Opinión 3

Por Pedro Rioseco Colaborador de Prensa Latina La Habana (Prensa Latina).-  Por una delación, como tantas veces ocurrió en la historia, el 9 de septiembre de 1969 cayó heroicamente Inti Peredo cuando intentaba reorganizar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia y reiniciar la lucha armada después de la muerte del legendario comandante Ernesto Che Guevara. Guido Álvaro Peredo Leigue, más conocido por Inti, nació en la ciudad boliviana de Cochabamba el 30 de abril de 1938. Su padre, Rómulo Arano Peredo, era profesor, escritor y exsenador de la República, y su madre, Selvira Leigue Llanos, una mujer de amplia cultura. El matrimonio tuvo cinco hijos: Antonio, el primogénito; Inti, el segundo, Roberto (Coco en la guerrilla del Che). Emma Olga y Osvaldo, el benjamín, a quien llamaban Chato. Según recuerdos de la familia, el padre le apodó Inti, cuyo significado en quechua es sol, porque en una novela así se llamaba un personaje que tenía el temperamento fuerte y rebelde de Guido. El exilio de su padre, tras el derrocamiento del gobierno de Gualberto Villarroel en 1946, dejó desprotegida a la familia. La madre tuvo que contratarse como mecanógrafa. Inti y Coco, aún adolescentes, abandonaron las aulas y se dedicaron a la labranza en medio de la selva. Sembraban arroz, yuca y plátanos, que vendían en el mercado. Se alimentaban fundamentalmente de los productos de la caza. Luego trabajaron en los lavaderos de oro de Tipuani. Desde muy joven Inti ingresó en la Juventud Comunista Boliviana y pronto comenzó a militar en las filas del Partido Comunista Boliviano (PCB), donde se destacó como uno de sus cuadros más abnegados y valientes y por su actividad revolucionaria fue encarcelado varias veces. En agosto de 1962, viajó a la entonces Unión Soviética para un curso político, regresando en mayo del siguiente año. Fue primer secretario del Comité Regional de La Paz y miembro del Comité Central del PCB, electo en su II Congreso Nacional, en 1964. Al igual que su hermano Coco, participó en tareas de apoyo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del Perú. También prestó su ayuda en la organización del Ejército Guerrillero del Pueblo, encabezado por el periodista Jorge Ricardo Masetti, el cual operó durante 1963 en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Formó parte del segundo grupo de bolivianos que se entrenaron en Cuba en 1966 y se unió a la guerrilla del Che el 27 de noviembre de ese mismo año. Ese día el Che escribió en su Diario la llegada de “otro boliviano, Inti, también a quedarse”. Quince días después, su nombramiento como uno de los comisarios del naciente ELN de Bolivia fue anunciado por el Che y en su diario incluyó más de 80 referencias donde destaca las condiciones políticas y revolucionarias del joven, uno de los hombres de su mayor confianza. La impresión que le causó el Che a Inti se refleja en un posterior escrito del joven guerrillero: “Me golpearon varias reacciones: turbación por el respeto que le tenía (y mantendré siempre), emoción profunda, orgullo de estrecharle la mano, y una satisfacción difícil de describir al saber con absoluta seguridad que en ese momento me convertía en uno de los soldados del ejército que dirigía el más famoso comandante guerrillero (…). “Al poco rato, Pombo me entregó una carabina M-2 (mi primera arma) y el equipo de combatiente. (…) Esa noche comenzó mi vida de revolucionario verdadero”. A finales de febrero de 1967 el Guerrillero Heroico subrayaría que Inti era ejemplo en todo tipo de labores, y escribiría de él: “Muy bueno, mantiene el espíritu a pesar de su endeble constitución física, es ejemplo y ha pasado por la doble prueba del sacrificio y el combate a entera satisfacción”. En agosto afirmaría que despuntaba firmemente como un cuadro político y militar. El 8 de octubre de 1967 Inti Peredo fue uno de los cinco guerrilleros supervivientes de la Quebrada del Yuro. Cumpliendo la orden del Che de retirarse, pudo eludir con estos el cerco militar tendido por el ejército y gracias a la protección de una familia campesina salvó su vida. Junto al guerrillero cubano Leonardo Tamayo Núñez (Urbano) pudo eludir la persecución del Ejército y dirigirse a la ciudad de Santa Cruz. Luego, por avión, viajó a Cochabamba, donde tomó contacto con el PCB a través de su suegro, el escritor Jesús Lara, lo que permitió organizar el rescate de los tres guerrilleros restantes. Establecido clandestinamente en su ciudad natal, hizo el juramento de seguir la lucha armada, firmó el manifiesto Volveremos a la montaña y se propuso reorganizar el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Cruzó a Chile e ingresó clandestinamente a Bolivia desde ese país en mayo de 1969. Dos meses después publicó un mensaje que conmocionó a la opinión pública del país y aclaró al pueblo que “los que luchamos junto al Che no aceptamos la rendición”. El 4 de septiembre, un nuevo comunicado dado a conocer cinco días antes de su asesinato a los 31 años precisaba que “el camino es largo y lleno de sacrificios. Estamos dispuestos a entregar nuestra modesta cuota, lo único que tenemos, la vida, para lograr la libertad de Bolivia y América Latina y la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos fe en el triunfo final, porque detrás nuestro avanza pujante un pueblo”. Por una delación, Inti fue detectado en una casa de seguridad en La Paz. En la madrugada del 9 de septiembre de 1969, fuerzas combinadas rodearon la casa donde se refugiaba y abrieron fuego desde todos los ángulos. En el interior Inti se defendió valientemente con un revólver, pero se le encasquilló. Herido y apresado, fue torturado y asesinado ese mismo día hace 57 años. Murió otro héroe, nació un símbolo.

Por Teodoro Rentería Arróyave LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO, GUANAJUATO. Cuando nos llegó de Euronews la nota que a su vez tomó de The New York Post, se nos vino de inmediato a la memoria la frase popular: “Si es broma, malo; sí es verdad, peor”, nos referimos a que el presidente de Estado Unidos, Donald Trump desea que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, sea el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Si esto llega a comprobarse se inscribe en la fea costumbre de los elogios mutuos porque es de recordarse que primero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó a Donald Trump el Primer Premio de la Paz de la FIFA, denominado “El fútbol une al mundo” galardón que reconoce “acciones excepcionales en favor de la paz y la unidad”. El galardón fue entregado el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., en el marco del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante el acto, Infantino elogió los esfuerzos de Trump para promover la paz y la convivencia pacífica a nivel mundial, como es obvio este reconocimiento generó toda clases de controversias y fue objeto de debates y denuncias por parte de organizaciones como FairSquare, quienes cuestionaron el proceso de selección y argumentaron que el premio podría vulnerar la obligación de neutralidad política de la FIFA. En esa misma línea la relación se ha hecho especialmente pública desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y se fortaleció durante el Mundial de 2026, el momento más polémico de esa amistad se produjo durante la fase eliminatoria del torneo, tras la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final por 2-0, el delantero estrella Folarin Balogun fue expulsado tras pisar el tobillo del bosnio Tarik Muharemović mientras disputaban el balón. Balogun recibió una sanción de un partido por el incidente, lo que significaba que se perdería el crucial partido de octavos de final de Estados Unidos contra Bélgica. Después de que Trump llamara por teléfono a Infantino para pedirle que revisara la suspensión de Balogun, la FIFA tomó la sorprendente decisión de suspender la sanción, lo que provocó fuertes críticas en todo el mundo del fútbol y más allá. Algunos miembros del Parlamento Europeo pidieron que se abriera una investigación sobre Infantino tras el incidente, mientras que FairSquare, una organización sin ánimo de lucro dedicada a los derechos humanos presentó una denuncia contra el presidente de la FIFA ante el Comité Olímpico Internacional, alegando que había “incumplido repetidamente las normas del COI sobre neutralidad política al ofrecer su apoyo político” a Trump. Infantino defendió la decisión de suspender la sanción y afirmó que los órganos judiciales de la FIFA son independientes. “Su independencia es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, declaró en un comunicado a principios de este mes. Desde luego no es de sorprenderse que Donald Trump y Gianni Infantino hayan estrechado su relación en los últimos años, pero de ahí a que el magnate Donald Trump esté interesado en que Gianni Infantino, se convierta en el próximo secretario general la ONU, porque según esa información, Trump cree que existe una clara oportunidad para que un candidato alternativo ocupe el cargo y considera a Infantino un posible candidato “respetado”, es un verdadero desatino y desde luego que el concierto de las naciones sin duda los desechará- El proceso para sustituir al actual secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre, ya está en marcha. El candidato elegido necesitaría la aprobación de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Entre otras propuestas, muy respetables están figuras de la talla de Michelle Bachelet de Chile, Rebeca Grynspan de Costa Rica, Rafael Grossi de Argentina, Macky Sall de Senegal, María Fernanda Espinosa de Ecuador y Carolyn Rodrigues-Birkett de Guyana. El proceso se desarrolla de cara al inicio del mandato el 1 de enero de 2027. La frase: “Si es broma, malo; si es verdad, peor» resume perfectamente una situación donde la confianza se ha roto, expresa la frustración de estar ante un comentario hiriente o una situación límite: si resulta ser mentira, demuestra falta de respeto y poca madurez; si resulta ser una verdad incómoda, confirma una realidad dolorosa o una traición.

Alfredo Jiménez Pereyra Si el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción es aprobada por la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia será el acabose del gobierno que preside Rodrigo Paz Pereira, quien transita por su sinuoso laberinto. El domingo, el Senado nacional justificó la abrogación de mencionada ley al considerar que la norma limita la capacidad del Estado para pacificar el país mediante la aplicación de un eventual estado de excepción en contextos de conflictividad. La abrogación de la Ley 1341 no surge en un escenario de normalidad institucional, sino en medio de una profunda crisis económica, política y social que atraviesa actualmente el país. Desde principios de mayo, distintos sectores sociales, que engloban a organizaciones campesinas, juntas vecinales, sindicatos, maestros, transportistas, mineros, universitarios y sectores indígenas, han expresado su malestar con bloqueos de carreteras, marchas y movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional exigiendo la renuncia del presidente Paz Pereira. El descontento de miles de bolivianos, que en la actualidad permanecen en las principales carreteras del país, no es por “puro amor al bloqueo” o por joda, sino es porque están denunciando al mundo entero el deterioro de las condiciones de sus vidas, la escasez, mala calidad de combustibles, el incremento de precios de productos básicos, rechazo a las medidas neoliberales, el peligro de la privatización de las principales empresas estatales, entre muchas cosas. En este contexto, comenzó a reactivarse desde sectores de la ultraderecha, parlamentarios de los partidos políticos de derecha, empresariales, cívicos racistas y medios de comunicación el debate sobre la posibilidad de declarar un estado de excepción para restablecer el “orden público”. Recordemos que el 14 de noviembre de 2019 durante el gobierno de facto de Jeanine Añez ésta promulgó el Decreto Supremo 4078, mediante el cual se dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de “conservación del orden público” y se estableció que el personal militar quedaría “exento de responsabilidad penal” cuando actuaran en “legítima defensa o estado de necesidad” en el proceso de “pacificación”. Al día siguiente de su promulgación, el 15 de noviembre de 2019, se produjo la masacre de Huayllani en Cochabamba; posteriormente, el 19 de noviembre, tuvo lugar la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. Ambos hechos represivos dejaron decenas de personas fallecidas, centenares de heridos y múltiples detenciones arbitrarias, constituyéndose en uno de los episodios más graves de violencia estatal registrados en la historia reciente de Bolivia. Diversos organismos nacionales e internacionales cuestionaron inmediatamente el contenido de esta norma, al considerar que otorgaba cobertura jurídica a la represión estatal al margen de la Constitución Política del Estado y en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos. Ante la presión social y el cuestionamiento de organismos nacionales e internacionales, no le quedó otro camino a la golpista Añez que abrogar el Decreto Supremo 4078, el 28 de noviembre de ese año. En los seis meses de gestión del presidente incaPaz, los bolivianos están sufriendo el incremento desmedido de la canasta familiar, el gobierno quitó la subvención de los hidrocarburos (a cambio importó mediante, contratos no claros, gasolina y diésel de mala calidad que está arruinando miles de motores), el precio de los pasajes terrestres y aéreos se incrementaron, se perdió la estabilización del dólar puesto que ahora rige la cotización del dólar paralelo que es de diez bolivianos, aumentó los impuestos a la pequeña producción agrícola, eliminó los impuestos a las grandes fortunas, dictó leyes que favorece a los sectores más ricos en desmedro de los más necesitados, firmó decretos sin respetar la Constitución Política del Estado, adquirió préstamos financieros con organismos internacionales endeudando más al país, inició una silenciosa privatización de empresas estatales bajo el ruin argumento de que son deficitarias, improvisa ministros y viceministros porque carece de políticos que conozcan las verdaderas necesidades de millones de bolivianos y apoya las intervenciones injerencistas y militares de gobiernos como Estados Unidos e Israel. En este contexto, los miles de bolivianos que dieron su voto a Paz Pereira en las elecciones del octubre pasado, se sienten traicionados por un presidente incaPaz, que lo único sabe repetir es: “tras veinte años de corrupción” -negando los catorce años de pujanza económica y social que tuvo Bolivia en la presidencia de Evo Morales-, Estado tranca- cuando él es quien está poniendo muchas trancas para que cientos de bolivianos no mejoren su calidad de vida-, y Bolivia, Bolivia, Bolivia… -que pretende entregar los recursos naturales a las potencias extranjeras y el pago de un bono de 3.000 bolivianos a la policía para que reprima las protestas sociales que van in crescendo.

Alfredo Jiménez Pereyra El presidente Rodrigo Paz Pereira no se ha dado cuenta hay muchas cosas que no cuadran en los primeros seis meses de su gobierno, porque su gestión no tiene una verdadera dirección que vaya a mejorar la vida de los más desposeídos del país; además, de que su administración atraviesa por una crisis política e institucional que carece de una visión sobre el rumbo al que está llevando al país. La corrupción dentro del aparato estatal, lejos de desaparecer, está presente bajo nuevas formas. En tanto, la justicia no ha dado muestras claras de transformación, no se percibe un cambio estructural en su funcionamiento. El gobierno de Paz Pereira enfrenta un escenario marcado por la desconfianza ciudadana. El dato más relevante de un reciente sondeo nacional de opinión sitúa en 81% el porcentaje de personas que afirma tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas estructurales del país. Se trata del indicador más elevado del estudio y el que define el tono general de la evaluación pública. El contexto en el que se desarrolla esta evaluación está influido por una serie de problemas que han generado cuestionamientos públicos hacia la administración gubernamental. Uno de los más visibles se relaciona con la calidad del combustible distribuido en el país. En distintos departamentos se han reportado denuncias sobre gasolina de bajo rendimiento, lo que ha derivado en fallas mecánicas y afectaciones a miles de motorizados, tanto del transporte público como privado. Conductores, sindicatos del transporte y usuarios han expresado reiteradas quejas por el desempeño del combustible, señalando una disminución en la eficiencia y daños en los vehículos. El Gobierno debe implementar medidas urgentes como ser la transparencia total sobre la situación de importación de combustibles, incluyendo pagos, volúmenes disponibles y previsiones de abastecimiento. Con la finalidad de parar el supuesto sabotaje en el interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el reciente posesionado presidente de la estatal, Sebastián Daroca, afirmó que iniciará un proceso de reestructuración de la petrolera donde se evaluará al personal por lo que se contratará un equipo exterior para un apoyo técnico. Pero el fondo del caso es que el Gobierno lo que busca es deshacerse de trabajadores petroleros que fueron contratados en gestiones pasadas. Además, hacer aparecer  a las empresas estrategias nacionales que atraviesan por “severos cuadros” de déficit para luego privatizarlas. Otro episodio que ha generado repercusión es el denominado caso de las “32 maletas”, que hasta la fecha no encuentra responsables y no se tiene una versión oficial del contenido de las mismas, pese a que extraoficialmente se conoce que habrían ingresado millones de dólares. En el tema legislativo, existe una debilidad del oficialismo por lo que el gobierno se sostiene mediante decretos ante la falta de respaldo en la Asamblea. Por su parte, el Ejecutivo enfrenta una falta de apoyo tanto de sus parlamentarios como de sus aliados, lo que configura una crisis de gobernabilidad. Con relación a las relaciones internacionales, el gobierno de Paz Pereira está desarrollando un acercamiento entre Bolivia y Chile dejando de lado el derecho inclaudicable sobre una salida soberana al océano pacífico. En el marco de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos, la administración de Paz Pereira ha demostrado una total sumisión al gobierno de Donald Trump marcado por la adhesión de ambos países a la iniciativa hemisférica “Escudo de las Américas”, orientada a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en la región. Con el presidente Paz Pereira, Bolivia no tiene un norte claro en política exterior porque tampoco tiene un modelo de desarrollo definido. Estos tipos de errores no solo van a desgastar al actual gobierno, sino que ya han activado situaciones de conflicto con escenarios de protestas, paros indefinidos y bloqueos de camino en un contexto donde la ciudadanía enfrenta el encarecimiento de la canasta familiar y la devaluación del boliviano frente al dólar. El cacareado discurso “Estado Tranca” impulsado por Paz Pereira está dirigido a los estratos más desposeídos del país, porque mediante sus medidas antipopulares impuestas por su gobierno no hacen más que los ciudadanos de la Bolivia profunda estén realmente trancados sin poder hallar una solución económica, social y de desarrollo a sus vidas.

Al Pereyra En su visita a Estados Unidos, poco antes de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira mostró total sumisión ante el mandatario estadounidense, Donald Trump, al haber escrito en redes sociales “Make the Continent Great Again”, (hagamos el continente grande otra vez), una frase muy utilizada por el líder republicano. Paz Pereira acudió a la reunión del “Escudo de las Américas” junto a un grupo de fans del mandamás estadounidense como el presidente argentino Javier Milei; Nayib Bukele de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura de Honduras; Santiago Peña de Paraguay; Rodrigo Chaves de Costa Rica; José Raúl Mulino de Panamá; Luis Abinader de República Dominicana; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Cabe recalcar que todos estos personajes de la política están totalmente alineados con la derecha o la centro derecha regional. En una muestra de independencia y de convicción política claramente establecida no participaron los presidentes de Brasil Lula da Silva, Claudia Sheinbaum de México, Gustavo Petro de Colombia y Yamandú Orsi de Uruguay. En un inédito encuentro organizado en su club de golf en El Doral, Florida (Miami), el mandamás estadounidense pidió a sus fans participen de la creación de una alianza militar para supuestamente combatir a los carteles del narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal. Trump marcó los lineamientos de su política expansionista y puso al narcotráfico como excusa para tener mayor control en los países de América Latina al afirmar que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”. Se trata de una estrategia de seguridad con la que la Casa Blanca busca reforzar su intervención hacia el hemisferio occidental y disputar la hegemonía regional con China. La decisión de avanzar en una coalición militar entre los diferentes países de la región quedó plasmada en una proclamación a la que adhirieron con su firma los líderes presentes al denominado “Escudo de las Américas”. En medio de los aplausos y las celebraciones, el presidente estadounidense, fiel a su estilo arrogante, trató con desprecio a sus aliados. En tono de una supuesta broma aseveró que ellos tienen una ventaja sobre él porque nunca va a aprender su “maldito idioma” (el español). “No tengo tiempo. Me va bien con los idiomas, pero no voy a gastar tiempo aprendiendo su idioma”, manifestó con soberbia y arrogancia. Causa vergüenza ajena que ninguno de los jefes de Estado presentes, ni sus respectivas cancillerías, emitieron alguna declaración sobre el desprecio hacia el idioma español. El encuentro que encabezó Trump tiene otra particularidad y es que vuelve a desconocer ámbitos multilaterales donde podría tratarse la problemática del narcotráfico, como en la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero el mandamás estadounidense avanza en nuevos instrumentos donde se asegura que no participen Brasil, Mexico, Urugay y Colombia, los grandes ausentes del “Escudo de las Americas”. En este marco es que se vio al presidente Rodrigo Paz Pereira arrodillado ante Trump y la Doctrina Monroe, la nueva adaptación de la histórica Doctrina Monroe, que reafirma el dominio absoluto de Estados Unidos en el hemisferio occidental al haber escrito la frase “Make the Continent Great Again”, frase que ni siquiera es de él, lo que demuestra con certeza que no tiene ningún amor, respeto y solidaridad con Bolivia.

RED DE ECONOMÍA POLÍTICA El rico se enseñorea de los pobres; y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7 La DEUDA desde tiempos antiguos, fue siempre un mecanismo para garantizar la sumisión y la dependencia de las naciones y en su caso, de los clientes frente a su acreedor. Hoy no ha cambiado la figura, aunque esta sea descarada y cínica. La deuda externa es uno de los mejores negocios para los acreedores extranjeros. 1.- El gobierno actual en Bolivia que es fruto de un accidente político, de un accidente histórico, ha iniciado una carrera desenfrenada (en sus 3 meses) por adquirir toda la deuda que sea posible para resolver la crisis económica del país, que los empresarios, oligarquías, partidos de derecha y toda la reacción ayudaron a agudizarla en la gestión inoperante del gobierno de Arce Catacora. Se saboteó la economía y se construyó una narrativa mediática catastrófica de “crisis”, de “desastre”, de un Estado en situación “terminal” (D.S.5503) a través de sus medios de comunicación -que son casi la totalidad- que, “para salvar al país de una gestión de 20 años donde no hizo nada” se debe recurrir a los organismos internacionales de crédito a las que siempre reverenciaron, para que “salven a Bolivia”. Es decir, han tenido que montar toda una novela dramática y apocalíptica como la mejor vía para la restauración neoliberal. El gobierno de Arce Catacora, responsable de su propia crisis, no supo lidiar con el acecho empresarial y la propia fractura de su organización política. Esta es la base entonces que está dando pie a la apertura al crédito internacional que siempre postularon y a la supremacía del capital y el rol fundamental de las clases dominantes del país. 2.- La demagogia hecho presidente con Rodrigo Paz, quien alardea en campaña electoral que no recurriría al endeudamiento externo, pues “con solo controlar la corrupción” y “reducir los gastos del Estado Tranca” eran suficientes para resolver la crisis de los carburantes y falta de dólares. Paz prometió repatriar capitales que habían “fugado” del país. Ni pensar siquiera en exigir a sus admirados empresarios exportadores que NO introducen las divisas de sus exportaciones a la economía boliviana desde hace ya buenas décadas; pese a recibir subvenciones en energía, créditos, impuestos y ser producción de la mano de obra boliviana. Esta forma de gobernar, no es un detalle menor, pues Rodrigo Paz prometió en campaña electoral otras medidas que hasta la fecha no cumple; como eso de mostrar un borrador de decreto de perdonazo tributario que lo emitiría el primer día de su gobierno, pero que no cumple. Prometer que no se endeudará al país y que no se recurrirá a la pesada carga de la deuda y los condicionamientos, no es un tema programático menor. Entonces, estamos ante un gobierno embustero. 3.- Rodrigo Paz y su gobierno, ya cuenta con compromisos y desembolsos de cerca de 10.000 M. de $us. (3.100 de la CAF, 4.500 del BID, 100 de JICA, 1.700 créditos de la Asamblea Legislativa). La deuda solo con el BID superará entonces los 9.500 M.de $us. y se menciona que vienen otros (3.000 del BM y 2.000 de FONPLATA). La economía boliviana cerró al 31 de diciembre 2025 con una deuda externa de 14.131,4 M.de $us, lo que representó el 24,6% del PIB que estaría por debajo del umbral (techo) del 40% recomendado. Si el servicio de los 14 mil M. de $us, más los compromisos con los bonos soberanos generan el peligro de default para la gestión 2026 y otros años, podemos deducir del riesgoso e irresponsable compromiso en la adquisición de semejante volumen de deuda. Sólo su dimensión debe arrebatarnos en una coyuntura mundial, donde la deuda es y será uno de los grandes problemas de las economías del mundo que se endeudaron para frenar la pandemia del covid-19. 4.- De donde, este gobierno que se autodefine de centro, es en realidad una de las versiones de la extrema derecha, que está empeñado en endeudar en los meses siguientes, en un volumen igual o superior al asumido en 19 años por el Movimiento al Socialismo (con Evo y Arce). Este dislate no tiene ninguna racionalidad, cuando estos políticos junto a empresarios, medios de comunicación y toda la derecha y extrema derecha echaba gritos al cielo contra la inversión en caminos, hospitales, infraestructura, canchas deportivas, cultura y soberanía nacional. 5.- ¿Pero, para quien son los créditos? La derecha durante los 2 últimos años y en campaña electoral, proclamó que había que achicar el Estado, reducir el gasto, hacer desaparecer la inversión pública, sacar al Estado de los rubros productivos, abandonar del control de los recursos naturales…para que sean los privados quienes asuman el control y dinamicen la economía “con eficiencia” (!) y sacar al “Estado corrupto” (!) del rol protagónico en la economía que fue jugando desde el año 2006. No serán entonces recursos para que maneje el “Estado Tranca”…verdad?. Como Banzer en la década del 70 (1970), buscan transferir dichos créditos a las oligarquías y en especial al agronegocio; favorecerlos como nos mostraron cuando se estrenaron como nuevo gobierno al anular el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el impuesto al juego (lavado de dinero). Se trata de trasladar los recursos del Estado hacia los privados y convertir al Estado mismo en un instrumento del capital. No buscan precisamente el achicamiento o reducción del Estado, debido a que han aprendido que, sin él, el capital tampoco puede funcionar. Están poniendo en venta al país, así de concreto Entonces, la impostura en estos tiempos no pretende ni disimular ni desmentir, tal como lo hace el producto naranja. 6.- Si a esta carga pesada agregamos la deuda interna, se nos complica la respuesta de cómo la gestión gubernamental de Rodrigo Paz podrá cumplir con los servicios -con la sostenibilidad de la deuda- cuando se van preparando para deshacerse de Entel, BOA y seguramente querrán hacerlo con el Mutún, la empresa de alimentos, la planta de Amoniaco y Urea,

Por Jonás Rojas Guzmán  Uno de los más viles ejemplares de la naturaleza, es el demagogo Thomas Macaulay La identificación de candidatos electorales sea de “izquierda”, “derecha” o “extrema derecha”, solo sería papel y humo, si no tuviéramos la posibilidad de medirlos por sus acciones y sus políticas. El 19 de octubre, el campo popular boliviano, tuvo que ejercer un voto chantaje ante la gigantesca campaña de Tuto Quiroga (extrema derecha y/o fascista) que, respaldada por toda la oligarquía en todas sus variantes, los medios privados de comunicación y la millonaria campaña, hacían temer la posibilidad de su triunfo. El sujeto social popular y la población conocedora del banzerismo y el fascismo, no podían con su ausencia (al no contar con candidato propio), dar lugar a que la extrema derecha se haga del gobierno. Así votó por Rodrigo Paz, por uno de los peores programas, con sigla alquilada, con listas incompletas, sin estructura, sin militancia, sin cuerpo y esencia. Aunque parezca paradójico, ese fue un voto pensado. Para las grandes mayorías, no había otra manera de impedir el regreso del banzerismo. Presionaba a amplios sectores populares, el chantaje si no quería ver a Tuto Quiroga como presidente. De ahí que Rodrigo Paz sea un accidente político, un accidente histórico. No podemos negar sin embargo que muchos sectores vieron en el candidato vicepresidencial LARA una identidad de clase, la opción instintiva que hizo ganador al binomio Paz- Lara. Lo evidente del binomio ganador del PDC (Partido Demócrata Cristiano), partido prácticamente inexistente en los últimos 30 años, usado solo para campañas aunque cueste creer como lo fue el año 2020 (por el candidato Chi), el año 2014 (por Tuto Quiroga) y este 2025 (por Paz Pereira), es que programática, discursiva, orgánica y políticamente es de derecha, es neoliberal, es reaccionaria, es antipopular, antiindígena, antinacional, sin contar los lazos con el narcotráfico del padre (Jaime Paz Zamora) debido e internacionalmente conocido y sentenciado. Si alguien tiene duda, por sus obras los conoceremos. El 25 de noviembre, Paz Pereira y su ministro de economía Espinoza (exdirector del BCB de la golpista Añez), en una desabrida conferencia de prensa ante la expectativa del país, anunciaron 4 abrogaciones de impuestos para favorecer a quién?. No a la economía popular que sigue resistiendo el alza de los precios de la canasta familiar, la ausencia de dólares, la incertidumbre y un ensanchamiento de la pobreza. Cuatro (4) impuestos: a las grandes fortunas (IGF), a las transferencias financieras (ITF), al juego (IJ) y a las promociones empresariales (IPE). Ninguno que favorezca a pueblo trabajador, a los campesinos, a los pequeños productores, a los miles y miles de personas que viven de mover la economía nacional. Medidas sin ningún impacto real, distractiva, superflua, demagógica y miserable como el mismo gobierno lo dijo. Dice el ministro Espinoza, que los 4 impuestos no significan ni el 1% de la recaudación fiscal, aunque a reglón seguido afirma que lo más importante para el gobierno actual es contar con más ingresos (!!). No dijo a la población que el 2024 se recaudó por el impuesto a los más ricos (IGF) 168 millones de Bs. cuando el costo anual del Bono Juana Azurduy es de 165.2 millones de Bs.; que los 414 millones que se dejará de percibir por los 4 impuestos representa el 90% del bono Juancito Pinto. El gobierno de Paz Pereira se llena la boca de lucha contra la corrupción, cuando deja libre el antro que es el juego de azar, cueva del ilícito y de las mafias. La oligarquía cruceña, la financiera, Doria Medina, Marinkovic, los Kuljis, los Camacho y los ricos en Bolivia deben estar satisfechos, pues este gobierno los representa, los defiende, los protege. Para ellos y por ellos se quitará esos impuestos. Todo gobierno representa los intereses de unas clases contra otras. El gobierno actual operará en adelante -si su gestión concluye-, en favor de los intereses antinacionales, en favor de los más oscuros intereses de los empresarios. Con estas medidas, el gobierno que renunció desde su inicio a la soberanía, nos dijo, a quienes servirá. No solo que no cumplió su palabra en la campaña electoral de no arrodillarse ante los organismos internacionales a quienes dijo no acudiría. No hubo en las medidas económicas ningún cambio de fondo, ni de la subvención a los carburantes, ni sobre los dólares y menos sobre estabilidad de precios de primera necesidad. Lo que vemos en Rodrigo Paz, es la voluntad servil con los intereses del capital. Exactamente lo contrario de los intereses populares, nacionales, patrióticos y sociales. La restauración neoliberal es su programa de fondo. Que nadie se deje engañar, pues tenemos al frente a un nuevo demagogo que ha hecho de ese estilo su más querido y permanente gesto. Jonás Rojas Guzmán. Red de Economía Política

Por Horacio Villegas Pardo Otro escándalo, similar al de Botrading —o incluso peor—, se da en la construcción de plantas de biodiésel a cargo de YPFB Corporación. Luis Arce presentó este proyecto como una solución estructural a la importación de combustibles, prometiendo la producción interna de biodiesel. En un inicio se anunció la construcción de tres plantas: una en Santa Cruz, otra en El Alto y la última con tecnología HVO —capaz de procesar todo tipo de aceites— en Puerto Suárez. De las tres plantas, con un presupuesto de 387 millones de dólares, sólo se entregó la de Santa Cruz, con capacidad de 1.500 barriles diarios (238.500 litros). La planta de El Alto debía producir lo mismo, pero pese a múltiples anuncios, a un mes y medio de dejar el gobierno, aún no ha sido entregada. Las irregularidades que deben investigarse con urgencia son las siguientes: 1) Sobreprecio en la planta de Santa Cruz Según fuentes de YPFB, la empresa encargada de construir la planta fue la empresa belga Desmet Ballestra, por un valor de 47 millones de dólares (1). Sin embargo, en mayo de 2023 entregó en Paraguay una planta de 30 millones de dólares, con una capacidad de 2.000 barriles diarios (2). La pregunta es inevitable: ¿cómo la misma empresa cobra 17 millones más en Bolivia por una planta de menor capacidad? 2) Contratación directa sin licitación Tras tres licitaciones desiertas, YPFB Corporación delegó la construcción a su subsidiaria YPFB Refinación —bajo la misma modalidad que en el caso Botrading—, la cual no tiene experiencia en fabricación de plantas. Aun así, contrató directamente a la empresa belga para la construcción de las tres plantas, sin licitación pública. Cabe destacar que YPFB Refinación es 99% estatal y 1% privada; al ser sociedad anónima regida por el Código de Comercio, el Estado actúa como socio mayoritario, no como ente de control. 3) Problemas con la materia prima En 2018, YPFB elaboró un estudio para una planta de biodiésel, el cual establecía que, para ser viable, debía producir al menos 500.000 litros diarios con base en aceite de soya. Se requeriría importar metanol para mezclar un 30%, alcanzando un costo de 0,8 dólares por litro (5,60 bolivianos, al tipo de cambio oficial), más caro que el diésel convencional, por lo cual entonces se descartó el proyecto. El bajo rendimiento de la soya en Bolivia (2 T/ha frente a 3–4 T en Paraguay, Argentina y Brasil) compromete el abastecimiento y encarece el producto, especialmente en El Alto por la distancia. Además, el precio del aceite de soya subió en los mercados debido a la alta demanda de la planta, beneficiando principalmente a los grandes productores aceiteros, como la familia Marinkovic. 4) La planta HVO de Puerto Suárez El biodiésel HVO es un diésel sintético caro debido al alto costo de producción, ya que requiere hidrógeno importado. Tampoco se ha informado cuántos barriles o litros producirá por día. La construcción de las tres plantas fue adjudicada directamente a Desmet Ballestra —ingeniería y equipos— por un valor global de 387 millones de dólares. Si las plantas de Santa Cruz y El Alto costaron cada una 47 millones, queda un remanente de 293 millones de dólares que corresponderían a la planta HVO. Es urgente que YPFB informe el estado de ese proyecto. 5) Cobertura mínima de la demanda Bolivia consume alrededor de 7 millones de litros de diésel y 6 millones de gasolina cada día. La planta de Santa Cruz producirá 238.500 litros diarios y la de El Alto otros 238.500, sumando 477.000 litros, equivalentes al 6,8% de la demanda nacional de diésel. Considerando los paros por mantenimiento de las plantas, la cobertura real sería menor, llegando en el mejor de los casos al 6%. Conclusiones El proyecto carecía de sentido económico porque los números nunca cerraron. Las consecuencias son claras: * Sobreprecio de al menos 34 millones de dólares en dos plantas. * La planta HVO sin información sobre costos y producción. * Materia prima escasa por tanto cara aumentando el precio final del litro del biodiesel y con ello la subvención del Estado. * Incremento del precio del aceite de soya para la población. * Beneficio exclusivo para agroindustriales como Marinkovic y para los mismos jerarcas de YPFB, que se enriquecieron aún más. Este es otro caso de desinstitucionalización de YPFB, que favorece intereses de empresas privadas y allana el camino hacia la futura privatización de la empresa estatal más grande del país.

Por Horacio Villegas Pardo Todos los caminos para responder estas preguntas nos llevan a una misma institución: YPFB. El objetivo no es ir en contra de la empresa estatal que generó las condiciones para que Bolivia tuviera los índices de crecimiento económico nunca vistos en su historia hasta el año 2019, sino de quienes la administraron en los últimos 5 años. YPFB es la única institución estatal que, por normativa vigente, puede importar carburantes al país para su posterior comercialización en el mercado interno. Para realizar dicha importación, YPFB contrata a unos intermediarios, a los que se denomina “traders”, bajo unos reglamentos de contratación establecidos por la empresa. Dichos reglamentos definen cómo se llevará a cabo la contratación del intermediario, es decir, el marco legal para realizar dicho servicio. A finales del año 2021, el directorio de YPFB modificó estos reglamentos de contratación sin justificación alguna, y al año siguiente los modificó dos veces más. Antes de estos cambios, los reglamentos establecían que, para la compra de carburantes, debía llamarse a una licitación pública para seleccionar a los intermediarios/traders. Estos debían presentar sus propuestas en función de unos precios referenciales que imponía la estatal boliviana; por tanto, los traders debían ajustarse al presupuesto de YPFB, quien siempre adjudicaba al que tenía el precio más bajo. Luego, se firmaban, una vez seleccionado el trader, contratos anuales con precios establecidos para el abastecimiento interno, lo que generaba una previsión de cuánto YPFB gastaría en la compra de carburantes. Con las modificaciones a los reglamentos de contratación, todo cambió: las licitaciones públicas dieron paso a las convocatorias directas, YPFB dejó de dictaminar los precios referenciales, que dejaron de existir, y los contratos anuales se anularon para firmarse contratos spot (contratos de corta duración) por una cantidad de carburantes que solicita YPFB, pero cuyo precio es determinado por el intermediario, quien aumentó el premio (ganancia + costos logísticos) que recibe. Todo esto trajo como consecuencia que el costo de la importación subiera de manera exponencial. A esto debemos sumar que los volúmenes de importación de los últimos 4 años se incrementaron sin tener un estudio técnico por parte de la estatal, lo que no corresponde al aumento real de la demanda, como lo demuestra el informe de transparencia de YPFB del año 2023 (1). Los datos del INE nos indican que el costo de la importación, es decir, lo que YPFB paga al intermediario por la importación de carburantes, desde el año 2010 hasta el año 2019, es decir, en 10 años, fue de 9.800 millones de dólares. En cambio, para los años 2021 a 2024, YPFB compró un monto de 10.100 millones de dólares, como se aprecia en el gráfico. Es decir, que en 10 años se gastó menos que en los últimos 4 años (2). Sin embargo, esto no es todo, porque a pesar de que se gasta más, las filas en las gasolineras siguen presentes, y la situación empeora este 2025. Esta situación, obviamente, tuvo su correlato en las finanzas bolivianas, específicamente en lo que se refiere a las reservas internacionales. En una primera instancia, tuvieron que gastarse todos los dólares disponibles para hacer frente a la importación de carburantes, y luego se pasó a la venta de la mitad de las reservas de oro que teníamos como país, de 44 a 22 toneladas. Como la normativa no permite la venta de la otra mitad de nuestras reservas en oro, el Banco Central tuvo que comprar oro del mercado interno a las cooperativistas por un precio superior al tipo de cambio establecido oficialmente, para lo cual tuvo que imprimir 28.423 millones de bolivianos, es decir, un aumento del 55% en la emisión monetaria durante los últimos 4 años. Este monto exorbitante, obviamente, causó inflación en los mercados y una presión cambiaria que llevó al dólar a situarse por encima de los 14 bolivianos en el mercado paralelo. Lo que debe investigarse de manera urgente son los responsables de estos cambios en los reglamentos de contratación y los gerentes que los propusieron, ya que el Estado entró en esta debacle económica justamente por el descalabro ocasionado por YPFB. Esto permitió que se constituyeran empresas como Botrading, que nada han hecho por importar combustibles a precios más bajos que los intermediarios más conocidos, como Vitol y Trafigura. Por el contrario, han abierto una caja de Pandora que nos muestra serios indicios de corrupción con sobreprecios escandalosos en la compra de carburantes. Este contexto abrió la puerta para discursos y propuestas por parte de los candidatos de la derecha que quieren privatizar YPFB, lo cual siempre ha sido un objetivo del capital transnacional. El problema no es la institución como tal, sino de quienes la administran. Por tanto, querer vender la empresa estatal o abrirla a capitales extranjeros —que es lo mismo— traerá consigo serias complicaciones para la economía nacional y el mercado interno, debido a un menor excedente económico, un levantamiento de los subsidios a los carburantes, gas domiciliario y electricidad, lo que incrementará los costos de producción de las MyPes, la industria nacional y los transportistas, elevando los precios finales de los productos que la población pagará. Por ello, lo que debe hacerse es una reestructuración de YPFB y crear mecanismos de control rigurosos por parte de la Contraloría en los procesos de contratación. Las siguientes preguntas deben responderse: ¿el capital privado podrá traer combustibles para su comercialización? ¿Por qué YPFB no compra de manera directa a las refinerías productoras de gasolina y diésel en el mundo? En una próxima oportunidad, analizaremos tales cuestiones. (1) Informe del 10 de marzo de 2023. (2) No se toma en cuenta la deuda que se tiene con Trafigura y Vitol, que asciende a comienzos del año 2025 a 600 millones de dólares.

*Sergio de la Zerda A veces, lo más doloroso no es que nos roben… sino que nos roben a plena luz del día y nos quieran convencer de que no ha pasado nada. Así vivimos en estos últimos cuatro años: bajo un cerco mediático que recuerda al de 2019, donde ni quienes seguimos de cerca las noticias llegamos a dimensionar el tamaño del atraco que sufrió Bolivia. Esa fue mi primera impresión al leer “Yo vi el robo de mi país. Corrupción reservada y traiciones evidentes en el gobierno de Luis Arce Catacora”, el primer y valiente libro de Héctor Arce Rodríguez —abogado, politólogo e ingeniero agrónomo cochabambino—, hoy diputado nacional y, sobre todo, servidor público en el sentido más puro de las palabras. Pongo un ejemplo fresco: el escándalo internacional que estalló hace apenas unos meses fue denunciado por Héctor más de un año antes, y silenciado por una prensa que muchas veces parece trabajar para la pauta estatal y no para la ciudadanía. En mayo de 2024, nuestro diputado, con papeles en mano y en el mismo lugar de los hechos, destapó que un hijito del presidente, de 24 años y sin patrimonio conocido, había sido premiado con un crédito bancario de 3,3 millones de dólares para comprar —a precio ilegalmente reducido y sin pagar impuestos debidos— más de dos mil hectáreas de tierras forestales en Santa Cruz. En esos predios, reconvertidos a uso agrícola con inédita rapidez y hasta con quemas ilegales, encontró vehículos de empresas públicas y un puente nuevo construido por el régimen como si fuera un regalo de cumpleaños. En cualquier otra nación, esto hubiera terminado con la inmediata renuncia del presidente. Aquí, fue tratado como una simple anécdota por medios que, según la propia investigación de Héctor, recibieron hasta 79 millones de bolivianos en contratos propagandísticos para una sola familia de “periodistas”. Sólo cuando un consorcio internacional de reporteros de cinco países retomó la investigación, el caso obtuvo la atención que merecía. Y este es apenas un eslabón de una cadena interminable de podredumbre que convirtió a este gobierno en el más corrupto de nuestra historia democrática, superando incluso a varias dictaduras. Desde 2021, la bautizada como Casa Grande del Pueblo dejó de ser casa y de ser del pueblo: se volvió guarida de malhechores. Y Héctor ya nos lo había mostrado. En 2022, reveló el escándalo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): una coima grotesca de 19 millones de bolivianos de una empresa china para un tramo carretero entre Sucre y Yamparáez. Ni siquiera ocultaron las bolsas de dinero. Luego, con cinismo, dijeron que era un “pago adelantado devuelto”. Un testigo protegido, cuya identidad fue revelada por ministros, apareció muerto… y el caso terminó como tantos: impunidad. El libro documenta 63 casos de corrupción en áreas clave del Estado: falsificación de documentos y contratos amañados en el Ministerio de Medio Ambiente, pasajes aéreos comprados para familiares en la Autoridad de la Madre Tierra, puertos que nunca existieron en la Administración de Servicios Portuarios, manipulación hasta con el hambre de la gente en la empresa de alimentos EMAPA para favorecer a “los hijos del patrón”. Y todos, absolutamente todos, terminan con la misma triste historia: los culpables se van a casa… pero con la casa y los bolsillos más grandes y más llenos que antes. Sin embargo, la obra no es solo una crónica de horrores, sino un testimonio de que todavía hay servidores públicos que honran el juramento. Héctor es uno de ellos. Ha demostrado que la decencia es una forma de resistencia. Lo decía otro diputado insigne, aguerrido y socialista: “No hay revolución sin ética, ni ética sin sacrificio”. Su nombre era Marcelo Quiroga Santa Cruz y fue asesinado hace 45 años. La buena noticia es que en nuestros días no todos fuimos ciegos o parcialmente ciegos. Hubo alguien que vio el robo, lo investigó y lo denunció, cumpliendo a rajatabla su deber. Es Héctor Arce Rodríguez, un referente que personaliza los más altos valores del proceso de cambio. Y no lo es por haber logrado tres títulos profesionales en Agronomía, Derecho y Ciencias Políticas. Tampoco porque obtuvo una maestría y tres diplomados. Ni siquiera por haber sido una excepcional autoridad de su municipio ni de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Lo es porque comprendió y encarnó algo muy simple: la plata del pueblo es sagrada.  ¿Cómo no hacerlo si proviene de las entrañas del mundo quechua en el que se acuñó la trilogía moral del ama sua, ama llulla, ama qhella? ¿Cómo no hacerlo si cuando chico comer fideo con huevo a cambio de arar la tierra era un lujo casi tan elevado como la posibilidad de estudiar? ¿Cómo no hacerlo si, como tantos compatriotas, tuvo la dignidad de ser albañil cuando migró temporalmente? ¿Cómo no hacerlo si sufrió en su propio rostro la discriminación de quienes creen que el Estado debe servir a unos cuántos privilegiados y no a las mayorías? En el inicio de esta su primera obra, recordando su niñez en los fértiles pero trabajosos campos del Omereque de la entonces olvidada Bolivia profunda, Héctor expresa una frase: “Algún día seré grande”. Pues bien, querido hermano, sin la menor lisonja y con genuina admiración personal, yo te ratifico que ese día llegó hace tiempo. Lo hizo porque, como dice el poeta alemán Bertolt Brecht que asimismo citas en este tu obra, los hombres que luchan son los imprescindibles. Y lo son más cuando esas gestas son contra toda la adversidad, cuando ponen en empeño su propia vida por la defensa de principios de bienestar colectivo. Gracias, Héctor, por mostrarnos el vertiginoso abismo del robo a nuestro país. Por ser un buen hermano y discípulo de ese otro enorme e inolvidable luchador, el compañero Evo Morales Ayma. Gracias por mostrarnos con el ejemplo que el proceso de cambio es de todos y que debemos cuidarlo tan celosamente como tú. ____ *Comunicador y asambleísta departamental por Cochabamba.