2026

RT El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agradeció este martes a Rusia por la ayuda solidaria enviada para mitigar la compleja crisis energética que enfrenta la isla caribeña. «Nuestro agradecimiento al Gobierno y pueblo de Rusia por todo el apoyo que estamos recibiendo. Carga valiosa que llega en medio de la compleja situación energética que enfrentamos», escribió en su cuenta en X. Ante las palabras del funcionario, desde la Embajada de Rusia en Cuba respondieron: «Es un deber ayudar a nuestros hermanos cubanos en estas difíciles condiciones». El cargamento De la O Levy se expresó luego de que arribara a la mayor de las Antillas el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con un cargamento humanitario, consistente en 100.000 toneladas de petróleo, en medio de la escasez de combustible en la nación caribeña por el bloqueo estadounidense. El buque ruso llegó al puerto de Matanzas, informó el Ministerio de Transporte de Rusia. La mañana de este martes, el Embajada rusa detalló que ya se había dado inicio a la descarga del crudo. Se trata del primer petrolero en llegar a Cuba en alrededor de tres meses, después de que EE.UU. obligara a Venezuela y a México a cortar el suministro de energía a la isla. La nación caribeña no había recibido ningún suministro de crudo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética. Previo a este arribo ruso, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba. «No nos importa dejar que alguien reciba un cargamento porque lo necesita. Tienen que sobrevivir», dijo a la prensa. «Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no», agregó. «Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas», reiteró.

Rusia Today El presidente de EE.UU., Donald Trump, fijó este martes un plazo límite para que culmine la participación de su país en la guerra contra Irán. Consultado en la Casa Blanca sobre cuándo concluirá el involucramiento de Washington en el conflicto, señaló que cree que en «dos o tres semanas» Estados Unidos «se irá» de Irán. El mandatario hizo la afirmación tras sostener que EE.UU. está «golpeando muy duro» a la nación persa, y que en la noche anterior había «dejado fuera de servicio enormes cantidades de instalaciones de fabricación de misiles», en el marco de la ofensiva contra objetivos militares iraníes. La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

DW Actualidad La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes (30.03.2026) que su gobierno trabaja con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla luego de que el domingo el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara que no tenía «ningún problema” con que Cuba recibiera combustible ruso. «El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales (…) tiene que ver también con el envío de petróleo», dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. El domingo, el presidente estadounidense afirmó que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encontraba en las inmediaciones de la isla: «¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema», aseguró. Cuestionada sobre la aparente flexibilización de Estados Unidos, al permitir la llegada del petrolero ruso a Matanzas, la gobernante mexicana recordó que desde hace tiempo se disminuyeron los aranceles que el gobierno de Trump había anunciado para quienes enviaran petróleo a la isla. «En algún momento hubo tarifas relacionadas, bueno, aranceles si se enviaban, después disminuyeron los aranceles y buscamos siempre la ayuda humanitaria. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”, insistió Sheinbaum.

Página 12 Los legisladores israelíes aprobaron este lunes una ley que permite aplicar la pena de muerte a condenados por ataques mortales catalogados como actos de “terrorismo”, una medida que en la práctica afectará principalmente a palestinos y que fue rechazada por países europeos y grupos de derechos humanos. La ley fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir. El primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor del texto. Más presión sobre los palestinos El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla. La ley establece que cualquier persona “que provoque intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de causar daño a un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua”. En el caso de los palestinos en Cisjordania, la pena de muerte se convertiría en el castigo por defecto aplicado a los condenados por ataques mortales que sean calificados como “actos de terrorismo”. Israel ocupa Cisjordania desde 1967 y los palestinos que viven en este territorio son juzgados por tribunales militares israelíes, mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema judicial. La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.  En los días previos a la votación, Ben Gvir, del partido Poder Judío, portó en su solapa un pin con una soga, en señal de apoyo al proyecto. Y tras la aprobación, miembros de la Knesset (el Parlamento israelí) brindaron con champán. “Una aplicación discriminatoria” Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Según los medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción, señalando que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero. El ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó en X que Israel no tiene “ninguna soberanía” en los territorios palestinos y dijo que la ley busca “legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación”. En febrero, Amnistía Internacional instó a los legisladores israelíes a rechazar la ley, ya que, según la organización de derechos humanos, “permitiría a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte con una aplicación discriminatoria contra los palestinos”. La ONG Asociación por los Derechos Civiles en Israel presentó inmediatamente un recurso ante la Corte Suprema para anular la legislación. La norma entra en conflicto con las leyes fundamentales de Israel que prohíben la discriminación arbitraria.  Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.

Página 12 En España, el “No a la guerra” va más allá de un eslogan de marketing; es parte de una memoria colectiva que se grabó a fuego en 2003, cuando las Azores fueron el escenario del encuentro de un trío (Bush-Blair-Aznar) que terminó en la invasión sangrienta de Irak y en un atentado terrorista en Madrid que costó 197 muertes. En parte por eso, pero también porque Sánchez ha acabado encontrando en Europa cierto respaldo a su postura antibelicista, el presidente español ha decidido redoblar una posición que es, al mismo tiempo, de rechazo a una guerra ilegal y de desafío a la prepotencia de Donald Trump. Después de haber prohibido la utilización de las bases norteamericanas asentadas en España, el líder socialista ha decidido cerrar el espacio aéreo español a la operación de guerra contra Irán. Un portazo en las narices de Trump La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo confirmó este lunes con una sequedad castellana que no admite réplicas: España cerró su espacio aéreo a toda aeronave que participe en el ataque de la entente Washington-Tel Aviv. La medida es un portazo en las narices de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El veto es total: no se autoriza el uso de las bases estratégicas de Rota y Morón de la Frontera, en el sur de la península, ni se permite que aviones procedentes de bases en el Reino Unido o Francia crucen el cielo español cargados con el arsenal destinado al frente iraní. El asunto no es menor ni simbólico. Al negar el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera, el nexo logístico fundamental que une el Atlántico con el Mediterráneo queda herido de gravedad para los intereses norteamericanos. Según cuentan los que saben de logística militar, la negativa española obliga a los bombarderos a dar vueltas por el mapa, alterando las cargas de querosén y obligándolos a elegir entre llevar más combustible o más bombas.  Es, básicamente, ponerle un palo en la rueda a la maquinaria de muerte. Y eso, en el lenguaje diplomático de Trump, se traduce en una sola palabra: represalia. El magnate ya amenazó con un bloqueo comercial, siguiendo con su lógica de que quien quiera ejercer su soberanía, debe pagar el precio a través de un arancel a los productos que quieran entrar en el mercado estadounidense. “Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana”, sostuvo la ministra Robles. Para el Ejecutivo de centroizquierda, la guerra iniciada por el eje Washington-Tel Aviv es “profundamente ilegal y profundamente injusta”. Estas palabras, que en otro contexto podrían parecer retórica de asamblea universitaria, adquieren aquí un peso logístico real. Al cerrar Rota y Morón, España le quita a la maquinaria de guerra de Donald Trump un punto de apoyo fundamental en el tablero mediterráneo, obligando a los bombarderos a recalcular rutas, cargas de combustible y tiempos de reacción. No es que España haya roto sus convenios bilaterales con el Pentágono. Los militares estadounidenses pueden seguir usando las bases para sus tareas habituales de asistencia a tropas en Europa, pero el límite está en el combustible destinado a la guerra en Irán. Según informes técnicos, esta negativa complica seriamente la operatividad de los B-52 y otros activos de gran alcance, que ahora deben volar rutas más largas, cargando menos bombas para poder llevar más combustible, o viceversa. Un rompecabezas táctico que no ha sentado nada bien en la Casa Blanca.

Telesur La diplomacia iraní rechazó el “plan de 15 puntos” entregado por Estados Unidos para una tregua en Oriente Medio, al señalar que contiene exigencias “muy excesivas, poco realistas e irrazonables”, según precisó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. Durante su rueda de prensa semanal en Teherán, Baghaei explicó que la propuesta estadounidense fue transmitida a Irán a través de intermediarios, con miras a poner fin a la actual escalada militar, pero contiene exigencias que Irán considera inaceptables. “Sabemos muy bien cuál es el marco que deseamos. Los materiales que nos han sido entregados bajo diversos títulos, como el ‘plan de 15 puntos’, incluyen principalmente exigencias excesivas, poco realistas e irrazonables”, afirmó. Baghaei señaló que la postura iraní siempre “ha sido completamente clara desde el principio” respecto a los temas relevantes y a la vez contrastó la actitud de atribuida a funcionarios de Washington: “que cambia constantemente de postura y cuyos funcionarios hacen y demuestran declaraciones y comportamientos contradictorios”. El portavoz recalcó que la nación persa no ha sostenido negociaciones directas con Estados Unidos desde la última ronda en Ginebra el 26 de febrero. Señaló que los mensajes recibidos han llegado a través de países como Pakistán, que transmitieron la disposición de Washington para entablar conversaciones. Sin embargo, Teherán no participó en las reuniones organizadas por Islamabad con estados vecinos y aseguró que dará a conocer su conclusión sobre el plan “a su debido tiempo”. La tensión se intensificó el pasado 28 de febrero, cuando el régimen sionista y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes, donde fueron asesinados el entonces líder supremo de Irán Alí Jameneí, junto a parte de su familia, así como altos mandos militares y civiles. En defensa, Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en Oriente Medio. Desde el inicio de la agresión militar contra Irán, los bombardeos israelíes y estadounidenses han dañado más de 93.000 instalaciones civiles, incluidas 600 escuelas y 295 centros sanitarios, además de 71.547 viviendas y 20.779 locales comerciales en diversas provincias. Asimismo, la víspera, una nueva ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel golpeó una planta petroquímica, la Universidad Tecnológica de Isfahán y parte de la red eléctrica iraní. Teherán respondió atacando infraestructuras aéreas en bases estadounidenses y advirtió que sus tropas “esperan a los soldados” del Pentágono, ante informes de una posible invasión terrestre. En tanto, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI y  general de brigada Seyyed Majid Mousavi, afirmó que la respuesta a los ataques contra emplazamientos estratégicos incluye golpes precisos contra industrias vinculadas a Estados Unidos y al régimen israelí en la región. Según manifestó Majid Mousavi, se habrían impactado industrias químicas en territorios ocupados, una refinería, dos complejos siderúrgicos y dos supercomplejos de aluminio, añadiendo que “estos dolorosos ataques continuarán” mientras Irán sea atacado. El CGRI también señaló que destruyó un avión de alerta temprana y control AWACS (E-3) de Estados Unidos en una base del ejército estadounidense en Arabia Saudita, destacando el alcance del Boeing E-3 Sentry, con capacidad de monitoreo de hasta 600 kilómetros y funciones de control y comunicaciones.

Telesur Al cumplirse cuatro años de la instauración del régimen de excepción en El Salvador, organizaciones civiles y organismos internacionales alertan sobre el devastador costo humano de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele. Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reveló que al menos 504 personas han muerto en centros penitenciarios bajo custodia del Estado salvadoreño entre abril de 2022 y marzo de 2026. El reporte destaca un dato alarmante: un 90% de las víctimas no presentaba un perfil de pertenencia a pandillas, lo que contradice el argumento oficial de que las detenciones masivas se dirigen exclusivamente contra grupos criminales. La organización advierte que, debido al hermetismo oficial, la cifra real de fallecidos podría ascender hasta los 2.000. El contexto de estas muertes está marcado por denuncias sistemáticas de tortura, hacinamiento extremo y falta de atención médica en prisión. Testimonios de familiares recabados por SJH describen cuerpos entregados con signos evidentes de violencia física. Este mes, una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elevó el tono de la crítica internacional al acusar al Gobierno salvadoreño de cometer posibles crímenes de lesa humanidad, vinculados a la implementación de estas medidas extraordinarias que han suspendido garantías constitucionales de forma ininterrumpida. El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, tras un fin de semana que registró más de 80 homicidios. Investigaciones periodísticas locales han señalado que esta ola de violencia fue el resultado de la ruptura de un pacto previo entre el Gobierno de Bukele y las estructuras de las maras. Si bien el Ejecutivo celebra una reducción «histórica» de los homicidios y cuenta con un respaldo popular estimado en un 85% por reducir la violencia bajo su política, defensores de derechos humanos subrayan que la baja de la criminalidad venía registrándose desde 2016, antes de la actual administración. Cifras de la represión Hasta la fecha, las organizaciones humanitarias contabilizan 91.650 detenciones totales bajo el régimen de excepción, 6.889 denuncias por violaciones a derechos humanos, un 98% por ciento de los casos correspondiendo a detenciones arbitrarias, y agentes de la Policía Nacional Civil vinculados al 75% de los atropellos reportados. «Cuatro años de venir luchando para que se haga justicia y se libere a los inocentes y no vemos ninguna respuesta, y lo que vemos del Gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales«, declaró Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen. Pese a las denuncias, el Congreso salvadoreño aprobó la prórroga número 49 de la medida, asegurando la continuidad de un modelo que, según juristas internacionales, está desmantelando el Estado de derecho en el país centroamericano.