ElNuevoCambio

Ciudad del Vaticano | Agencias Los llaman Romeo y Julieta, son ambos empleados en el Instituto de Obras de la Religión, nombre oficial del Banco Vaticano. Su caso es resonante porque implica inevitablemente al papa Francisco cuya autoridad en la Iglesia es absoluta, y quien hasta ahora no habla. Ambos se han casado el sábado en una iglesia de Fregene, en el litoral romano, desafiando la prohibición que establecen las nuevas normas internas del Banco, otrora famoso por los escándalos protagonizados en décadas pasadas. En octubre los dos perderán el trabajo cuando se cumplan 30 días de la celebración del rito matrimonial, por haber respetado una norma sagrada del catolicismo: el matrimonio religioso, del cual es garante el mismo pontífice. Se salvará uno que mantendrá el empleo si el otro renuncia, según establecen las nuevas normas. Ambos apelan al pontífice. El problema es que Francisco no ha dicho una palabra y este enorme “pastiche”, como dicen los italianos, amenaza provocar una crisis inesperada, a menos que el Papa haga respetar los principios por encima de los reglamentos. Los flamantes esposos han debido ya soportar el rigor del Instituto de las Obras de Religión, que los suspendió por unos días acusándolos de haber hecho conocer el caso fuera del majestuoso Torreón donde se encuentra la sede dentro del Vaticano. Pero la medida parece no tener en cuenta que hace meses que el asunto era conocido y “vox populi” en el mismo Vaticano, informó el diario argentino Clarín. La lucha por los derechos de los que trabajan en el Vaticano y sus organizaciones no son fáciles. Lo pone de relieve la Asociación de Dependientes Laicos del Vaticano, una especie de sindicato interno que tiene unos 450 miembros y que se ha solidarizado con el caso de Romeo y Julieta, así llamados porque sus nombres no han sido revelados

Madrid | Agencias El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles durante la apertura del curso político en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid, la convocatoria de una cumbre España-Palestina. Sánchez no dio más detalles salvo que se realizaría en los próximos meses «antes de fin de año».  Sánchez añadió que en la Cumbre esperaba «firmar varios acuerdos de colaboración». El presidente del Gobierno español añadió: «vamos a ayudar a Ucrania, a apoyar a Gaza, a estrechar los vínculos con Palestina, a acordarnos del Sahel». El presidente español insistió en la política exterior que el Gobierno puso en marcha durante la pasada legislatura, informó la cadena televisiva Euronews. «Vamos a seguir apoyando al pueblo gazatí, sosteniendo a UNrwa, presionando a (primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Vamos a estrechar nuestros vínculos con el Estado palestino que hemos reconocido recientemente», destacó. España reconoció oficialmente a Palestina como Estado el 28 de mayo. Defendió la medida como «la única manera de avanzar hacia una solución que todos reconocemos como la única posible: la de un Estado de Palestina que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad».

Moscú | Agencias Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recibirán una respuesta «inmediata y extremadamente dolorosa» en caso de nuevos atentados terroristas del régimen de Kiev en territorio ruso, ya que los miembros de la Alianza Atlántica están directamente implicados en el conflicto y siguen incitando la agresión ucraniana, advirtió este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. «El Occidente colectivo es, literalmente, el principal cliente e instigador de la agresión militar del régimen de Kiev y demuestra cada vez más franca y descaradamente su implicación directa como parte interesada», declaró la funcionaria, según informó la agencia de noticias Russia Today. También recordó que, si bien inicialmente las autoridades de las naciones occidentales sostenían que su principal objetivo era apoyar al régimen de Kiev «en su camino hacia la democracia», ahora sus llamamientos se han vuelto tan descarados que representan una «amenaza directa» para Rusia. Según Zajárova, «en aras de bonificaciones políticas a corto plazo», «favores» y «dádivas», muchos de los políticos de la Unión Europea «están perdiendo el sentido de la realidad y no piensan en absoluto en los riesgos de una nueva y peligrosa escalada del conflicto, ni siquiera en el contexto de sus propios intereses». En particular, la vocera de la Cancillería de Rusia recordó que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, elogió recientemente al régimen de Kiev por la «audacia estratégica» demostrada en su intento de incursión en la provincia de Kursk, además de instar a cancelar todas las restricciones al uso de armas europeas por parte de las tropas ucranianas para sus ataques en territorio ruso.  Asimismo, criticó las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dio luz verde a dicha operación y la justificó con el «derecho a la autodefensa» de Ucrania, que «no termina en la frontera».  «Por alguna razón, Stoltenberg no habla del derecho a la autodefensa de la población de Donbass, y ahora de otras regiones rusas sujetas a ataques terroristas por parte del régimen neonazi de Kiev», dijo la portavoz. Además, calificó las maniobras a gran escala de la OTAN en Finlandia como parte de una guerra híbrida contra Rusia, y recordó que Moscú ha advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos asociados, como nuevas amenazas para la seguridad, la navegación y las actividades económicas en el extremo norte de Rusia.

Kiev | Agencias Dmytro Kuleba una de las caras ucranianas más conocidas en el escenario internacional, dimitió este miércoles de su cargo como ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Kuleba, de 43 años, no dio explicaciones sobre su decisión. El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, dijo este miércoles en Facebook que la solicitud de dimisión de Kuleba será debatida por los diputados en la próxima reunión plenaria. Esta renuncia se añade a la de varios ministros y al cese de un asistente presidencial. Todos los movimientos se producen después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciase la semana pasada una reestructuración inminente de su Gabinete. El objetivo de Zelenski es reforzar su Gobierno tras dos años y medio de guerra, según informó la cadena televisiva Euronews. Sin embargo, esta dimisión supone un importante cambio en el Ejecutivo ucraniano. Kuleba ha sido el segundo de abordo a la hora de difundir mensajes y dar a conocer las necesidades de Ucrania en el tablero internacional, tanto a través de redes sociales, como de reuniones con mandatarios extranjeros. En julio, Kuleba se convirtió en el funcionario ucraniano de más alto rango en visitar China desde que comenzó la guerra con Rusia en febrero de 2022.  Euronews destacó que Kuleba, de 43 años, era ministro de Exteriores desde 2020, y ha dirigido la diplomacia ucraniana durante toda la guerra. Según Davyd Arakhamiia, líder del partido de Zelenski en el Parlamento de Ucrania, más de la mitad del Gabinete sufrirá cambios. Está previsto que las dimisiones se hagan efectivas este miércoles y los nuevos nombramientos mañana jueves.

Lima | Agencias En medio de una crisis de descomposición institucional y democrática por decisiones impulsadas desde el Congreso y avaladas por el Ejecutivo, sin capacidad de respuesta gubernamental al crecimiento de la delincuencia y a los problemas de la economía, golpeada por un profundo descrédito con más de 90 por ciento de rechazo ciudadano y agobiada por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, la presidenta Dina Boluarte decidió hacer cambios en su gabinete ministerial.  Boluarte renovó la Cancillería y las carteras de Comercio Exterior, Vivienda y Cultura. Pero son cambios que no cambian el rumbo de profundización de la crisis. Ni siquiera anuncian un respiro temporal al gobierno. La presidenta ha sustituido a cuatro de los diecinueve ministros, pero ha dejado en el gabinete a los más cuestionados, por vínculos con la corrupción e incapacidad para el cargo.  La permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el más cuestionado de un gabinete muy cuestionado, con evidencias que lo señalan como un operador para proteger al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, de las acusaciones de corrupción en su contra, es un mensaje que apunta a confirmar las versiones de que la mandataria lo nombró en el cargo para que cumpla esa tarea, y que esa es una prioridad del gobierno.  Santiváñez fue designado ministro del Interior en mayo pasado, unos días después que el hermano de Boluarte fue detenido, y luego liberado, como parte de una investigación fiscal en curso por negociar nombramientos de funcionarios públicos a cambio del pago de coimas y utilizar recursos del Estado para promover la inscripción de un partido político.  Un testigo protegido, cuya identidad se mantiene en reserva, ha declarado ante la Fiscalía que Boluarte nombró a Santiváñez con el encargo de que supervise y coordine la defensa de su hermano, neutralice a quienes podrían declarar en su contra y persiga a los policías que apoyaban el trabajo del equipo fiscal encargado de investigarlo.  En una conversación con un coronel de la policía, grabada en secreto por su interlocutor y cuyo audio ha sido difundido, el ministro le revela que tiene el encargo de la presidenta de actuar contra los policías que investigan y detuvieron a su hermano, y que allanaron la casa de la jefa de Estado en el marco de una investigación fiscal por corrupción. En medio de la creciente delincuencia, el ministro del Interior parece inactivo en ese asunto, pero se muestra muy activo en debilitar al equipo policial que investiga la corrupción política, en maniobrar para destituir a estos policías y en atacar públicamente a los fiscales que llevan los casos de corrupción que involucran a la presidenta y a su hermano. 

Buenos Aires | Agencias El presidente de Argentina, Javier Milei, ha restringido el acceso a la información pública, en un nuevo movimiento de la guerra que libra contra el periodismo, destacó este miércoles el diario español El País.  En sus primeros nueve meses como presidente de Argentina, el dirigente ultraderechista se ha negado a realizar ruedas de prensa y ha acusado a los periodistas de mentir sobre su Gobierno y de usar la información con fines extorsivos. Ahora, a través de un decreto presidencial, impide que accedan a aquellos datos que considere de índole privada. Queda guardado así bajo siete llaves el costo de la construcción de los caniles para los perros de Milei en la quinta presidencial de Olivos, pero también toda aquella información que el Gobierno evalúe que no reviste interés público. El decreto presidencial publicado el lunes amplía de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía. Además, establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”. La sociedad civil argentina denuncia que la medida supone una regresión en materia de transparencia y de acceso a la información. Más de 60 organizaciones advirtieron el martes en un comunicado que al otorgar a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué información es considerada de interés público y cuál queda en la esfera privada, los protege del escrutinio público, debilitando los estándares internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción.  La Asociación de entidades periodísticas argentinas (Adepa) anticipó que la nueva normativa puede inconstitucional y afirmó que la extensión del secreto “más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades”, según el rotativo. “Mentirosos” y “extorsionadores” La restricción impuesta por un presidente que se define como “liberal libertario” va en línea con sus ataques previos a los medios de comunicación. Desde que asumió, ha acusado en reiteradas ocasiones a la prensa de mentir sobre su gobierno y de usar la información con fines extorsivos. Ha llamado a los periodistas “mentirosos”, “corruptos”, “esbirros” y “extorsionadores” e incluso ha señalado con nombre y apellido a los que le critican: la lista de enemigos públicos es larga y se cuenta ya por decenas. Para Milei, los periodistas forman parte de “la casta” a la que prometió combatir con el beneplácito de su electorado, indicó el diario argentino Página 12.  Lo que me interesa mostrar de todo esto es que le quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos”, subrayó el presidente argentino en su última entrevista televisiva, difundida el domingo. Según Milei, la libertad de prensa sólo sobrevive en las redes sociales, su canal de comunicación favorito. En la misma entrevista, consultado sobre la posibilidad de que brinde una rueda de prensa, Milei propuso que los periodistas que le pregunten “presenten una declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.  Esa condición para acceder a las conferencias gubernamentales chocaría con el derecho constitucional de la libertad de prensa. El mismo problema presenta la exigencia de una matrícula para ejercer el oficio, un requisito que el gobierno quiso reponer, pero del que desistió casi de inmediato. 

Nueva York | Agencias El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, llamó «estúpidos» a los demócratas después de que Estados Unidos confiscará un avión que era usado por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.  El gobierno de Joe Biden anunció el lunes la incautación de un avión de Maduro que se encontraba en República Dominicana alegando una violación a las sanciones que pesan sobre Venezuela. «El avión de Maduro acaba de ser confiscado por Estados Unidos. No pasa nada, ahora puede salir y conseguir uno mucho más grande y mejor con todo el dinero que pagamos a Venezuela por petróleo que no necesitamos», afirmó Trump en su red Truth Social. Cuando gobernaba en 2019 Trump impuso a Venezuela una batería de sanciones, incluido un embargo al petróleo y al gas, como medida de presión para intentar provocar la caída de Maduro. Biden apostó por una diplomacia del diálogo con Caracas, pero usó las sanciones como moneda de cambio. Las aflojó como recompensa por concesiones de Maduro, para sentar las bases de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio, y las reimpuso cuando interpretó que Caracas incumplió sus promesas. Sin embargo, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a petroleras como la estadounidense Chevron. «Tenemos más ORO LÍQUIDO que ninguna otra nación», protestó Trump en su mensaje. «¡QUE ESTUPIDOS SON NUESTROS ‘LIDERES’! ¡¡¡SOMOS EL HAZMERREÍR DE TODO EL MUNDO!!!!», agregó en mayúsculas. Las constantes críticas del republicano al gobierno de Biden, sobre todo en política migratoria, crecieron a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. En una entrevista en agosto con el magnate Elon Musk, Trump insinuó que la próxima vez podrían verse en Venezuela. «Si pasa algo con estas elecciones, algo que sería un espectáculo de terror, nos reuniremos la próxima vez en Venezuela porque será un lugar mucho más seguro que nuestro país», declaró.  En sus actos de campaña, Trump repite que los delitos en Venezuela bajan porque los «criminales» se van a Estados Unidos.