Opinión 3

Por María Isabel Caero El ecofeminismo es un movimiento de mujeres y una teoría que relaciona la lucha feminista de igualdad y equidad de las mujeres con la defensa del medio ambiente y de la madre tierra. Tiene su fundamento en la idea de que la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza están interconectadas, y que ambas son resultado de un sistema patriarcal y capitalista que valora el dominio, el control y la explotación.  El ecofeminismo surgió en las décadas de 1970 y 1980, en el contexto de los movimientos feministas y ecologistas. Hay pensadoras como Vandana Shiva y María Mies que tienen bases teóricas fundamentales para el desarrollo del movimiento. Esta corriente argumenta que las mujeres, debido a su papel tradicional en la recolección de alimentos, cuidado de los recursos y la crianza, tienen un vínculo especial con la tierra y el medio ambiente. Propone que la lógica patriarcal y capitalista de dominación y control debe ser reemplazada por una lógica de cuidado, cooperación y sostenibilidad. Plantea que es necesaria una lucha por la justicia ambiental tomando en cuenta las desigualdades entre mujeres y hombres, pues las mujeres normalmente son las más afectadas por los problemas ambientales debido a sus roles y a su menor acceso a recursos. Promueve la equidad en la distribución de los recursos naturales y los beneficios del desarrollo sostenible, de esta manera se debe valorar y utilizar el conocimiento y las prácticas tradicionales de las mujeres en la gestión ambiental, es decir se tiene que dar importancia al conocimiento local y a la sabiduría ancestral en la protección y sostenibilidad del medio ambiente. Así mismo propone la preponderancia de los cuidados y el respeto hacia la naturaleza, en lugar de la explotación y dominación.  En resumen, la necesidad de adoptar prácticas sostenibles que permitan vivir en armonía con el entorno natural. Algunas propuestas respecto al tema son: Las ecofeministas deben luchar contra proyectos de desarrollo destructivos, como la minería, la deforestación, la construcción de represas, el excesivo pavimento y cemento en las ciudades en desmedro de las áreas verdes y los bosques. De la misma forma deben promover una agricultura sana y sostenible, con la conservación de semillas y caminar hacia la soberanía alimentaria como forma de resistencia y alternativa al modelo agroindustrial capitalista. Se debe trabajar en la educación y la concientización sobre la interrelación entre género y medio ambiente. De la misma forma promover transformaciones en las políticas públicas y las prácticas comunitarias hacia una mayor sostenibilidad y equidad. También se deben formular políticas que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar y la comunidad, y que protejan los derechos ambientales. Y algo urgente es considerar la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales en todos los niveles y también en la definición de presupuestos para desarrollar estas propuestas.  El ecofeminismo es una movimiento que ofrece una perspectiva integral y crítica a través de sus principios y acciones, busca transformar las estructuras de poder y promover un mundo más justo, equitativo y sostenible. Su énfasis en el cuidado, la cooperación y el conocimiento local ofrece una valiosa contribución a las discusiones sobre la justicia ambiental y de género en el siglo XXI.

Por María Isabel Caero El gobierno municipal es la institución del Estado más cercana a la sociedad, por lo tanto, es la que más puede solucionar sus problemas cotidianos. Para ser autoridad municipal es indudable que la persona que aspira a este cargo, en primer lugar, debe ser integra, con valores y ética. Debe tener un compromiso grande con su ciudad y con sus habitantes y trabajar por el bien común. De la misma forma, aparte de tener principios, debe conocer los principales problemas urbanos y las necesidades de la gente. En relación a los problemas urbanos debe pensar que primero está la vida antes que el capital y la visión orientada solo hacia el crecimiento económico y la corrupción descuidando el vivir bien. La ética en un gobierno municipal es el compromiso de respetar las reglas de un código de ética, así como las disposiciones legales aplicables a sus funciones, favoreciendo, como criterio orientador el bienestar de la sociedad. El principio de honradez debe avivar la rectitud en el ejercicio del cargo, promoviendo un gobierno abierto que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor del respeto.  Para hacer un programa de gobierno debe considerar que las personas que viven en la ciudad son diversas y, por lo tanto, tienen necesidades diferentes. Diversas en situación económica, edad, sexo identidad sexual, diversidad cultural y social. Esto significa también que hombres y mujeres tienen demandas diferentes, por la división sexual del trabajo y por el sistema patriarcal, entonces el trabajo municipal debe orientarse a cerrar brechas de desigualdad.  Las principales propuestas del Plan Municipal deben orientarse a conseguir el bien común, y debe ser beneficioso para todos los integrantes de una sociedad o comunidad, el bien común contiene como elementos clave el respeto a las personas y a sus derechos fundamentales y a las condiciones sociales y materiales de desarrollo en el marco de una adecuada organización social, que la prioridad sea tener una ciudad para la vida y su sostenibilidad. Sin embargo, la realidad hasta ahora nos muestra que los valores han cambiado, que solo sirve el dinero y se planifica la mejor manera de sacar dinero de las arcas municipales, usando todos los medios para borrar las corrupciones, se compran y corrompen no solo a las dirigencias de organizaciones sociales sino también de las instituciones privadas y públicas. No puede haber una buena autoridad municipal sin control, sin someterse al control social y a una verdadera rendición pública de cuentas. No hay integridad cuando no se informa transparentemente y se manipula a las dirigencias urbanas, sociales y privadas para que no identifiquen los malos manejos, cuando no se asignan proyectos en base a convocatorias y asignaciones transparentes y de esta forma se beneficia solo a sus allegados o a dirigentes afines.  Un buen servidor no tendrá conductas que violen los derechos humanos y no incurrirá en el acoso y la violencia política contra las personas que intentan ejercer su derecho a fiscalizar como manda la CPE. Por todo esto, es necesario organizar la resistencia comunitaria, para educar y movilizar contra los intentos ilegales contra los derechos y recursos. También se debe oponer a las acciones de privatización del espacio y de los proyectos públicos y no justificar denuncias de robo y corrupción, pues debe haber una advertencia contra los intentos de lucrar con los recursos públicos.

María Isabel Caero En el GAMC, el año 2019 se aprobó la Ley 388 de Corresponsabilidad del Trabajo no Remunerado Para la Igualdad de Oportunidades, teniendo como antecedente la Ley de Economía del Cuidado (2015). En ese entonces fue muy difícil para los técnicos y políticos comprender esta propuesta transformadora, pues tenía un nuevo enfoque para las políticas, se partía del análisis de la división sexual del trabajo y del trabajo de las mujeres para la reproducción y sostenibilidad de la vida, contrariamente a los enfoques androcéntricos desde la visión masculina y de la economía tradicional. En este marco, en los últimos tiempos a nivel internacional hay una corriente de las feministas urbanistas relacionada con el concepto de «ciudades cuidadoras». El concepto de Ciudades Cuidadoras en planificación urbana y urbanismo se centra en crear entornos que sean inclusivos y accesibles para todas las personas, especialmente para mujeres y para los grupos que más lo necesitan como son niños y niñas, personas mayores y personas con capacidades especiales. Algunas características y principios de las ciudades cuidadoras son: Acceso Universal: Las ciudades cuidadoras están diseñadas para ser viables para todos, independientemente de la edad, sexo, cultura, situación económica, social, habilidad o situación personal. Lo que incluye construcciones físicas como rampas, elevadores, aceras amplias, señalización clara, áreas verdes y otros. Evitando las limitaciones de las barreras arquitectónicas urbanas cuyo diseño no considera que las personas tienen necesidades diferentes. Seguridad: Priorizan la seguridad de sus habitantes en su diversidad con medidas que van desde iluminación adecuada en espacios públicos, políticas de movilidad urbana y de tráfico que protejan a los peatones y ciclistas y políticas orientadas a prevenir el acoso en las calles, en parques y en el transporte y para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la calle y en los hogares. Espacios Verdes y Recreación: Las Ciudades Cuidadoras promueven el acceso a espacios verdes, parques y áreas de recreación que sean seguros y accesibles para todas las edades y habilidades. Con diseños especiales, por ejemplo, diseño de áreas destinadas a la recreación de mujeres de las diferentes edades que normalmente no existen en las ciudades. Transporte Público Inclusivo: Fomentan sistemas de transporte público para personas con movilidad reducida, con paradas bien distribuidas y vehículos adaptados. Con respeto a las tarifas establecidas para niños y niñas y para personas adultas mayores, con movilidades adecuadas para un transporte masivo no contaminante. Que sea un transporte público de servicio y no solo un medio de beneficio privado. Debe sentar las bases territoriales para una Vivienda viable económicamente y Adaptada: Estableciendo convenios con la AE Vivienda del Gobierno central. Acceso a Servicios comunitarios Sociales y de Salud que sean asequibles para todos los residentes y especialmente servicios de cuidados para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Deben fomentar Participación Comunitaria de mujeres y hombres: en la planificación, el diseño y en los presupuestos, garantizando que todos los grupos sean escuchados y considerados. En síntesis, una ciudad cuidadora es aquella que pone en el centro la inclusión y el bienestar de todos sus habitantes, reconociendo y respondiendo a las diversas necesidades y que promueva la equidad y la cohesión social en el entorno urbano.

María Isabel Caero Según el principio de equidad de Género de la Constitución Política del Estado y de paridad y alternancia de la Ley electoral, existe equivalencia en todos los órganos legislativos y no en los ejecutivos, especialmente en el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado donde las secretarias y direcciones se encuentran plagadas de hombres. El principio de equidad de Género y de paridad y alternancia no se aplica en los niveles de decisión de la estructura orgánica del Ejecutivo municipal, razón por la cual, los resultados no siempre benefician a las mujeres en los programas y proyectos del GAMC. Mujeres y hombres, por la división sexual del trabajo, cumplen roles diferentes en la ciudad y en los últimos tiempos las mujeres mayoritariamente han ingresado al mercado de trabajo cumpliendo un rol productivo, lo que no la ha liberado de sus responsabilidades reproductivas, expresadas en el cumplimiento del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Es común decir que el “tiempo importante” es donde se ubican los hombres, y el “tiempo no importante”, desde una visión patriarcal, desvaloriza los roles reproductivos que cumplen las mujeres. Ellas desarrollan sus actividades, principalmente las más repetitivas como las tareas del hogar, y también otras fundamentales como el cuidado de otros miembros de la familia como son los hombres, las y los niños y también los abuelos o las ‘personas con discapacidad de la familia y de la ciudad.   La necesidad de la presencia de mujeres en los niveles de decisión del Gobierno Municipal está orientada a conseguir ciudades más diversas e inclusivas: las mujeres tienden a demostrar mayor compasión y empatía, y a tener un estilo de negociación y liderazgo más comprensivo y menos jerárquico que sus homólogos masculinos. Además, las mujeres sienten un mayor compromiso por promover soluciones a los problemas que enfrentan otras mujeres y niños. En este sentido, la presencia femenina en gobiernos locales favorece la incorporación de nuevos temas y actores que muchas veces no son priorizados en agendas locales. Históricamente las mujeres han estado ligadas a avances en campos tales como la educación y la salud a nivel local. Esto podría traducirse en mayores niveles de desarrollo humano y calidad de vida en nuestra ciudad. Para tener ciudades más humanas se requiere la presencia de las mujeres.  Más mujeres en los niveles jerárquicos de la Estructura Orgánica Municipal ayudan a derribar barreras culturales y estructurales que existen alrededor de quién puede ser funcionario municipal y cuáles son las cualidades necesarias para cumplir su trabajo sin discriminación. Lograr que más mujeres se integren al gobierno municipal también en el nivel ejecutivo, requiere de iniciativas, que sean la base para empoderar y promover el liderazgo de las mujeres y cambiar la percepción—a veces negativa—de las mujeres como servidoras públicas. Tanto de día como de noche, necesitamos más mujeres que atiendan las necesidades de nuestras ciudades y sean embajadoras de nuestro derecho a la ciudad para conseguir mayor equidad y justicia social. Se ha verificado la presencia mayoritaria de hombres en los diferentes niveles de decisión del GAMC, vale decir secretarías, direcciones y subalcaldías, lo que impide que en el proceso de planificación esté presente la mirada de la mujer y las necesidades y demandas de ellas. Es común presenciar actitudes patriarcales que obstaculizan la continuidad del ejercicio de la función pública por parte de mujeres.

Por Al Pereyra  La apabullante e histórica victoria de Claudia Sheinbaum que la convirtió en ser la primera mujer mexicana en obtener la Presidencia de la República, es particularmente significativa para el país azteca con más de 180 millones de habitantes. Con su victoria, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el resto de los partidos de la denominada “Cuarta Transformación” seguirán conduciendo los destinos del segundo país más poblado y de la segunda mayor economía de América Latina y el Caribe. Ratificando así la continuidad del proceso de cambio iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, quien finaliza su mandato con altos índices de aprobación social.  Como presidenta de México, Sheinbaum tiene un largo y sinuoso camino que recorrer, especialmente en lo que concierne a la violencia, narcotráfico e inmigración. Sheinbaum mantendrá el enfoque del actual gobierno de atacar la violencia desde las raíces, a su entender pobreza y marginación.  Con relación a la violencia de género, la presidenta electa ya había anunciado una estrategia contra ese delito que incluye fiscalías especializadas y asesoría jurídica gratuita prestada por mujeres. Con 61 años de edad, se sabe de su brillante trayectoria como maestra, bioquímica y doctora en ingeniería solar. Por lo que no extraña que entre sus propósitos esté conciliar a México con las energías limpias y renovables. Con los enormes recursos fiscales que tiene actualmente un país que con López Obrador logró disminuir considerablemente la evasión y elusión tributaria especialmente de los grandes empresarios. Por lo que será posible reforzar el “estado emprendedor”, de tal manera de disminuir las importaciones, reforzar la industria nacional y distribuir el ingreso. La relación bilateral entre México y Estados Unidos que está marcada por la incesante migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo, potente opioide que mata a miles de personas por sobredosis en la sociedad estadounidense cada año, será uno de los desafíos más grande que deberá enfrentar en política exterior. No cabe duda que otro legado del mandatario que culmina su período sea el aporte ideológico que su gobierno ha hecho en favor el rol del estado y la independencia del exterior. Lo que podría servir de ejemplo a otros gobernantes que se declaran de izquierda y ganan elecciones en nuestra región para encantarse después con las ideas neoliberales y la entrega de nuestros recursos naturales a las empresas privadas y transnacionales. Morena, un partido creado por López Obrador hace diez años, gobierna en 23 de los 32 estados del país y tiene mayoría simple en ambas cámaras del Congreso aspiraba en estos comicios a ampliar hasta los dos tercios necesarios para poder reformar la Constitución sin necesidad de consenso.

Gerardo García Mendoza (MAS-IPSP) El ministro de hidrocarburos y energía Franklin Molina, anunció como siempre, como un gran descubrimiento que YLB habría pagado 60% de la planta industrial de carbonato de Litio, con un avance de solo un 20%. Este señor no conoce que, para los contratos de construcción de equipos, se acuerda el pago a través de cartas de crédito, en las cuáles el contratante, abre en el Banco Central de Bolivia, este documento financiero, que constituye ya una ejecución presupuestaria, pero no un pago a la empresa contratada, que con esta garantía comienza la construcción del equipo. El pago o la liberación de la carta de crédito se realiza por etapas, por ejemplo, un primer monto por ejemplo del 20%, ante el anuncio del embarque marítimo, otro monto similar en ocasión de la llegada al puerto, un tercer desembolso con la comisión de recepción y un último ya en la etapa de montaje y puesta en marcha. Este es un mecanismo muy conocido, que ignora el ministro de marras. Desde luego la ejecución presupuestaria de YLB, crece en el valor total del equipo, pero la empresa contratada no lo recibe sino en cuotas, de acuerdo al avance, recepción y prueba del equipo. De este modo gradualmente se va nivelando el avance físico con el financiero. Para 2019, prácticamente la totalidad de los equipos estaba contratada, una buena parte construida en proceso de embarque y otra en proceso de producción. Las intenciones son políticas: mentir y ocultar el fracaso de la estrategia de la extracción directa del Litio y el abandono del proceso de evaporación fraccionada. ¿No aseguro el ministro que en este 2024 se producirían 100.000 toneladas de Carbonato de Litio con base en al menos 4 plantas industriales de extracción directa?, se corrige a nada menos que 2.900 toneladas. Ojalá que, aunque sea esta pequeña producción se concrete y no se recurra, ante otro fracaso, a otro descubrimiento falaz.

Por Rigucho Cortéz El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene ahora la enorme e histórica responsabilidad de demostrar, no sólo ante el país, sino incluso a nivel internacional, si tiene la independencia que tanto la pregona o definitivamente está sometida a los intereses del gobierno de Lucho y David, que desesperadamente hacen todo para proscribir al MAS-IPSP e inhabilitar a Evo para las próximas elecciones. Los vocales deberán pensar, quizá en la soledad de sus casas o en compañía de sus familiares, qué hacer.  Entrarán a la historia como simples sumisos de los que ahora detentan el poder o harán respetar la autonomía e independencia que siempre debería tener un Tribunal Electoral. Por supuesto, es una decisión individual, de cada uno de ellos, la que además definirá su futuro profesional, o pasarán como los que violaron las normas y las leyes o los que, a pesar de las presiones, sobre todo gubernamentales, defendieron la democracia y la verdad. Por eso, su decisión en torno al Congreso de un paralelo del MÁS, organizado por el gobierno en la ciudad de El Alto, principalmente con funcionarios públicos obligados a asistir al evento, será fundamental, no solo para la democracia, sino sobre todo la institucionalidad de los poderes de estado. Para nosotros, por supuesto, ese congreso del gobierno, es ilegal desde todo punto de vista. A los vocales del TSE los obligaron a supervisar ese evento, de manera arbitraria y hasta humillante, a través de una resolución de la sala constitucional. Y quién creen ustedes amables lectores que fue el encargado de supervisar ese congreso, nada más ni nada menos que Gustavo Ávila, delegado presidencial en ese órgano, quien asumió la administración del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que es una instancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) encargada de supervisar los congresos y otros encuentros partidarios. Solo para mencionar algunos otros temas. La convocatoria a ese congreso fue emitida por supuestos dirigentes de organizaciones sociales que no fueron reconocidos por sus bases, aunque sí por el gobierno. La mayoría de esos, podríamos decir, seudo dirigentes, no son militantes ni dirigentes del MAS y, de acuerdo a las normas, no les correspondía convocar a un congreso de esa magnitud. Ese evento no fue convocado con el tiempo estipulado en las normas, como por ejemplo 120 o mínimo 60 días antes. En fin, se puede mencionar muchos otros argumentos. Lo más irónico y hasta cómico fue la eleccíón de sus dirigentes, la mayoría no reúnen las condiciones, ni la legalidad para ser elegidos, empezando que no tienen antigüedad en el MAS-IPSP. Lo más grave, según la propia prensa, todos ellos, empezando de su seudo presidente, Grover García, tienen denuncias de corrupción. Julia Ramos estuvo en la cárcel por irregularidades y Fidel Surco fue acusado incluso por mandarle una bomba a su esposa que después de explotar la dejó ciega. ¿Qué dirá el TSE ahora ante tantos antecedentes? Por eso su palabra es histórica, ¿serán independientes o sometidos? Es difícil adivinar, después de todo lo qué pasa. Con el ejemplo, de los magistrados prorrogados y la justicia vendida al poder, ya nadie sabe en qué creer.

Por Sergio de la Zerda “Congreso” en realidad es una palabra muy, muy grande para lo acaecido en El Alto desde el viernes. En verdad, se trató de una vergonzosa reunión forzada de amigos y empleados de Luis Arce y David Choquehuanca. Vergonzosa y forzada principalmente por tres motivos: UNO Coincidió y fue fruto de dos golpes tan abominables como inéditos en nuestra historia democrática, con raíz en el manoseo de la justicia por parte del gobierno. En el tiempo récord de 48 horas, dos salas constitucionales propiciaron duros reveses a la institucionalidad, suspendiendo ya de manera indefinida el proceso de las Elecciones Judiciales y “ordenando” al Tribunal Electoral la supervisión del “congreso” de marras, cuya ilegalidad fue establecida hasta por serviles como los vocales electorales. Ni ellos en principio quisieron poner en riesgo su prestigio al avalar un junte, sin motivo ni orden alguno, convocado por prebendales que, vaya escándalo, no pertenecen al movimiento político al que buscan entrar por la ventana. DOS Miles de denuncias se registraron desde hace semanas por parte de servidores públicos honestos, a los que una vez más se les afectó el salario con “aportes extraordinarios”, cuyo destino no sólo es la angurria del presidente, sino la gorda billetera de varios de sus ministros. Y, no contentos con esquilmar el dinero ajeno para provecho propio, los “organizadores” ampliaron el abuso, por supuesto, a la asistencia obligatoria, bajo listas, fichas y sanciones de despido. Ello derivó en que muchas oficinas públicas queden sin atención a la gente que, indignada, reclamó con todo derecho por este otro atropello. Pero ni así pudieron concentrar a más de 30 mil personas (4 mil de ellas policías, según información oficial, muchos seguro que amotinados en 2019) en unas pocas cuadras de una avenida alteña. TRES Se puso a total descubierto ahora el único afán de una administración alejada de su pueblo, pero pegada a la usurpación de un liderazgo político y social al que sueñan hacerle sombra, habiendo sido solamente grises burócratas. Así, mientras Arce y Choquehuanca hacen faltar combustibles, dólares, obras e inversión pública para los ciudadanos, en la misma semana se aumentan ellos mismos sus sueldos. No les interesa la economía, menos la democracia, sólo quieren extender su paso por las sillas puestas por el que hoy traicionan para lograr sus mezquinos fines. Hoy ya lo sabe toda Bolivia. Y debería darles vergüenza, una autoprorrogada vergüenza al menos del tamaño del coliseo de El Alto donde perpetran su “congreso”, una otra obra que, por cierto, dejó Evo sin saber que un día iba a ser ocupada por tan cínicos tarajchis. *Comunicador y asambleísta departamental por Cochabamba y el MAS-IPSP.