Opinión 2

Por Dolores Arce Lo que mal empieza,  mal acaba. Ya vimos las señales el mismo 8 de noviembre,  haciendo de lado el carácter laico, hicieron su reaparición crucifijos y biblias en una asamblea legislativa que pretende arrinconar lo plurinacional,  que se llenó de nuevo de corbatas y rubias oxigenadas.  “Dios, Patria y Familia” es el nuevo lema,  al puro estilo del fascista Mussolini. Los protagonistas del golpe de noviembre 2019 en primera fila:  Tuto, Samuel Doria y la mismísima Jeanine Añez como invitados de honor.  Cuando están por cumplirse los “100 días carajo”,  el gobierno de Rodrigo Paz no deja lugar a dudas,  se le cayó la máscara electoral de “centro derecha” o alternativa más cercana a lo popular.  Si para diferenciarse de Tuto durante la campaña negó cualquier intención de acudir al FMI,  la realidad es otra,  con un endeudamiento galopante que hipoteca nuestro futuro y políticas económicas radicalmente neoliberales. En  lo internacional,  demostró su servilismo retomando inmediatamente las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, para acceder a créditos condicionados y lineamientos geopolíticos que se traducen incluso en Decretos Supremos listos para su promulgación.  Al unísono con los presidentes de la derecha recalcitrante,  despotrica contra Cuba, Nicaragua y Venezuela echando por la borda los lazos de solidaridad y hermandad así como el principio antiimperialista. Da vergüenza ajena, pero Rodrigo Paz no dudó un instante para retomar vínculos con un estado genocida como el de Israel que está aplicando una guerra de exterminio contra el pueblo palestino en Gaza. Viendo la actuación y los intereses israelitas en nuestra América Latina, tenemos su incursión en la Patagonia con la complicidad de Milei en Argentina y pronto seguramente también en Chile, cuando asuma la presidencia Kast.  En Bolivia parece que el punto de ingreso será el Beni, con la benevolencia y complicidad de los gobernantes de turno.   En el plano del Ejecutivo: Rodrigo Paz es un simple títere de Samuel Doria Medina – o sea el perdedor de las elecciones está gobernando y Claure por detrás – y con los ministros “estrella” de Lupo y Espinoza.  Entre los funcionarios reciclados se lucen las fichitas del gobierno de facto de Añez.  Según ellos,  está de vuelta la tal “meritocracia” que saboreamos durante 180 años,  en un perfecto cuoteo que nos recuerda a las junt’uchas del pasado, además plagado de parientes. Mediante el Decreto Supremo 5515, el cargo de Vicepresidente se convierte en un simple florero, quedando amputada una de las facultades para la que fue elegido:  dirigir al país en ausencia del presidente.  Y complementado con el DS 5519, a título de crear el «Despacho Virtual del Presidente«, Paz empezó a gobernar desde el extranjero, en una clara vulneración de la CPE. En el ámbito del Legislativo:  Tal parece que los Decretos Supremos están por encima de la CPE,  pretendiendo aprobar contratos sobre recursos naturales y áreas estratégicas,  elevarlos a rango de ley o autorizar préstamos de forma directa sin pasar por la aprobación de la ALP,   como lo intentaron con el globo de ensayo del D.S. 5503.  Es decir, estamos a poco de convertir a la ALP en otro florero,  junto con la Vicepresidencia. Aunque no sorprendente pero sí preocupante son los proyectos de ley que van tomando forma,  como la Ley Antibloqueos y la Ley de Tierras,  ambas además de inconstitucionales, representan francos retrocesos y atentan contra derechos conquistados. Con seguridad servirán para perseguir a dirigentes y para encaminar procesos de reconcentración de la tierra en manos de pocos. El desempeño del órgano Judicial:  Sigue la injerencia,  el sometimiento de la justicia al ejecutivo y la persecución política sañuda mientras que ex autoridades “opositoras” prófugas retornan aplaudidas y con alfombra roja. Para marear la perdiz,  sacaron a los detestables despreciables magistrados autoprorrogados,  sin cambiar en lo más mínimo el funcionamiento del órgano judicial encabezado por un ex reo de Palmasola. En cuanto al órgano Electoral: mientras que habilita a cientas de agrupaciones, alianzas y taxipartidos, o hasta resucita a dinosaurios como al extinto MIR,  mediante burdas maniobras procede a inhabilitar a cualquier frente que podría prestar su sigla a Evo Pueblo.  La consigna es clara y viene desde arriba. En lo discursivo y mediático, intentan posesionar un discurso de “20 años de descalabro”,  y por supuesto,  nadie hace mención que entre estos 20 años estaba el descalabro del golpe de estado con su asalto a las empresas públicas y escándalos de sobreprecios en plena pandemia,  luego el gobierno de Luis Arce que se enterró en el fango de la corrupción. Hablan de “estado tranca” y “gobierno cloaca”.  Pero todos recordamos los casi 14 años de transformación del estado, estabilidad y bonanza, de inclusión de las grandes mayorías.  Los grandes medios se suman entusiastas a estas campañas, y en las pantallas de los medios estatales están de regreso las viejas caras de la era Jeanine Añez, parte del reciclaje de este gobierno. En lo económico y social: Rodrigo Paz habla del “milagro boliviano”, pero los bolsillos de la gente humilde están vacíos, el dinero no alcanza porque la canasta familia está por las nubes, los empresarios gozando de libre exportación en desmedro de nuestras ollas.  Se levantó la subvención del combustible, pero sin garantizar una buena calidad, las subidas de precios en autotransporte y aviación convierten en lujo el derecho o la necesidad de desplazarse.   El servicio de internet de ENTEL tiene cada vez más fallas,  todo apunta a una estrategia de hacer fracasar las empresas públicas como BOA, ENTEL,  YPFB para forzar la privatización,  en beneficio de empresas transnacionales y empresarios. El fantasma del narcotráfico parece perseguir al hijo del Gallo,  ahora los narcovínculos usan pasaporte diplomático y una estructura que perfora diferentes niveles del estado. En resumen,  vivimos una vulneración total a la independencia de poderes y pisoteo a la CPE.  Quienes están en el poder son los agroindustriales,  banqueros,  empresarios y se han propuesto aniquilar el Estado Plurinacional.  A tres meses de asumir el cargo,  no cabe la menor duda:  Rodrigo Paz es un gobierno CLOACA que representa

Andrea Arias Moro ​Hay días gloriosos, y luego está el día de hoy. ​Imaginen la escena: Oslo, Noruega. Un frío que congela hasta los pensamientos. Y allí, en la alfombra roja, cuatro mandatarios latinoamericanos (de esos que mueven la colita cuando Washington silba) bajándose de sus aviones, con sus mejores trajes, sus discursos ensayados y sus sonrisas de «foto histórica». ​Iban a coronar a su reina. Iban a aplaudir a la señora María Corina Machado en su (muy cuestionado y ridículo) Premio Nobel de la «Paz». ​Pero, ¡sorpresa! La doña los dejó guindando. ​Sí, mis amores. Se quedaron, literal y metafóricamente, como novias de pueblo: vestidos y alborotados. ​La excusa oficial es «razones de seguridad». La realidad es que casi un centenar de personas decentes se plantaron allí a gritarle al mundo que no se puede premiar con «Paz» a quien ha pedido invasiones, bloqueos y asfixia para su propio pueblo. La presión fue tal, la vergüenza fue tanta, que prefirió no dar la cara. ​Pero lo más delicioso de todo este sainete es ver la cara de los cuatro jinetes del apocalipsis diplomático que viajaron miles de kilómetros para nada. ​Me los imagino en el hotel, con el champán caliente, mirándose las caras. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntará uno. «¿A quién aplaudimos?», dirá el otro. «¿Me devuelven las millas del viaje?», pensará el más tacaño. ​Hicieron el ridículo mundial. Fueron a validar una mentira y terminaron validados como lo que son: unos extras en una película mal producida. Son los «groupies» de la injerencia, los fans enamorados que esperan en la puerta del concierto y el artista sale por la puerta de atrás. ​¡Qué pena ajena! Tanta sumisión, tanto viaje, tanto protocolo, para terminar, haciéndole la corte a una silla vacía. ​Mientras ellos pasan frío y vergüenza en Noruega, nosotros desde aquí vemos como ​¡Se les cayó el show!.

Por Fabrizio Casari Es oficial el paso de Bolivia a la derecha y, con ello, casi con certeza, de su litio. Después del Ecuador, convertido en un protectorado estadounidense sobre una base criminal, que ha entregado su significativa cuota de petróleo a Estados Unidos, parece delinearse un panorama favorable a la sed de recursos latinoamericanos que habita en las gargantas de Washington y que, en muchos aspectos, explica algunas de las verdaderas razones que empujan a la IV Flota de la Marina estadounidense hacia el Caribe. Estados Unidos no está en el Caribe para librar una guerra contra las drogas: si así fuera, debería haber procedido a miles de arrestos en los 3,500 laboratorios de fentanilo que se encuentran en territorio estadounidense, al desmantelamiento de los cárteles norteamericanos y al cierre de las entidades bancarias y financieras que lavan sus beneficios, muchas de ellas operando en Wall Street. Que su presencia militar en el Caribe tenga contornos de ilegitimidad e ilegalidad, ya que de hecho amenaza la libre navegación incluso con ataques injustificados a embarcaciones civiles pesqueras, quedó en evidencia por el propio Alvin Holsey, el ya exalmirante jefe del Comando Sur (y, por tanto, también de la IV Flota), quien renunció precisamente en nombre del respeto al código de navegación y a las leyes de guerra. El respeto a estas leyes impediría los métodos de la operación naval en curso, cuyo único propósito es amenazar y aterrorizar; prueba de ello es que los supuestos traficantes de drogas no son abordados ni detenidos, sino que se les dispara directamente, sin preocuparse siquiera de quién va a bordo, qué está haciendo y si representa o no un peligro. La idea es disparar primero y ver después a quién. Se llama terrorismo de Estado, sin comillas. Estados Unidos se encuentra frente a las costas de Venezuela con dos objetivos: uno inmediato y otro a mediano plazo. El inmediato es la caída del gobierno de Nicolás Maduro; el más amplio busca el fin del ALBA, es decir, de Cuba y Nicaragua. El primer objetivo contempla dos opciones: un ataque directo buscando un falso ‘casus belli’, o bien, agresión tras agresión, obligar a una reacción que pueda justificar el ataque a Caracas. La guerra psicológica es, por ahora, el camino elegido, pero ambas opciones no se excluyen entre sí. Forma parte de esta guerra psicológica el anuncio de la orden impartida a la CIA de promover un golpe de Estado en Venezuela, pero no hay ninguna novedad en ello, salvo la provocación: desde la llegada de Hugo Chávez hasta hoy, siempre ha estado en la agenda, y el fracaso de los intentos de golpe contra el Comandante Chávez y de magnicidio contra el Presidente Maduro no ha producido un cambio de rumbo por parte de Langley. Otro elemento de esta guerra psicológica son precisamente los ataques dirigidos contra embarcaciones de pescadores inocentes, que confirman el comportamiento criminal de sus militares y demuestran que la actividad de los buques estadounidenses se configura en todos los aspectos como un bloqueo naval. El petróleo de Venezuela es el objetivo político inmediato. No hay lectura del contexto, ni reflexión sobre los equilibrios, ni proyección de un orden válido para todos los actores: la única unidad de medida con la que Estados Unidos observa a Venezuela son los barriles de petróleo. Es la mayor reserva del mundo. La faja del Orinoco, un área de 54 mil kilómetros cuadrados a lo largo del río homónimo, podría contener hasta 1,300 millones de barriles según las estimaciones más optimistas, una cantidad casi igual a la de todos los recursos de petróleo convencional del planeta. Pero ya hoy sus reservas oficiales ascienden a 303.3 mil millones de barriles, situando a Caracas en el primer lugar del ranking mundial según el anuario de BP, una de las fuentes estadísticas más acreditadas del sector. Estados Unidos, pese al shale oil, ocupa solo el décimo lugar, con 44.2 mil millones de barriles, superado por Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Libia, y su producción se consume en gran parte internamente. Si no fuera así, si no tuvieran interés en extraer los recursos energéticos y alimentarios de otros para sobrevivir y dominar -de ejercer el mando, porque son incapaces de gobernar-, no mantendrían unas 800 bases militares en todo el mundo. En todo el Occidente Colectivo, donde Estados Unidos pretende ser el único vendedor de crudo -aún más, tras el fracaso sustancial de la economía verde y el renovado apoyo al fósil- la centralidad del petróleo ha asumido un carácter estratégico como nunca antes. Si se observa el bloqueo a las importaciones desde Rusia, Irán y Venezuela, queda claro que el mapa de extracción y suministro del crudo se ha convertido en prioridad dentro de la agenda política trumpista. Incluso para su propio consumo, ya que la desindustrialización impuesta por la financiarización de la economía no ha reducido la demanda energética. Estados Unidos produce diariamente 15’837,640 barriles de petróleo, pero consume 20 millones. No es poca cosa para una sociedad cada vez más energívora: sus reservas comprobadas equivalen a 4.9 veces sus niveles anuales de consumo. Esto significa que, sin importaciones, tendrían unos cinco años de petróleo (a los niveles actuales de consumo y excluyendo las reservas no comprobadas). Suficiente para un pais normal, pero demasiado poco para un país de las ambiciones dominantes de Estados Unidos. Insignificante para su comercio. ¿Por qué Venezuela? Porque representa muchas cosas: protagonista absoluta, junto a Nicaragua y Cuba, del socialismo latinoamericano, auténtico desafío al modelo neoliberal fracasado. El ALBA es hoy la única alternativa creíble de modelo, la única doctrina socioeconómica orientada al reequilibrio social como motor de riqueza que puede permitir una fuerte reducción de la pobreza endémica que afecta a decenas de millones de latinoamericanos. Precisamente ante el fracaso incluso administrativo de un modelo como el estadounidense -que cada año se encuentra en la imposibilidad de cubrir un déficit público monstruoso y estructural-, el socialismo latinoamericano ofrece lecciones de buena política y buena economía. Los

Por: Gabriel Villalba Pérez* El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) constituye un documento que desnuda las vulneraciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante la crisis política y social de 2019. En este marco, una de sus determinaciones más relevantes se centra en el rol de grupos parapoliciales y delincuenciales, entre ellos la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Por 21 días las ciudades capitales del país fueron escenarios de violencia promovida por grupos de bloqueos y movilizaciones contra las elecciones generales del año 2019. El 24 de octubre organizaciones sociales campesinas llegaban a la ciudad de Cochabamba para defender el voto en favor del entonces presidente Evo Morales. En horas de la noche cuando hacían vigilia pacifica, el grupo denominado RJC de motoqueros atacó con armamento a las y los campesinos. Sus agresiones siguieron todos los días posteriores contra la humanidad de personas campesinas humildes movilizadas, sus victimas favoritas fueron las mujeres de pollera. De estas situaciones cursa amplia prueba documental y testimonial de carácter irrefutable e incontrastable. Si bien este grupo paramilitar conformado por motoqueros pagados para delinquir portando armas se conformó antes del Golpe de Estado de noviembre. Posterior a la autoproclamación de Jeanine Añez sus miembros recibieron entrenamiento y armas militares por parte de Arturo Murillo protagonizando secuestros, torturas y vejámenes a mujeres de pollera a la cabez de Yassir Molina. El GIEI señala que la RJC operó de manera articulada con instituciones estatales y con respaldo de actores políticos que promovieron y toleraron su actuación violenta. Lejos de constituir una simple agrupación cívica, la RJC se configuró como un grupo irregular con prácticas de hostigamiento, amedrentamiento y ataque directo contra opositores y población movilizada, vulnerando de manera sistemática los derechos a la libertad de expresión, de reunión y a la integridad personal. Desde un punto de vista jurídico-constitucional, la permisividad del Estado frente a la acción de la RJC contradice abiertamente el artículo 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza la primacía de los derechos fundamentales y obliga a todas las autoridades a velar por su respeto. Asimismo, el artículo 21 de la CPE, que consagra los derechos civiles, fue violentado al permitir que un grupo irregular restrinja la libre participación ciudadana mediante la violencia y la amenaza. En el plano del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado boliviano, en virtud del artículo 13.IV de la CPE, que otorga primacía a los tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la actuación de grupos armados no estatales cuando operan con tolerancia de autoridades. La inacción estatal frente a la RJC, como establece el GIEI, no solo compromete la responsabilidad individual de sus integrantes, sino también la responsabilidad internacional del Estado por omisión. La caracterización de la RJC como grupo delincuencial y parapolicial tiene efectos jurídicos concretos de: Responsabilidad penal individual de sus miembros por delitos comunes (lesiones, daños, amenazas, asociación delictuosa, entre otros);  Responsabilidad penal de autoridades que promovieron, protegieron o encubrieron sus acciones, conforme al principio de autoría mediata por dominio de la organización y Responsabilidad internacional del Estado boliviano por permitir que actores irregulares suplan funciones coercitivas propias de las fuerzas del orden. El informe del GIEI, por tanto, no solo documenta la violencia de un grupo específico, sino que deja al descubierto la fragilidad de un supuesto Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho en Bolivia durante el periodo de 2019. La tolerancia hacia grupos parapoliciales como la RJC es incompatible con la noción misma de un Estado, donde el monopolio legítimo de la fuerza debe recaer exclusivamente en instituciones estatales sujetas a control democrático y respeto de los derechos humanos. En consecuencia, el mandato jurídico y político que emana de estas determinaciones es claro: la judicialización efectiva de la RJC y la sanción a las autoridades que permitieron su accionar. Solo así podrá evitarse que en el futuro resurjan organizaciones delincuenciales bajo ropajes “cívicos” o “patrióticos” que en realidad buscan imponer, mediante la violencia, proyectos políticos autoritarios y excluyentes. Sin embargo, el Órgano Judicial de nuestro país actúa en contradicción con el GIEI develando indultos políticos que tienen como consecuencia la impunidad ante todos los actos delincuenciales de este grupo paramilitar; todo con la venia del Tribunal Supremo de Justicia. *M.Sc.Abogado.

Desordenado Presidente Arce, no nos hable de traición. Ustedes escribieron el manual. El voto nulo o blanco no es una ambición personal, es una respuesta política. Es el grito de quienes no están dispuestos a legitimar un proceso electoral montado sobre la proscripción, la represión, el fraude institucional y el cálculo cínico. Hablan de que fortalecerá a la derecha, pero ¿quién la fortaleció realmente? Ustedes prebendalizaron a las dirigencias sociales, robaron la sigla del MAS-IPSP —que hoy no tiene más del 2% de preferencia electoral—, detuvieron a más de 200 personas por protestar contra la crisis, controlan el poder judicial, el TSE, la Fiscalía, y desde ahí han perseguido, silenciado y desmovilizado al bloque popular. ¿Y todo eso para qué? Para imponer una candidatura nacida del sometimiento, no del mandato de las bases. Una candidatura que aceptó la proscripción de Evo Morales sin pelearla y otra que formó parte de la persecución y proscripción, que no denunció el fraude institucional ni la criminalización de la izquierda radical, y que hoy se presentan como opción del pueblo cuando fueron funcionales a su desarticulación. No, presidente, no es el voto nulo el que entrega el país a la derecha. Es su gobierno, aliado con la oligarquía, con la derecha camuflada en su gabinete, con los medios que ayer combatíamos y hoy le aplauden. Es su entrega a la derecha, su pragmatismo disfrazado de estrategia. No nos pidan que votemos por quienes nos persiguen. No nos pidan que validemos la destrucción del instrumento. No nos pidan silencio. Nosotros no traicionamos. Nosotros no nos rendimos. Nosotros no legitimamos. El 17 de agosto votamos con conciencia. Y no será en su nombre. Será en el nuestro.

Por Gabriel Villalba Pérez El Derecho en Bolivia esta tan venido a menos, que un magistrado, y no cualquier magistrado, sino el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado se atreve a insistir en que sus determinaciones (in)constitucionales fueron legales y que demás tendrían pleno valor y aplicación. Este magistrado ha salido recientemente a señalar: “Nadie puede perpetuarse en el poder” con una frase que parece más proselitismo político que análisis u opinan jurídica. ¿Por qué Gonzalo Hurtado, magistrado re auto prorrogado y presidente del TCP está equivocado? La Sentencia Constitucional 007/2025 de emitida el 13 de mayo de 2025, que defiende Hurtado, no es más que el justificativo “jurídico” más reciente de un operativo mediático de desinformación a la población. En Bolivia se ha judicializado la política en una clara guerra judicial (Lawfare) contra el movimiento plurinacional popular. Una pieza clave y fundamental de esta guerra judicial es la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, que también defiende Hurtado. Sentencia tristemente recordada por haber sido emitida 3 días antes de que concluya el mandato legal y constitucional de los magistrados, previsto en el artículo 183 de nuestra CPE. La Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 lo único que revela es que el accionante no es Evo Morales, tampoco el accionado y el objeto de determinada sentencia nada tenía que ver con reelección, repostulación, periodos de mandato presidenciales o algún tema relacionado. Sin embargo, fue presentada mediáticamente y con gran parafernalia como insumo jurídico – constitucional por el cual Evo Morales era inhabilitado. Esta acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Balcázar Ruiz contra David Choquehuanca Céspedes disponiendo la restitución de derechos del accionante. Un asunto que podían haberlo resuelto en 10 páginas terminan tratándolo en 80 páginas, situación propia de los instrumentos del Lawfare, altamente confusos y ampulosos para desinfomar y mentir a la población. Hurtado olvida señalar que para cualquier interpretación constitucional donde se alude al “fin o voluntad del constituyente” se deben recurrir a los registros de los debates, las actas y/o grabaciones de las sesiones de la Asamblea Constituyente, ya que nuestra CPE data del 2009, no es una constitución de hace 20, 30 o 50 años atrás. Este magistrado que brilla por su ignorancia tampoco menciona que los artículos de nuestra CPE no son meros artículos; los mismos establecen institutos jurídicos. Uno de estos institutos jurídicos es el que dispone el articulo 168 estableciendo los periodos de mandatos continuos y sus prohibiciones. No existe en toda nuestra CPE el instituto jurídico de periodos de mandatos discontinuos por ende no es misión del magistrado inventarse, crear o modificar la CPE. Para la modificación constitucional total o parcial sus mecanismos están previstos en el artículo 411. El artículo 168 es claro y taxativo, no está sujeto a interpretación; tal como ya lo han señalado importantes jurisconsultos internacionales tales como jurista español Rubén Martínez Dalmau en el V Congreso de Derecho Constitucional, desarrollado este año en Sucre, explicando que la norma permite una reelección para un segundo mandato de manera continua, pero que de manera discontinua una persona puede postularse las veces que desee. En este mismo sentido se han pronunciado el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni connotado ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así también el profesor brasileño Walber de Moura Agra en su paso por nuestro país. Sentencia Constitucional 007/2025 que defiende Hurtado es un disparate jurídico porque se inventan los periodos de mandatos discontinuos, siendo que estos no existen en nuestra CPE. El rol del TCP es de interpretación, no de ceración, de modificación o de invención de nuevos institutos jurídicos; lo cual es contrario a la propia CPE. Solamente mediante ley se pueden regular los derechos civiles y políticos de representación; es decir, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hurtado hace gala de su ignorancia al soslayar el principio universal del derecho de irretroactividad de la norma, contemplado en el artículo 123 de nuestra CPE. No se puede aplicar con carácter retroactivo (hacia atrás) las disposiciones (in)constitucionales que tanto defiende Hurtado. Los miembros del TCP han cometido el delito de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes; por lo cual, así como se operó contra la jueza Moreno, el Ministerio Público debiera haber emitido de oficio las ordenes de aprehensión contra Hurtado y el resto de magistrados por la comisión de un delito flagrante y además por haber hecho apología del mismo saliendo en conferencia de prensa al presentar la Sentencia Constitucional 007/2025 como un gran logro.   *M.Sc. Abogado.

Por Gabriel Villalba Pérez Una nueva vertiente de Lawfare contra líderes progresistas latinoamericanos; sufrido en su momento por Rafael Correa, Cristina Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva; intenta aplicarse en Bolivia. Ésta es la proscripción por la vía constitucional combinada con la electoral. Más de catorce procesos penales en contra de Evo Morales Ayma no fueron suficientes para inhabilitarlo por la vía judicial ordinaria; se esperaba, desde las oligarquías tradicionales y el propio gobierno, que alguno de estos procesos pueda llegar a generar una sentencia condenatoria, causal de inegibilidad según el artículo 138 de nuestra Constitución Política del Estado, situación que no pudo darse. Una orden de aprehensión o un proceso en etapa investigativa o etapa de juicio no puede considerarse análoga a una sentencia condenatoria o cosa juzgada, razón por la cual el candidato Morales esta legal y plenamente habilitado. Al no obtener resultados por la vía convencional del Lawfare se trató de generar una nueva narrativa de inhabilitación por la vía constitucional recurriendo a una interpretación caprichosa de la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, de 28 de diciembre de 2023, tres días antes de que fenezca el mandato constitucional y legal de los magistrados. Sin embargo, ninguna sentencia constitucional puede modificar total o parcialmente, ni si quiera un solo artículo de la Constitución Política del Estado, en este caso el artículo 168. La reforma total o parcial de la Constitución se encuentra prevista en el artículo 411 de la propia CPE. Volviendo al análisis de la SC 1010/2023 ni el accionante ni el accionado era Evo Morales, el objeto de la acción de amparo constitucional nada tenía que ver con reelecciones continuas o discontinuas. Y la propia parte dispositiva de la SC 1010/2023, en términos coloquiales el: POR TANTO: ni menciona a Evo Morales, menos menciona periodos de mandatos continuos o discontinuos. Al no poder imponer desde el gobierno ligado a las oligarquías tradicionales y los intereses de la geopolítica de dominación imperial norteamericana la narrativa de la inhabilitación de Morales mediante la SC 1010/2023 buscaron emitir un Auto Constitucional de complementación 083/2024-ECA de 1 de noviembre de 2024, es decir en plena auto prorroga o usurpación de funciones por parte de algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; tan antijurídico resulto este auto de complementación que sólo lleva la firma de dos magistrados auto prorrogados: Rene Yvan Espada Navia y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; mismos que no ostentan ninguna legitimidad menos legalidad para emitir ninguna determinación judicial, menos constitucional. Más allá de ello, estos magistrados tratan de reinventar la CPE reformando de facto el artículo 168 de la CPE, mismo que dispone el instituto jurídico de mandatos continuos, mas no hace referencia a periodos de mandato discontinuos. Por lo cual en cualquier análisis lógico jurídico se establece que no fue voluntad del constituyente crear o regular la discontinuidad de mandatos, aplicando un criterio democrático amplio similar al de la Constitución de 1967 y anteriores por la cual, por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro fungió como presidente de Bolivia en cuatro ocasiones 1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964 y 1985-1989. Por todo lo referido, en el marco de la Ley 026 de Régimen Electoral, queda única y exclusivamente en manos del Tribunal Electoral Plurinacional contrastar los requisitos para acceder al desempeño de las funciones públicas previstos en el artículo 234 de la CPE, así como las caudales de inegibilidad del artículo 238 y resolver la habilitación del candidato Evo Morales (en caso de impugnaciones) conforme los artículos 105, 109 y 210 de la normativa electoral. Sin lugar a dudas en mayo de este año se sabrá si Bolivia cuenta con un Tribunal Electoral Plurinacional a la altura del álgido momento histórico y político que estamos viviendo. Si contamos con un Órgano independiente digno de confianza por toda la población o sólo un apéndice servil a los intereses del Órgano Ejecutivo. La historia juzgará, condenará o absolverá a nuestro Órgano Electoral en función de si se atreve o no a proscribir la voluntad popular.           

Por: Gabriel Villalba Pérez* El neo constitucionalismo latinoamericano ha desarrollado nuestras formas de interpretar y aplicar el derecho, alejado de la tradición anglosajona y europeo continental del ius positivismo. Desde la teoría pura del derecho de Kelsen se pensaba que la sociedad debía adecuarse al sistema de códigos y leyes escritas. El neo constitucionalismo plantea otras dimensiones jurídicas de entendimiento e interpretación partiendo de la premisa fundamental de que el derecho al ser un producto de la sociedad debe adecuarse y resolver los problemas estructurales de la misma, el derecho adecuado a las diferentes realidades sociales en lugar de modelos ortodoxos y dogmáticos que intentan aplicarse a rajatabla en cualquier sociedad y contexto. En este sentido la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) ha nutrido esta nueva forma de comprender el derecho desde los propios usos, costumbres, concepciones y cosmovisiones de entendimiento de las comunidades indígenas de su propia realidad y sus propios problemas planteando como resolverlos y repararlos. El año 2002 en Ecuador, en la comunidad de La Cocha, Parroquia de Zumbahua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi; mediante la aplicación de la justicia indígena originaria se resolvió el caso del asesinato del comunero Maly Latacunga. Habitantes y dirigentes de trece sectores aledaños a La Cocha se reunieron el 5 de mayo de ese año para llevar adelante los procedimientos propios de la justicia indígena con un carácter colectivo basada en las siguientes fases: Willachina o conocimiento del caso, Tapuikuna o averiguación de los hechos, Chimbapurana o encontrar la verdad en la palabra de los responsables escuchando y contrastando versiones de todos los implicados incluidos testigos, además de sus familiares, padrinos y profesores de los implicados. Posteriormente, la fase Kishpichirina que es la determinación de sanciones que prevé indemnizaciones económicas para los directamente afectados, en este caso fue para la viuda, dando a conocer a la comunidad todas las determinaciones en cabildo de manera pública y abierta, para dar cumplimiento a la última fase de la justicia indígena denominada Paktachina. El reconocimiento constitucional de los valores, usos y costumbres de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ya es un logro y un salto cualitativo en nuestra normativa con relación a la Constitución de 1967. Pero que sin lugar a dudas aún falta su implementación plena desde el estudio profundo de la cosmovisión de cada nación y pueblo, lo cual no es un trabajo solamente jurídico o de codificación normativa, sino el entendimiento cabal de todo un sistema de valores, creencias, resolución de controversias y de valores que se persiguen en determinada comunidad. El valor occidental de la justicia o de la reparación no será el miso que, de los pueblos andinos, amazónicos o guaranís, por ejemplo. Entonces tenemos una forma tradicional y convencional de ver el derecho que no concibe en su lógica la total implementación de la JIOC.  Los sistemas judiciales en teoría son totalizantes para toda la sociedad en su conjunto, sin embargo, en los hechos son particulares y específicos; por eso mismo la administración de justicia se divide por materias y por áreas, existen litigantes que nunca pisaran en su vida la jurisdicción penal, por ejemplo, pero si la civil, laboral y comercial. Si se entiende la justicia desde esa lógica también podemos dividir su administración por espacios geográficos como se hace por ejemplo en países federales. Por lo tanto, toda administración de justicia es específica, en el caso de la justicia indígena originaria campesina se deben valorar los usos y costumbres en una determinada nación y pueblo indígena que sin lugar a dudas delimita su rango de acción y de jurisdicción, En este entendido la aplicación real y efectiva de la JIOC no solamente resuelve hechos dentro de la comunidad idealmente, sino que también, al atender casos específicos descongestiona el sistema judicial en su jurisdicción ordinaria; para lo cual se precisa todo un sistema de formación, gestión asistencia técnica, proyección y seguimiento de la JIOC; materializando una real descolonización de la justicia que necesariamente pasa por la consolidación de este jurisdicción tan importante y que enriquece la resolución de controversias para lograr la, tan anhelada, paz social que aún puede darse en sectores rurales de nuestro país mas no en las selvas de cemento regidas por principios ortodoxos del ultra positivismo que hay que empezar a deconstruir. *MSc. Abogado y analista político.

Luis Alberto Echazú Alvarado Andrés Gómez Vela es un periodista presuntuoso, todo lo que dice o escribe resume un aire de pretendida inteligencia y sabiduría. Como otros tantos opina y escribe de todo, es analista político, entendido en minería, hidrocarburos, litio, agricultura, bueno son muy pocos los rubros de los que no se ocupa. Al margen de su pedantería y liviandad en el tratamiento de los temas, añade una dosis de mentira y distorsión informativa lamentable. Hace unos días escribió sobre el litio, un artículo que contiene falsedades aberrantes. Comenta el “show” que monto Evo Morales al montar en una bicicleta eléctrica con baterías de litio, producidas en La Palca. Dice así: “Luego nos enteramos que fue una mentira. Esa planta ubicada en La Palca Potosí –se refiere a la planta de baterías- no produjo ni una batería”. Sería bueno que Andrés Gómez pudiera encontrase con algún técnico que con propias manos ensambló las baterías, que hizo las pruebas de cargado y ciclaje, las pruebas destructivas, con otros compañeros y compañeras que produjeron los materiales catódicos. Su pedantería mentirosa quedaría en ridículo. Pero esto no es todo, Gómez Vela no se entero -o si lo hizo enconde la verdad que es lo mismo que mentir- que las baterías de ion litio producidas en La Palca con litio boliviano fueron aplicadas en 40 domicilios de familias campesinas en el municipio de Llokalla (Potosí, baterías que son cargadas y recargadas con un panel solar, además de otras cinco unidades educativas en el Tipnis. Las 40 familias campesinas que antes usaban velas y mecheros tienen hoy iluminación (3 a 4 focos), pueden cargar su celular e incluso conectarse al satélite Tupac Katari. Señor Gómez Vela, si no les cree a los campesinos y sus familias o a los técnicos e ingenieros bolivianos, pregunte al gerente de la empresa cochabambina “Quantum Motors” que produce automóviles eléctricos, que a través de un convenio con YLB ensayó las baterías en sus automóviles, a las que calificó de excelentes con un  rendimiento superior a las importadas de China. Señor Gómez, no mienta, primero infórmese correctamente, luego opine. La mentira de Gómez Vela no termina aquí, continua así: “Cinco años después, el mismo personaje apareció conduciendo un buggy “estrenamos el primer vehículo ensamblado con litio boliviano en Potosí que usará energía de las baterías de litio de Potosí dijo en un tuit. Decenas de cámaras fotográficas registraron otra mamada.¿Cuántos de esos vehículos circulan hoy en el país? Ni uno”. Señor Gómez, ese vehículo fue construido como prototipo en La Palca por nuestros ingenieros y técnicos, no es ninguna mamada, a la que quizá esta usted acostumbrado, además de haber sustituido una batería antigua de un montacargas ruso que quedo en desuso con una nueva de ion litio producida en La Palca. Ese montacargas esta allí en uso, para que cualquiera pueda verificarlo. Gómez Vela, se parece a otra persona igual de “ingeniosa” que  años atrás se refirió al tema señalando que en el mercado vio muchas baterías como “Yuasa”, “Ray o Vac” pero ninguna que sea boliviana producida con litio boliviano, añadió que quería comprar al menos una. La planta de baterías, como la de materiales catódicos es una planta piloto, que no esta ni estuvo destinada para la producción comercial y venta posterior. Su objetivo, como toda planta piloto es para ajustar parámetros técnicos, costos y otros, para el diseño de una planta industrial, además de preparar a técnicos y especialistas en esta tecnología de punta. Creo que será un tanto difícil para Gómez entender esto, ya que exige no solo las baterías en el mercado, sino también autos eléctricos. Una tercera mentira de Gómez Vela: “Entre 2012 a 2021 el Estado boliviano asignó un presupuesto de 1.231 millones de dólares para la industria del Litio”. Repitiendo el relato de la derecha de la cual forma parte lanza cifras sin ningún reparo, ni vergüenza. Repiten que en la gestión de Evo Morales se gastaron 1.000 millones de dólares. Ambas cifras son absolutamente alejadas de la verdad. Todo el proyecto se aprobó con 810 millones de dólares, que no se llegaron a ejecutar en su totalidad. Un resumen de lo ejecutado es el siguiente en millones de dólares: 2008 – 2009 =   5.13 2010 – 2016 = 362.30 2017 – 2019 = 300.32 2008 – 2019 = 667.8 millones de dólares. En toda la gestión de Evo Morales se invirtieron 667.8 millones de dólares, no 1.000 millones como dice la derecha o 1.200 millones como asevera el periodista. ¿En que se invirtieron los 668 millones de dólares? Estoy casi seguro que el periodista no fue ni una sola vez a visitar Llipi, o La Palca, pero habla como si supiera. Miente y calumnia sin medida, no en vano fue participe o cómplice del golpe de Estado de 2019.   Espero que estas líneas le sirvan para dejar de mentir, informarse mejor y morigerar su presuntuoso talante.

Por Dolores Arce Desde la tierra del legendario e indomable cacique indígena Guaicaipuro, sigue la resistencia y dignidad del pueblo venezolano que hizo respetar una vez más su decisión soberana de continuar por las sendas de Bolívar y Hugo Chávez. Está claro que Venezuela no se rendirá ante el imperio. La fiesta popular de la asunción y juramentación del presidente reelecto Nicolás Maduro se dio el 10 de enero, mientras que en Panamá se atrincheraron un par de expresidentes caducos – todos de tendencia reaccionaria y proimperialista – en torno al enclenque Inmundo Gonzales y la Milei venezolana Corina Machado.  No podía faltar Tuto Quiroga, con su clásico papelón de defensor de los intereses del imperio. La campaña de odio, desinformación y ataques desde los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones hegemónicas y redes sociales fue una constante desde el pasado 28 de julio, que le dio una vez más la victoria a Nicolás Maduro.  Hubo una descalificación de la Revolución bolivariana, mediante la arremetida mediática con claros tintes de guerra cognitiva, preparando psicológicamente el terreno para justificar y alentar una invasión desde afuera. De creer a los medios mentirosos, en Venezuela aparentemente se hubiera vivido un ambiente de terror, que contrasta con la realidad de tranquilidad, alegría y paz que reinó en las jornadas de la semana pasada.  Tan sólo un patético y grotesco episodio de autosecuestro protagonizado por Corina Machado intentó desvirtuar el ambiente festivo del nuevo triunfo. Y no es para menos, pues Venezuela no solo es estratégica por sus recursos naturales como el tan apetecido petróleo, sino que se constituye en el epicentro de la lucha antifascista continuando el legado de la solidaridad internacional de Hugo Chávez. No es casual que Caracas haya sido sede del Primer Congreso Mundial Antifascista en septiembre de 2024, agrupando a las fuerzas sociales y políticas de todos los continentes en la lucha mundial contra el fascismo, imperialismo, colonialismo, sionismo y todasla formas de explotación y de dominio humano, a la par de desempeñar un rol central en la articulación de iniciativas internacionales y la defensa de las causas justas. Trabajo que tendrá que consolidarse desde nuestros países, regiones, continentes para articular las luchas contra el fascismo desde los territorios. El acompañamiento del movimiento antifascista internacional a la nueva toma de posesión de Maduro se inscribe en este contexto. Es de lamentar y duele la ausencia de muchos mandatorios dizque progresistas o de izquierda, que por una mal llamada prudencia – cobardía en todo caso – no se hayan hecho presentes para mostrar el apoyo a una revolución que es mucho más que solo venezolana, es bolivariana latinoamericana y mundial, enfrentándose al imperialismo en todas sus formas que por supuesto recurre a presiones y chantajes a quienes osan desobedecerlo. Lamentablemente Bolivia no fue la excepción, pues la canciller Celina Sosa fue la delegada para tan importante acto, donde el presidente Luis Arce brilló por su ausencia. No cabe la menor duda que un desaire así en tiempos de Evo no hubiera pasado… En lo económico, Venezuela ha sido capaz de soportar no solamente un bloqueo inhumano – recordamos a la valerosa Cuba que lo viene resistiendo por más de 6 décadas – sino inclusive la “retención” o sea robo de 31 toneladas de oro, equivalentes a 1000 millones de dólares. A lo que se suma el cierre de espacios aéreos o vuelos directos a Caracas, como forma de sabotaje e intento de aislar al país caribeño, obligando a itinerarios irracionales de horas o días para llegar a Caracas, pese a encontrarse geográficamente muy cercanos. El daño del bloqueo económico equivale a 100 años del presupuesto anual boliviano, y aun así Venezuela logró un crecimiento mayor al de muchos países – de hecho, con el 9% es el país que más creció en América Latina- , y lleva adelante políticas sociales en el área de salud,  viviendas,  educación, fomento al arte y comunicación entre otros,  mostrando el rostro profundamente humano de la revolución bolivariana. Pero Venezuela no ha sufrido solamente el sabotaje político y económico, sino es víctima también de la guerra cognitiva y mediática. De ahí surge la iniciativa de conformarse como centro articulador del movimiento antifascista mundial, más aún en el contexto de la juramentación como presidente reelecto de Nicolás Maduro, tan resistido por el imperio y los países ya sea de pasado colonial o lacayos que no quieren respetar la decisión soberana del pueblo venezolano. Fue hermoso ver las calles colmadas del centro por un pueblo movilizado, resguardando su revolución, con el lema de “yo juro con Maduro”.  Paz y alegría para hacer respetar la revolución bolivariana, mientras que la oposición subordinada a intereses foráneos, arma sus teatros y provoca caos, muerte y solicita el criminal bloqueo contra todo un pueblo.