Opinión 3

Al Pereyra En su visita a Estados Unidos, poco antes de su participación en la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira mostró total sumisión ante el mandatario estadounidense, Donald Trump, al haber escrito en redes sociales “Make the Continent Great Again”, (hagamos el continente grande otra vez), una frase muy utilizada por el líder republicano. Paz Pereira acudió a la reunión del “Escudo de las Américas” junto a un grupo de fans del mandamás estadounidense como el presidente argentino Javier Milei; Nayib Bukele de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura de Honduras; Santiago Peña de Paraguay; Rodrigo Chaves de Costa Rica; José Raúl Mulino de Panamá; Luis Abinader de República Dominicana; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. Cabe recalcar que todos estos personajes de la política están totalmente alineados con la derecha o la centro derecha regional. En una muestra de independencia y de convicción política claramente establecida no participaron los presidentes de Brasil Lula da Silva, Claudia Sheinbaum de México, Gustavo Petro de Colombia y Yamandú Orsi de Uruguay. En un inédito encuentro organizado en su club de golf en El Doral, Florida (Miami), el mandamás estadounidense pidió a sus fans participen de la creación de una alianza militar para supuestamente combatir a los carteles del narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal. Trump marcó los lineamientos de su política expansionista y puso al narcotráfico como excusa para tener mayor control en los países de América Latina al afirmar que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”. Se trata de una estrategia de seguridad con la que la Casa Blanca busca reforzar su intervención hacia el hemisferio occidental y disputar la hegemonía regional con China. La decisión de avanzar en una coalición militar entre los diferentes países de la región quedó plasmada en una proclamación a la que adhirieron con su firma los líderes presentes al denominado “Escudo de las Américas”. En medio de los aplausos y las celebraciones, el presidente estadounidense, fiel a su estilo arrogante, trató con desprecio a sus aliados. En tono de una supuesta broma aseveró que ellos tienen una ventaja sobre él porque nunca va a aprender su “maldito idioma” (el español). “No tengo tiempo. Me va bien con los idiomas, pero no voy a gastar tiempo aprendiendo su idioma”, manifestó con soberbia y arrogancia. Causa vergüenza ajena que ninguno de los jefes de Estado presentes, ni sus respectivas cancillerías, emitieron alguna declaración sobre el desprecio hacia el idioma español. El encuentro que encabezó Trump tiene otra particularidad y es que vuelve a desconocer ámbitos multilaterales donde podría tratarse la problemática del narcotráfico, como en la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero el mandamás estadounidense avanza en nuevos instrumentos donde se asegura que no participen Brasil, Mexico, Urugay y Colombia, los grandes ausentes del “Escudo de las Americas”. En este marco es que se vio al presidente Rodrigo Paz Pereira arrodillado ante Trump y la Doctrina Monroe, la nueva adaptación de la histórica Doctrina Monroe, que reafirma el dominio absoluto de Estados Unidos en el hemisferio occidental al haber escrito la frase “Make the Continent Great Again”, frase que ni siquiera es de él, lo que demuestra con certeza que no tiene ningún amor, respeto y solidaridad con Bolivia.

RED DE ECONOMÍA POLÍTICA El rico se enseñorea de los pobres; y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7 La DEUDA desde tiempos antiguos, fue siempre un mecanismo para garantizar la sumisión y la dependencia de las naciones y en su caso, de los clientes frente a su acreedor. Hoy no ha cambiado la figura, aunque esta sea descarada y cínica. La deuda externa es uno de los mejores negocios para los acreedores extranjeros. 1.- El gobierno actual en Bolivia que es fruto de un accidente político, de un accidente histórico, ha iniciado una carrera desenfrenada (en sus 3 meses) por adquirir toda la deuda que sea posible para resolver la crisis económica del país, que los empresarios, oligarquías, partidos de derecha y toda la reacción ayudaron a agudizarla en la gestión inoperante del gobierno de Arce Catacora. Se saboteó la economía y se construyó una narrativa mediática catastrófica de “crisis”, de “desastre”, de un Estado en situación “terminal” (D.S.5503) a través de sus medios de comunicación -que son casi la totalidad- que, “para salvar al país de una gestión de 20 años donde no hizo nada” se debe recurrir a los organismos internacionales de crédito a las que siempre reverenciaron, para que “salven a Bolivia”. Es decir, han tenido que montar toda una novela dramática y apocalíptica como la mejor vía para la restauración neoliberal. El gobierno de Arce Catacora, responsable de su propia crisis, no supo lidiar con el acecho empresarial y la propia fractura de su organización política. Esta es la base entonces que está dando pie a la apertura al crédito internacional que siempre postularon y a la supremacía del capital y el rol fundamental de las clases dominantes del país. 2.- La demagogia hecho presidente con Rodrigo Paz, quien alardea en campaña electoral que no recurriría al endeudamiento externo, pues “con solo controlar la corrupción” y “reducir los gastos del Estado Tranca” eran suficientes para resolver la crisis de los carburantes y falta de dólares. Paz prometió repatriar capitales que habían “fugado” del país. Ni pensar siquiera en exigir a sus admirados empresarios exportadores que NO introducen las divisas de sus exportaciones a la economía boliviana desde hace ya buenas décadas; pese a recibir subvenciones en energía, créditos, impuestos y ser producción de la mano de obra boliviana. Esta forma de gobernar, no es un detalle menor, pues Rodrigo Paz prometió en campaña electoral otras medidas que hasta la fecha no cumple; como eso de mostrar un borrador de decreto de perdonazo tributario que lo emitiría el primer día de su gobierno, pero que no cumple. Prometer que no se endeudará al país y que no se recurrirá a la pesada carga de la deuda y los condicionamientos, no es un tema programático menor. Entonces, estamos ante un gobierno embustero. 3.- Rodrigo Paz y su gobierno, ya cuenta con compromisos y desembolsos de cerca de 10.000 M. de $us. (3.100 de la CAF, 4.500 del BID, 100 de JICA, 1.700 créditos de la Asamblea Legislativa). La deuda solo con el BID superará entonces los 9.500 M.de $us. y se menciona que vienen otros (3.000 del BM y 2.000 de FONPLATA). La economía boliviana cerró al 31 de diciembre 2025 con una deuda externa de 14.131,4 M.de $us, lo que representó el 24,6% del PIB que estaría por debajo del umbral (techo) del 40% recomendado. Si el servicio de los 14 mil M. de $us, más los compromisos con los bonos soberanos generan el peligro de default para la gestión 2026 y otros años, podemos deducir del riesgoso e irresponsable compromiso en la adquisición de semejante volumen de deuda. Sólo su dimensión debe arrebatarnos en una coyuntura mundial, donde la deuda es y será uno de los grandes problemas de las economías del mundo que se endeudaron para frenar la pandemia del covid-19. 4.- De donde, este gobierno que se autodefine de centro, es en realidad una de las versiones de la extrema derecha, que está empeñado en endeudar en los meses siguientes, en un volumen igual o superior al asumido en 19 años por el Movimiento al Socialismo (con Evo y Arce). Este dislate no tiene ninguna racionalidad, cuando estos políticos junto a empresarios, medios de comunicación y toda la derecha y extrema derecha echaba gritos al cielo contra la inversión en caminos, hospitales, infraestructura, canchas deportivas, cultura y soberanía nacional. 5.- ¿Pero, para quien son los créditos? La derecha durante los 2 últimos años y en campaña electoral, proclamó que había que achicar el Estado, reducir el gasto, hacer desaparecer la inversión pública, sacar al Estado de los rubros productivos, abandonar del control de los recursos naturales…para que sean los privados quienes asuman el control y dinamicen la economía “con eficiencia” (!) y sacar al “Estado corrupto” (!) del rol protagónico en la economía que fue jugando desde el año 2006. No serán entonces recursos para que maneje el “Estado Tranca”…verdad?. Como Banzer en la década del 70 (1970), buscan transferir dichos créditos a las oligarquías y en especial al agronegocio; favorecerlos como nos mostraron cuando se estrenaron como nuevo gobierno al anular el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el impuesto al juego (lavado de dinero). Se trata de trasladar los recursos del Estado hacia los privados y convertir al Estado mismo en un instrumento del capital. No buscan precisamente el achicamiento o reducción del Estado, debido a que han aprendido que, sin él, el capital tampoco puede funcionar. Están poniendo en venta al país, así de concreto Entonces, la impostura en estos tiempos no pretende ni disimular ni desmentir, tal como lo hace el producto naranja. 6.- Si a esta carga pesada agregamos la deuda interna, se nos complica la respuesta de cómo la gestión gubernamental de Rodrigo Paz podrá cumplir con los servicios -con la sostenibilidad de la deuda- cuando se van preparando para deshacerse de Entel, BOA y seguramente querrán hacerlo con el Mutún, la empresa de alimentos, la planta de Amoniaco y Urea,

Por Jonás Rojas Guzmán  Uno de los más viles ejemplares de la naturaleza, es el demagogo Thomas Macaulay La identificación de candidatos electorales sea de “izquierda”, “derecha” o “extrema derecha”, solo sería papel y humo, si no tuviéramos la posibilidad de medirlos por sus acciones y sus políticas. El 19 de octubre, el campo popular boliviano, tuvo que ejercer un voto chantaje ante la gigantesca campaña de Tuto Quiroga (extrema derecha y/o fascista) que, respaldada por toda la oligarquía en todas sus variantes, los medios privados de comunicación y la millonaria campaña, hacían temer la posibilidad de su triunfo. El sujeto social popular y la población conocedora del banzerismo y el fascismo, no podían con su ausencia (al no contar con candidato propio), dar lugar a que la extrema derecha se haga del gobierno. Así votó por Rodrigo Paz, por uno de los peores programas, con sigla alquilada, con listas incompletas, sin estructura, sin militancia, sin cuerpo y esencia. Aunque parezca paradójico, ese fue un voto pensado. Para las grandes mayorías, no había otra manera de impedir el regreso del banzerismo. Presionaba a amplios sectores populares, el chantaje si no quería ver a Tuto Quiroga como presidente. De ahí que Rodrigo Paz sea un accidente político, un accidente histórico. No podemos negar sin embargo que muchos sectores vieron en el candidato vicepresidencial LARA una identidad de clase, la opción instintiva que hizo ganador al binomio Paz- Lara. Lo evidente del binomio ganador del PDC (Partido Demócrata Cristiano), partido prácticamente inexistente en los últimos 30 años, usado solo para campañas aunque cueste creer como lo fue el año 2020 (por el candidato Chi), el año 2014 (por Tuto Quiroga) y este 2025 (por Paz Pereira), es que programática, discursiva, orgánica y políticamente es de derecha, es neoliberal, es reaccionaria, es antipopular, antiindígena, antinacional, sin contar los lazos con el narcotráfico del padre (Jaime Paz Zamora) debido e internacionalmente conocido y sentenciado. Si alguien tiene duda, por sus obras los conoceremos. El 25 de noviembre, Paz Pereira y su ministro de economía Espinoza (exdirector del BCB de la golpista Añez), en una desabrida conferencia de prensa ante la expectativa del país, anunciaron 4 abrogaciones de impuestos para favorecer a quién?. No a la economía popular que sigue resistiendo el alza de los precios de la canasta familiar, la ausencia de dólares, la incertidumbre y un ensanchamiento de la pobreza. Cuatro (4) impuestos: a las grandes fortunas (IGF), a las transferencias financieras (ITF), al juego (IJ) y a las promociones empresariales (IPE). Ninguno que favorezca a pueblo trabajador, a los campesinos, a los pequeños productores, a los miles y miles de personas que viven de mover la economía nacional. Medidas sin ningún impacto real, distractiva, superflua, demagógica y miserable como el mismo gobierno lo dijo. Dice el ministro Espinoza, que los 4 impuestos no significan ni el 1% de la recaudación fiscal, aunque a reglón seguido afirma que lo más importante para el gobierno actual es contar con más ingresos (!!). No dijo a la población que el 2024 se recaudó por el impuesto a los más ricos (IGF) 168 millones de Bs. cuando el costo anual del Bono Juana Azurduy es de 165.2 millones de Bs.; que los 414 millones que se dejará de percibir por los 4 impuestos representa el 90% del bono Juancito Pinto. El gobierno de Paz Pereira se llena la boca de lucha contra la corrupción, cuando deja libre el antro que es el juego de azar, cueva del ilícito y de las mafias. La oligarquía cruceña, la financiera, Doria Medina, Marinkovic, los Kuljis, los Camacho y los ricos en Bolivia deben estar satisfechos, pues este gobierno los representa, los defiende, los protege. Para ellos y por ellos se quitará esos impuestos. Todo gobierno representa los intereses de unas clases contra otras. El gobierno actual operará en adelante -si su gestión concluye-, en favor de los intereses antinacionales, en favor de los más oscuros intereses de los empresarios. Con estas medidas, el gobierno que renunció desde su inicio a la soberanía, nos dijo, a quienes servirá. No solo que no cumplió su palabra en la campaña electoral de no arrodillarse ante los organismos internacionales a quienes dijo no acudiría. No hubo en las medidas económicas ningún cambio de fondo, ni de la subvención a los carburantes, ni sobre los dólares y menos sobre estabilidad de precios de primera necesidad. Lo que vemos en Rodrigo Paz, es la voluntad servil con los intereses del capital. Exactamente lo contrario de los intereses populares, nacionales, patrióticos y sociales. La restauración neoliberal es su programa de fondo. Que nadie se deje engañar, pues tenemos al frente a un nuevo demagogo que ha hecho de ese estilo su más querido y permanente gesto. Jonás Rojas Guzmán. Red de Economía Política

Por Horacio Villegas Pardo Otro escándalo, similar al de Botrading —o incluso peor—, se da en la construcción de plantas de biodiésel a cargo de YPFB Corporación. Luis Arce presentó este proyecto como una solución estructural a la importación de combustibles, prometiendo la producción interna de biodiesel. En un inicio se anunció la construcción de tres plantas: una en Santa Cruz, otra en El Alto y la última con tecnología HVO —capaz de procesar todo tipo de aceites— en Puerto Suárez. De las tres plantas, con un presupuesto de 387 millones de dólares, sólo se entregó la de Santa Cruz, con capacidad de 1.500 barriles diarios (238.500 litros). La planta de El Alto debía producir lo mismo, pero pese a múltiples anuncios, a un mes y medio de dejar el gobierno, aún no ha sido entregada. Las irregularidades que deben investigarse con urgencia son las siguientes: 1) Sobreprecio en la planta de Santa Cruz Según fuentes de YPFB, la empresa encargada de construir la planta fue la empresa belga Desmet Ballestra, por un valor de 47 millones de dólares (1). Sin embargo, en mayo de 2023 entregó en Paraguay una planta de 30 millones de dólares, con una capacidad de 2.000 barriles diarios (2). La pregunta es inevitable: ¿cómo la misma empresa cobra 17 millones más en Bolivia por una planta de menor capacidad? 2) Contratación directa sin licitación Tras tres licitaciones desiertas, YPFB Corporación delegó la construcción a su subsidiaria YPFB Refinación —bajo la misma modalidad que en el caso Botrading—, la cual no tiene experiencia en fabricación de plantas. Aun así, contrató directamente a la empresa belga para la construcción de las tres plantas, sin licitación pública. Cabe destacar que YPFB Refinación es 99% estatal y 1% privada; al ser sociedad anónima regida por el Código de Comercio, el Estado actúa como socio mayoritario, no como ente de control. 3) Problemas con la materia prima En 2018, YPFB elaboró un estudio para una planta de biodiésel, el cual establecía que, para ser viable, debía producir al menos 500.000 litros diarios con base en aceite de soya. Se requeriría importar metanol para mezclar un 30%, alcanzando un costo de 0,8 dólares por litro (5,60 bolivianos, al tipo de cambio oficial), más caro que el diésel convencional, por lo cual entonces se descartó el proyecto. El bajo rendimiento de la soya en Bolivia (2 T/ha frente a 3–4 T en Paraguay, Argentina y Brasil) compromete el abastecimiento y encarece el producto, especialmente en El Alto por la distancia. Además, el precio del aceite de soya subió en los mercados debido a la alta demanda de la planta, beneficiando principalmente a los grandes productores aceiteros, como la familia Marinkovic. 4) La planta HVO de Puerto Suárez El biodiésel HVO es un diésel sintético caro debido al alto costo de producción, ya que requiere hidrógeno importado. Tampoco se ha informado cuántos barriles o litros producirá por día. La construcción de las tres plantas fue adjudicada directamente a Desmet Ballestra —ingeniería y equipos— por un valor global de 387 millones de dólares. Si las plantas de Santa Cruz y El Alto costaron cada una 47 millones, queda un remanente de 293 millones de dólares que corresponderían a la planta HVO. Es urgente que YPFB informe el estado de ese proyecto. 5) Cobertura mínima de la demanda Bolivia consume alrededor de 7 millones de litros de diésel y 6 millones de gasolina cada día. La planta de Santa Cruz producirá 238.500 litros diarios y la de El Alto otros 238.500, sumando 477.000 litros, equivalentes al 6,8% de la demanda nacional de diésel. Considerando los paros por mantenimiento de las plantas, la cobertura real sería menor, llegando en el mejor de los casos al 6%. Conclusiones El proyecto carecía de sentido económico porque los números nunca cerraron. Las consecuencias son claras: * Sobreprecio de al menos 34 millones de dólares en dos plantas. * La planta HVO sin información sobre costos y producción. * Materia prima escasa por tanto cara aumentando el precio final del litro del biodiesel y con ello la subvención del Estado. * Incremento del precio del aceite de soya para la población. * Beneficio exclusivo para agroindustriales como Marinkovic y para los mismos jerarcas de YPFB, que se enriquecieron aún más. Este es otro caso de desinstitucionalización de YPFB, que favorece intereses de empresas privadas y allana el camino hacia la futura privatización de la empresa estatal más grande del país.

Por Horacio Villegas Pardo Todos los caminos para responder estas preguntas nos llevan a una misma institución: YPFB. El objetivo no es ir en contra de la empresa estatal que generó las condiciones para que Bolivia tuviera los índices de crecimiento económico nunca vistos en su historia hasta el año 2019, sino de quienes la administraron en los últimos 5 años. YPFB es la única institución estatal que, por normativa vigente, puede importar carburantes al país para su posterior comercialización en el mercado interno. Para realizar dicha importación, YPFB contrata a unos intermediarios, a los que se denomina “traders”, bajo unos reglamentos de contratación establecidos por la empresa. Dichos reglamentos definen cómo se llevará a cabo la contratación del intermediario, es decir, el marco legal para realizar dicho servicio. A finales del año 2021, el directorio de YPFB modificó estos reglamentos de contratación sin justificación alguna, y al año siguiente los modificó dos veces más. Antes de estos cambios, los reglamentos establecían que, para la compra de carburantes, debía llamarse a una licitación pública para seleccionar a los intermediarios/traders. Estos debían presentar sus propuestas en función de unos precios referenciales que imponía la estatal boliviana; por tanto, los traders debían ajustarse al presupuesto de YPFB, quien siempre adjudicaba al que tenía el precio más bajo. Luego, se firmaban, una vez seleccionado el trader, contratos anuales con precios establecidos para el abastecimiento interno, lo que generaba una previsión de cuánto YPFB gastaría en la compra de carburantes. Con las modificaciones a los reglamentos de contratación, todo cambió: las licitaciones públicas dieron paso a las convocatorias directas, YPFB dejó de dictaminar los precios referenciales, que dejaron de existir, y los contratos anuales se anularon para firmarse contratos spot (contratos de corta duración) por una cantidad de carburantes que solicita YPFB, pero cuyo precio es determinado por el intermediario, quien aumentó el premio (ganancia + costos logísticos) que recibe. Todo esto trajo como consecuencia que el costo de la importación subiera de manera exponencial. A esto debemos sumar que los volúmenes de importación de los últimos 4 años se incrementaron sin tener un estudio técnico por parte de la estatal, lo que no corresponde al aumento real de la demanda, como lo demuestra el informe de transparencia de YPFB del año 2023 (1). Los datos del INE nos indican que el costo de la importación, es decir, lo que YPFB paga al intermediario por la importación de carburantes, desde el año 2010 hasta el año 2019, es decir, en 10 años, fue de 9.800 millones de dólares. En cambio, para los años 2021 a 2024, YPFB compró un monto de 10.100 millones de dólares, como se aprecia en el gráfico. Es decir, que en 10 años se gastó menos que en los últimos 4 años (2). Sin embargo, esto no es todo, porque a pesar de que se gasta más, las filas en las gasolineras siguen presentes, y la situación empeora este 2025. Esta situación, obviamente, tuvo su correlato en las finanzas bolivianas, específicamente en lo que se refiere a las reservas internacionales. En una primera instancia, tuvieron que gastarse todos los dólares disponibles para hacer frente a la importación de carburantes, y luego se pasó a la venta de la mitad de las reservas de oro que teníamos como país, de 44 a 22 toneladas. Como la normativa no permite la venta de la otra mitad de nuestras reservas en oro, el Banco Central tuvo que comprar oro del mercado interno a las cooperativistas por un precio superior al tipo de cambio establecido oficialmente, para lo cual tuvo que imprimir 28.423 millones de bolivianos, es decir, un aumento del 55% en la emisión monetaria durante los últimos 4 años. Este monto exorbitante, obviamente, causó inflación en los mercados y una presión cambiaria que llevó al dólar a situarse por encima de los 14 bolivianos en el mercado paralelo. Lo que debe investigarse de manera urgente son los responsables de estos cambios en los reglamentos de contratación y los gerentes que los propusieron, ya que el Estado entró en esta debacle económica justamente por el descalabro ocasionado por YPFB. Esto permitió que se constituyeran empresas como Botrading, que nada han hecho por importar combustibles a precios más bajos que los intermediarios más conocidos, como Vitol y Trafigura. Por el contrario, han abierto una caja de Pandora que nos muestra serios indicios de corrupción con sobreprecios escandalosos en la compra de carburantes. Este contexto abrió la puerta para discursos y propuestas por parte de los candidatos de la derecha que quieren privatizar YPFB, lo cual siempre ha sido un objetivo del capital transnacional. El problema no es la institución como tal, sino de quienes la administran. Por tanto, querer vender la empresa estatal o abrirla a capitales extranjeros —que es lo mismo— traerá consigo serias complicaciones para la economía nacional y el mercado interno, debido a un menor excedente económico, un levantamiento de los subsidios a los carburantes, gas domiciliario y electricidad, lo que incrementará los costos de producción de las MyPes, la industria nacional y los transportistas, elevando los precios finales de los productos que la población pagará. Por ello, lo que debe hacerse es una reestructuración de YPFB y crear mecanismos de control rigurosos por parte de la Contraloría en los procesos de contratación. Las siguientes preguntas deben responderse: ¿el capital privado podrá traer combustibles para su comercialización? ¿Por qué YPFB no compra de manera directa a las refinerías productoras de gasolina y diésel en el mundo? En una próxima oportunidad, analizaremos tales cuestiones. (1) Informe del 10 de marzo de 2023. (2) No se toma en cuenta la deuda que se tiene con Trafigura y Vitol, que asciende a comienzos del año 2025 a 600 millones de dólares.

*Sergio de la Zerda A veces, lo más doloroso no es que nos roben… sino que nos roben a plena luz del día y nos quieran convencer de que no ha pasado nada. Así vivimos en estos últimos cuatro años: bajo un cerco mediático que recuerda al de 2019, donde ni quienes seguimos de cerca las noticias llegamos a dimensionar el tamaño del atraco que sufrió Bolivia. Esa fue mi primera impresión al leer “Yo vi el robo de mi país. Corrupción reservada y traiciones evidentes en el gobierno de Luis Arce Catacora”, el primer y valiente libro de Héctor Arce Rodríguez —abogado, politólogo e ingeniero agrónomo cochabambino—, hoy diputado nacional y, sobre todo, servidor público en el sentido más puro de las palabras. Pongo un ejemplo fresco: el escándalo internacional que estalló hace apenas unos meses fue denunciado por Héctor más de un año antes, y silenciado por una prensa que muchas veces parece trabajar para la pauta estatal y no para la ciudadanía. En mayo de 2024, nuestro diputado, con papeles en mano y en el mismo lugar de los hechos, destapó que un hijito del presidente, de 24 años y sin patrimonio conocido, había sido premiado con un crédito bancario de 3,3 millones de dólares para comprar —a precio ilegalmente reducido y sin pagar impuestos debidos— más de dos mil hectáreas de tierras forestales en Santa Cruz. En esos predios, reconvertidos a uso agrícola con inédita rapidez y hasta con quemas ilegales, encontró vehículos de empresas públicas y un puente nuevo construido por el régimen como si fuera un regalo de cumpleaños. En cualquier otra nación, esto hubiera terminado con la inmediata renuncia del presidente. Aquí, fue tratado como una simple anécdota por medios que, según la propia investigación de Héctor, recibieron hasta 79 millones de bolivianos en contratos propagandísticos para una sola familia de “periodistas”. Sólo cuando un consorcio internacional de reporteros de cinco países retomó la investigación, el caso obtuvo la atención que merecía. Y este es apenas un eslabón de una cadena interminable de podredumbre que convirtió a este gobierno en el más corrupto de nuestra historia democrática, superando incluso a varias dictaduras. Desde 2021, la bautizada como Casa Grande del Pueblo dejó de ser casa y de ser del pueblo: se volvió guarida de malhechores. Y Héctor ya nos lo había mostrado. En 2022, reveló el escándalo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): una coima grotesca de 19 millones de bolivianos de una empresa china para un tramo carretero entre Sucre y Yamparáez. Ni siquiera ocultaron las bolsas de dinero. Luego, con cinismo, dijeron que era un “pago adelantado devuelto”. Un testigo protegido, cuya identidad fue revelada por ministros, apareció muerto… y el caso terminó como tantos: impunidad. El libro documenta 63 casos de corrupción en áreas clave del Estado: falsificación de documentos y contratos amañados en el Ministerio de Medio Ambiente, pasajes aéreos comprados para familiares en la Autoridad de la Madre Tierra, puertos que nunca existieron en la Administración de Servicios Portuarios, manipulación hasta con el hambre de la gente en la empresa de alimentos EMAPA para favorecer a “los hijos del patrón”. Y todos, absolutamente todos, terminan con la misma triste historia: los culpables se van a casa… pero con la casa y los bolsillos más grandes y más llenos que antes. Sin embargo, la obra no es solo una crónica de horrores, sino un testimonio de que todavía hay servidores públicos que honran el juramento. Héctor es uno de ellos. Ha demostrado que la decencia es una forma de resistencia. Lo decía otro diputado insigne, aguerrido y socialista: “No hay revolución sin ética, ni ética sin sacrificio”. Su nombre era Marcelo Quiroga Santa Cruz y fue asesinado hace 45 años. La buena noticia es que en nuestros días no todos fuimos ciegos o parcialmente ciegos. Hubo alguien que vio el robo, lo investigó y lo denunció, cumpliendo a rajatabla su deber. Es Héctor Arce Rodríguez, un referente que personaliza los más altos valores del proceso de cambio. Y no lo es por haber logrado tres títulos profesionales en Agronomía, Derecho y Ciencias Políticas. Tampoco porque obtuvo una maestría y tres diplomados. Ni siquiera por haber sido una excepcional autoridad de su municipio ni de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Lo es porque comprendió y encarnó algo muy simple: la plata del pueblo es sagrada.  ¿Cómo no hacerlo si proviene de las entrañas del mundo quechua en el que se acuñó la trilogía moral del ama sua, ama llulla, ama qhella? ¿Cómo no hacerlo si cuando chico comer fideo con huevo a cambio de arar la tierra era un lujo casi tan elevado como la posibilidad de estudiar? ¿Cómo no hacerlo si, como tantos compatriotas, tuvo la dignidad de ser albañil cuando migró temporalmente? ¿Cómo no hacerlo si sufrió en su propio rostro la discriminación de quienes creen que el Estado debe servir a unos cuántos privilegiados y no a las mayorías? En el inicio de esta su primera obra, recordando su niñez en los fértiles pero trabajosos campos del Omereque de la entonces olvidada Bolivia profunda, Héctor expresa una frase: “Algún día seré grande”. Pues bien, querido hermano, sin la menor lisonja y con genuina admiración personal, yo te ratifico que ese día llegó hace tiempo. Lo hizo porque, como dice el poeta alemán Bertolt Brecht que asimismo citas en este tu obra, los hombres que luchan son los imprescindibles. Y lo son más cuando esas gestas son contra toda la adversidad, cuando ponen en empeño su propia vida por la defensa de principios de bienestar colectivo. Gracias, Héctor, por mostrarnos el vertiginoso abismo del robo a nuestro país. Por ser un buen hermano y discípulo de ese otro enorme e inolvidable luchador, el compañero Evo Morales Ayma. Gracias por mostrarnos con el ejemplo que el proceso de cambio es de todos y que debemos cuidarlo tan celosamente como tú. ____ *Comunicador y asambleísta departamental por Cochabamba.

Quya Reyna El empresario, el emprendedor, el de la Internacional Socialista, el tiktokero, el kencha. Ese es el Samuel Doria Medina de nuestra época. Pero para una generación con más memoria, este hombre “moderado” un día fue evasor de impuestos, político corrupto, empresario vivaz, ministro de la privatización.  Y en un futuro, posiblemente, sea nuestro presidente. Me niego. Ojalá la historia sirva para mostrar lo evidente y no sea simple adorno decorativo. Es que hay ahora una tendencia o “trend” que parte del mismo Samuel Doria Medina al no hacerse ver como el político nefasto que fue y es, sino que busca decorar su imagen como la del gran empresario. Ajá, el “gran empresario”… ¿Sabían que su empresa está con déficit también? Pero eso lo hablaremos con mayor detalle después. «Yo no soy político, soy empresario». Claro, «político» suena tan feo, como la época de privatización donde Samuel no solo planificó las políticas, sino que se benefició de ellas. Samuel Doria Medina no se estrena como político con el MNR, ojo. Fue parte del gobierno de la UDP en 1983, integró el Ministerio de Finanzas dirigido por Óscar Bonifaz. También fue ministro de planificación en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y parte del gobierno del MIR de Jaime Paz Zamora. Recordemos que el MIR tuvo vínculos con el narcotráfico, de ahí la foto de Samuel con Isaac “Oso” Chavarría, un narco vinculado al tráfico de cocaína en esos años. En los años dorados del saqueo empresarial, Samuel Doria Medina no fue un simple espectador: fue ministro estrella de los gobiernos que remataron el país. Mientras Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada privatizaban LAB, YPFB y otras empresas públicas con la excusa reciclada de “reducir el Estado”, Samuel movía hilos clave, firmando contratos como en el caso FOCAS, donde fondos estadounidenses destinados al desarrollo local terminaron en fundaciones privadas como FUNDAPRO. Además, bajo su función se aplicó la llamada técnica bonsái: quebrar empresas productivas a propósito para justificar su venta y justificarlas con que eran “deficitarias”. Y mientras el Estado se reducía, él agrandaba su capital. En 1994, justo después de preparar el terreno de la privatización, se convirtió en accionista mayoritario de SOBOCE y luego se adjudicó FANCESA, una cementera estatal chuquisaqueña. Cuando María Galindo gritaba en Impuestos Nacionales “¡Contrólenle así pues al Samuel!”, no exageraba. Lo hacía señalando a un empresario que durante años ha evadido impuestos mientras vendía el discurso de que invierte y crea trabajo en Bolivia. Lo cierto es que Samuel se queda en el país porque aquí puede hacer lo que en ningún otro país le dejarían: mover millones sin control estatal. En 2005, junto a su entorno, creó en Panamá la empresa AKAPANA S.A. para triangular acciones de SOBOCE, vendiéndolas luego al Grupo Cementos de Chihuahua, tras haberlas declarado a un precio subvalorado de 58,2 millones de dólares. La jugada le permitió evitar el pago de al menos 54 millones de bolivianos en impuestos al Estado boliviano. Así como los cocaleros y mineros no tributan, los empresarios como Doria Medina tampoco lo hacen, la diferencia es que él operó desde paraísos fiscales. Y eso no es todo, ya Ronald MacLean denunció que desde 1997, Samuel Doria Medina colaboró con Tuto Quiroga en la oferta del plan “Coca Cero”, a cambio del ingreso del MIR al gobierno de Banzer. Samuel expone su disposición a sacrificar la estabilidad social por favores políticos, ya que esa maniobra, del ingreso de militares a erradicar la coca, no solo potenció el conflicto en el Chapare, sino que contribuyó al ascenso de Evo Morales. Es que Tuto y Samuel son malos calculadores. Solo basta recordar el gobierno de Jeanine Añez el 2019. Claro, en lo político, no hace falta mencionar que muchas veces ha buscado ser presidente. Buscó, además, llegar a la presidencia en 2020 mediante Jeanine Añez, a quien hoy niega haber apoyado. Lo que no dice es que financió su campaña digital: Unidad Nacional solo en redes sociales pagó más de Bs 117.000 en publicidad entre 2020 y 2021, cuando ella fue candidata presidencial y luego a la gobernación del Beni. Pagó 65 piezas de propaganda, presencia en redes, medios tradicionales y programas afines como los de Amalia Pando o Jimena Antelo. ¿En serio Samuel no tiene nada que ver con la postulación de Añez? Negar ese vínculo es parte de su estrategia habitual: operar desde las sombras, financiar, mover fichas y dejar que otros carguen con el desgaste político (por cierto, un saludo a Jeanine Añez hasta la cárcel de Obrajes). Además, recientemente en su campaña, Samuel ha criticado insistentemente que los gobiernos del MAS han mantenido al Estado en déficit, con la excepción del año 2014. Para él, el déficit es uno de los grandes males de la economía y su solución es eliminarlo por completo, o al menos eso ha repetido en varios espacios. Pero vale la pena preguntarse: ¿es realmente el déficit el problema estructural de la economía boliviana? Curiosamente, ha estado circulando información sobre su propia empresa inmobiliaria, COMVERSA S.A., que también estaría en déficit. Según la Gaceta de Comercio, entre el 2016 y 2023, Samuel ha perdido casi 300 millones de bolivianos con COMVERSA. Entonces, siguiendo su lógica, ¿no sería hora de rematar las Green Tower? ¿Cerrar Los Tajibos? Porque claramente no están generando utilidades. Pero no, claro. Eso no lo va a hacer Samuel Doria Medina. Él solo remata empresas públicas que, con buena administración e inversión, podrían revertir sus cifras y generar utilidades. Eso también pasa con el déficit de un Estado, pueden multiplicarse los ingresos después. Se puede entender que una empresa inmobiliaria tarde años en generar ingresos significativos. Porque las ganancias de COMVERSA el 2024 han sido de 869.000 bolivianos. Un chiste frente a lo invertido. Lo que me lleva a pensar que Samuel Doria Medina podría estar buscando llegar al gobierno no por “amor a la patria”, sino para acelerar el rendimiento de sus inversiones privadas, en particular COMVERSA S.A. Además, podría

Sergio de la Zerda Lo confieso, fue mi primera vez. Nunca visité una cárcel. No lo hice antes como periodista, pues no cubría temas policiales; como servidor público, mi labor se enfocó en gestiones sobre salud, educación y cultura. Por eso mi espanto al mediodía de este miércoles, cuando junto a tres de mis colegas asambleístas llegamos al interior de la prisión de San Sebastián de Cochabamba, con el propósito de visitar al compañero Franco García Olmos, aguerrido dirigente de la zona sur y líder del movimiento popular en Cercado, privado de su libertad precisamente por lo anterior. No puedo imaginar nada más cercano al infierno que esa vieja construcción de principios del siglo pasado prácticamente en ruinas, de tal vez sólo un cuarto de manzano, donde se apiñan más de 1.100 reclusos sin contar a sus familiares. El edificio (es un decir) de dos pisos tiene una capacidad para 250 reos. Hay entonces un hacinamiento que supera el 330 por ciento, con más de dos seres humanos por metro cuadrado. De todos los internos, menos de 300 son sentenciados; más de 800 “viven” ahí con detención preventiva. Pero ninguna de esas cifras puede graficar el “largo” camino al salón de visitas (otro decir), con decenas de pedidos desesperados de colaboración monetaria, pasando casi por encima de seres de mirada perdida que “descansan” por todos los minúsculos y sucios suelos, muchos de ellos en la somnolencia de su tragedia o de alguna sustancia con la que tratan de sobrellevarla. Hasta ahí condujeron a Franco, el pasado 10 de junio, la policía y la “justicia”. Lo hicieron, como desde hace dos años con casi 500 compañeros, ilegalmente, por la fuerza y torturando, violando cada uno de sus derechos elementales. El “delito” de este nuestro ocasional “anfitrión” no fue otro que haber protestado contra la destrucción de Bolivia a manos del régimen de Luis Arce Catacora. Ese martes, Franco, de 32 años y formado en leyes, integraba la cabeza de una marcha pacífica de vecinos por el centro de la ciudad, en la plazuela Busch, en reclamo por el alza de la canasta familiar. Sin que medie razón aparente, la movilización fue atacada con gases por la policía. El dirigente intentó resguardar su integridad en una tienda cercana, y en el trajín manoteó el celular de un “civil” que no dejaba de filmarlo ya tiempo antes de la represión. El “civil” era en realidad —como lo aceptó luego la propia policía— un agente de Inteligencia. Y el incidente bastó, por increíble que parezca, para acusar a García de “robo agravado”. Pero esto sucedería recién varias horas después. La “cacería” al dirigente estaba ordenada y sólo había que cumplirla. Quince (ahora sí) uniformados se le fueron encima para golpearlo y detenerlo, además junto a una mujer que nada tenía que ver ni siquiera en la refriega, y que sólo se quejaba por la violencia. La aprehensión se ejecutó, como tantas otras, sin acusación formal, sin fiscales y, por supuesto, sin derecho a defensa alguna. Franco, como tantos otros dirigentes sociales, era un trofeo para el terrorismo de Estado, ávido del dolor ajeno para escarmentar a todos los que se atreven a declararse seguidores de las ideas del expresidente Evo Morales. Así, la pesadilla para el joven no hacía más que comenzar. Durante el trayecto a las celdas, fue pateado, escupido, amenazado e insultado. Incomunicado por varias horas, después fue objeto de una tramoya judicial que continuó poniendo en escena el libreto, al dar por justificada la versión policial del falso “robo agravado”, nada menos a que a un policía de civil y en medio de una marcha. Por eso, en realidad por ser “dirigente evista” como se jactó a esas horas el tan triste periodismo nacional, se le castigó con ¡dos meses! de “detención preventiva” en San Sebastián. Llegado al penal y con la “bienvenida” en callejón oscuro por paramilitares que operaron en el golpe de Estado de 2019, el suplicio fue en aumento. Sin el menor pudor, los agentes le advirtieron que le iban a dar muerte, al tiempo en que le daban una paliza adicional en las manos, los pies y la espalda. Mucha, mucha fuerza interior tuvo que reunir Franco para disimular la devastación a su madre, a la que le permitieron sólo cinco minutos de contacto personal esa noche que prometía ser de impensables tinieblas, algo que ella denunció a medios de comunicación populares, porque los otros nunca intervinieron, en silenciosa concomitancia con los represores. Con esa misma fortaleza nos recibió Franco este miércoles a Nely Pinto, Virginia Silvestre, Juan Carlos Irahola y yo. Y lo primero que hizo no fue hablar de sí mismo, sino de las personas con las que le ha tocado padecer esta experiencia. A él le impresionaron igualmente esas existencias quebradas por errores propios, pero en grave suma por un Estado colonial que, ahora conducido por una tiranía, sólo piensa en el vejamen de los más débiles para que nunca más se vuelvan a rebelar. Y es cierto, el régimen penitenciario es una de las deudas del proceso de cambio. Se avanzó de 2006 a 2019, al mejorar recintos (como el de El Abra), al establecer leyes para que los privados de libertad sin sentencia puedan agilizar su salida; se proyectaron nuevos espacios que no solamente sirvan para purgar penas, sino para la reinserción. Pero, como todos los avances del Estado Plurinacional, estos fueron abruptamente paralizados primero por Jeanine Añez y después por Luis Arce. Sin ir más lejos, la edificación de un Centro de Rehabilitación Modelo para Cochabamba sigue siendo un anhelo, a pesar de que en la gestión de Evo se promulgó la Ley 410 que declara como prioridad nacional esa construcción, en Arani. A contramano de aquello, la dictadura judicial-policial y ahora militar de Arce Catacora optó por dejar en iliquidez económica hasta a las gobernaciones encargadas del pago de los prediarios a los internos. Y, muy especialmente, siguió llenando las cárceles con quienes rechazan el hambre y la corrupción

Por Dolores Arce Europa es cuna de muchos males:   allá por el siglo XV – una época marcada por el feudalismo y dinastías de reyes, con la peste y otras enfermedades diezmando a su población – en sus entrañas se engendró una bestia que dejó una huella de sangre y fuego:   la invasión y colonización de nuestro continente Abya Yala, complementada con el horror de la caza y trata de esclavos africanos.  El legado europeo se tradujo en saqueo, muerte y genocidio primero en América, pero muy pronto se repartirían también África y vastos territorios de Asia. En ese mismo viejo continente, hace cien años surgió el fenómeno político y social del fascismo que es la continuidad de las prácticas autoritarias, represivas y racistas, esta vez basadas en el “anticomunismo”.  Mussolini, Franco y Hitler fueron las expresiones más crudas de esta corriente que no solamente llevó a atrocidades contra el movimiento obrero y popular, sino a dos guerras mundiales. Aquí es necesario recordar una verdad histórica:  Quien venció al fascismo y derrotó a la Alemania nazi, no fueron precisamente los norteamericanos, como intentan posesionar con la producción cinematográfica hollywoodense.  Fue el valeroso Ejército Rojo de la Unión Soviética comunista, por lo que este 9 de mayo, recordamos el 80 aniversario de esta hazaña que solo fue posible gracias – sobre todo –  a centenares de miles de vidas ofrendadas por la resistencia soviética para poner fin a la barbarie del nazi fascismo. Este 30 de abril se cumplieron también 50 años de la victoria del pueblo vietnamita sobre los Estados Unidos; después de una guerra criminal que duró casi 20 años, la dignidad y deseo de soberanía pudo más que el ejército mejor armado y con los métodos más mortíferos contra población civil. ¿Pero será que el fascismo murió con la derrota militar de Hitler?  ¿Será cosa del pasado? Pues tal como pasó tras la derrota de Mussolini y Franco, lo mismo la Alemania nazi exportó a miles de criminales de guerra que huyeron camuflados entre otros emigrantes, muchas veces bajo nuevas identidades para evitar ser enjuiciados por sus crímenes. Nuestro país no fue la excepción, nos llegaron individuos temerarios como Klaus Barbie Altmann, apodado el “carnicero de Lyon” por su crueldad, y que en Bolivia se codeaba con los más altos rangos militares, convirtiéndose en asesor de métodos de tortura y técnicas anticomunistas desde la época de los dictadores Barrientos, Banzer y García Meza.  Si se estrenó en la Alemania nazi con la GESTAPO, luego fue aceptado gustosamente por los Estados Unidos como agente de la CIA, total que importa el pasado criminal si demuestra ser experimentado torturador y anticomunista.  Este siniestro personaje es apenas un ejemplo, pues la colonia alemana alberga entre sus filas a muchos otros criminales o sus descendientes, tal como pasa también con los croatas, por ejemplo. Sobre todo, en la década de los ‘60 y ‘70, en América latina los regímenes fascistas sostenidos o impuestos por los Estados Unidos dejaron decenas de miles de víctimas de tortura, desaparición o asesinato.  La tristemente Escuela de las Américas, adiestramiento militar e ideológico de por medio, fue una verdadera fábrica de dictadores entrenados para servir a los propósitos del imperialismo norteamericano. En Bolivia el fascismo tomó forma a través de los diferentes golpes de estado que fueron planificados con la intervención de la CIA,  posteriormente perfeccionados con el Plan Condor para eliminar todo vestigio de “amenaza comunista”,  con la represión y eliminación sistemática del “enemigo” que implicó persecución al movimiento obrero popular y campesino, así como la toma violenta de los centros mineros,  a la par  encarcelamiento, masacres,  exilio y asesinato selectivo de dirigentes de izquierda.  La ideología de “supremacía” que alimenta al fascismo, convierte a los pueblos indígenas y sus líderes en otro blanco de sus ataques.  En esta coyuntura electoral, la mafia judicial encabezada por el autoprorrogado TCP y el linchamiento mediático tienen tintes fascistoides, que hacen de la estigmatización un arma de deslegitimación de liderazgos. Así pasó recientemente en Ecuador, donde se sembró bronca contra el correísmo que fue víctima de una enorme campaña de desprestigio, como si fuera “el enemigo común” (cuando su “delito” fue no dar continuidad a la base militar norteamericana en Manta). De modo que terminó ganando el caos y el miedo, sellado con un proceso fraudulento a favor de Noboa y por lo tanto una victoria geopolítica del imperialismo yanqui. Así está pasando también en Bolivia, donde lo que está en juego en este momento, va más allá de la silla presidencial:  es la continuidad del proceso de cambio y su carácter antiimperialista que representan una piedra en el zapato de la derecha nacional e internacional. De hecho, parte de la guerra cognitiva, que es la conquista de las mentes como campo de batalla, es una estrategia cada vez más perfeccionada donde desde la industria del cine, los medios de comunicación, las redes sociales, la música o las sectas religiosas se moldea al nuevo ciudadano adormecido, manipulado, alienado y sobre todo desarmado del potencial contestatario de la fuerza colectiva, naturalizando la violencia y todo lo funcional al sistema capitalista. Como resultado de esta batalla cultural y política, que prescinde de armamento militar y derramamiento de sangre, tenemos el fenómeno de presidentes de extrema derecha y de corte neo fascista como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, ahora con Milei en Argentina o Noboa en Ecuador.  En todos los casos, le sigue la aplicación de políticas sometidas a organismos internacionales e intereses foráneos, la profundización de la dominación y expansión de bases militares norteamericanas, la represión del movimiento popular, la aplicación de medidas económicas que recortan conquistas y derechos de trabajadores y pueblo en general.   Este fascismo contemporáneo intenta ocultar su violencia estructural, haciéndonos cómplices de nuestra propia dominación. Por último, no podemos dejar de hablar de Palestina, porque el atroz genocidio que comete el estado sionista israelí es el rostro del fascismo actual, aniquilador de la vida, el planeta y lo que queda de humanidad. Por todo ello, saludamos

*Sergio de la Zerda El nuevo y oscuro pacto entre los vocales electorales y los autoprorrogados del Tribunal Constitucional sella una ilegalidad que pone en riesgo más que nunca las Elecciones Generales para el cambio del ya insoportable régimen de Luis Arce. El Tribunal Electoral debió ser el primero en cumplir sus funciones de garantizar la votación, desconociendo a los magistrados de facto que son apadrinados por Arce Catacora. Pero optó más bien por terminar arrodillarse ante los operadores del mal gobierno. Las acciones del Tribunal Electoral ponen en agonía a la democracia boliviana por al menos tres motivos. UNO Aunque muy breve, hubo un tiempo en que el Tribunal Electoral intentó ponerse los pantalones y actuar de acuerdo a la Constitución y leyes. Fue poco antes de las últimas Elecciones Judiciales, cuando el mismo presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, llamó por su nombre a los autoprorrogados y rechazó cumplir sus fallos arbitrarios que arriesgaban ese proceso electoral. Nos dijeron que unas Judiciales incompletas eran ilegales, inconstitucionales y hasta irracionales. Sin embargo, unas horas después, la institución decidió acatar nomás los caprichos de los usurpadores de la justicia, y nos llevó a unos comicios parciales, que fracasaron en la renovación de todos los altos jueces. Quedará en la historia de la vergüenza nacional cómo es que unas horas antes del voto todavía se presentaban demandas ante los magistrados de facto para que estos sigan perjudicando. DOS Antes de las Judiciales, algunos vocales electorales se habían negado a siquiera supervisar la reunión de funcionarios que el régimen de Arce llamó “cabildo” en El Alto, acción con la que se propusieron robar la sigla del MAS-IPSP. Los vocales de igual modo dijeron que eso era ilegal, que la imaginaria nueva dirigencia del MAS no cumplía ni con los estatutos de la organización política, menos con los reglamentos y normativa que rige el trabajo del Órgano Electoral. Pero, recuerde usted, bastaron unos “fallos” de los autoprorrogados para que los pretendidos árbitros de la democracia terminen de convertirse en malos jugadores de la conveniencia de Arce Catacora. Sin ningún asidero técnico, el Tribunal Electoral pasó entonces a registrar a los empleados públicos, que hasta tenían militancia en otros partidos, como nuevos directivos que entraron por la ventana. Esto ya debió haber despertado la alarma general, pues si el que sufría el abuso era el movimiento popular, con certeza nadie más iba a estar libre de la usurpación de dirigencias, siglas y procedimientos. TRES Las pistas de esta actuación además inmoral ya la dieron anteriormente los vocales cuando convocaron a los líderes políticos a una reunión con una sola consigna: eliminar las Elecciones Primarias que estaban establecidas por ley, a título de, en teoría, priorizar las Judiciales que, como vimos, fueron un fiasco. Comenzaron ese momento a engañarnos, y el único que se dio cuenta fue el expresidente Evo Morales, quien insistió en que se cumpla la norma y que los precandidatos de todas las fuerzas se midan en cancha para que los militantes elijan a sus representantes. Evo llegó a proponer incluso unas primarias abiertas para que toda la ciudadanía pudiera sufragar. Pero la decisión antidemocrática estaba tomada por los operadores de Arce Catacora y sus aliados de la derecha que, desoyendo a Evo, eliminaron esta posibilidad de democratización de los partidos políticos. Si las Elecciones Primarias se hubieran mantenido, se hubiesen solucionado hasta los problemas de los que han naufragado en su “unidad”, y tienen una veintena de precandidatos, lo que evidencia que, como Arce Catacora, sólo tienen intereses personales. Hasta los neoliberales hubieran tenido hoy su anhelado candidato único y no tendrían por qué pelearse. La yapita Pero le tuvieron miedo al voto de la gente. Y eso también se vio este mismo miércoles en la nueva componenda entre vocales electorales y autoprorrogados, a tal punto que Hassenteufel se “olividó” por completo de seguir exigiendo una ley que supuestamente garantice la preclusión, que de todas maneras está prevista en la Constitución. Con todos sus engaños y pactos espurios, los vocales electorales no sólo están terminando de matar la democracia. Están asimismo culminando la rifa de su ya nula credibilidad y prestigio profesional, igual que a fines de los 80 lo hizo la tristemente famosa “Banda de los Cuatro”, que desde la por entonces Corte Electoral manipuló las decisiones del soberano. Compatriotas, debemos volver a recuperar nuestro derecho fundamental a elegir. *Comunicador y asambleísta departamental.