Buenos Aires | Agencias
El gobierno argentino encabezado por Javier Milei eligió una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los extranjeros.
El vocero de gobierno Manuel Adorni adelantó en su conferencia de prensa que el gobierno nacional «va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio» para «avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos».
Se trata de un proyecto de Ley que está trabajando la secretaría del Interior, que buscará modificar «qué quiere decir ser residente», y establecer «un nuevo criterio», con el objetivo principal de empezar a arancelar la salud y la educación universitaria.
«Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento», dijo el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak.
«Clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención», evaluó Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes.
Para que estas medidas se concreten, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto anunciado por Adorni -en el que trabaja la Secretaría de Interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones- al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias -si finalmente se convocan- o en las ordinarias del año que viene, y ver si consiguen los votos suficientes para aprobarlo, según informó el diario Página 12.
Según el gobierno, en la actualidad existen cuatro tipos de residencias para un extranjero: la Precaria, que es por 90 días; la Transitoria, que es por un año; la Temporaria, que es por tres años y la Permanente, que no tiene vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, corrigió a Adorni cuando aseguró que actualmente «no hay alumnos en condición de no residentes. Cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia”. De hecho, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1 por ciento de todos los estudiantes universitarios del país.
Respecto al sistema de salud, y el mismo Adorni lo reconoció, serán las respectivas jurisdicciones competentes en materia de salud (provinciales o municipales) las que determinarían las condiciones de acceso, incluida la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país, reseñó el diario.
El ministro de Salud bonaerense adelantó: «No cuenten con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio». Kreplak explicó, además, que las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre el derecho a la salud y el rol del Estado. Y aseguró que los datos contradicen las ideas libertarias, ya que la atención a personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud.
En la provincia de Buenos Aires solo el 0,2 por ciento de las consultas y el 0,8 por ciento de las internaciones corresponden a extranjeros. Por eso es que aseguró que «las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.
«Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan», afirmó.
