguna del narcotráfico, el fin del gobierno de Donald Trump es apoderarse del petróleo de Venezuela. Los integrantes de la FELAP, precisamente su Comité Ampliado nos reunimos en varias sesiones en la ciudad-capital, Buenos Aires, los días 4 y 5 de septiembre, en las cuales se analizaron los nuevos retos y oportunidades que plantea el avance tecnológico digital para el ejercicio de la información. Además de otros análisis que habrá tiempo de exponer, se tomó la muy importante decisión de llevar a cabo, bajo los mejores auspicios y renovadas ideas, su XIII Congreso tanto en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, como en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos. Si tomamos en cuenta que la FELAP, fue fundada en nuestro país, en forma primordial por los periodistas asilados en nuestro territorio en esos años cruentos de persecución de las criminales dictaduras del Cono Sur, y posteriormente celebramos su XXX Aniversario, con los actos inherentes a la efeméride y la edición del libro que recogió la historia gremial de esas tres décadas, titulado: “FELAP Treinta años de principios. Periodismo libre en patria libres”, todo ello en la presidencia del Camarada argentino, Juan Carlos Camaño. Es prácticamente un deber celebrar su próximo Congreso General y su Quincuagésimo Aniversario a desarrollarse en junio de 2026 en México; los representantes de las agrupaciones que la conforman plantearán los retos a seguir como organización y su desempeño ante el gremio. Los dirigentes de las asociaciones de periodistas que conforman a la FELAP se comprometieron a exponer la realidad, problemática, retos y logros de cada agrupación; asimismo, plantearán diversos temas que serán recogidos en un Documento Final. Esta reunión de decisiones de Buenos Aires fue presidida por el presidente de la FELAP, Juan Carlos Camaño; el secretario General, Nelson del Castillo; y por el secretario de Desarrollo Social, Teodoro Rentería Arróyave. Participaron, además, los presidentes de Honor, Rafael Vargas de República Dominicana e Iván Canelas de Bolivia y la secretaria Ejecutiva, María Teresa Olguín. Fue la Unión de Trabajadores de Prensa Buenos Aires, UTPBA, a cargo de Leandro Torres, la anfitriona; entre otros participaron, Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.