ElNuevoCambio

Página 12 PorLuciana Bertoia Estela de Carlotto contó que el joven es abogado al igual que su hermano que siempre lo buscó. Desde la institución reclamaron que se continúe con las políticas de derechos humanos para seguir avanzando en el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Marta Pourtalé tenía 30 años cuando fue secuestrada, un hijito de poco más de tres años y un embarazo casi a término. Un compañero de militancia la escuchó en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en diciembre de 1976. En los últimos 48 años nada se supo de ella ni de su bebé –al que ella pretendía llamar Manuel si era varón o Soledad si era mujer. Este viernes, mientras el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo volvieron a hacer lo que parecía imposible: anunciaron que habían encontrado al hijo de Marta y Juan Carlos Villamayor. “La verdad siempre sale a la luz”, celebró Estela de Carlotto. La noticia de que las Abuelas de Plaza de Mayo habían encontrado al nieto 138 empezó a correr pasado el mediodía. La Casa por la Identidad –que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la exESMA– se fue llenando de militantes que querían festejar el hallazgo. Entre ellos, estaban los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que venían de reunirse con Alberto Baños sin lograr mayores precisiones sobre cómo continuará el organismo. Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entró pasadas las 14.20 en su silla de ruedas. Con el pañuelo calzado en la cabeza, la sonrisa no le entraba en el rostro. Ambos pulgares para arriba, se estrechó un abrazo con Miguel “Tano” Santucho, que el año pasado encontró a su hermano nacido en el Pozo de Banfield. “Qué alegría, qué alegría”, repetía. La conferencia de prensa comenzó cuando llegaron la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto y la vicepresidenta, Buscarita Roa. “Es un regalo muy grande para nosotras, las viejas, que tenemos tantos años de lucha”, arrancó Estela.A su derecha estaba Claudia Poblete, la nieta que Buscarita Roa encontró en 2000, sosteniendo las fotos de los padres del nieto 138, Marta y Juan Carlos. Los padres Marta nació en mayo de 1946 en Azul, provincia de Buenos Aires. Su padre era policía y su madre, ama de casa. Con su papá compartía la devoción por la política y la historia, reconstruye Jorge Meza en su libro Heridas del porvenir.  Ella cursó el profesorado de historia. A los 21 decidió viajar hacia la Capital Federal. En esa época comenzó a militar y formó pareja. El contacto con su familia en Azul –sus padres y su hermano Pedro– se hizo más difícil. En aquellos años, Marta tuvo a su primer hijo, Diego Antonio. Juan Carlos conoció a Marta cuando él tenía 17 años. Ella era varios años mayor. Él había nacido en abril de 1955 en el Gran Buenos Aires. Su papá murió cuando él tenía un año. La crianza de Juan Carlos y de su hermana María del Carmen quedó en manos de su mamá. Todos ellos vivían en la zona de José León Suárez. La vida de la familia fue difícil. Juan Carlos empezó a trabajar a los once años en una zapatería de Boulogne. Era un pibe alegre. Organizaba bailes, le gustaba la música de Pappo, de Luis Alberto Spinetta y de los Rolling Stones. Era fanático también de River. Juan Carlos también trabajó en fábricas como Fargo o Colorín. De esta última se llevó algo más que la experiencia laboral: el sobrenombre de “Negrolín”. Juan Carlos y Marta fueron parte de Montoneros. A ella la conocían como Negra o María. A él le decían Negro o Ricardo. Los secuestros La familia de Marta recibió una llamada en plena noche. Les avisaban que había una criatura en una comisaría de Villa Ballester. El nene tenía un medallón con sus datos. Pedro, que tenía 24 años, fue hasta allá con un vecino que era camionero y sabía cómo llegar. Se volvió con su sobrino Diego. El chiquito siempre supo que estaba esperando un hermanito.Como contaron las Abuelas, hasta llegó a hacer un dibujo en el que estaban su mamá, Juan Carlos –que lo reconoció como su propio hijo–, él y el bebé en camino. El 10 de diciembre de 1976, Juan Carlos y Marta fueron secuestrados por personas vestidas de civil.Estaban viviendo en un departamento en Bacacay y Cuenca, según se desprende de la sentencia en el juicio conocido como ESMA Unificada. Ella cursaba un embarazo de ocho meses y medio.  Según se acreditó en esa causa, ambos fueron trasladados al centro clandestino de la Armada. Primero estuvieron en el sótano, donde fueron sometidos a tormentos de todo tipo. Después fueron llevados al área de “capucha”. Allí Miguel Lauletta la escuchó gritar que era la “Gorda María” y que estaba embarazada. Lauletta declaró que conocía a Marta de la época en la que ambos militaban en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) e integraban el área de documentación de la organización. Según remarcó el sobreviviente,ella fue la primera embarazada de las que supo que pasaron por la ESMA. Abuelas estima que en la ESMA se produjeron unos 30 nacimientos. Había todo un sistema: una “pieza para embarazadas”, mujeres que daban a luz con grilletes, cartas que escribían con la esperanza de que el bebé llegara a sus familias. Todo eso se combinaba en lo que Rubén Jacinto Chamorro, director de la Escuela, llamaba, con macabra ironía, la “Sardá”. La búsqueda En 1988, las Abuelas recibieron la primera denuncia que indicaba que quien es el nieto 138 podría ser hijo de desaparecidos. En 1999, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) empezó a reconstruir la historia de la familia Villamayor-Pourtalé. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) incorporó las muestras de los familiares. “Cada caso que se resuelve tiene detrás muchos años de trabajo de varias instituciones y personas”, dice el fiscal Pablo Parenti, titular

Agencias y RT El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este viernes que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por vinculación a acciones terroristas, «está sometido a un proceso penal debido a que existen evidencias que lo comprometen en graves hechos que atentan contra la seguridad de la nación», caso en el que, según las autoridades venezolanas, estaría implicada la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. En un comunicado difundido por el Ministerio Público de Venezuela en sus redes sociales, se aseguró que «la notoriedad dada por las altas autoridades argentinas a la detención de Gallo tiene directa relación con el hecho de que las investigaciones realizadas por los cuerpos auxiliares de justicia venezolanos revelan que en la cadena de mando del grupo de terroristas enviados desde Argentina aparece la propia ministra Bullrich y así consta en el expediente». Saab afirmó que la titular de Seguridad de Argentina debe explicarle «al pueblo argentino y a los familiares de Gallo» las razones por las que «autorizó el viaje de este gendarme sin informar a las autoridades venezolanas», lo que, en su opinión, sentó «un grave precedente en la región». Del mismo modo, demandó aclaraciones sobre las declaraciones formuladas por Bullrich en marzo pasado, cuando anunció en público «que iba a enviar gendarmes a Venezuela con objetivos al margen del derecho internacional y la ley». «Acciones desestabilizadoras» Previamente, la Fiscalía venezolana comunicó que Gallo estaba siendo procesado en razón de su aparente vinculación con «acciones desestabilizadoras y terroristas» y se afirmó que había sido detenido «al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental». Además, se apuntó hacia las autoridades argentinas, a las que se acusó de ser cómplices de esos planes contra la seguridad de la nación bolivariana. Reacción argentina Frente a esto, Bullrich tachó a Saab de mentiroso, calificó el apresamiento como «un secuestro» y aseveró que Gallo tiene «a su novia y a su hijo» en Venezuela y esa habría sido la única razón de su visita. «El objetivo fundamental era visitar a su hijo en el tiempo que tiene la licencia anual otorgada por la Gendarmería. Llegaba el 5 [de diciembre] volvía el 30 [de diciembre], tenía pasaje de ida y de vuelta, tenía todos los trámites, la dirección en donde se iba a quedar y llevaba los regalos para su hijo», detalló. Para refutar la acusación relativa a la vinculación del gendarme con «grupos de ultraderecha», apuntó: «Nahuel es un gendarme. Los gendarmes tienen total y absolutamente prohibida la actividad política, no pueden hacer política. Ningún gendarme tiene relaciones de carácter político, por lo cual esto también es una mentira». De su parte, el canciller argentino Gerardo Werthein sostuvo que en Venezuela «no existe ningún derecho humano vigente» y cargó directamente contra Saab, de quien dijo que carecía de «autoridad para decir una palabra» porque sería «el artífice de permitir estas violaciones de derechos humanos a niños, a niñas, a hombres y mujeres», y a otras personas vulnerables, incluido el chofer de la Embajada argentina en Caracas, quien habría sido acusado falsamente. Desde Venezuela catalogaron el comportamiento de las autoridades argentinas como «errático», aseguraron que esto «solo demuestra su vinculación» con una «agresión a Venezuela que fue desactivada» y calificaron las declaraciones de la ministra y de Werthein como «inculpadoras». Así, en el documento firmado por Saab, se indicó que ambos «funcionarios [Bullrich y Werthein] han quedado señalados como personas de interés en la investigación, por lo tanto, serán incorporados a la causa».

Agencias La muerte de Nilo Burga Malca, empresario vinculado a una presunta red de comercialización de alimentos adulterados que se repartieron a miles de escolares de bajos recursos, en un escándalo que se conoce como ‘caso Qali Warma’, estremece al Perú en medio de interrogantes sobre qué sucedió y cómo impactará en la investigación de tales hechos. El pasado miércoles, en pleno feriado por Navidad, Burga fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en el distrito de Magdalena del Mar, provincia de Lima. Al inicio se manejó la tesis de suicidio, pero en las últimas horas su necropsia oscureció la trama. «Lo mataron de 6 puñaladas», tituló  el diario limeño La República. Fuentes policiales indicaron que fue asesinado a cuchilladas en diferentes partes del cuerpo. Burga, de 69 años, murió desangrado por las graves heridas ocasionadas por un arma blanca. Y a pocos centímetros del cadáver, la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional halló un cuchillo de cocina con mango de madera. Gobierno lo niega En la víspera, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó que se tratara de un homicidio. «Los resultados de la necropsia, por lo que he sido informado, es que la causa de la muerte es la herida punzocortante generada a la altura del cuello, lo que generó un shock hipovolémico», afirmó en conferencia de prensa. «La puerta de la habitación del local donde estaba la persona no está forzada, no existen indicios de ningún tipo de violencia, no existen tampoco indicios corporales de algún tipo de enfrentamiento (…). Estaríamos frente a una autolesión», agregó. Por su parte, el abogado del empresario, César Euscátegui, consideró en un primer momento que podía tratarse de un suicidio, y contó que el hijo de Burga lo llamó para decirle que su padre «acababa de quitarse la vida» y que «estaba pasando por un tema psicológico». Además, «habría dejado un documento en el cual pedía perdón a la familia por los malos hechos que estaban pasando por su culpa». Aparentemente, la misiva fue escrita por otra persona, por lo que será examinada por peritos grafotécnicos, reseñó la prensa local. Sin embargo, este viernes, una vez conocida la autopsia, cambió de hipótesis. «Ya no estaríamos hablando de un suicidio, sino sobre la comisión de un hecho delictivo, un atentado contra la vida de Nilo Burga», declaró a radio Exitosa. Entretanto, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar para determinar la causa del fallecimiento de Burga, quien presidía Frigoinca, empresa indagada por suministrar productos en mal estado e incluso comida para animales al programa ‘Qali Warma’. Rol clave ‘Qali Warma’, vocablo quechua que significa ‘niña vigorosa’ o ‘niño vigoroso’, es un programa escolar de alimentos para menores de bajos recursos en Perú. Por este presunto caso de intoxicación nutricional también está investigado el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. Burga fue acusado de sobornar a funcionarios del ministerio que ahora dirige Demartini y antes estuvo al mando de la actual presidenta, Dina Boluarte, para que los productos de Frigoinca aprobaran el control de calidad y fuesen comprados por el Estado. Un escándalo que alcanza también al vocero de la mandataria, Fredy Hinojosa, quien fue director ejecutivo de ‘Qali Warma’ desde el 27 de marzo de 2019 hasta noviembre de 2022, y ahora está sindicado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Pese a esto, Boluarte ha mantenido en sus cargos tanto a Hinojosa como a Demartini, considerado uno de sus ministros más cercanos. La única medida tomada por el Gobierno fue sustituir el nombre del programa social ‘Qali Warma’ por ‘Wasi Mikuna’ (‘comida casera’, en quechua).

Rusia Today Se trata de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, respectivamente, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, quienes son del sector empobrecido de Las Malvinas, al sur de la urbe. De acuerdo con el testimonio de Luis Eduardo Arroyo, padre de dos de los menores, el día de la desaparición salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. «Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares», contó, agregando que «todos salieron corriendo», pero sus dos hijos y dos vecinos «fueron alcanzados y subidos a esos carros». En declaraciones iniciales, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, atribuyó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales»; no obstante, luego confirmó que fueron aprehendidos por una patrulla militar, que tiene base en la parroquia de Taura, cantón Naranjal, también en Guayas, y que esa detención se debió a un presunto robo. En el hecho estarían involucrados 16 militares que se movilizaban en dos vehículos. Las dudas al respecto se disiparon, luego de que esta semana saliera a la luz un video en el que se puede observar cómo dos menores son llevados a la fuerza por sujetos que tienen vestimenta de las Fuerzas Armadas y cascos; uno de los niños, de camiseta naranja, es introducido en la cajuela de una camioneta blanca con luces de sirena, donde ya estaba otro que llevaba sudadera azul. Las faltas El procedimiento militar ha dejado en evidencia una serie de irregularidades cometidas en el accionar contra los menores. El pasado martes, en una audiencia de ‘habeas corpus’, una jueza elevó la investigación a desaparición forzada y se revelaron vacíos, faltas y omisiones en el caso, reseñó Primicias. En primer lugar, no hay un parte militar oficial sobre la detención, como lo exige el protocolo en estos casos. Loffredo reconoció que la patrulla «no notificó al mando superior». Segundo, aunque se informó que el arresto se debió al cometimiento de un presunto robo a una mujer, que habría sido observado por los uniformados, el fiscal Christian Fárez comentó en la audiencia que no existen testigos ni versiones ni una denuncia que apunten a algún «acto ilícito que hayan cometido los niños». Tercero, no se reportó el robo al sistema de emergencias ECU-911 y tampoco se informó ni entregó a los menores a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), como marca el procedimiento. Cuarto, pese a que los uniformados dijeron en sus declaraciones que liberaron a los menores en la parroquia de Taura, a más de 40 kilómetros del lugar de la detención, y que nunca ingresaron a la Ala de Combate 22 de la Base Aérea, no se precisó el lugar exacto donde habrían sido dejados; según el abogado de los militares habría sido a 15 kilómetros de la instalación militar. Y quinto, se reveló la falta de una orden de liberación judicial expresa. Los representantes de los militares reconocieron un «mal procedimiento administrativo». El próximo martes, 31 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos por «desaparición forzada» contra los 16 militares en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, informó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Los cuerpos encontrados El pasado martes, la Policía de Ecuador descubrió cuatro cuerpos en un río cercano a la base aérea de Taura. Según dos funcionarios de la Fiscalía, que hablaron en condición de anonimato, los cadáveres estaban calcinados y presentaban signos de violencia. Los familiares se presentaron el miércoles en la morgue de Guayaquil, pero no tuvieron ninguna respuesta, puesto que los cuerpos no pudieron ser reconocidos de manera visual ni por medio de toma de huellas dactilares. Los forenses avanzan en trabajos para intentar hacer un reconocimiento antropológico, cuyos resultados se prevé que estén el próximo lunes. De no ser posible la identificación, resta esperar a ver qué arrojan las pruebas de ADN, que podrían demorar hasta 40 días.