2026

Página 12 La Corte Suprema de Brasil determinó este jueves que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y quien se estableció el año pasado en Estados Unidos alegando sufrir una persecución política y judicial, empiece a cumplir una de las penas a las que fue condenado. La decisión partió del magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del juicio en el Supremo Tribunal Federal en el que Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable de coacción a la justicia. Sin pasaporte válido De Moraes afirmó que, tras el rechazo de las últimas apelaciones, el juicio contra el exdiputado adquirió la condición de cosa juzgada, por lo que la sentencia pasó a ser firme e inapelable. En consecuencia, De Moraes determinó la inclusión del nombre del exparlamentario en la lista de condenados con órdenes de prisión a ser cumplidas y que se le cancelen los pasaportes a su nombre. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad el último recurso de la defensa de Eduardo Bolsonaro y ratificó la condena en régimen inicialmente semiabierto. Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción a la justicia por promover gestiones ante el gobierno de EE.UU. orientadas a presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, Jair Bolsonaro (2019-2023), fue condenado a 27 años de prisión. El excongresista fue inhabilitado políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038. En septiembre pasado, también fue condenado a un año de prisión por la Corte Suprema en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral. En septiembre fue destituido de su función como escribano de la Policía Federal por abandono de cargo. A pesar de su situación jurídica, Eduardo continúa participando activamente en la campaña electoral de su hermano mayor e insinuó que, en caso de que Flávio sea electo presidente, espera que lo nombre ministro de Relaciones Exteriores. Flávio Bolsonaro tildó a De Moraes de “violador de derechos humanos” y lo acusó de dictar sentencias amañadas para intentar interferir en la segunda vuelta de las presidenciales, en las que se medirá el 25 de octubre al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección. “Moraes, hágale un bien a la Nación y renuncie”, afirmó el senador en una transmisión en directo en sus redes sociales. Congresistas investigados Según el portal brasileño UOL, al menos 69 congresistas electos en los comicios del domingo pasado en Brasil, la mayoría de ellos de derecha, están siendo investigados por corrupción, malversación de fondos, manipulación de contratos públicos o delitos medioambientales. La Constitución brasileña solo suspende los derechos políticos en caso de condena penal firme, cuando ya no existe posibilidad de apelación. Entre los investigados se destaca el caso del diputado por el Partido Liberal, Mario Frias, a quien la policía investiga por presunta malversación de hasta dos millones de reales (unos 400 mil dólares) procedentes de enmiendas legislativas para producir la película “Dark House”, una biopic sobre el expresidente Jair Bolsonaro. El congresista electo de Republicanos, Ney Santos, ex alcalde de Embu das Artes, está acusado en un caso de organización criminal y se sospecha que tiene vínculos con el Primer Comando Capital, según UOL. En el caso de Bia Kicis, senadora electa del Partido Liberal, el Tribunal Electoral está investigando, por orden de la Corte Suprema, un desvío de fondos por un valor de 250 mil reales para financiar propaganda electoral. El diputado federal Paulo Bilynskyj, también liberal, es acusado en un caso de violencia doméstica. La mayor parte de los cargos, según el análisis de UOL, pertenecen a formaciones de la derecha, incluido el Partido Liberal de los Bolsonaro y las diferentes fuerzas que conforman ese bloque informal parlamentario conocido como “Centrão”, que se volvió indispensable para asegurar la gobernabilidad en Brasil. Desde hace décadas, todo aquel que llegó al Palacio del Planalto debió contar con el beneplácito de este grupo, formado por, entre otros, Progresistas, Unión Brasil, Movimiento Democrático Brasileño o Republicanos. El 4 de octubre más de 1.650 cargos estaban en juego en unas elecciones en las que se eligió en primera vuelta al nuevo presidente y al vicepresidente, además de la conformación del Congreso, las diferentes cámaras estatales y sus gobernadores. La derecha logró hacerse con la Cámara de Diputados y el Senado, además de plazas importantes como San Pablo, pero sobre todo con el triunfo del candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro a la presidencia con el 47 por ciento de los votos, dos puntos más que el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La primera encuesta de Datafolha realizada tras la primera vuelta presidencial muestra al senador Flávio Bolsonaro con el 52 por ciento de los votos válidos y a Lula con el 48 por ciento. Los votos válidos excluyen los votos en blanco, nulos e indecisos, y son el criterio utilizado por el Tribunal Electoral Superior para calcular el recuento final el día de las elecciones. Tras haber disputado la primera vuelta con el apoyo exclusivamente de su formación, el senador opositor acudirá a la siguiente vuelta con el respaldo de casi todos los partidos de derecha y centroderecha del país, incluyendo Republicanos, Progresistas, Unión Brasil, Novo y Podemos. Lula, por su parte, inició la preparación de cara al 25 de octubre con reuniones con sus asesores para definir una nueva estrategia de comunicación, principalmente en redes sociales, ante la necesidad de revertir el resultado de la primera vuelta.

Telesur El juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, rechazó este jueves 8 de octubre la solicitud de la defensa de Cilia Flores, primera dama de Venezuela, para otorgarle libertad bajo fianza y permitirle cumplir detención preventiva bajo arresto domiciliario en una residencia privada de esa ciudad. La propuesta de los abogados de la esposa del presidente Nicolás Maduro incluye monitoreo por GPS y otras medidas de seguridad. Sin embargo, el magistrado argumentó que existe un supuesto riesgo de fuga, y señaló además que las garantías ofrecidas son insuficientes. La defensa solicitó la medida argumentando un deterioro en la salud cardíaca de Flores a sus 69 años, con episodios de dolor en el pecho, arritmias y una pérdida de peso de más de 11 kilos desde su secuestro tras la invasión estadounidense a Venezuela del 3 de enero pasado. Afirmó que requiere recibir tratamientos médicos y recuperarse fuera de prisión. La decisión se produce tras un proceso formal que inició el 9 de septiembre con la petición de la defensa. Posteriormente, el juez ordenó mantener bajo sello los expedientes médicos presentados, por lo que el contenido específico de esos documentos sigue sin conocerse públicamente. La situación judicial de Flores y Nicolás Maduro se remonta al 3 de enero de 2026, fecha en que fueron secuestrados en Caracas, capital venezolana, por fuerzas especiales estadounidenses, en una incursión militar que dejó más de un centenar de fallecidos, entre civiles y militares, y una cantidad similar de heridos. Tras su primera comparecencia el 5 de enero, en la que se declararon no culpables, han permanecido detenidos en Nueva York, en el Centro Federal de Detención de Brooklyn. El presidente Maduro cuestiona la legalidad del secuestro e invoca inmunidad soberana, mientras que Flores alega inmunidad como primera dama. En julio, Fiscalía y Defensa acordaron que el juicio oral quedó fijado para el 1 de junio de 2027, con una audiencia previa programada para el próximo 17 de noviembre, cuando se evaluarán las mociones de la defensa.

Telesur La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina se movilizó este jueves 8 de octubre por la Diagonal Sur, en el centro de Buenos Aires, hasta el edificio del ex Ministerio de Industria. La marcha, bajo el lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, rechazó el modelo económico del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. El cierre del acto estuvo a cargo de los tres secretarios generales de la central: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. Desde la confederación enfatizaron que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”. Según medios locales, el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003) estuvo presente en el acto. Industricidio y crisis social en Argentina La CGT difundió un comunicado del Consejo Directivo Nacional en el que sostiene: “El diagnóstico de situación es claro: estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros”. Más adelante denuncian que el modelo Milei-Caputo “está destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”. Sobre las consecuencias sociales, el texto describe “una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad; cientos de miles de hogares con carencias alimentarias severas y un endeudamiento familiar descontrolado que dispara graves alarmas en materia de salud mental; jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte”. “Hoy nos movilizamos en defensa de la industria nacional para visibilizar la realidad del sector productivo y alertar sobre la difícil situación que atraviesa, en especial la de las PyMEs, principal sostén del empleo”, señala el comunicado. La central aclara que no propone aislarse del mundo: “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria”. La CGT cuestionó la idea de una economía “a dos velocidades”, que pone en valor el crecimiento exportador de los sectores energético, minero y del agronegocio frente a la caída de la producción manufacturera. Para la central, “no hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, que transitamos cotidianamente las grandes mayorías, donde ‘la plata no alcanza’ y la situación de las y los trabajadores —ocupados, subocupados, precarizados y desocupados— es cada vez peor”. Críticas al Gobierno y propuesta El documento acusa al Ejecutivo de desatender a la población: “Este gobierno ya ha dado claras muestras de que las argentinas y los argentinos no son su prioridad. En su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”. Frente a ello, la CGT llama a “organizar allí donde todavía no hay organización y a construir alternativas consistentes, políticamente confiables y participativas, capaces de conmover y contener a todas aquellas personas y organizaciones que no queremos convalidar este estado de cosas: el de un país para unos pocos”. Finalmente, en línea con los preceptos rectores de la doctrina peronista: “Frente a estas propuestas del ‘sálvese quien pueda’, nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada”. Esta movilización forma parte de un esquema de protestas escalonadas impulsadas por la CGT antes de evaluar la convocatoria a un quinto paro general contra las políticas gubernamentales. Las agrupaciones convocantes anticiparon que confluirán la próxima semana en la Quinta Marcha Federal Universitaria junto a diversos movimientos sociales para exigir presupuesto educativo y la derogación de los decretos de desregulación económica y entrega de soberanía.

Rusia Today El Pentágono ha elaborado, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, planes para una nueva ofensiva militar contra Irán que contemplan una campaña de intensos ataques de unos tres días contra objetivos militares y energéticos, informa este 8 de octubre The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses.  Según el diario, los ataques se centrarían en arsenales de misiles y drones, instalaciones energéticas y puestos de mando y cuarteles generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los planes fueron examinados el viernes pasado durante una reunión de altos funcionarios de seguridad nacional en Camp David, la residencia de descanso del presidente de EE.UU. en el estado de Maryland, encabezada por el vicepresidente J. D. Vance.  Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, habría rechazado en los últimos meses cinco propuestas de operaciones militares de gran envergadura contra Irán o los hutíes de Yemen, según el diario. Este jueves, el mandatario aseguró que no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre y afirmó que ambos países mantienen «conversaciones productivas«. Mientras, Washington continúa reforzando su presencia militar en Oriente Medio. A finales de octubre, tres portaaviones estadounidenses junto con sus grupos de ataque podrían encontrarse simultáneamente en la región por primera vez desde 2003, con más de 20.000 marineros e infantes de Marina y cientos de aeronaves. Sin embargo, algunos miembros del círculo cercano de Trump dudan de que eventuales nuevos ataques puedan cambiar los planes de Teherán, mientras que otros consideran que una ofensiva breve e intensa podría agravar los problemas económicos de Irán. Pese a los preparativos militares, no está claro si Trump autorizará nuevos ataques, incluso después de las elecciones. Mientras tanto, las negociaciones entre Washington y Teherán siguen estancadas por las diferencias sobre el programa nuclear iraní.