La Montaña Blu
El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, comunicó la decisión política del gobierno —seguramente tomada por el presidente Luis Arce, ordenada al ministro de Gobierno Eduardo Del Casillo y este al comandante general Augusto Russo— de privar la seguridad física a las familias del trópico de Cochabamba.
El generalísimo Aguilera dejó sentado que la decisión gubernamental se fundamenta en que los policías destinados a proteger las vidas humanas y las actividades sociales y económicas de esa región, no tienen garantías para cumplir con la ley.
Se comprende que las garantías deben ser ofrecidas —no explicó cuáles— por los vecinos que habitan el trópico.
Lo claro es una respuesta represiva al último movimiento popular en la región que rechazó las políticas económicas del gobierno de Arce, el intento de magnicidio de Evo Morales, la detención arbitraria masiva de dirigentes sindicales y ciudadanos que participaron en el prolongado bloqueo de carreteras.
Antes de J. Aguilera, su colega de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos había dicho que la policía no retornaría a sus puestos de trabajo en el Chapare, porque no tenían garantías de las autoridades locales, sindicatos y de otros estamentos de la sociedad civil para ejercer su función sin amenazas de secuestro, golpizas, privación de alimentos, etcétera.
Ambas autoridades, subordinadas al ministro Del Castillo, afirmaron también que los gobiernos municipales de la región deberían aprobar presupuestos para el funcionamiento de las unidades policiales.
Nadie del gobierno, menos los medios de comunicación subordinados a la publicidad financiada por el Estado, admitió que la decisión política tomada que resulta violatorio a la Constitución y leyes conexas, incluso de la ética y doctrina policiales.
Esta suerte de amotinamiento contra la seguridad ciudadana vulnera el mandato constitucional que asigna a la Policía Boliviana “la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano (251)”.
Las leyes que se refiere la constitución son garantizar “el derecho fundamental a la vida y a la integridad física, los derechos civiles a la libertad y seguridad personal”, cumplir con las funciones “preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz y justicia”, “servir a la Patria y la sociedad con lealtad”, con practica moral expresada en actos de valores humanos y sociales y “garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien (…)”.
El mal recordado ministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, puso de moda condecorar a policías que actuaron con brutalidad, cerrar módulos policiales, suspender la vigilancia y tolerar la delincuencia callejera, con el fin de escarmentar las protestas populares. Nada cambio ahora con vil actuación.
