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La Paz, 5 de agosto (El Nuevo Cambio).- Después del autogolpe ocurrido el 26 de junio, el precio del dólar en el mercado paralelo se incrementó aceleradamente, llegando a Bs. 13.5 el fin de semana. Los comerciantes afirman que esta semana es posible que sobrepase los Bs.14, lo que afecta el precio de diferentes productos como alimentos, fármacos e insumos para el sector agropecuario. Comprar dólares dentro del sistema financiero del país es una tarea casi imposible. El sistema del Banco Central de Bolivia, habilitado para agendar citas para adquirir la divisa, no funciona, pues la única respuesta que se encuentra es un “intente más tarde” y si por casualidad logra que su formulario sea aceptado, la cita será para dentro de dos meses, por lo bajo. Asimismo, quienes tienen cuentas de ahorro en dólares, no pueden acceder más que a 100 dólares por semana en algunos casos. Frente a este panorama, el mercado negro se ha convertido en el único lugar a donde los ciudadanos pueden acudir para comprar la divisa, necesaria para diferentes transacciones, las más importantes, la importación de alimentos que ayudan a garantizar la seguridad alimentaria en el país, de medicamentos para diferentes patologías y la de insumos para la construcción y el sector agropecuario. En una rápida visita a diferentes farmacias en el centro paceño, es posible evidenciar que la oferta de productos exhibida en los anaqueles comienza a disminuir. El sector farmacéutico solicitó al Gobierno el apoyo necesario para poder acceder a la divisa para importar medicamentos, principalmente aquellos que no se producen en el país. Comerciantes: “Estamos peor que en la época de la UDP” Las comerciantes mayoristas del mercado Garcilazo de la Vega en La Paz, explicaron que los precios de los productos importados suben constantemente, pero que ellas no pueden hacer nada, porque ese es el precio al que les venden los importadores.  “Esperar que la economía funcione o que baje el dólar es como pedir peras al olmo. Día a Día, la situación en el país es más preocupante quizás no nos damos cuenta de la magnitud del problema”, declaró Mercedes Quisbert, dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, a Abya Yala. “No habíamos vivido en mucho tiempo lo que estamos viviendo ahora. Estamos peor que en la época de la UDP”, añadió. Entidades estatales se declaran sin competencia para regular el mercado negro El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó el 20 de julio que el presidente Luis Arce “instruyó trabajar y plantear respuestas ante este nuevo panorama sobre la divisa estadounidense”, instructivo que debía cumplir la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). Dos días después, en conferencia de prensa, la directora nacional de la ASFI, Ivette Espinoza, afirmó que su institución no tiene competencia para regular el precio de venta de dólares en el mercado negro, pero que sí se promulgaba una ley específica, asumirían la instrucción. En tanto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dejó en manos la Asamblea Legislativa si se regula o no el mercado paralelo.  “Eso es una pregunta que trasladamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque tendría que ser a través de la ley, no simplemente a través de una norma inferior porque estamos hablando de derechos y estamos hablando de un tema que tiene que ver con la transacción de dinero”, expresó.

La Paz, 5 de agosto (El Nuevo Cambio).- La molestia entre los conductores es evidente, han pasado cuatro días desde que el buque con diésel descargara en el puerto de Arica y se levantaran los bloqueos para el paso de las cisternas, pero la normalidad en la distribución está aún lejos de llegar. Las filas frente a los surtidores se mantuvieron todo el fin de semana y la mañana de hoy el escenario no fue diferente. Mientras camiones, buses de transporte interdepartamental y otros hacen filas en los dispensarios de diésel, los vehículos de transporte urbano público y privado aguardan en los de gasolina. En la ciudad de La Paz, la circulación de vehículos disminuyó visiblemente el fin de semana y la oferta de servicio de minibuses, micros y trufis disminuyó drásticamente, causando problemas entre los ciudadanos para movilizarse. En Santa Cruz el panorama era similar, como en varias regiones del país. Las quejas de los choferes, que llevan en algunos casos hasta 72 horas esperando, subían de tono, frente al perjuicio que significa para ellos tener sus movilidades paradas por tanto tiempo. En Cochabamba, la mañana de hoy pudo observarse cómo las cisternas salían cargadas desde la Refinería de Valle Hermoso con custodia policial, para dirigirse a las diferentes estaciones de servicio. Según la información brindada por los efectivos, llevaban tanto gasolina como diésel. Despachos de carburantes no solucionan aún el déficit generado Desde la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informaron la mañana de hoy el despacho de 14 millones de litros de carburantes a las más de 500 estaciones de servicio del país, lo que representa un incremento del 15% de la demanda diaria de combustibles. El miércoles pasado, el presidente Luis Arce anunció que el 1 de agosto, YPFB ya podía realizar la descarga de uno de los buques con diésel en el Puerto de Arica y pidió a la Cámara de Transporte Pesado levantar los bloqueos instalados en diferentes puntos del país, para que las cisternas pudieran ingresar al país y proveer de combustible a todas las regiones. A pesar de que las medidas de presión fueron levantadas, la escasez se mantiene. En el Gobierno, admiten que las filas continúan, pero aseguran que se trabajó todo el fin de semana despachando carburantes y que esta semana continuarán hasta normalizar la provisión en todo el país. “Hemos podido evidenciar que las filas persistentes (en surtidores), sin embargo, han ido disminuyendo a lo largo del viernes, sábado y domingo y vamos que va a seguir siendo de esta manera a lo largo de la semana. Pedimos un poco de paciencia”, afirmó el director Distrital Comercial Oriente de YPFB, Yamil Méndez. La semana pasada, luego de levantar los bloqueos, los dirigentes de la CBT afirmaron que ingresaban en un cuarto intermedio en sus medidas de presión y daban plazo al Gobierno hasta el 6 de agosto para solucionar la escasez de carburantes.