Opinión 3

Al Pereyra A pocos días de haberse cumplido mil días de la guerra entre Ucrania y Rusia, la comunidad internacional expresó su preocupación después que el presidente estadounidense Joe Biden autorizará al gobierno de Volodimir Zelenski la utilización de sus misiles en territorio ruso, autorización que fue contrarrestada por el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, al ordenar lanzar, por primera vez, un misil balístico hipersónico contra Ucrania. Rusia está ganando terreno constantemente en el este de Ucrania pese al alto número de bajas y con las fuerzas ucranianas necesitadas de más soldados, pero con un cambio importante en el apoyo que reciben de Estados Unidos: la posibilidad de utilizar los misiles Atacms en territorio ruso. Rusia acusó a Estados Unidos de echar “leña al fuego” y seguir provocando una escalada de tensión en torno a la guerra en Ucrania al autorizar ataques con misiles de largo alcance. Sin dejar pasar un segundo más, Moscú actualizó su doctrina nuclear y Putin firmó un decreto por el que se aprueban los fundamentos de la política estatal rusa en el ámbito de la disuasión nuclear. El documento establece que “la agresión de cualquier Estado de una coalición, bloque o alianza militar contra la Federación Rusa o sus aliados se considerará una agresión”. El decreto determina que «la disuasión de la agresión está garantizada por la totalidad del poder militar de la Federación Rusa, incluidas las armas nucleares». Moscú confiaba en que las potencias occidentales atendieran los avisos del Kremlin, como el claro mensaje que Putin envió en septiembre pasado cuando dijo que si daban permiso a Kiev para el empleo de misiles de largo alcance eso significará que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “están en guerra con Rusia”. La semana pasada, la cadena de televisión CNN y el influyente diario The New York Times informaron de la decisión sin precedentes del gobierno de Biden, quien finalizará su mandato el próximo 20 de enero. La cadena estadounidense, que citó como fuentes a dos funcionarios del país del norte, aseguró que las armas están destinadas a ser utilizadas, por el momento y principalmente, en Kursk, la región del sur de Rusia, en la que Moscú ha desplegado casi 50.000 tropas. La decisión del presidente Biden es un cambio importante en la política estadounidense y ha dividido a sus asesores, ya que la medida se produce dos meses antes de que su sucesor, el presidente electo, el republicano Donald Trump, asuma el cargo, tras haber prometido que va a limitar el apoyo a Ucrania. Recordemos que Trump como Putin mantienen buena sintonía. Durante su campaña electoral, Trump aseguró que tiene la intención total de lograr alcanzar de alguna manera la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Además, durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), éste mantuvo en alto la diplomacia de Washington con Moscú. Trump ha afirmado repetidamente que mantiene buena relación con Putin. A finales de septiembre, en una reunión con el presidente ucraniano Zelenski en Nueva York, mencionó su buena relación con Putin y si sería reelegido presidente de Estados Unidos, esta relación le podría ayudar a poner fin rápidamente a la guerra. Sus oponentes, sin embargo, lo acusaron de estar demasiado cerca del líder del Kremlin e incluso de actuar, en ocasiones, en beneficio de los intereses de Moscú. El temor es que, bajo otro Gobierno de Trump, el acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania pueda significar importantes concesiones a Moscú. Desde que hace más de un año, las fuerzas rusas no han dejado de avanzar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, aunque Moscú sigue lejos de su objetivo de controlar todo el territorio. Aunque reconoce estos avances rusos, Kiev insiste en que tienen lugar a un precio récord de pérdidas humanas y de material, y se aferra, como llevan haciéndolo desde el segundo año de la guerra, a la esperanza de que el Kremlin se quede sin hombres y equipamiento para suplir estas bajas. Esperanza que se disuelve teniendo en cuenta que en enero próximo Trump regirá la política estadounidense que, para muchos, estará en sintonía con Moscú.

La Montaña Blu El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, comunicó la decisión política del gobierno —seguramente tomada por el presidente Luis Arce, ordenada al ministro de Gobierno Eduardo Del Casillo y este al comandante general Augusto Russo— de privar la seguridad física a las familias del trópico de Cochabamba. El generalísimo Aguilera dejó sentado que la decisión gubernamental se fundamenta en que los policías destinados a proteger las vidas humanas y las actividades sociales y económicas de esa región, no tienen garantías para cumplir con la ley. Se comprende que las garantías deben ser ofrecidas —no explicó cuáles— por los vecinos que habitan el trópico. Lo claro es una respuesta represiva al último movimiento popular en la región que rechazó las políticas económicas del gobierno de Arce, el intento de magnicidio de Evo Morales, la detención arbitraria masiva de dirigentes sindicales y ciudadanos que participaron en el prolongado bloqueo de carreteras. Antes de J. Aguilera, su colega de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos había dicho que la policía no retornaría a sus puestos de trabajo en el Chapare, porque no tenían garantías de las autoridades locales, sindicatos y de otros estamentos de la sociedad civil para ejercer su función sin amenazas de secuestro, golpizas, privación de alimentos, etcétera. Ambas autoridades, subordinadas al ministro Del Castillo, afirmaron también que los gobiernos municipales de la región deberían aprobar presupuestos para el funcionamiento de las unidades policiales. Nadie del gobierno, menos los medios de comunicación subordinados a la publicidad financiada por el Estado, admitió que la decisión política tomada que resulta violatorio a la Constitución y leyes conexas, incluso de la ética y doctrina policiales. Esta suerte de amotinamiento contra la seguridad ciudadana vulnera el mandato constitucional que asigna a la Policía Boliviana “la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano (251)”. Las leyes que se refiere la constitución son garantizar “el derecho fundamental a la vida y a la integridad física, los derechos civiles a la libertad y seguridad personal”, cumplir con las funciones “preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz y justicia”, “servir a la Patria y la sociedad con lealtad”, con practica moral expresada en actos de valores humanos y sociales y “garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien (…)”. El mal recordado ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, puso de moda condecorar a policías que actuaron con brutalidad, cerrar módulos policiales, suspender la vigilancia y tolerar la delincuencia callejera, con el fin de escarmentar las protestas populares. Nada cambio ahora con vil actuación.

Casimiro Pérez Huanca Los abogados del régimen de Luis Arce Catacora criminalizan las protestas de las organizaciones sindicales en los bloqueos de caminos y las consideran asociaciones terroristas, esto en la audiencia virtual de medidas cautelares, realizada el viernes 15, de Humberto Claros y Ramiro Cucho, a quienes se les atribuyó la autoría del intento de derrocamiento del presidente del Estado. El juez de medidas cautelares, Heber Torrejón, convencido de las acusaciones determinó que H. Claros sea guardado en la cárcel de San Pedro de La Paz y R. Cucho en Patacamaya —entre Oruro y La Paz—, por el lapso de cinco meses desde donde podrán defenderse de los delitos de terrorismo, asociación delictuosa e Instigación pública a delinquir. El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la Fiscalía de La Paz, mediante sus abogados, coincidieron en afirmar que las organizaciones sindicales protagonistas de hechos violentos se habían convertido en una asociación “destinada a cometer delitos” y con el liderazgo de los dos cometieron actos de terrorismo —usando hondas, flechas, piedras, cartuchos de dinamita y armas de fuego— e instigaron subvertir el orden democrático y provocar daños materiales y humanos, a más de 350 kilómetros de La Paz. Los acusadores afirmaron que existían “riesgos procesales” que justificaban la “medida extrema de la detención preventiva”, siendo estos: peligro de fuga, peligro de obstaculización de las investigaciones, destrucción de pruebas, domicilio desconocido e incierto, trabajo u ocupación no demostrado, facilidades para abandonar el país o permanecer ocultos y peligro efectivo para la sociedad y las victimas denunciantes —la mayoría policías represores— y que tienen capacidad de movilizar y bloquear nuevamente a las llamadas “asociaciones delictivas”, es decir los sindicatos agropecuarios. A decir del abogado de la Procuraduría, los sindicatos movilizados por instrucciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de Humberto Claros y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) de Ramiro Cucho fueron puestos fuera de la ley por disposición del Tribunal Constitucional que desconoció al MAS IPSP y a su líder Evo Morales. El aboga defensor de Claros y Cucho, John Rioja Guzmán, demostró al juez que los argumentos de los acusadores no eran evidentes, porque no presentaron pruebas materiales y objetivas que les haga suponer la autoría de los delitos que les atribuyen, solo expusieron imágenes de las redes sociales y declaraciones a la prensa, ni mencionaron al policía que habría sufrido mutilación de una de sus piernas por explosión de dinamita.  Demostró con documentación que los dos tienen arraigo natural, social y familiar, además de trabajo y títulos profesionales, Claros en Chipiriri realizando tareas de agricultor junto a su madre, licenciado en Contaduría Pública y escritor literario; Cucho autoridad originaria del CONAMAQ, con domicilio conocido en Llallagua (Potosí) y con título de Licenciado en Informática. “Lo que hicieron es ejercer su libertad a la expresión y protesta” para demandar la solución de la crisis económica, la falta de dólares y suministro de combustible; además, que fueron detenidos arbitrariamente, sin individualizar el delito que cada uno de ellos habría cometido en las carreteras. Asimismo, no tienen capacidad para destruir las “pruebas” que se suponen están en custodia de la Policía y Fiscalía, ni poder para influenciar negativamente sobre los policías víctimas y testigos. Los abogados estatales buscan que los dos sean castigados con la pena máxima de 20 años de prisión por el delito de terrorismo, que comprende atentado “contra la seguridad común, la salud pública, seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de jefes de estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidos en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieron tales hechos punibles (Art. 133 del Código Penal); los otros delitos “instigación pública a delinquir” y “asociación delictuosa” no les resulta atractivos porque la sanción no superan los tres años de prisión. Los abogados y el juez no tomaron en cuenta para nada el uso de la fuerza desproporcionada de la Policía y las Fuerzas Armadas, que movilizaron a más de 4.000 hombre armados, sobre campesinos que sostenían la protesta pacífica; ni de los tres heridos de bala y más de 150 detenidos de manera violenta y trasladados a La Paz, donde se les privó de defensa legal, abrigo y comida.

Por Jacqueline Saavedra – Victor H. Romero* La norma básica periodística exige que toda nota que se precie de ser rigurosa debe, al menos, tener dos fuentes de respaldo: las clásicas parte y contraparte, aún mejor una pluralidad de voces que le brinden respaldo y seriedad. Sin embargo, en el ejercicio actual del periodismo en Bolivia reinan las notas con una sola fuente, lo que evidentemente, en medio de la polarización, se ha convertido en un arma política. La más reciente encuesta Delphi-FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) de octubre de este año establece que ante la pregunta «¿En general, los medios de comunicación en Bolivia…?», los encuestados respondieron: informan con veracidad (4,6%), informan en función de su propia agenda e intereses (72,6%), desinforman y generan noticias falsas (14,7%), otro (7,3%), no sabe (2,8%). Estos resultados son más que interesantes porque presentan una radiografía casi precisa sobre el rol que cumplen los medios de comunicación, conclusión por demás alarmante, porque implica que la mayoría cree que estos responden a su propia agenda e intereses, que traducido a la realidad del país, significa que el ciudadano consume una «postura editorial politizada», en un contexto altamente polarizado que toleramos desde la primera gestión de Evo Morales. En la misma encuesta, encontramos que ante la pregunta «¿Por qué medios se entera principalmente de las noticias y el mundo?»: televisión (24,8%), radio (17,4%), periódicos (22,0%), medios digitales (61,1%), redes sociales (34,9%), grupos WhatsApp (8,3%), otro (0,0%) y no me interesan las noticias (0,9%). Las respuestas dejan ver que los medios digitales han tomado el liderato como fuentes de información. En este contexto, los nuevos modelos informativos han cambiado el escenario, lo que se evidencia más a partir del predominio de lo que se ha venido a llamar «periodismo deliberativo», una opción «premasticada» del consumo informativo, que desplaza al ejercicio del periodismo como estrictamente fue concebido, donde la opinión del «redactor/editor» se basaba en la búsqueda rigurosa de los hechos que conforman una noticia, con una pluralidad de fuentes. Hoy esa búsqueda es considerada anticuada, las «nuevas tendencias» quieren/exigen todo cavilado, evitan que el lector procese el contenido informativo y que llegue a su propia conclusión. Si un lector busca llegar a la verdad de una noticia, o por lo menos aproximarse, tiene que buscar varias fuentes, mismas que tienen diferentes enfoques, compararlas, cotejarlas y así llegar a una conclusión que le permita asumir una posición propia y no impuesta por la agenda. La práctica periodística actual en los medios, nos condiciona a consumir la información como si de grageas se tratara, solo una parte del hecho noticioso, que además fue «condimentada» en su «cocción» con la postura del medio de comunicación, dejando totalmente de lado la búsqueda de fuentes, quedando la pluralidad desplazada por la instantaneidad del proceso informativo, por un lado, pero lo más evidente es que quienes elaboran esa información están concentrados en disgregar el contenido de manera que puedan cautivar a las audiencias, mutilando en el proceso todo sentido periodístico estricto, que es informar. Mostrar solo una parte de un hecho noticioso de manera tendenciosa es lo mismo que no contar la noticia. No es que incomode la libertad de expresión informativa, hoy irrestricta como nunca antes se ha visto; lo que preocupa es la calidad de la información que es emitida. Y se torna preocupante porque quien tenga un celular puede transmitir un evento que considere importante, pero esto no lo hace periodista bajo ningún aspecto, porque solo está enviando un «en vivo», que carece de tratamiento periodístico, lo que a veces se convierte en un peligro porque puede tergiversar un hecho y causar daños irreparables. Ocurre entonces que esta forma de informar, pese a su falta de rigurosidad y tratamiento informativo, se ha impuesto en los medios de comunicación. Celular en mano, el periodista desde donde está activa su transmisión en vivo considerando solo una fuente. El actuar es igual en todos los medios: una sola fuente de información e inmediatamente después una conclusión. En muchos casos, se busca una reacción altamente emocional en la audiencia, quitando toda posibilidad de reflexión. De esta forma, se vulnera el principio fundamental periodístico: el de intentar llegar a una aproximación cercana a la realidad. Hoy quienes dirigen los medios olvidaron intencionalmente los principios periodísticos informativos, al optar por preservar sus intereses políticos/empresariales y al elevar los niveles de consumidores/ventas con base en la exacerbación de la polarización política que vive el país desde que «esa otra Bolivia» decidió ser parte de la toma de decisiones sobre lo que debería ser la nación. En medio de esa conflictividad, también han surgido los tonos grises que en la coyuntura actual han enardecido mucho más las posturas políticas, convirtiendo a los medios de comunicación en verdaderos actores políticos al estilo de «dime qué consumes y te diré qué crees». Las audiencias tienen hoy, más que antes, una percepción distinta del medio periodístico y también del periodismo, porque su consumo informativo ya no se circunscribe al medio de comunicación tradicional, sino al virtual; por tanto, su realidad informativa puede llegar a ser radicalmente distinta al medio de comunicación, cualquiera que fuese. Es decir, las audiencias tienen información previa, la que no necesariamente es de calidad, emitida sea por una «transmisión en vivo» o el «relato del informador de plataforma», que desde su oficio «tiktokero», quienes no tienen obligación alguna de cumplir con los códigos formales del quehacer periodístico, puesto que su oficio es difundir emociones para ser consumido. Entonces ocurre un fenómeno de contrastación entre lo que vio a través de su celular y lo que le muestra el medio de comunicación: la directa/real y la mediática/procesada. De no coincidir ambas, generan rechazo, no hacia lo que vio a través de su celular, porque tiene la visión de que eso es real y de allí que se perciba que los periodistas de los medios de comunicación tradicionales ocultan la verdad. Quizá esta sea una respuesta a las agresiones que sufren hoy los periodistas. Es entonces el consumidor quien manda

Al Pereyra Sin un claro favorito entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, las elecciones presidenciales en Estados Unidos el martes se enmarcan en una de las más reñidas de la historia del país del norte. La presidencia puede decidirse una vez más por un puñado de votos de la comunidad latina que representa un quince por ciento del electorado, pueden resultar clave. Más de 36 millones de latinos, de los 65 millones que viven en el país del norte, están habilitados para los comicios. Se trata de un grupo de votantes muy disputado, al igual que muy heterogéneo, que se concentran principalmente en los estados de California, Texas, Nevada, Florida, Nueva York, Pensilvania y Arizona, si bien es en Nuevo México donde se alcanza el mayor porcentaje de electores latinos, con el 45 por ciento. Tradicionalmente, los ciudadanos de origen latino han votado sobre todo demócrata, si bien en los últimos años se han reducido esas distancias y el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, ganó terreno en 2020 entre esta parte del electorado. Según el sondeo del sitio Real Clear Politics, Harris tiene una leve ventaja de dos puntos a nivel nacional sobre el magnate, pero el número aún está dentro del margen de error. En un complejo y controvertido sistema, en Estados Unidos es posible que no gane el candidato más votado, sino el que alcance una mayoría de 270 de los 538 votos del Colegio Electoral, sumando muchos estados o estados de gran peso demográfico. Se sabe que 38 de los 50 estados han votado por el mismo partido político entre 2000 y 2016. Por ejemplo, California o Nueva York son estados “azules” porque siempre eligen candidatos demócratas y otros como Oklahoma, Arkansas o Texas son “rojos” porque se inclinan por los republicanos. Por eso el ganador casi siempre se decide por un puñado de estados conocidos como “swing states”, o sea que oscilan de un partido a otro según la elección. Todo indica que las elecciones del martes dependerán de siete distritos clave, con electorados “púrpura”, o más mezclados: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte, donde Trump y Harris pelean cabeza a cabeza y dedican todo su tiempo en el tramo final de la campaña. Los analistas consideran que Harris solo necesita ganar en el “Cinturón del óxido”, Pennsylvania, Wisconsin y Michigan, para obtener los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral y ganar las elecciones, a menos que haya resultados sorprendentes en otros lugares. Si Trump gana en Pennsylvania, Carolina del Norte y Georgia, tendrá suficientes votos para ser declarado ganador, a menos que haya sorpresas en otros estados. Trump también podría ganar si vence a Harris en los estados indecisos del Cinturón del Sol de Arizona, Georgia y Carolina del Norte, y también suma Wisconsin o Michigan. La fortaleza de Harris está en los votantes progresistas de grandes ciudades que tienen secundario completo o educación universitaria y también de origen más diverso. De madre india y padre jamaiquino, Harris ha aumentado su influencia en el electorado afroamericano y asiático. Harris ha logrado revitalizar a los jóvenes y a las mujeres que ven con expectativa que se convierta en la primera presidenta de la historia de Estados Unidos. En tanto, la principal fortaleza de Trump reside en los hombres blancos, sin educación universitaria, que viven en los estados del interior del país y fuera de los centros urbanos. Muchos de ellos han sido víctimas de la desindustrialización y creen que las nuevas economías –sobre todo las “verdes”- los han desplazado. A Trump también los apoyan los sectores más religiosos, que agradecen que el magnate en su gestión anterior haya nombrado a tres jueces conservadores en la Corte Suprema que limitaron, por ejemplo, el derecho al aborto que ahora se determina en cada estado. Los trumpistas sienten a los inmigrantes como una amenaza para el país y la identidad anglosajona. Y creen que la economía de los últimos cuatro años no los ha beneficiado. Todo hace ver que los estadounidenses están una vez más frente a gran incertidumbre política por determinar quién regirá los destinos del país para los próximos cuatro años.

MAS-IPSP En un operativo sin precedentes en la historia democrática del país, Luis Arce Catacora cruzó otra línea más en su camino de traición y ayer arremetió con miles de gases y balines contra el movimiento indígena y popular que votó por él en 2020 y que reclama en las carreteras, la ineficiencia y corrupción de su gobierno en la gestión económica. Según denunció el legítimo secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Humberto Claros, “el gobierno ha armado un escenario de guerra contra el movimiento indígena campesino como si estuviera yendo a enfrentar a un enemigo externo a la frontera”. Es decir, Arce y su ministro de Gobierno, el censurado Eduardo Del Castillo enfrentan al pueblo indígena y originario con las tácticas y armas destinadas a un ejército invasor. Una vez más se cumple aquella arenga popular: “valientes son para enfrentar a su propio pueblo, cobardes para defender la integridad del territorio nacional”. Claros reveló que unos 10.000 efectivos de la policía y militares intervinieron en los bloqueos de caminos en Parotani, por aire (helicópteros comprados por Evo Morales para salvar vidas) y tierra, en una acción, “nunca vista en tiempos de paz en la historia de este país”. Hay al menos 66 detenidos que fueron secuestrados a La Paz, donde se le niega el derecho legítimo a la defensa y a los que la oficina del Defensor del Pueblo no ha podido ver por “instrucciones superiores”. Es así, que el Gobierno que el pasado 27 de octubre usó mercenarios y vehículos incautados  al narcotráfico, para atentar contra la vida de Evo Morales disparándole hasta 18 veces con armas de grueso calibre, ayer usó todo el aparato estatal de seguridad para agredir al pueblo movilizado, por lo que ya no se necesitan más pruebas para asegurar que #LuisArce se ha convertido en un gobierno enemigo del pueblo de Bolivia, especialmente del más humilde, cuya sangre está dispuesto a derramar como lo hicieron en el pasado Hugo Banzer, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada, todos ellos representantes de los intereses coloniales en el país. Luis Arce es ya uno de ellos. Sin embargo, no hay mega operativo que valga ante un pueblo organizado, movilizado y con hambre no solo de alimentos, sino de justicia. Las organizaciones sociales indígenas campesinas no se amedrentan y anoche anunciaron que las movilizaciones continuarán hasta conseguir el regreso de su renocimiento como sujeto histórico. Nunca más Bolivia sin los indígenas en el poder. Y hablando de sujeto histórico, ¿alguien sabe cuándo García Linera saldrá de su lujosa cueva de Achumani? Tanto teorizo el exvicepresidente sobre el indígena como el regente “dominante y “dirigente” de la revolución boliviana y el proceso de cambio que hoy llama la atención de manera dramática, su silencio sobre el intento de magnicidio contra su presidente Evo Morales, y calle ante brutalidad de la represión armada contra el movimiento indígena, de un gobierno, donde mucha de su gente de confianza ocupa cargos. Muchos años antes de morir, Felipe Quispe Huanca el Mallku se ha referido claramente a figuras como García Linera y Luis Arce, del primero ha dicho: “Álvaro García Linera, en su condición de elite predominante omnipotente, se mantuvo muy arraigado con las costumbres de sus ancestros coloniales. De manera que nunca jamás le gustó el idioma indio. Esta posición es notoria y está presente en todas sus actividades políticas”, mientas que de Arce aclaró: “lo conocí en el MIR, luego fue funcionario del Banco Central con el MNR, pero, peligro, puede pasar como en Ecuador con la traición de Lenin Moreno”.

Por Ruperto Perca Quispe No es el primer caso en la historia de Bolivia y el mundo. Siempre hubo un traidor de su hermano de origen, de tierra, de clase. Muchos líderes indígenas fueron descuartizados no solo por los invasores españoles sino por sus propios hermanos y compañeros de sangre que se vendieron por espejitos de colores. Judas es uno de los traidores famosos del mundo cristiano. La Malinche, es otra de las traidoras en México. Ella se entregó al conquistador colonial y destruyó a sus hermanos indígenas. En Bolivia hubo indígenas que se convirtieron en pongos de los k’aras, blancos, citadinos, explotadores, patrones, racistas, vendepatria. Basta citar a Víctor Hugo Cárdenas que fue empleado del norteamericano Goni, ese que puteaba por la mixtura y los abrazos de los indios en plena campaña electoral; ese que fugó a EEUU, su verdadera patria, luego de masacrar indios en el altiplano boliviano y cargarse maletas de dólares de las arcas del Estado. No contento con esa traición, Cárdenas, volvió a ser sirviente de la dictadora Jeanine Añez, ejerciendo el cargo de ministro de Educación. No le importó las masacres de Sacaba y Senkata donde el régimen de los pititas, mató indios y robó el dinero de los bolivianos. Fernando Untoja, es otro traidor de sus hermanos indios. Terminó siendo fiel apologista del partido del dictador Hugo Banzer y del norteamericano Tuto. Y la lista puede seguir. Actualmente tenemos muchos indígenas de gobernadores, alcaldes, concejales, ministros y “analistas” que no solo odian a sus hermanos indígenas, sino son eficientes alcahuetes de los racistas; son entusiastas defensores de los represores y traidores. Ya llegará el tiempo para juzgarlos en un tribunal de justicia comunitaria o un tribunal de ética política por su traición a sus compañeros de sangre, a su pueblo, a su origen y a su partido. Un caso tremendamente escandaloso es el del actual vicepresidente del Estado Plurinacional David Choquehuanca Céspedes, que tras asumir como canciller de Evo Morales, se hizo llamar Jilata, que en aymara significa: hermano o compañero. También le gustaba que le digan: “qamiri” (persona que viven bien, que es perfecto). En todos sus primeros discursos y entrevistas en Bolivia y en el exterior, como jefe de la diplomacia boliviana, habló de los postulados del Vivir Bien, entre ellos: “Llegar a acuerdos en consenso: Vivir Bien es buscar el consenso entre todos, lo que implica que, aunque las personas tengan diferencias, al momento de dialogar se llegue a un punto neutral en el que todas coincidan y no se provoquen conflictos”. Pero el Jilata fue el primero en ejecutar un plan vengativo contra Evo y no lo hizo de frente sino utilizando a gente de su confianza que empezó a tirar las primeras bombas contra el jefe nacional de su propio partido, el MAS-IPSP, bajo el falso discurso de “renovación”. También decía que había que respetar las diferencias: “Vivir Bien es respetar al otro, saber escuchar a todo el que desee hablar, sin discriminación o algún tipo de sometimiento”. Pero el “Qamiri” pronunció discursos de odio contra Evo y los evistas. Postuló que el “Vivir Bien aspira a tener una sociedad con equidad y sin exclusión”. Sin embargo, persiguió y los hizo despedir de sus cargos en la administración pública a compañeros que votaron por él y por Arce. Solo por ser sospechosos de evistas. Gritaba en foros la defensa de la identidad:“Vivir Bien es valorar y recuperar la identidad. Dentro del nuevo modelo, la identidad de los pueblos es mucho más importante que la dignidad, una vida basada en valores que se han resistido por más de 500 años”, pero el Choquehuanca se sometió a los k’aras, a los blancos, a los neoliberales y odiadores de indígenas. Es imperdonable el silencio de Choquehuanca ante la represión de su gobierno a sus jilatas aymaras durante marchas y bloqueos. No salió en defensa de indígenas y campesinos encarcelados por protestar. Traicionó a su identidad y sangre. Fue cómplice de la persecución, juicios rápidos y condenas ilegales e injustas. Defendía como canciller de Evo, la unidad de los pueblos y organizaciones: “No hay unidad en la diversidad. Este planteamiento se traduce en que los seres semejantes o diferentes jamás deben lastimarse”. El Jilata hizo todo lo contrario, junto a burócratas, (“académicos blancos”) de la Casa Grande, dividió a las organizaciones sociales y prebendalizó (compró) dirigentes que, ahora, son fanáticos fieles por Arce-Choquehuanca, a cambio de bolsas de dinero. Dirigentes sin bases pero con muchos medios de comunicación pagados por el Estado para chupar las medias del régimen arcista y difamar a los verdaderos líderes sociales. Planteaba potenciar la agricultura de las comunidades: “Vivir Bien es recuperar las formas de vivencia en comunidad, como el trabajo de la tierra, cultivando productos para cubrir las necesidades básicas para la subsistencia. En este punto se hará la devolución de tierras a las comunidades, de manera que se generen las economías locales”. Pero en su gobierno entregaron tierra a terratenientes como ocurrió con el croata separatista de Santa Cruz, Branko Marinkovic. Y lo peor: pronto Bolivia no tendrá trigo y arroz. La comida elemental deberá importarse. Chau soberanía alimentaria. Choquehuanca daba consejos como saber comunicarse: “Vivir Bien es saber comunicarse, retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales. Tenemos que comunicarnos como antes nuestros padres lo hacían y resolvían los problemas sin que se presenten conflictos”. Pero no cumplió sus propios consejos. Usando voceros criminalizó y difamó a su hermano Evo y no habla más que con sus asesores k’aras de organismos no gubernamentales y los eternos llunkus con pajas mentales. No dejó de decir que el Vivir Bien “no es vivir mejor como plantea el capitalismo”. Pero su gobierno, se derechizó, traicionó el Proceso de Cambio, se puso al servicio del capitalismo de EEUU, destruyó la economía boliviana y se alió con los ultraneoliberales bolivianos. No se cansó de gritar que “Vivir Bien es basarse en el ama sua, ama llulla y ama qhilla (no robar, no mentir y no ser flojo,

Por Juan Cutipa Domínguez Ni Judas se atrevió a tanto. Ningún político en la historia de Bolivia sufrió lo que Evo enfrenta en estos días. Es inédita y cruel la traición del presidente y vicepresidente Luis Arce y David Choquehuanca. Esa traición tiene una gigante carga de odio y venganza. El bombardeo de mentiras y maldad que soporta Evo debe ser estudiado e investigado por expertos en comunicación y derecho. Desde hace años dicen de Evo muchas barbaridades de manera impune. Políticos y periodistas antievistas no solo emiten opiniones sino sentencias condenatorias sin ningún derecho al debido proceso. Muchos de ellos incitan al linchamiento físico. Desde que emergió como líder nacional, Evo fue víctima de racismo, odio, discriminación, difamación, condenas sin procesos, expulsión del Parlamento, detenciones, torturas y acusaciones. Todo ese bombardeo, generalmente, tuvo y tiene origen en la embajada norteamericana y sus empleados locales: políticos derechistas, neoliberales y vendepatrias; periodistas autodenominados “independientes”, cuando en realidad son mercenarios de la palabra. Se nota demasiado el odio brutal que tienen el 99% de los medios de comunicación de Bolivia contra Evo. No es necesario ser experto en comunicación para darse cuenta. Las radios hacen 10 entrevistas en un programa y, muchas veces, esas 10 entrevistas son antievistas. Ni siquiera disimulan con una entrevista favorable a Evo para cumplir el Código de Ética sobre contraparte, equilibrio y no discriminación. Hay canales de televisión en Bolivia que en sus informativos y programas especiales, difunden reportajes contra Evo que duran 30 minutos y, a veces, emiten una sola nota escuchando a Evo, a sus voceros y/o abogados. Pero solo duran segundos. Lo terrible es que en los programas de análisis y debate de las radios y de la televisión, los “analistas” invitados son siempre los mismos, son antievistas rabiosos y muchos de ellos son empleados del Gobierno de Luis Arce, pero son presentados, descaradamente, como opinadores “independientes”. Hubo casos en los que el mismo “analista independiente” hizo un tour mediático por 5 canales televisivos en una misma noche. Se percibe que son programados desde alguna instancia gubernamental a cambio de pauta publicitaria y con el guion escrito `por el equipo de comunicación del régimen y que se distribuye a dirigentes sociales afines al arcismo, a legisladores y comentaristas arcistas para que repitan como loros la “línea” de cada día. Lamentablemente, el MAS-IPSP -leal a Evo y al Proceso de Cambio- no usa hasta ahora, los instrumentos legales que están vigentes en Bolivia para denunciar la violación asquerosa de la ética periodística en los medios privados y en los medios públicos. Los legisladores evistas deben pedir a la Fiscalía de La Paz que investigue la cantidad de dinero público que utiliza el régimen de Arce y Choquehuanca en la partida de Publicidad; solicitar la lista de los medios de comunicación y periodistas con “programas independientes” que reciben dinero con el disfraz de publicidad. Deben convocar a la ministra de la Presidencia, a la viceministra de Comunicación y a los ministros que otorgan publicidad a los medios para qué digan cuántos millones distribuyen a medios privados y públicos; exigir la presentación de los guiones que entregan a periodistas, analistas, legisladores, voceros y otros para que declaren en la prensa o comenten en los programas de radio y televisión. Mediante ese mecanismo, se podrá establecer que el régimen arcista derrocha millones de dólares de los impuestos de la gente para comprar, controlar, manipular y dirigir medios de comunicación; para callar la corrupción, el nepotismo, el abuso de poder y la criminalización de Evo. En paralelo a eso, los dirigentes del MAS y las organizaciones sociales leales al Proceso de Cambio, deben pedir al Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia -que está vigente y que rige el comportamiento de los medios y periodistas de todos los sectores- haga un monitoreo de la forma cómo tratan a Evo y a los evistas; pedir a las carreras de comunicación de universidades públicas y privadas que midan los tiempos, formatos, géneros periodísticos para analizar si hay contraparte, equilibrio, objetividad e independencia. Los medios y periodistas que cada día violan los mandatos elementales del Código de Ética Periodística de Bolivia deben ser denunciados ante el Tribunal Nacional de Ética Periodística. Ese tribunal ya condenó a varios periodistas y comunicadores sociales famosos que no dieron el derecho a la réplica y contraparte o que con sus comentarios usurparon funciones de jueces y fiscales dictando sentencias condenatorias. Otra opción que tiene el MAS-IPSP y las organizaciones sociales de Bolivia criminalizadas por el régimen autoritario y derechista de Arce-Choquehuanca, es acudir a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU con el fin de solicitar el envío a nuestro país de observadores internacionales que hagan un monitoreo de los medios de comunicación en tiempos de crisis social y política. Hay suficientes pruebas del linchamiento mediático a Evo, desde hace muchos años. Como casos recientes podemos señalar la forma de cobertura que hizo el 99% de la prensa privada y pública a la reciente Marcha para Salvar Bolivia y la catarata de denuncias judiciales lanzadas por el régimen arcista y sus aliados de la derecha boliviana. Medios y periodistas se convirtieron en jueces y fiscales que dictan sentencias condenatorias sin ningún derecho a que el condenado pronuncie su versión y su defensa. No cumplen ni siquiera el mandato constitucional de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y pisotean el derecho al debido proceso. Evo es fusilado desde los medios privados permanentemente. Lo insultan, lo hacen insultar. Lo difaman y le hacen difamar. El colmo es que desde los medios públicos y desde las radios de pueblos originarios -fortalecidos por las gestiones gubernamentales de Evo- se lanzan misiles de mentira, odio y racismo. Hay centenares de políticos y periodistas que traicionaron a Evo sin ponerse roja su cara. Evo les dio la oportunidad de ser algo. Evo les dio de comer. Evo los ayudó. Pero, hoy, esos que comieron de la mano de Evo son los más rabiosos traidores, odiadores y

Por Juan Cutipa Domínguez La historia de la humanidad está llena de casos similares a los narrados en la Biblia sobre Judas y Caín. La traición y la envidia, siempre caminaron juntas. Muchos libros se pueden escribir en torno a la traición de Lucho a Evo, al MAS-IPSP y al Proceso de Cambio y los planes para acabar políticamente con Evo porque le tienen miedo en las urnas y le tienen envidia porque el pueblo le es fiel, agradecido y cariñoso. El gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca está en el ocaso. No solo porque le queda menos de un año sino porque es un desastre. No es necesario pedir acortamiento de mandato ni adelantamiento de elecciones porque el arcismo está acabado. La ineficiencia, la corrupción familiar, el nepotismo, la soberbia y la maldad para perseguir y destruir a sus propios electores, se encargaron de liquidarlo. El gobierno de Arce-Choquehuanca fue parido en las urnas, pero se convirtió en un régimen autoritario, vengativo y lleno de odio. Evo puso como candidato a Lucho para salvar la economía destruida por la dictadura de Añez y la banda de asaltantes de la derecha boliviana (pititas), que tuvo la “bendición” de obispos fascistas, diplomáticos entrometidos y medios de comunicación carentes de ética e independencia. Todos los militantes masistas hicieron campaña con sus propios recursos y votaron por Lucho y David. Pero tras el triunfo del MAS-IPSP, en octubre del 2020, estalló el primer signo de traición. Ni Lucho ni David, fueron a recibir a Evo a la frontera La Quiaca-Villazón por donde regresaba el presidente y líder del partido que ganó las elecciones. David parece haber sido el primero -desde las sombras- en ejecutar el plan destinado a terminar con Evo. El llamado “Jilata” nunca dio la cara y usó palos blancos, testaferros y emisarios para liquidar al jefe de partido más grande de la historia boliviana. En nombre de “renovación”, un viceministro, mano derecha de Choquehuanca, empezó a tirar las primeras piedras a Evo. Con el silencio cómplice de Lucho, el ataque de funcionarios del gobierno que ganó con la sigla MAS-IPSP, fue creciendo. Ministros -que nunca hicieron vida orgánica en el partido- ahora atacan peor que los ultraderechistas bolivianos a Evo y sus compañeros leales. Con el plan de ser reelegido, Lucho y su entorno, primero, se apoderaron del gobierno ganado por el MAS y lo convirtieron en un régimen antievista y antimasista; no tuvieron vergüenza de aliarse con la derecha boliviana (Mesa-Camacho-Tuto-Reyes Villa) y se pusieron al servicio de la embajada norteamericana. Usando métodos de las dictaduras militares y de gobiernos neoliberales, persiguen a compañeros que hicieron campaña y votaron para que el MAS-IPSP recupere el gobierno que estaba en manos de la dictadora Añez. Tras destituirlos de la administración pública sin derecho al debido proceso y solo con la presunción de ser evistas y “radicales”, les abren procesos judiciales. Dieron cargos y trabajo a gente que nunca hizo algo por el MAS-IPSP, llegando a la vergüenza de contratar pititas y empleados militantes de los viejos y derrotados partidos neoliberales. Luego, dividieron, asaltaron y se compraron organizaciones sociales. Usando las fuerzas policiales y pagando mucho dinero (con el disfraz de publicidad, por ejemplo) crearon sindicatos paralelos y otras organizaciones serviles y prebendales. Para destruir a Evo y a los leales al MAS-IPSP, montaron un poderoso aparato judicial y mediático. Golpearon al Legislativo, con sentencias de jueces al servicio del régimen como los auto prorrogados del Tribunal Constitucional, impidiendo a diputados y senadores ejercer el derecho a la petición de informes, interpelación y censura a los ministros arcistas. Desde el Ministerio de la Presidencia y Viceministerio de Comunicación, llenaron de millones, como pauta publicitaria, a medios privados y derechistas-pititas para callar las barbaridades del régimen arcista y atacar a Evo y los evistas. Programaron en medios privados y estatales, a supuestos “analistas” y “expertos” en todos los temas para ensalzar a la ineficiente administración gubernamental y culpar de todo a Evo. Fue tan descarado que los mismos “analistas” hacían un paseo por todos los medios y en una misma mañana o una misma noche por todos los programas que tienen publicidad del gobierno de turno. De esa forma nacieron los mercenarios de la lengua y “analistas” a sueldo, pagados con los impuestos de los ciudadanos. Usando la chequera de las arcas del Estado, el gobierno traidor de Lucho y David, compró alcaldes y gobernadores, no solo para tenerlos de aliados, sino para que hablen mal de Evo. En unos casos, alcaldes y gobernadores que comieron de la mano de Evo, vendieron su alma y se volvieron en voceros del odio, la mentira y la envidia contra el líder del MAS-IPSP. Lucho, David, ministros (sobre todo aquellos a los que Evo les dio la oportunidad de ser algo), los analistas a sueldo, muchos periodistas y presentadores de medios privados y estatales, legisladores y jefes políticos de la derecha, no se cansan de decir que Evo es un cadáver político. Sin embargo, todo el tiempo hablan de Evo, lo insultan, lo acusan sin pruebas y le vomitan odio, racismo, discriminación y envidia. La única verdad es que se ocupan de Evo en todos los lugares y en todos los tiempos, porque le tienen miedo. Saben que Evo en las urnas los derrotará. No quieren que ingrese a la cancha. Tratan por todos los medios de inhabilitarlo, anularlo, proscribirlo, detenerlo, encarcelarlo y matarlo. El odio y la envidia a Evo, une, apasionadamente, al arcismo-choquehuanquismo, con la derecha racista y golpista de Bolivia. Carecen de argumentos jurídicos. Pero les sobra la difamación, el odio, la envidia y el miedo. Ya es hora de que Lucho, David, sus ministros y empleados fanáticos, empiecen a pensar en su futuro. Está claro que no volverán al gobierno. No podrán ganar una elección con ninguna sigla ni candidato. Quedarán en la calle sin el poder de jueces, fiscales, policías, militares y medios de comunicación. Caminarán desnudos. Serán perseguidos no por los evistas, sino por su conciencia y

Por: Carlos Tony Sánchez* Ana se levantó de su cama cuando todos ya estaban dormidos. Habían pasado 9 años desde que su marido le trajo – bajo su conminatoria “o me la traes o se acabó” – la cabeza del Cnel. rioplatense Ignacio Warnes, comandante del ejército libertador de la región cruceña, expuesta en una pica en la misma plaza de armas de la capital, por órdenes del Cmdte. Español quien luego de la batalla de El Pari, mandó a decapitar al insigne patriota. Ella, luego del robo ejecutado por su marido y otros, la recibió en su casa, la envolvió en un lienzo y enterró bajo su cama. Por nueve años. Ana, tanto como su esposo fueron parte del ejército libertador; ella como miembro del Cuerpo de Sanidad. Sus ojos claros (por eso el apodo de “Zarca”) ardían en fuego por ver la Patria liberada. Ana Barba recordó entonces la promesa póstuma que le hizo a Warnes: “descansa aquí mi querido padrino, mientras la patria se libere”. Y así lo hizo hasta que ese glorioso 1825, cuando se fundaba la República de Bolivia, reveló y entregó la cabeza de Ignacio Warnes a las autoridades. El mismo Libertador Mcal. Antonio José de Sucre, reconoció de forma oficial, el gesto heroico de Ana. Y posteriormente – mucho después – Ana Barba fue, por Ley N.º 1106, del 4 de octubre del año 2018, durante el gobierno de Evo Morales Ayma, el Estado Plurinacional de Bolivia la reconoció como «heroína nacional» y le otorgó el grado de coronela de sanidad y declarada como heroína de Bolivia”. Este 24 de septiembre, como todos los años anteriores… se juntarán las autoridades civiles y militares, alrededor del monumento a Ignacio Warnes, allí donde el ejército español clavó vilmente, la cabeza del patriota en una pica, para que se pudriese. Temprano y con una banda militar, entonarán sus loas y alabanzas a un bandolero invasor (Ñuflo de Chávez) y a un Imperio genocida (la “España grandiosa”) que dizque vino con un hado benigno, a hacer lo que hizo. Ana, su padrino y los patriotas observan desde los cielos – impotentes – la burla y menosprecio a su extremo sacrificio para liberar esta sagrada tierra. * Profesor universitario.