Opinión 3

Martillando la Vitrina El viceministro de la Presidencia Gustavo Torrico -el “satuco”- dijo que el presidente Luis Arce no era “muñeco” de los cooperativistas que exigían negociar con él y con nadie más que con él. Al final de dos días de bloqueo de la sede gobierno, el asediado cedió. No fue gratis, como no fue gratis, en términos de interés políticos, reemplazar a su antiguo ministro de Minería Marcelino Quispe -apadrinado por el ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, por el lado de los mineros asalariados del Estado- por el mandamás de las cooperativas mineras Alejandro Santos Laura, el poder dual. Los cooperativistas exigían 19 puntos, que se puede clasificar en dos bloques. El 1 por demandas suaves y 2 por algo grande, muy grande: Bloque 1: Bloque 2: Los puntos anotados no es nada en comparación a la exigencia mayor, de gran impacto económico y político, discutido y, aparentemente, aceptado por el presidente Arce y sus ministros que le acompañaron en la negociación -negociación entendida como una toma y daca, mecanismo de negociar una cosa por otra-, es lo siguiente: Los cooperativistas, cuyos dirigentes fueron investigados por el crimen del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes (agosto de 2016), doblegaron al presidente Arce y sus ministros a la firma de un convenio que permanece reservado, oculto a los ojos de los verdaderos dueños de la riqueza nacional: el pueblo boliviano. La COB de Juan Carlos Huarachi ni chista por los despropósitos de los poderosos cooperativistas. La COD de La Paz y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que desconoció y descalifico a su principal dirigente, se oponen entregar las reservas de minerales, el litio y las tierras raras.

Martillando Vitrinas El general de Ejército Juan José Zuñiga Macias, amigo del presidente Luis Arce, delató la existencia de una policía política secreta con un principal objetivo: neutralizar a los oponentes del prorroguismo del régimen; claro, con énfasis de Evo Morales A. El militar fue bautizado por sus padres de origen minero (Uncía, Norte de Potosí) con el nombre de Juan José como el “general del pueblo” Juan José Torrez (Jota-Jotita para los mineros revolucionarios, asesinado en el exilio por orden de H. Banzer). Zuñiga se hizo popular en su pueblo de ahí también lo del “general del pueblo”, pero distorsionado por él mismo. Algo salió mal y él paga los platos rotos. Zuñiga Macias, desde la cárcel, reveló a un periodista extranjero que el presidente Arce contaba con un grupo de civiles, ministros y militares, para planificar procesar información política y ejecutar operaciones de saturación del enemigo político elegido. Resumía: el grupo de Inteligencia militar “Pachajcho” y el grupo civil la “Unidad de Búsqueda de Información” de la Presidencia ejecuto el plan de clausura de la Asamblea Legislativa, mediante un auto golpe simulado -que debía aparecer como un auténtico golpe de Estado- armar milicias sobre la base de las organizaciones sindicales pro arcistas, todo esto el 26 de junio de 2024; y antes de esta fecha fatal, el intento de magnicidio de Morales Ayma. Fracasó. Evo Morales había denunciado desde 2022 estos trajines golpistas y un “plan negro” para atentar contra su partido y su seguridad física dirigidos por civiles y militares, además de los ministros de seguridad (Gobierno y Defensa). Horas antes del auto golpe de junio del 2024, Evo ya estaba en alerta y se lo dijo personalmente a Arce cuando éste lo llamo para hablar del “golpe”. Sin remedio, el gobierno rompió el trato con Zuñiga Mecias y sus hombres comprometidos. Iba ser el chivo expiatorio perfecto, pero este “chivo” se reveló y abrió la boca como prenda de garantía para que no lo maten envenenado como lo dijo el militar experto en tareas de Inteligencia y contra Inteligencia. ¿Policía secreta? Así, tuvo que poner al descubierto la existencia de una policía política secreta que funcionaba en “casas de seguridad” y con planillas de sueldo pagadas por el Ministerio de la Presidencia. Nombró al asesor de seguridad del presidente y ex ministro de Gobierno de Morales, Hugo Moldíz Mercado; al sociólogo Luis Fernando Rodríguez Ureña, a los ministros Eduardo del Castillo, Edmundo Novillo, un par de generales y al ex capitán fugitivo Castro, entre otros. Luis Fernando Rodríguez Ureña -no es tan re-conocido como Hugo Moldíz Mercado- saltó a la fama política por boca del general Zuñiga. Él firma sus artículos en el periódico La Época de Moldíz como “guevarista”, la tendencia ideológica del Che Guevara. Ya no es evista y cuando lo era escribía de Evo: “Definitivamente los intereses neocoloniales lo quieren a Evo, si no muerto al menos dividido en su base de apoyo. Pese a sus errores, Evo Morales sigue siendo un caudillo incómodo para los intereses antinacionales (1 de mayo, 2020)”. “¿Evo caudillo?” …Si, y que. Y no debemos sonrojarnos pues es un resultado de la incapacidad política de la oligarquía que permitió su emergencia salvando a Bolivia de su autodestrucción (22 de noviembre, 2017). Juan José Zuñiga, ex comandante del Ejército, “en una entrevista con Data Urgente, Zúñiga aseguró que “el presidente (Arce) tiene un círculo íntimo de decisión, que está por encima del nivel de los ministros (…) al mando del señor Hugo Moldiz y el señor Fernando Rodríguez”. “Ahí es donde se planifican las acciones más asquerosas en contra de los bolivianos. Una vez me comentó el señor Fernando que ese grupo tenía dos misiones (y una de ellas era) proporcionar información que amenace la estabilidad del gobierno y que ese grupo de inteligencia también estaba en condiciones de realizar operaciones especiales de inteligencia, como ejecuciones, y que en ese grupo había algunos extranjeros (El Deber, 17 de abril, 2025)”, dijo. La relación Moldíz – Rodríguez Moldíz saltó y negó su relación con el general encarcelado. Luis Fernando Rodríguez Ureña permanece en la oscuridad y en silencio. Nadie pregunto a Moldiz su vinculación con Rodríguez, de quienes Zuñiga dijo que eran asesores en seguridad del presidente Arce. La vocera del gobierno, Gabriela Alcón, negó tener información sobre ellos. Moldiz y Rodríguez son antiguos colegas en el semanario La Época, de propiedad del primero. Ambos se identifican como militantes del Movimiento Guevarista (tendencia de Nila Heredia, ex ministra de Evo) y del progubernamental Colectivo Revolucionario Plurinacional Marxista Comunitario (CRPMC) del Héctor Hinojosa ex ministro de Evo, del que Rodríguez Ureña es también articulista y panelista. Amigo civil condecorado por el Ejercito El 213 aniversario del Ejercito, celebrado en noviembre de 2023, el presidente Arce, en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas, discursó en presencia del comandante del Ejército Juan José Zuñiga Macias, del ministro Novillo y el Alto Mando militar y policial: “(…) el Primer Mandatario encomendó a la entidad castrense y las fuerzas policiales, la construcción de la comunidad de inteligencia nacional, para cumplir el rol constitucional de preservar la soberanía, la dignidad y la integridad del territorio boliviano (…)” (Boletín del Ministerio de Defensa). El mismo día, en el salón del Círculo de Oficiales del Ejército (COE, en La Paz), el general Zuñiga y el “guevarista” Rodríguez Ureña se fundieron en un abrazo; el militar experto en Inteligencia condecoró al civil -entre otros militares y civiles- con la medalla Prócer de la Libertad José Miguel Lanza. Pronunció: “(…) pero también es un motivo de reconocimiento y agradecimiento a nuestros amigos de otras entidades del ámbito civil, apoyándonos de diferente manera, asesorando, apoyando intelectualmente; gracias, son parte de este ejército, soldados como nosotros (ver: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=996830964741670)”. El otro “elemento” militar Otro nexo o elemento militar de esta policía política secreta: el ex capitán de Ejercito Sergio Castro fue incorporado por Zuñiga al grupo 300 o “pachajchos”. Castro, desde Estados Unidos, donde dice que guarda asilo, declaro

Al Pereyra Cegado por la obsesión de hacerse presidente de Bolivia, al actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, poco o nada le importa la “familia cochabambina”, término que suele utilizar según su conveniencia, al dejarla durante catorce días inundada por más de diez mil toneladas de residuos sólidos que ocuparon las calles, avenidas y áreas verdes de lo que un día se llamó “ciudad jardín de Bolivia”. Abocado a las elecciones presidenciales de agosto próximo, al burgomaestre cochabambino no le movió un pelo para solucionar lo más pronto posible este problema que data ya de años. Durante los catorce días los llajtamasis hemos vivido en medio de la contaminación y los gases tóxicos en una ciudad que se ahogó en su propia basura. Durante su campaña para la alcaldía, Reyes Villa había prometido que en los primeros meses de su gestión solucionaría definitivamente el problema del botadero de K’ara K’ara, promesa que solo quedó en promesa electoral. El último bloqueo de los pobladores de K’ara K’ara fue porque rechazan que el Consorcio Complejo Industrial Verde, que se adjudicó la industrialización de residuos sólidos, continue depositando toneladas de basura en el vertedero por lo que exigía su cierre definitivo. La falta de planificación, la improvisación, la necesidad de una política seria sobre residuos sólidos y la negligencia de Reyes Villa ha llevado a que los cochabambinos tengamos que exponernos una vez más a los lixiviados generados por los desechos, mismos que contienen metales pesados y productos químicos que, al evaporarse, contribuyen a la contaminación atmosférica. La Alcaldía ha acumulado compromisos con los vecinos sin cumplirlos, apostando por parches en lugar de soluciones definitivas. La Sentencia Constitucional 1974/2011 prohibió el uso del botadero desde 2010; empero, tras catorce años, el cierre definitivo está lejos. El cuarto intermedio al que llegaron los pobladores de K’ara K’ara con el municipio se cumplirá el próximo 21 de abril, la ciudadanía no cree que haya una solución concreta al problema, teniendo en cuenta que el burgomaestre cochabambino está más abocado por continuar con su carrera presidencial olvidándose de millones de cochabambinos que no quieren volver a sufrir los embates de la contaminación ambiental. Reyes Villa ha dejado a su suerte a varias zonas de los cuatro puntos cardinales de Cercado. Da impotencia observar que las principales calles y avenidas estén plagadas de enormes baches y en mal estado debido al no mantenimiento de los mismos. Por ejemplo, es una vergüenza lo que sucede en algunos tramos de la avenida Simón López, específicamente en el tramo que une al Puente Pinto con el Cruce de la Taquiña, el recarpetado de esta vía fue entregado por el mismo alcalde el pasado 14 de septiembre, la obra no tiene ni un año de vida y sobre la misma se aprecian baches. Si en algo la dirección de Obras Públicas de la Alcaldía de Cercado se esfuerza en maquillar o tapar algunos huecos, la ciudad debería lucir de otra manera porque la Alcaldía posee un importante y fuerte ingreso de recursos económicos por concepto de impuestos de inmuebles y vehículos, pago de patentes, parqueos tarifados, por nombrar solo algunos ítems. Es lamentable que el burgomaestre haya olvidado a millones de cochabambinos quienes lo eligieron con su voto para que haga de esta ciudad lo que Manfred había prometido “la mejor ciudad de Bolivia”. Los hechos demuestran que Reyes Villa le pone mucho empeño en proyectos o convenios que le reporten beneficios propios y económicos. Recordemos que la Alcaldía de Cercado fue la primera en todo el país en autorizar el incremento del pasaje del autotransporte público. Tras llegar a acuerdos con los dirigentes del autotransporte departamental se elevó en cincuenta centavos el costo del pasaje, pero a ¿qué preció? Pues, a cambio que los transportistas voten por Reyes Villa en las próximas elecciones presidenciales. El principal ejecutivo del transporte federado, José Orellana, es su fuerte aliado ya que anteriormente fue diputado nacional por la entonces Nueva Fuerza Republicana (NFR). Por otra parte, el “bombón” ha hecho de Cercado su feudo y no escatimó recursos económicos para la construcción de un monumental edificio donde funcionará la Alcaldía de Cercado. Según los cálculos de Reyes Villa, él pretende ser electo presidente de Bolivia y dejar el campo libre para que su hijo, Manfred Reyes Villa Avilés, sea el próximo alcalde. Este movimiento se asemeja mucho a hechos como el de la dinastía de la familia Somoza en Nicaragua, cuando Anastasio Somoza García dejó el poder a sus hijos Luis Somoza Debayle y luego a Anastasio Somoza Debayle. O en la vecina Chile cuando Jorge Alejandro Soria Quiroga ocupó la Alcaldía de Iquique durante siete periodos: 1964-1970, 1970-1973, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2007 y 2012-2016, y desde marzo de 2018 es senador por la Región de Tarapacá. El actual alcalde de esa ciudad portuaria es su hijo Mauricio Alejandro Soria Macchiavello, desde 2016. Con todos estos funestos antecedentes, la divina providencia salve a Bolivia a los bolivianos si este oscuro personajillo de la política criolla, como es Manfred Reyes Villa, que hace solo promesas y no las cumple, pero para lo que sí es bueno, es para la politiquería, llegase a convertirse en presidente del país.

Al Pereyra Desde hace un par de semanas Marcelo Claure, empresario boliviano que vive en Estados Unidos, ha logrado acaparar los titulares de la prensa nacional vertiendo declaraciones plasmadas de incongruencias, en su afán de figurar para las elecciones presidenciales de agosto próximo. A través de dos entrevistas televisivas, concedidas a dos periodistas elegidos por él mismo, además de haberles pagado pasajes y estadía en suelo estadounidense, el empresario comentó dos encuestas presidenciales, mandadas a realizarse por él, que desataron infinidad de opiniones entre analistas políticos, empresarios y en la población boliviana. En cada una de las entrevistas, Claure se presentó como el “mesías” y el “salvador” que pondrá fin a la crítica situación política y económica por la que atraviesa el país debido a la mala administración del gobierno de Luis Arce Catacora, en los últimos cuatro años. Utilizando el ardid más sucio como el chantaje, Claure amenazó que si el Movimiento al Socialismo (MAS) ganará las próximas elecciones generales se irá del país y no hará ninguna inversión por la patria que lo vio nacer. Posición que fue ratificada recientemente a través de las redes sociales, cuando el empresario escribió: “Pueden intentar distorsionar la verdad, pero mi posición es firme: si el MAS es reelegido, me voy de Bolivia y no haré nada más en mi país. No quiero ser parte de un sistema sin libertad ni justicia”. Ya a inicios de mes, en la entrevista concedida a la Red Uno, Claure fue enfático al asegurar: “Si el MAS continúa gobernando a Bolivia, ahí sí, yo Marcelo Claure me retiro de Bolivia y de Bolívar y terminó mi vida con Bolivia”. Claure mantuvo un acercamiento de tanteo con el MAS motivado solamente por su interés con la explotación y exportación del litio. Al no tener una respuesta que le sea favorable a sus intereses personales (aunque él puede jurar y rejurar que no tiene ningún interés por el mineral), decidió declararle la guerra sin cuartel al gobierno, aseverando que el presidente Arce Catacora es el peor jefe de Estado que ha tenido el país. Dos nuevas declaraciones de Claure volvieron a ocupar titulares de la prensa cuando, primero, anunció que dotaría de veinte aeronaves a la línea aérea Boliviana de Aviación, siempre y cuando el gobierno le otorgue seguridad jurídica para su inversión; y segundo, sugirió a través de las redes sociales, en total extralimitación y falta de decoro, ofrecer una recompensa de un millón de dólares por la captura del expresidente Evo Morales. La ultima propuesta devela claramente el odio visceral que tiene contra el líder indígena quien durante su vida sindical y como exmandatario de Estado supo defender los derechos de millones de indígenas y mestizos. Con estas afirmaciones, el empresario que dice tener la solución a todos los males del país, demuestra que quiere llevar la batuta de la oposición política y ser un eslabón totalmente parcializado con la derecha boliviana para así lograr tener una marcada influencia en cualquier decisión gubernamental. Al parecer Claure desconoce totalmente la idiosincrasia de millones de bolivianos que habitan este Estado Plurinacional. Los millones de bolivianos saben bien que la actual crisis economía que impera en el país no se soluciona con anuncios o chantajes. Por más que diga que ama y que le preocupa el país, Claure debería realizar las inversiones que dice tener en mente, pero sin condiciones. Claure no es tan “intachable” como dice ser. Según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el club de futbol Bolívar, del cual es su presidente, tiene una deuda de 307.000 bolivianos. Según el SIN, en 2012 se realizó la fiscalización al club Bolívar para establecer la deuda, pero el club no pagó e impugnó el monto. También es acusado de presuntos delitos por los cuales se los sindica de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, por la reventa de 12.070 entradas para los partidos de la Selección Boliviana en el mundial de 1994. Pero lo que más llama la atención es relación con integrantes del terrorismo internacional. Hay que recordar que en septiembre de 2021 los hermanos Jorge y José Mas Santos compraron el 48% de las acciones del equipo de fútbol Inter de Miami de manos de Marcelo Claure y del japonés-coreano Masayoshi Son. Jorge y José Mas Santos son hijos del cubano Jorge Mas Canosa quien en 1981 creó, por pedido del entonces presidente estadounidense Ronald Reagan, la Fundación Nacional Cubano-Americana. Amparado por la CIA, Mas Canosa estuvo involucrado en varios actos de terrorismo contra Cuba, siendo el más connotado el atentado del 6 de octubre de 1976 donde murieron 73 pasajeros del vuelo de Cubana de Aviación que despegó de Barbados con destino a Cuba. Entre las víctimas se encontraban 24 miembros del equipo de Centroamérica y el Caribe de esgrima, 11 jóvenes guyaneses que iban a estudiar medicina a Cuba y cinco ciudadanos de nacionalidad coreana. Mas Canosa tenía estrechos lazos con los autores intelectuales que se encargaron de organizar ese crimen, los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, naturalizado venezolano, quienes eran agentes de Inteligencia y de represión del gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez. Como antecedente al crimen de Barbados, en junio de 1976 Posada Carriles y Bosch participaron en la creación del grupo terrorista Coordinación de Organizaciones Revolucionarias (CORU) en República Dominicana, a instancias de la CIA. Documentos desclasificados por Estados Unidos muestran que los servicios de Inteligencia de ese país conocían los planes del CORU de hacer explotar un avión civil cubano en el aire. En 1997, tras la muerte de Jorge Mas Canosa, el mayor de la dinastía, Jorge Mas Santos (con quien Claure hizo negocios por la venta del Inter de Miami), se hizo cargo de la presidencia y de la organización total de la Fundación Nacional Cubano-Americana. De esta manera, Claure se ha granjeando relaciones estrechas con oscuros personas de la política estadounidense y del terrorismo internacional.

Por Antonio Abal Un pequeño incidente, en la meseta de Achumani en la ciudad de La Paz, ha sido motivo para que el gobierno aplique la política pública contra el racismo y los medios de comunicación, como siempre no perdieron la oportunidad para desplegar su caridad pomposa. Lo que pasó en la demanda de las tunas es una muestra del racismo que circula por todas las venas internas de nuestra sociedad, de norte a sur y de este a oeste. Se ha escrito mucho acerca de este tema; los racistas de ayer cuestionando su pasado y el peso de su conciencia racional les obliga a los actos de contrición como la del papa Francisco. El racismo es uno de los “motores de la historia” no solamente existió la contradicción entre “Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales” sino también entre: Egipcios y judíos, entre romanos y bárbaros, a su turno siempre ha existido un “pueblo elegido” sino veamos la desigual guerra entre Israel y Palestina. No debemos olvidar que el lebensraum de Hitler tenía como base a la “raza aria”. Ha corrido mucha tinta para explicar y analizar el racismo, incluso se ha creado una disciplina teórica con ese fin; la antropología. No es intención de estas notas adentrarse en el tema, la intensión es muy modesta solamente constar la pervivencia del racismo colonial en la actual sociedad boliviana. Aparte del incidente de las tunas, tenemos muchos ejemplos de estas pulsaciones racistas, una de las más expresivas del siglo XXI ocurrió en Sucre en el mes de mayo del 2008, como en tiempos coloniales los “aristócratas” de Charcas obligaron a los indios a besar la bandera real y de rodillas, obligados, aceptaron la vejación a la wiphala. Las ideas racistas, instaladas en el subconsciente individual se verbalizan como la declaración de una ex autoridad del gobierno de Evo Morales, que señaló tener ojos azules y la claridad de su piel no podían corresponder con ser militante del MAS o sea no era “indio”. En nuestra historia existe un largo catálogo de expresiones y lenguaje racista, por esto no podemos dejar de citar las siguientes expresiones: «El indio incaico es sombrío, asqueroso, huraño, prosternado y sórdido» Gabriel Rene Moreno, «Los indios son seres inferiores y su eliminación no es un delito sino una selección natural» José Manuel Pando, «El indio es apenas una bestia de carga, miserable y abyecta, a la que no hay que tener compasión y a la que hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso» Bautista Saavedra, «Es costumbre en la municipalidad servir a los canes bocaditos de pan con estricnina dentro, para que de este modo fácil, cómodo, barato, higiénico y eficiente librarse de la plaga. Propongo que en los indios se use igual procedimiento….estoy enfermo de asco» Alcides Arguedas, «Las razas inferiores tienen que fundirse con las superiores porque está comprobado por la historia y las ciencias antropológicas que la civilización es blanca y el dominio del mundo corresponde a esa raza» Felipe Segundo Guzmán. Las tunas de la ira son la demostración del tipo de sociedad que nos habita y que habitamos, los discursos de odio circulan libremente en las redes sociales, la crudeza de las redes y sus mensajes son maquillados y reproducidos en los medios que son los reproductores del Estado colonial-racista; “el blanqueamiento subjetivo” ha deformado la conciencia de los profesionales que saliendo de los pueblos originarios fueron cooptados por la burocracia q’ara, esta es una de las razones que explica la actual división del MAS como movimiento político. En este año electoral que tiene como marco el bicentenario de la independencia, ya se escuchan las arengas de la “unidad entre todos los bolivianos” pretendiendo superar las contradicciones de un Estado en formación; las elites coloniales siempre han convocado a ignorar las diferencias y proponer como pensamiento hegemónico la cultura moderno-occidental. Podemos estar de acuerdo o no con Evo Morales y su gestión de gobierno, lo que no podemos aceptar es que los enclaves racistas han convertido, a Evo Morales en el chivo expiatorio de esta sociedad acomplejada, concentrando todo el viceral odio racista en una persona que logró quebrar el monopolio del poder político colonial, con la fuerza política de los marginados de la historia. El retorno de los WASP (blanco, anglosajón y protestante) a la Casa Blanca ha envalentonado a los WASP criollos que ya se sienten los nuevos gobernantes del país. Sin lugar a dudas este es el mejor momento para repensar las referencias teóricas que trataron de encasillar la realidad boliviana en moldes preestablecidos, aceptando la normal pereza neuronal que impide procesos creativos. La regeneración de Bolivia como pensaba Zarate Willka, sólo será posible si comprendemos mejor las contradicciones fundamentales de nuestra formación económico social, para superar la ira de las tunas y los 200 años de un Estado aparente.

Al Pereyra Sobre temas relacionados en economía el presidente Luis Arce Catacora no le acierta ni una. Hoy no queda nada de aquel exministro de Economía que puso a Bolivia en el ejemplo a seguir por los logros financieros que había alcanzado el programa económico del entonces gobierno de Evo Morales. A inicios de año, el actual jefe de Estado vaticinó que para este 2025 la situación económica mejorará, minimizando los reportes de organismos nacionales e internacionales que han observado con preocupación el desempeño de la economía nacional. El mes pasado un informe de JP Morgan ubicó a Bolivia como el segundo país con mayor riesgo en América Latina, solo superado por Venezuela. Según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), Bolivia alcanzó los 1.945 puntos al 19 de noviembre de 2024, lo que refleja una percepción de alta desconfianza entre inversionistas internacionales. Otro informe de la agencia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings ratificó la calificación crediticia soberana de Bolivia como negativa, CCC+/C, debido a su débil capacidad para cumplir plenamente con sus compromisos de deuda en el largo plazo bajo un perfil externo frágil. Según otro informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país terminará la gestión 2024 con un crecimiento de apenas el 1,7%, uno de los más bajos en los últimos 15 años. Este dato es lapidario para el gobierno de Arce Catacora, puesto que Bolivia será la segunda economía con menor crecimiento en Suramérica y la cuarta en Latinoamérica, solo Ecuador con 0,8% está por debajo, mientras que Argentina presentará un decrecimiento de 3,2%.  Por último, un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que el país tuvo una inflación acumulada, a noviembre, del 8,82% y una interanual del 9,51%, debido principalmente a un déficit fiscal, siendo la más alta en los últimos 25 años. Para colocar la cereza sobre la torta, el informe 2024 de Latinobarómetro reveló que la aprobación del gobierno de Arce Catacora cayó al 9%, de un 46% de apoyo que tenía hasta el año pasado. Es el índice más bajo de respaldo de su gestión. Con estos lapidarios informes, la situación económica del país es bastante compleja y tiende a desmejorar durante el 2025 porque la actual administración carece de un verdadero y profundo programa que vaya a controlar el constante desabastecimiento de hidrocarburos, la preocupante falta de dólar, el aumento de los precios de la canasta básica de los alimentos y el alto costo de la vida. De nada sirve que el presidente Arce intente minimizar la crisis económica que afecta a millones de bolivianos acusando al expresidente Morales por un bloqueo de caminos (que solo se efectuó en Cochabamba durante 24 días), bloqueo, que fue levantado los primeros días de noviembre, que denunciaba el encarecimiento de la economía nacional. El déficit fiscal consolidado de los últimos 12 años, en términos nominales ascenderían alrededor de 44.700 millones de dólares que el Gobierno gastó más de lo que recaudó en ingresos, es decir que el Estado no pudo cumplir con todas sus obligaciones de pago que han sido comprometidos y que la economía ha retrocedido considerablemente. Según el Gobierno, el déficit fiscal se genera para garantizar la inversión pública en el país. Los proyectos que tuvo con los empresarios para la adquisición de dólares fue un rotundo fracaso, pues, los dólares continúan en falta en el sistema financiero nacional; el plan para la compra de carburantes a manos de privados es también un fracaso ya que la carencia de diésel y gasolina y las filas de automóviles para hacerse de estos productos son el pan de cada día en el país; además, la cacareada industrialización es tan solo un saludo a la bandera puesto que en el mercado interno no se ven los productos de esa mal llamada industrialización. Los cuatro años del gobierno de Arce Catacora estuvieron enfocados más en el aspecto político, en buscar aniquilar políticamente al expresidente Morales y no en mejorar la economía nacional que era uno de los puntales que le habían pedido miles de bolivianos que lo encumbraron a la presidencia de Bolivia. Lamentablemente, el gobierno dilapidó el dinero del erario nacional en comprar a dirigentes de las organizaciones sociales, crear nuevos dirigentes sindicales, aumentar el número de empleados públicos, cooptar y pagar jugosos sueldos a decenas de periodistas, aumentar la pauta publicitaria en los medios de comunicación y redes sociales, y sobre todo, dejar pasar la corrupción y el robo de millones de dólares de las empresas estatales por parte de los principales operadores que manejan los ministerios, viceministerios y demás dependencias gubernamentales.

Al Pereyra A pocos días de haberse cumplido mil días de la guerra entre Ucrania y Rusia, la comunidad internacional expresó su preocupación después que el presidente estadounidense Joe Biden autorizará al gobierno de Volodimir Zelenski la utilización de sus misiles en territorio ruso, autorización que fue contrarrestada por el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, al ordenar lanzar, por primera vez, un misil balístico hipersónico contra Ucrania. Rusia está ganando terreno constantemente en el este de Ucrania pese al alto número de bajas y con las fuerzas ucranianas necesitadas de más soldados, pero con un cambio importante en el apoyo que reciben de Estados Unidos: la posibilidad de utilizar los misiles Atacms en territorio ruso. Rusia acusó a Estados Unidos de echar “leña al fuego” y seguir provocando una escalada de tensión en torno a la guerra en Ucrania al autorizar ataques con misiles de largo alcance. Sin dejar pasar un segundo más, Moscú actualizó su doctrina nuclear y Putin firmó un decreto por el que se aprueban los fundamentos de la política estatal rusa en el ámbito de la disuasión nuclear. El documento establece que “la agresión de cualquier Estado de una coalición, bloque o alianza militar contra la Federación Rusa o sus aliados se considerará una agresión”. El decreto determina que «la disuasión de la agresión está garantizada por la totalidad del poder militar de la Federación Rusa, incluidas las armas nucleares». Moscú confiaba en que las potencias occidentales atendieran los avisos del Kremlin, como el claro mensaje que Putin envió en septiembre pasado cuando dijo que si daban permiso a Kiev para el empleo de misiles de largo alcance eso significará que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “están en guerra con Rusia”. La semana pasada, la cadena de televisión CNN y el influyente diario The New York Times informaron de la decisión sin precedentes del gobierno de Biden, quien finalizará su mandato el próximo 20 de enero. La cadena estadounidense, que citó como fuentes a dos funcionarios del país del norte, aseguró que las armas están destinadas a ser utilizadas, por el momento y principalmente, en Kursk, la región del sur de Rusia, en la que Moscú ha desplegado casi 50.000 tropas. La decisión del presidente Biden es un cambio importante en la política estadounidense y ha dividido a sus asesores, ya que la medida se produce dos meses antes de que su sucesor, el presidente electo, el republicano Donald Trump, asuma el cargo, tras haber prometido que va a limitar el apoyo a Ucrania. Recordemos que Trump como Putin mantienen buena sintonía. Durante su campaña electoral, Trump aseguró que tiene la intención total de lograr alcanzar de alguna manera la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además, durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), éste mantuvo en alto la diplomacia de Washington con Moscú. Trump ha afirmado repetidamente que mantiene buena relación con Putin. A finales de septiembre, en una reunión con el presidente ucraniano Zelenski en Nueva York, mencionó su buena relación con Putin y si sería reelegido presidente de Estados Unidos, esta relación le podría ayudar a poner fin rápidamente a la guerra. Sus oponentes, sin embargo, lo acusaron de estar demasiado cerca del líder del Kremlin e incluso de actuar, en ocasiones, en beneficio de los intereses de Moscú. El temor es que, bajo otro Gobierno de Trump, el acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania pueda significar importantes concesiones a Moscú. Desde que hace más de un año, las fuerzas rusas no han dejado de avanzar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, aunque Moscú sigue lejos de su objetivo de controlar todo el territorio. Aunque reconoce estos avances rusos, Kiev insiste en que tienen lugar a un precio récord de pérdidas humanas y de material, y se aferra, como llevan haciéndolo desde el segundo año de la guerra, a la esperanza de que el Kremlin se quede sin hombres y equipamiento para suplir estas bajas. Esperanza que se disuelve teniendo en cuenta que en enero próximo Trump regirá la política estadounidense que, para muchos, estará en sintonía con Moscú.

La Montaña Blu El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, comunicó la decisión política del gobierno —seguramente tomada por el presidente Luis Arce, ordenada al ministro de Gobierno Eduardo Del Casillo y este al comandante general Augusto Russo— de privar la seguridad física a las familias del trópico de Cochabamba. El generalísimo Aguilera dejó sentado que la decisión gubernamental se fundamenta en que los policías destinados a proteger las vidas humanas y las actividades sociales y económicas de esa región, no tienen garantías para cumplir con la ley. Se comprende que las garantías deben ser ofrecidas —no explicó cuáles— por los vecinos que habitan el trópico. Lo claro es una respuesta represiva al último movimiento popular en la región que rechazó las políticas económicas del gobierno de Arce, el intento de magnicidio de Evo Morales, la detención arbitraria masiva de dirigentes sindicales y ciudadanos que participaron en el prolongado bloqueo de carreteras. Antes de J. Aguilera, su colega de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos había dicho que la policía no retornaría a sus puestos de trabajo en el Chapare, porque no tenían garantías de las autoridades locales, sindicatos y de otros estamentos de la sociedad civil para ejercer su función sin amenazas de secuestro, golpizas, privación de alimentos, etcétera. Ambas autoridades, subordinadas al ministro Del Castillo, afirmaron también que los gobiernos municipales de la región deberían aprobar presupuestos para el funcionamiento de las unidades policiales. Nadie del gobierno, menos los medios de comunicación subordinados a la publicidad financiada por el Estado, admitió que la decisión política tomada que resulta violatorio a la Constitución y leyes conexas, incluso de la ética y doctrina policiales. Esta suerte de amotinamiento contra la seguridad ciudadana vulnera el mandato constitucional que asigna a la Policía Boliviana “la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano (251)”. Las leyes que se refiere la constitución son garantizar “el derecho fundamental a la vida y a la integridad física, los derechos civiles a la libertad y seguridad personal”, cumplir con las funciones “preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz y justicia”, “servir a la Patria y la sociedad con lealtad”, con practica moral expresada en actos de valores humanos y sociales y “garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien (…)”. El mal recordado ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, puso de moda condecorar a policías que actuaron con brutalidad, cerrar módulos policiales, suspender la vigilancia y tolerar la delincuencia callejera, con el fin de escarmentar las protestas populares. Nada cambio ahora con vil actuación.

Casimiro Pérez Huanca Los abogados del régimen de Luis Arce Catacora criminalizan las protestas de las organizaciones sindicales en los bloqueos de caminos y las consideran asociaciones terroristas, esto en la audiencia virtual de medidas cautelares, realizada el viernes 15, de Humberto Claros y Ramiro Cucho, a quienes se les atribuyó la autoría del intento de derrocamiento del presidente del Estado. El juez de medidas cautelares, Heber Torrejón, convencido de las acusaciones determinó que H. Claros sea guardado en la cárcel de San Pedro de La Paz y R. Cucho en Patacamaya —entre Oruro y La Paz—, por el lapso de cinco meses desde donde podrán defenderse de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa e Instigación pública a delinquir. El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía de La Paz, mediante sus abogados, coincidieron en afirmar que las organizaciones sindicales protagonistas de hechos violentos se habían convertido en una asociación “destinada a cometer delitos” y con el liderazgo de los dos cometieron actos de terrorismo —usando hondas, flechas, piedras, cartuchos de dinamita y armas de fuego— e instigaron subvertir el orden democrático y provocar daños materiales y humanos, a más de 350 kilómetros de La Paz. Los acusadores afirmaron que existían “riesgos procesales” que justificaban la “medida extrema de la detención preventiva”, siendo estos: peligro de fuga, peligro de obstaculización de las investigaciones, destrucción de pruebas, domicilio desconocido e incierto, trabajo u ocupación no demostrado, facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos y peligro efectivo para la sociedad y las victimas denunciantes —la mayoría policías represores— y que tienen capacidad de movilizar y bloquear nuevamente a las llamadas “asociaciones delictivas”, es decir los sindicatos agropecuarios. A decir del abogado de la Procuraduría, los sindicatos movilizados por instrucciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Humberto Claros y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) de Ramiro Cucho fueron puestos fuera de la ley por disposición del Tribunal Constitucional que desconoció al MAS IPSP y a su líder Evo Morales. El aboga defensor de Claros y Cucho, John Rioja Guzmán, demostró al juez que los argumentos de los acusadores no eran evidentes, porque no presentaron pruebas materiales y objetivas que les haga suponer la autoría de los delitos que les atribuyen, solo expusieron imágenes de las redes sociales y declaraciones a la prensa, ni mencionaron al policía que habría sufrido mutilación de una de sus piernas por explosión de dinamita.  Demostró con documentación que los dos tienen arraigo natural, social y familiar, además de trabajo y títulos profesionales, Claros en Chipiriri realizando tareas de agricultor junto a su madre, licenciado en Contaduría Pública y escritor literario; Cucho autoridad originaria del CONAMAQ, con domicilio conocido en Llallagua (Potosí) y con título de Licenciado en Informática. “Lo que hicieron es ejercer su libertad a la expresión y protesta” para demandar la solución de la crisis económica, la falta de dólares y suministro de combustible; además, que fueron detenidos arbitrariamente, sin individualizar el delito que cada uno de ellos habría cometido en las carreteras. Asimismo, no tienen capacidad para destruir las “pruebas” que se suponen están en custodia de la Policía y Fiscalía, ni poder para influenciar negativamente sobre los policías víctimas y testigos. Los abogados estatales buscan que los dos sean castigados con la pena máxima de 20 años de prisión por el delito de terrorismo, que comprende atentado “contra la seguridad común, la salud pública, seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de jefes de estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidos en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieron tales hechos punibles (Art. 133 del Código Penal); los otros delitos “instigación pública a delinquir” y “asociación delictuosa” no les resulta atractivos porque la sanción no superan los tres años de prisión. Los abogados y el juez no tomaron en cuenta para nada el uso de la fuerza desproporcionada de la Policía y las Fuerzas Armadas, que movilizaron a más de 4.000 hombre armados, sobre campesinos que sostenían la protesta pacífica; ni de los tres heridos de bala y más de 150 detenidos de manera violenta y trasladados a La Paz, donde se les privó de defensa legal, abrigo y comida.

Por Jacqueline Saavedra – Victor H. Romero* La norma básica periodística exige que toda nota que se precie de ser rigurosa debe, al menos, tener dos fuentes de respaldo: las clásicas parte y contraparte, aún mejor una pluralidad de voces que le brinden respaldo y seriedad. Sin embargo, en el ejercicio actual del periodismo en Bolivia reinan las notas con una sola fuente, lo que evidentemente, en medio de la polarización, se ha convertido en un arma política. La más reciente encuesta Delphi-FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) de octubre de este año establece que ante la pregunta «¿En general, los medios de comunicación en Bolivia…?», los encuestados respondieron: informan con veracidad (4,6%), informan en función de su propia agenda e intereses (72,6%), desinforman y generan noticias falsas (14,7%), otro (7,3%), no sabe (2,8%). Estos resultados son más que interesantes porque presentan una radiografía casi precisa sobre el rol que cumplen los medios de comunicación, conclusión por demás alarmante, porque implica que la mayoría cree que estos responden a su propia agenda e intereses, que traducido a la realidad del país, significa que el ciudadano consume una «postura editorial politizada», en un contexto altamente polarizado que toleramos desde la primera gestión de Evo Morales. En la misma encuesta, encontramos que ante la pregunta «¿Por qué medios se entera principalmente de las noticias y el mundo?»: televisión (24,8%), radio (17,4%), periódicos (22,0%), medios digitales (61,1%), redes sociales (34,9%), grupos WhatsApp (8,3%), otro (0,0%) y no me interesan las noticias (0,9%). Las respuestas dejan ver que los medios digitales han tomado el liderato como fuentes de información. En este contexto, los nuevos modelos informativos han cambiado el escenario, lo que se evidencia más a partir del predominio de lo que se ha venido a llamar «periodismo deliberativo», una opción «premasticada» del consumo informativo, que desplaza al ejercicio del periodismo como estrictamente fue concebido, donde la opinión del «redactor/editor» se basaba en la búsqueda rigurosa de los hechos que conforman una noticia, con una pluralidad de fuentes. Hoy esa búsqueda es considerada anticuada, las «nuevas tendencias» quieren/exigen todo cavilado, evitan que el lector procese el contenido informativo y que llegue a su propia conclusión. Si un lector busca llegar a la verdad de una noticia, o por lo menos aproximarse, tiene que buscar varias fuentes, mismas que tienen diferentes enfoques, compararlas, cotejarlas y así llegar a una conclusión que le permita asumir una posición propia y no impuesta por la agenda. La práctica periodística actual en los medios, nos condiciona a consumir la información como si de grageas se tratara, solo una parte del hecho noticioso, que además fue «condimentada» en su «cocción» con la postura del medio de comunicación, dejando totalmente de lado la búsqueda de fuentes, quedando la pluralidad desplazada por la instantaneidad del proceso informativo, por un lado, pero lo más evidente es que quienes elaboran esa información están concentrados en disgregar el contenido de manera que puedan cautivar a las audiencias, mutilando en el proceso todo sentido periodístico estricto, que es informar. Mostrar solo una parte de un hecho noticioso de manera tendenciosa es lo mismo que no contar la noticia. No es que incomode la libertad de expresión informativa, hoy irrestricta como nunca antes se ha visto; lo que preocupa es la calidad de la información que es emitida. Y se torna preocupante porque quien tenga un celular puede transmitir un evento que considere importante, pero esto no lo hace periodista bajo ningún aspecto, porque solo está enviando un «en vivo», que carece de tratamiento periodístico, lo que a veces se convierte en un peligro porque puede tergiversar un hecho y causar daños irreparables. Ocurre entonces que esta forma de informar, pese a su falta de rigurosidad y tratamiento informativo, se ha impuesto en los medios de comunicación. Celular en mano, el periodista desde donde está activa su transmisión en vivo considerando solo una fuente. El actuar es igual en todos los medios: una sola fuente de información e inmediatamente después una conclusión. En muchos casos, se busca una reacción altamente emocional en la audiencia, quitando toda posibilidad de reflexión. De esta forma, se vulnera el principio fundamental periodístico: el de intentar llegar a una aproximación cercana a la realidad. Hoy quienes dirigen los medios olvidaron intencionalmente los principios periodísticos informativos, al optar por preservar sus intereses políticos/empresariales y al elevar los niveles de consumidores/ventas con base en la exacerbación de la polarización política que vive el país desde que «esa otra Bolivia» decidió ser parte de la toma de decisiones sobre lo que debería ser la nación. En medio de esa conflictividad, también han surgido los tonos grises que en la coyuntura actual han enardecido mucho más las posturas políticas, convirtiendo a los medios de comunicación en verdaderos actores políticos al estilo de «dime qué consumes y te diré qué crees». Las audiencias tienen hoy, más que antes, una percepción distinta del medio periodístico y también del periodismo, porque su consumo informativo ya no se circunscribe al medio de comunicación tradicional, sino al virtual; por tanto, su realidad informativa puede llegar a ser radicalmente distinta al medio de comunicación, cualquiera que fuese. Es decir, las audiencias tienen información previa, la que no necesariamente es de calidad, emitida sea por una «transmisión en vivo» o el «relato del informador de plataforma», que desde su oficio «tiktokero», quienes no tienen obligación alguna de cumplir con los códigos formales del quehacer periodístico, puesto que su oficio es difundir emociones para ser consumido. Entonces ocurre un fenómeno de contrastación entre lo que vio a través de su celular y lo que le muestra el medio de comunicación: la directa/real y la mediática/procesada. De no coincidir ambas, generan rechazo, no hacia lo que vio a través de su celular, porque tiene la visión de que eso es real y de allí que se perciba que los periodistas de los medios de comunicación tradicionales ocultan la verdad. Quizá esta sea una respuesta a las agresiones que sufren hoy los periodistas. Es entonces el consumidor quien manda