Caracas | Agencias
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión al término del proceso de “validación” de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro y desencadeno una oleada de cuestionamientos dentro y fuera del país.
“Los magistrados de esta Sala Electoral se abocan al peritaje de todo el material consignado -en físico y digital- sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo el sábado, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la presidenta del tribunal, la chavista Caryslia Rodríguez, quien destacó que la decisión que se tome será “inapelable”.
La magistrada recordó que el candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, fue el único de los diez aspirantes que no compareció ante el TSJ para este proceso -solicitado por Maduro-, pues considera que la instancia actuará a favor del chavismo ante la denuncia de fraude electoral.
Rodríguez aseguró que la investigación “contará con personal altamente calificado e idóneo”, que trabajará con los “más altos estándares técnicos”, aunque no dio detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso.
La presidenta del Supremo remarcó que ni González Urrutia, ni la PUD -que aseguran haber ganado los comicios por amplio margen- consignaron “material electoral alguno”, toda vez que la coalición insiste en que el TSJ es incompetente para atender este asunto que -alegan- debería aclarar el CNE con la publicación de los resultados desagregados.
El TSJ -controlado por jueces afines al chavismo- trabaja para “producir la sentencia definitiva” en respuesta a un recurso introducido por Maduro -que no es público- y esa decisión “tendrá carácter de cosa juzgada” y “de obligatorio cumplimiento”, añadió Rodríguez.
El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, dijo que no tiene evidencias de que el CNE haya sufrido un jaqueo y que estas elecciones no pueden considerarse democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos, un pronunciamiento que el Gobierno ve como una muestra de apoyo al “golpe de Estado”.
