Lima | Agencias
En medio de una crisis de descomposición institucional y democrática por decisiones impulsadas desde el Congreso y avaladas por el Ejecutivo, sin capacidad de respuesta gubernamental al crecimiento de la delincuencia y a los problemas de la economía, golpeada por un profundo descrédito con más de 90 por ciento de rechazo ciudadano y agobiada por denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos, la presidenta Dina Boluarte decidió hacer cambios en su gabinete ministerial.
Boluarte renovó la Cancillería y las carteras de Comercio Exterior, Vivienda y Cultura.
Pero son cambios que no cambian el rumbo de profundización de la crisis. Ni siquiera anuncian un respiro temporal al gobierno. La presidenta ha sustituido a cuatro de los diecinueve ministros, pero ha dejado en el gabinete a los más cuestionados, por vínculos con la corrupción e incapacidad para el cargo.
La permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el más cuestionado de un gabinete muy cuestionado, con evidencias que lo señalan como un operador para proteger al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, de las acusaciones de corrupción en su contra, es un mensaje que apunta a confirmar las versiones de que la mandataria lo nombró en el cargo para que cumpla esa tarea, y que esa es una prioridad del gobierno.
Santiváñez fue designado ministro del Interior en mayo pasado, unos días después que el hermano de Boluarte fue detenido, y luego liberado, como parte de una investigación fiscal en curso por negociar nombramientos de funcionarios públicos a cambio del pago de coimas y utilizar recursos del Estado para promover la inscripción de un partido político.
Un testigo protegido, cuya identidad se mantiene en reserva, ha declarado ante la Fiscalía que Boluarte nombró a Santiváñez con el encargo de que supervise y coordine la defensa de su hermano, neutralice a quienes podrían declarar en su contra y persiga a los policías que apoyaban el trabajo del equipo fiscal encargado de investigarlo.
En una conversación con un coronel de la policía, grabada en secreto por su interlocutor y cuyo audio ha sido difundido, el ministro le revela que tiene el encargo de la presidenta de actuar contra los policías que investigan y detuvieron a su hermano, y que allanaron la casa de la jefa de Estado en el marco de una investigación fiscal por corrupción. En medio de la creciente delincuencia, el ministro del Interior parece inactivo en ese asunto, pero se muestra muy activo en debilitar al equipo policial que investiga la corrupción política, en maniobrar para destituir a estos policías y en atacar públicamente a los fiscales que llevan los casos de corrupción que involucran a la presidenta y a su hermano.
