ElNuevoCambio

Teherán | Agencias Tropas de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán realizan ejercicios militares en las partes occidentales del país que continuarán hasta el martes, en medio del aumento de tensiones con Israel. Los simulacros tienen lugar en la provincia de Kermanshah, cerca de la frontera con Irak, desde el viernes. «Este ejercicio continuará hasta el martes para mejorar las habilidades de combate de las Fuerzas Armadas», afirmó este domingo a la prensa local un funcionario de la localidad de Qasr-e Shirin, en donde se están desarrollando los ejercicios. Irán ha advertido en reiteradas oportunidades que infligirá un «castigo severo» a Israel en represalia por el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniya, el 31 de julio en territorio iraní. Alí Shamkhani, asesor político del líder supremo iraní, Alí Jameneí, escribió en su cuenta de X que ya estaban en marcha los preparativos «jurídicos, diplomáticos y mediáticos» para «castigar severamente a un régimen que solo entiende el lenguaje de la fuerza». En esa línea, el comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria, Alí Fadaví, afirmó que hará cumplir las órdenes del ayatolá de castigar al país hebreo. «Las órdenes del líder de la revolución se cumplirán de la mejor manera posible y ese es el deber actual de Irán», dijo en declaraciones a Al Mayadeen TV.

Moscú y Kiev | Agencias Las autoridades rusas reconocieron este domingo una breve incursión ucraniana en el distrito de Belovski de la región de Kursk, colindante con la vecina Sudzha, por donde las tropas enemigas entraron en Rusia el martes pasado sin que se haya logrado hasta ahora su expulsión. “Ayer se registró la entrada de un grupo subversivo ucraniano en el territorio del distrito de Belovski, nuestros defensores lograron estabilizar la situación”, escribió el gobernador en funciones de Kursk, Alexéi Smirnov, en su canal de Telegram. Según datos oficiales, al menos 76.000 personas han abandonado desde el martes pasado las localidades próximas a la frontera con Ucrania en la región de Kursk. Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció que su ejército ha lanzado una ofensiva militar sobre suelo ruso. En un discurso difundido el sábado por la noche, Zelensky aseveró que el ejército de Ucrania estaba llevando la guerra hacia el «territorio del agresor». Kyiv lanzó un ataque sorpresa contra su vecino el pasado martes a través de la región fronteriza de Kursk (al occidente de Rusia) y consiguió avanzar rápidamente más de 10 kilómetros dentro de Rusia. La acción representa la incursión más profunda en suelo ruso lanzada por las fuerzas ucranianas desde que el Kremlin comenzó su invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Además de la incursión terrestre, quince personas resultaron heridas anoche en la ciudad de Kursk, capital de la homónima región rusa, al caer fragmentos de un misil derribado sobre un edificio de viviendas. La respuesta de Rusia a los ataques ucranianos contra la infraestructura civil rusa “no se hará esperar” y será “dura”, aseguró este domingo la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova.

Buenos Aires | Agencias La exprimera dama argentina Fabiola Yáñez habló por primera vez sobre la presunta violencia a la que era sometida por el expresidente Alberto Fernández, quien, dijo, la amenazaba constantemente con suicidarse y al que cuidó «de tantas cosas que él ha hecho», según confesó. La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones el sábado en una entrevista exclusiva en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que se conoció la denuncia que presentó ante la Justicia de su país contra el exmandatario (2019-2023) por violencia física y hostigamiento. Yáñez afirmó que Fernández cometió numerosas infidelidades durante su relación; denunció haber sido maltratada «durante cinco años»; y reconoció que sus últimos meses como primera dama, hasta diciembre pasado, los vivió separada del entonces mandatario en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y no en otro domicilio por evitar «un escándalo». Ayer Yáñez se reunió con su abogada en Madrid, donde actualmente vive, para delinear la estrategia judicial que seguirá, cuando sigue pendiente una declaración que será clave en la causa. Mientras tanto, a través de un escrito que presentó ante el juez federal Julián Ercolini su nueva abogada, Silvina Carreira, Alberto Fernández pidió que la causa por violencia salga de los tribunales Comodoro Py y pase a la justicia federal de San Isidro (allí tramita también la causa que se abrió tras conocerse la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena pandemia). La separación Yañez aseguró que comenzó a distanciarse de Fernández mientras estaban en Olivos. “Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes”, dijo y relató que decidió instalarse ahí con su hijo. “Queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo”, narró. Además, sostuvo que cuando quiso separarse, le prometían que iba a poder irse de la residencia presidencial, pero eso no se concretaba. “(Me decían) cosas como: ‘Mañana arreglamos el avión, para que puedas viajar de la forma más segura’, y no sé cuánto más para viajar a Madrid. El destino no lo elegí yo. Él lo eligió por su comodidad. Y así hasta el 2 de diciembre. Entonces del país no pude salir nunca”. Se refirió también a las infidelidades del expresidente, que aseguró que ocurrían «todo el tiempo». «Yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho», afirmó. Y contó que el video difundido lo descubrió cuando el expresidente le dio un celular a su hijo «para escuchar música», y este al tocarlo por causalidad accedió a la galería de fotos y videos guardados.

Caracas | Agencias El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de “validación” de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro y desencadeno una oleada de cuestionamientos dentro y fuera del país. “Los magistrados de esta Sala Electoral se abocan al peritaje de todo el material consignado -en físico y digital- sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo el sábado, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la presidenta del tribunal, la chavista Caryslia Rodríguez, quien destacó que la decisión que se tome será “inapelable”. La magistrada recordó que el candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, fue el único de los diez aspirantes que no compareció ante el TSJ para este proceso -solicitado por Maduro-, pues considera que la instancia actuará a favor del chavismo ante la denuncia de fraude electoral. Rodríguez aseguró que la investigación “contará con personal altamente calificado e idóneo”, que trabajará con los “más altos estándares técnicos”, aunque no dio detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso. La presidenta del Supremo remarcó que ni González Urrutia, ni la PUD -que aseguran haber ganado los comicios por amplio margen- consignaron “material electoral alguno”, toda vez que la coalición insiste en que el TSJ es incompetente para atender este asunto que -alegan- debería aclarar el CNE con la publicación de los resultados desagregados. El TSJ -controlado por jueces afines al chavismo- trabaja para “producir la sentencia definitiva” en respuesta a un recurso introducido por Maduro -que no es público- y esa decisión “tendrá carácter de cosa juzgada” y “de obligatorio cumplimiento”, añadió Rodríguez. El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, dijo que no tiene evidencias de que el CNE haya sufrido un jaqueo y que estas elecciones no pueden considerarse democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos, un pronunciamiento que el Gobierno ve como una muestra de apoyo al “golpe de Estado”.

Kiev | Agencias El gobierno de Rusia anunció este sábado lo que calificó como operación antiterrorista para aumentar la seguridad en la región fronteriza donde una incursión de las fuerzas ucranianas esta semana halló por sorpresa a las tropas rusas y expuso sus vulnerabilidades en una guerra que dura casi dos años y medio. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los combates en la región de Kursk continuaban y que el ejército lanzó ataques aéreos contra las fuerzas rivales que incluyeron el uso de una bomba termobárica, que causa una onda expansiva y crea un vacío que asfixia a sus objetivos. Las medidas anunciadas para Kursk y para las regiones vecinas de Belgorod y Bryansk, que comparten frontera con Ucrania, permiten al gobierno reubicar a la población, controlar las comunicaciones telefónicas y requisar vehículos. La incursión que comenzó el martes es la mayor operación transfronteriza desde el inicio de la guerra y aumenta el temor a que los combates se propaguen más allá de Ucrania, informó la agencia de noticias The Associated Press. En la vecina Bielorrusia, donde hay tropas rusas desplegadas aunque Minsk no ha enviado soldados a Ucrania, su presidente, Alexander Lukashenko, dijo este sábado que sus defensas antiaéreas derribaron objetos no especificados disparados desde Ucrania que sobrevolaban su territorio. «No entiendo por qué necesita esto Ucrania. Tenemos que averiguarlo. Como dije antes, les hemos dejado claro que ninguna provocación quedará sin respuesta. Mientras, los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron en las últimas horas 26 drones sobre la región fronteriza de Kursk, escenario desde el pasado martes de la incursión terrestre ucraniana. Según ha informado este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia, otros seis aparatos fueron neutralizados en la región de Yaroslavl. Rusia combate por quinto día consecutivo a las fuerzas ucranianas que entraron en la región de Kursk y, según blogueros militares y analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), lograron adentrarse unos 30 kilómetros en territorio ruso.

Caracas | Agencias El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descartó anoche cualquier negociación con la líder opositora Marina Corina Machado, luego de comparecer ante la Corte Suprema a la que pidió certificar su reelección para un tercer período. Maduro fue el último candidato que concurrió ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Otros ocho presidenciables también respondieron al llamado, mientras que el opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria, desacató la citación. El presidente Maduro dijo también estar dispuesto a comunicarse en cualquier momento con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de México, Andrés Manuel López Obrador. Los tres líderes de la región llaman a las autoridades electorales venezolanas a publicar las actas de votación. Al salir de la audiencia, Maduro declaró a la prensa: «El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general. Que se entregue ante la justicia y dé la cara, y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí». El presidente señala a la exdiputada y a González Urrutia como los responsables de generar violencia durante las manifestaciones poselectorales en rechazo al resultado oficial que otorga el triunfo a Maduro. Maduro aseguró que va a convocar a un «diálogo político», sin especificar cuándo, con los «38 partidos políticos que están inscriptos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)» del que espera que surjan «instancias para el entendimiento futuro». El miércoles Machado dijo que Maduro debe «entender que su mejor opción» es «entablar una negociación», y ratificó una «absoluta disposición» por parte de la oposición mayoritaria, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para negociar una transición, tal como hicieron países como Panamá. El ataque cibernético Maduro insistió en que respeta la soberanía de cada uno de estos países, por lo que no hará comentarios sobre sus Gobiernos, y que cuando llegue el momento explicará con detalles a sus presidentes la “situación difícil de entender” que atraviesa Venezuela. “Todo lo que circula en los medios de comunicación en esos países es manipulación, (pero nosotros) somos expertos en derrotar eso, tenemos el poder para vencer la mentira”, añadió. El CNE denunció haber sufrido un ataque cibernético a su sistema el día de las votaciones, lo que no impidió la proclamación de Maduro sin aportar evidencias, mientras que la oposición presentó en una página web miles de actas de votación que darían la victoria abrumadora a su candidato, Edmundo González Urrutia.

Lima | Agencias Perú aprobó este viernes una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados. En medio del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte    IDH), la ley fue publicada este sábado en la prensa local luego de que el gobierno decidiera no observarla. El texto anula procesos por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno o «guerra contra el terrorismo» según las autoridades de la época, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980 y 2000. Según la norma nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. «Ley de impunidad» «Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra», destaca la ley que entrará en vigencia a partir del 10 de agosto. Según las autoridades peruanas la normativa sirve para precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local. El gobierno rechazó que se trate de una amnistía encubierta o «ley de impunidad», como señalan grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas de matanzas cometidas por militares entre 1980 y 2000. «No creemos que, con esta ley de lesa humanidad y crímenes de guerra, se esté pretendiendo afectar los derechos de las víctimas, dado que todos los involucrados están siendo procesados», dijo el jefe del gabinete Gustavo Adrianzén, en una conferencia de prensa. La controversia, de acuerdo a Adrianzén, «radica en que lo señalado en el estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley», por lo que, según el funcionario, «desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad».  Impulsada por la mayoría derechista que controla el Parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, alertaron diversas organizaciones favor de los derechos humanos e instituciones como el Ministerio Público. Perú reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que quedó habilitada para intervenir en los crímenes más graves de guerra y de lesa humanidad cometidos después de 2002, cuando entró en vigor en el país el Estatuto de Roma. La iniciativa generó desde julio el rechazo de la Corte IDH ante el peligro de dejar impunes ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas del Estado, que marcaron las décadas de 1980 y 1990. Entre otros esta ley beneficia al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992. El exmandatario, de 86 años, fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana. Estuvo preso 16 años. Rechazo de la ONU El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó la semana pasada que el Congreso peruano aprobara este proyecto de ley, al que considera contrario al derecho internacional. «Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor esta ley», declaró Türk en un comunicado.