ElNuevoCambio

Ciudad de México | Agencias El gobierno de México dijo que alista un plan ante las posibles deportaciones masivas de migrantes mexicanos que ordene el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto asuma el cargo. «Estamos trabajando para tomar todos los posibles escenarios y hay un plan intersecretarial que en su momento lo va a dar a conocer la presidenta», dijo el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, a la cadena Televisa, al salir de una reunión con la mandataria Claudia Sheinbaum en el palacio presidencial. «La responsabilidad y obligación del Estado mexicano es con los mexicanos, ellos son los que representan la prioridad», añadió el funcionario al ser cuestionado sobre si el plan incluiría migrantes de otras nacionalidades que sean deportados a México. Más temprano, Sheinbaum indicó que su gobierno se apresta para posibles deportaciones de mexicanos en el nuevo mandato de Trump, según informó la agencia de noticias Ansa. «Nos estamos preparando para ello, para darle la bienvenida a las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación», comentó la presidenta en su habitual rueda de prensa matutina. La mandataria agregó que su gobierno está haciendo un programa para contratar más abogados que atiendan a los migrantes en los consulados de México en Estados Unidos. Trump prometió declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en cuanto asuma el 20 de enero próximo. El magnate republicano de 78 años, quien califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México, advierte que será «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos». Sheinbaum ha señalado que su gobierno prepara un documento en el que resalta la contribución de los trabajadores mexicanos a la economía estadounidense. Muchas de esas personas permanecen en el país vecino en condición irregular.

Seúl | Agencias La principal fuerza opositora de Corea del Sur, el Partido Demócrata (PD), y otras cinco formaciones presentaron este miércoles una moción parlamentaria para la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, después de que el mandatario viera revocada la ley marcial que declaró en la víspera. Las seis formaciones han iniciado así el proceso parlamentario que podría desembocar en la suspensión del ejercicio del poder de Yoon, cuyo partido gobierna en minoría, informó la agencia de noticias EFE. La figura del presidente ha quedado sometida a un enorme desgaste tras recurrir a la ley marcial para proteger el “orden constitucional” contra actividades “anti-estatales” y “fuerzas pronorcoreanas”, según dijo. El Partido Demócrata (PD), tachó su declaración de la ley marcial como “una clara violación de la Constitución”, en un comunicado en el que también afirmó que el mandatario no cumplió con ninguno de los requisitos legales para recurrir a esa medida excepcional. El propio PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, y otras fuerzas opositoras sacaron adelante una moción para levantar la ley marcial unas seis horas después de que fuera declarada Yoon, forzando al Ejecutivo a retirar la medida. Ahora, presentada la moción de destitución, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 72 horas para votarla, y para aprobarla serán necesarios los apoyos de al menos 200 de sus 300 escaños. El PD y otras fuerzas sumaron 190 votos en la víspera para revocar la ley marcial, con lo que solo necesitarían una decena de votos más para suspender de sus funciones a Yoon (el bloque conjunto de la oposición suma en total 192 escaños). Desde el propio Partido del Poder Popular de Yoon se ha criticado su decisión de aplicar la ley marcial -el líder de la formación, Han Dong-hoon, dijo que era una medida “errónea” y prometió que trabajaría para “detenerla junto al pueblo”-, y algunos de sus diputados votaron de hecho a favor de revocarla. Todo ello deja en una posición de creciente debilidad al mandatario surcoreano, que no ha vuelto a hacer ninguna aparición ni declaración pública desde que anunciara en la madrugada de hoy el levantamiento de la ley marcial tras la votación parlamentaria. Manifestaciones contra Yoon La mayoría de los millares de personas que se congregaron en la víspera frente a la Asamblea Nacional para reclamar la dimisión de Yoon se habían dispersado ya a mediodía del miércoles, aunque algunos grupos todavía permanecían concentrados frente al edificio, aún rodeado de un amplio dispositivo de seguridad, según informaron los medios locales. Los manifestantes desafiaron las órdenes del mando militar decretado bajo la ley marcial, que prohibieron durante la vigencia de esa medida toda actividad política, incluyendo las manifestaciones o protestas, y mientras cerca de 300 soldados entraban en las premisas de la Asamblea Nacional para tratar tomar el órgano legislativo, lo que no llegó a producirse. Parlamentarios del PD y simpatizantes de este partido participaron en otra concentración este miércoles frente al parlamento y reclamaron la dimisión de Yoon con lemas cantados y escritos en carteles, en los que también se llamaba a sacar adelante la destitución del presidente. El líder del grupo parlamentario de este partido, Park Chan-dae, afirmó que Yoon “no está en su sano juicio” y le acusó de “liderar una rebelión interna” por la que debe someterse a “investigación por las autoridades y destituido parlamentariamente”, en declaraciones a los medios. Park también afirmó que las tropas surcoreanas enviadas por el mando militar bajo la ley marcial “bloquearon junto a la policía la entrada (de la Asamblea Nacional) y llegaron a penetrar en el edificio, lo que supone un crimen de sedición”. Asimismo, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), el mayor grupo sindical de Corea del Sur, prometió este miércoles iniciar una huelga indefinida hasta que el presidente asuma la responsabilidad de su declaración de la ley marcial en la víspera y dimita.

Buenos Aires | Agencias El gobierno argentino encabezado por Javier Milei eligió una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los extranjeros. El vocero de gobierno Manuel Adorni adelantó en su conferencia de prensa que el gobierno nacional «va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio» para «avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos».  Se trata de un proyecto de Ley que está trabajando la secretaría del Interior, que buscará modificar «qué quiere decir ser residente», y establecer «un nuevo criterio», con el objetivo principal de empezar a arancelar la salud y la educación universitaria. «Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento», dijo el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak. «Clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención», evaluó Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes. Para que estas medidas se concreten, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto anunciado por Adorni -en el que trabaja la Secretaría de Interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones- al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias -si finalmente se convocan- o en las ordinarias del año que viene, y ver si consiguen los votos suficientes para aprobarlo, según informó el diario Página 12. Según el gobierno, en la actualidad existen cuatro tipos de residencias para un extranjero: la Precaria, que es por 90 días; la Transitoria, que es por un año; la Temporaria, que es por tres años y la Permanente, que no tiene vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, corrigió a Adorni cuando aseguró que actualmente «no hay alumnos en condición de no residentes. Cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia”. De hecho, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1 por ciento de todos los estudiantes universitarios del país. Respecto al sistema de salud, y el mismo Adorni lo reconoció, serán las respectivas jurisdicciones competentes en materia de salud (provinciales o municipales) las que determinarían las condiciones de acceso, incluida la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país, reseñó el diario. El ministro de Salud bonaerense adelantó: «No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio». Kreplak explicó, además, que las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre el derecho a la salud y el rol del Estado. Y aseguró que los datos contradicen las ideas libertarias, ya que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires solo el 0,2 por ciento de las consultas y el 0,8 por ciento de las internaciones corresponden a extranjeros. Por eso es que aseguró que «las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.  «Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan», afirmó.