La Montaña Blu
Arce y Choquehuanca ejecutan en pleno la guerra judicial o “lawfare”, sin reconocer ningún derecho a su declarado enemigo a muerte Evo Morales y los dirigentes políticos y sindicales que lo acompañan en el MAS IPSP.
El presidente Luis Arce viene insistiendo en que es víctima de una “guerra híbrida” que busca sacarlo del poder, mediante una combinación —según su entender y explicación dada a civiles y militares— de operaciones militares, grupos irregulares, sabotajes económicos, bloqueos y ataques cibernéticos con el objetivo, además, de apropiarse del litio, principalmente.
No menciona de manera directa a Evo, pero sus mensajes están dirigidos a él y su entorno político y sindical. Dos en la cárcel (H. Claros y R. Cucho) y otros dos perseguidos con orden de captura (J. Quintana y P. Santos). La lista no termina ahí.
Las “guerras” que se libran
Utiliza el concepto de “guerra híbrida” para victimizarse y encubrir sus fatales errores de su administración y el viraje hacia medidas económicas de corte neoliberal; en cambio, bien utiliza las operaciones de “lawfare” o guerra judicial contra su enemigo personal al que quiere marginarlo de la ley y considerarlo como una especie de no-persona, no ciudadano, no merecedor de derechos civiles ni políticos.
La guerra judicial de Arce – Choquehuanca carcomió la independencia del poder público (órganos judicial, legislativo y electoral) al fundirles en un solo órgano bajo a su entera disposición para consumar su ambición personal de atornillarse en el gobierno.
El anticonstitucional poder concentrado en una sola persona viene manifestándose en las resoluciones manipuladas del Tribunal Constitucional Plurinacional (auto prorrogado), el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y, todavía parcialmente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional; poder unipersonal extendido sobre las organizaciones sindicales como la Central Obrera Boliviana, lamentablemente aceptada interesadamente por sus dirigentes, también auto prorrogados.
Los ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia, Fiscalía, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Procuraduría General del Estado se han convertido en organismo supra estatal que acaba de apropiarse —robar calificaron los “evistas”— de la sigla y organización del MAS IPSP, incluido los aportes de sus auténticos militantes, entregados a personas que no son militantes, pero si declarados “arcistas”, quienes anunciaron borrar a Evo de la historia del MAS.
Buscando el golpe final, contra las manifestaciones realizadas en defensa del proceso de cambio, la democracia, del MS IPSP y de la economía popular frente a la grave crisis económica, desataron una impecable persecución política al borde del crimen, como fue el intento de magnicidio y las detenciones arbitrarias.
Los medios de comunicación y redes sociales subordinados a la publicidad y propaganda gubernamental, vienen machacando en sus espacios la defenestración de Evo y todo lo construido en 14 años de gobierno revolucionario.
Es “narco terrorista” y es no persona
La “lawfare” contra Evo y sus mas fieles seguidores se inspira en la teoría del “derecho penal del enemigo”, que declara fuera de la ley y sin derechos a toda persona considerada “peligrosa” para el gobierno, el Estado, la sociedad, la democracia y la Constitución. Peligrosa, entendido como “terrorista”, “narco-terrorista”, “subversivo”, “sedicioso” y en tiempo de dictaduras “comunista” y “terrorista”, hoy “evista”.
Este “enemigo público” merece ser tratado como no – persona, no – ciudadano, por tanto, no sujeto de derechos. Pero este despropósito debe tener la apariencia de “realidad”, mínimamente aceptada por la sociedad. Así se constituyó en el elemento de la campaña de desprestigio:
Evo causante de la crisis económica nacional, Evo endemoniado por su “conducta inmoral”, Evo “narco – terrorista”, Evo ególatra, etcétera. Nada de bueno ni mérito personal y patriótico había que reconocerle.
Terrorista porque él —como Claros, Cucho, Quintana, Ponciano otros detenidos y perseguidos—, organizó la protesta popular con uso de explosivos, armas de fuego, armas caseras y llamados de sangre para derrocar al gobierno de Arce – Choquehuanca.
Los gubernistas incluyeron dos novedades a su repertorio calumnioso y degradante: la DEA, según el periódico oficialista y multiplicada por los medios subordinados, fue expulsada por Evo Morales porque estaba investigando su vida íntima.
Recordatorio necesario: la DEA y el embajador de EEUU en La Paz, Philip Goldberg, y la ruptura de relaciones con el país imperial, se dio por alentar “golpes cívicos” de Estado, actos de sabotaje a la seguridad y economía del Estado Plurinacional y su democracia. Arce y Choquehuanca, lo sabían.
Del extremista Milei a los “jueces sin rostro”
Lo segundo. La aplicación de la Ley de protección de denunciantes y testigos. El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo anunció que 21 “testigos” declararán sobre el “autoatentado” y la mentira del intento de magnicidio en el Chapare. Un documental de denuncia confirma que Evo y su comitiva fue blanco de un ataque armado de “agentes civiles” y de uniforme que, tras su fracaso, huyeron de la escena del crimen en helicóptero militar.
El objeto de la ley de protección, promulgada en el gobierno de Evo, es aplicable “a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, en contra de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales”.
Y a propósito, el gobierno de Luis Arce acudió al extremista neoliberal que viene destruyendo la economía argentina y la seguridad social, Javier Milei, para que informe que Evo Morales cometió abusos en contra de menores de edad. Y tendrá ese certificado en forma de demanda judicial. Milei odia a los comunistas, a los socialistas, a los sindicalistas insubordinados, a los revolucionarios y, naturalmente, a los “evistas”, a los kirchneristas.
Los operadores del “lawfare” sumaron a la lista de falsas denuncias una risible: infracción de tránsito y negar a prestar auxilio de policías que acababa de atropellar en el Chapare, sin decir que esos testigos protegidos, podrían ser los que reprimieron a la movilización popular y el intento de magnicidio. Están a un paso de replicar la existencia de “jueces sin rostro” del Perú de A. Fujimori, para castigar impunemente al “enemigo público”, al que le dieron la sentencia de, o muerte civil o muerte física.
