Por Dolores Arce
Hace más de dos semanas que el bloqueo de caminos entró en cuarto intermedio, pero lo que no cesa, son las interminables filas por abastecerse de combustible, tampoco aparecieron los dólares.
La escalada de violencia va tomando forma de cerco sistemático al indio desde diferentes flancos, entrando a una fase de aniquilación, mientras paralelamente la desinstitucionalización del Estado llega a niveles alarmantes y el ciudadano de a pie siente que la economía se va al pique.
Por lo mismo, se reactivan bloqueos esporádicos en diferentes regiones, ya sea por transportistas impotentes ante la falta de soluciones y otros sectores que no encuentran respuestas a sus demandas, esta vez sin poder acusar de ello a Evo Morales.
Ya no cabe la menor duda sobre la veracidad de la denuncia de un “Plan Negro”, impulsado por el gobierno para poner en jaque a Evo Morales y al proyecto del Instrumento político que éste representa.
Como brazo operativo o verdugo de la democracia, se tiene a la tristemente célebre Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP, en sus magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado, quienes “casualmente” también inhabilitaron ilegalmente e inconstitucionalmente al expresidente Evo Morales, restringiendo su repostulación bajo una figura introducida de ampliar la prohibición a la reelección discontinua, modificando así arbitraria e ilegalmente inclusive nuestra Carta Magna que no contempla este concepto en el artículo 168.
Estos magistrados autoprorrogados corruptos que entrarán a la historia negra de Bolivia, al margen de la ley y contra toda ética, son los mismos que le devolvieron más de 30.000 has de tierras del Estado al gamonal Branko Marinkovic, también le perdonaron sentencias judiciales – varias de ellas ya ejecutoriadas – a Manfred Reyes Villa, habilitándolo, por lo tanto, no solamente para su ejercicio de alcalde sino con miras a su candidatura presidencial.
Los mismos oscuros personajes quisieron ordenar suspender las elecciones judiciales, fallando posteriormente muy convenientemente para sus intereses la realización solamente parcial de las mismas. Y para rematar, anularon el congreso legítimo del MAS-IPSP en Lauka Ñ, validando al sector de los impostores, pretendiendo de esta manera entregar la sigla a los tarajchis.
Como certeramente denunció Evo Morales, su proceder es: “Inconstitucionalmente, ilegalmente e ilegítimamente, mediante la utilización y manejo del aparato judicial, emitiendo fallos constitucionales”. El accionar de esta dupla delincuencial es un franco atentado contra la seguridad jurídica y el Estado de derecho en el país, que entró en una desinstitucionalización acelerada con intromisión y sometimiento de los diferentes órganos del Estado.
Noticia esperanzadora es que Andrónico Rodríguez acaba de sancionar la ley que suspende a los magistrados, falta saber a qué artimañas jurídicas y políticas piensan recurrir para evitar la aplicación de la ley.
Asistimos a un cerco que causa muchos más estragos que cualquier bloqueo:
- El cerco político
Estamos frente a un gobierno de la desmemoria y la deslealtad: Se olvidó de quienes arriesgando su vida resistieron el golpe, hicieron campaña y con su voto militante garantizaron la recuperación de la democracia y colocaron en la silla presidencial a Lucho y David. En noviembre de 2021, en el contexto del paro promovido por el gobernador Camacho y el Comité Cívico exigiendo la realización del censo, las organizaciones sociales con Evo a la cabeza, emprendieron una marcha desde Caracollo hasta La Paz en defensa del gobierno. Lamentablemente, en los meses y años siguientes siguió un proceso de división interna y prebendalización de muchas organizaciones matrices que termina en un inaudito intento de quitar la sigla a favor del sector arcista.
Frente a este espectáculo la derecha aplaude y levanta cabeza. El gobierno rebasando todo límite, llega al extremo de planificar la eliminación física del adversario, en el intento fallido de magnicidio del domingo 27 de octubre.
- El cerco judicial
Ya mencionamos el accionar de una justicia autoprorrogada, manipulada y corrupta, que se presta al triste papel de persecución, aprehensiones ilegales y sentencias inconstitucionales.
Mientras la cacería contra dirigentes no cesa, el ministro bravucón no hace nada ante la rearticulación de la derecha, el nuevo saqueo de la Sede de la Federación Trópico quedó impune y los vándalos de la RJC, UJC bien gracias. Hubiéramos querido ver este despliegue de militares y policías para la captura de Marset. Ni qué decir de investigar – mejor dicho, transparentar – el atentado al expresidente.
- El cerco mediático:
La línea editorial de los medios de comunicación comerciales y estatales – pauta publicitaria de por medio – comete un verdadero linchamiento mediático, con pocas excepciones, sin permitir parte y contraparte de manera equilibrada, donde deliberadamente se pone fuera de contexto las noticias y tal pareciera que Evo es el culpable de todos nuestros males.
La desinformación y manipulación se han convertido en armas cotidianas, a lo que se suma la falta de transparencia y cortinas de humo. Muy poco se sabe de los contratos (aunque bajo el denominativo de “convenios”) que involucran nuestros recursos naturales u otras cuestiones vitales. Un manto de silencio cubre temas como la investigación sobre los responsables del intento de magnicidio, por ejemplo.
Como en tiempos de dictaduras militares – o neoliberales – la ATT procedió al secuestro de equipos y acallamiento de emisoras contestatarias. Esta vez fue el turno de Radio Guerrilleros (Independencia), Radio Chiwalaki (Vacas) y Radio Aiquile. “Casualmente” las 3 emisoras bajan los informativos de Radio Kawsachun Coca y están con organizaciones sociales que apoyaron el bloqueo de caminos. Vaya forma de amedrentar, cuando supuestamente existe libertad de expresión. El año 2001 – con Tuto presidente – algo similar ocurrió con Radio Soberanía, y hace 5 años los delincuentes de la RJC quemaron los equipos de las Radios Kawsachun Coca y Soberanía ubicadas en la Sede de la Federación Trópico.
- El cerco económico:
Solo el gobierno no percibe la crisis de carburantes, de dólares y de alimentos. Mientras que el pueblo está de hambre, ¿dónde se perdió el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi? No dice nada, claro con 36.000 Bs de “salario”, debe estar satisfecho.
Ahora la derecha cacarea al unísono que el modelo socio comunitario productivo llegó a su fin, que todo lo que se hizo en los 14 años fue un despilfarro, pretendiendo volver a privatizar y someternos a las transnacionales y el imperio. La pobreza va en aumento, pero los negocios de unos cuantos van viento en popa.
- El factor externo:
En lo internacional, la reciente victoria de Donal Trump, apoyado por el magnate Elon Musk – quien estuvo detrás del golpe de 2019 en busca del litio – Estados Unidos mostrará sin tapujos que el imperio no descansa en su afán de sometimiento y saqueo, tampoco lo hacen los políticos de la derecha quienes tienen nexos ideológicos, emocionales y financieros con los amos del norte.
A estas alturas, cuando se juntaron supuestos compañeros con lo más recalcitrante de la derecha nacional e internacional para sepultar políticamente, jurídicamente y mediáticamente al Líder de la Revolución democrática y cultural, cabe preguntarnos:
¿Existe aún seguridad jurídica o estado de derecho en Bolivia?
¿En qué nos equivocamos para llegar a este desastre?
¿Cómo recuperar el ajayu y el rumbo del proceso de cambio?
