2025

CNN en Español Cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una mujer en una guardería de Chicago este mes, se desató una ola de indignación local por las tácticas de ICE. Pero también permitió vislumbrar la última iniciativa de control inmigratorio del Gobierno de Trump: un esfuerzo intenso para reprimir a los padres y tutores que pagaron para que sus hijos cruzaran la frontera. La detención de Diana Patricia Santillana Galeano, quien tras ser detenida por un control vehicular huyó al centro de cuidado infantil donde trabajaba, se produjo semanas después de que sus hijos, de 16 y 17 años, cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron trasladados a un albergue en el área de Chicago bajo la tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos, responsable de los menores inmigrantes que cruzan solos la frontera sur hasta que puedan ser ubicados con un patrocinador, como un padre o familiar, en Estados Unidos. Pero en lugar de propiciar su reencuentro con sus hijos, su llegada llevó al Gobierno a acusar a Santillana Galeano de tráfico de menores. El jueves fue puesta en libertad tras una orden judicial. “Continuaremos con sus trámites migratorios para que pueda permanecer en Estados Unidos”, declaró Charlie Wysong, uno de sus abogados. Altos funcionarios de la administración Trump se han centrado durante meses en los menores que cruzaron solos la frontera sur de Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden, cuando una oleada sin precedentes de niños desbordó los recursos federales. Medidas recientes, que involucran a múltiples agencias y que no se habían reportado anteriormente, indican que el Gobierno está intensificando la persecución contra estos niños y sus cuidadores. Hasta el momento, dos operativos lanzados este año contra padres, tutores o posibles cuidadores de menores migrantes han resultado en casi 3.000 arrestos, según datos federales revisados ​​por CNN. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a CNN que los arrestos son “principalmente resultado de investigaciones de tráfico de personas en las que se encontró a un menor no acompañado en el marco de un incidente de tráfico”. El subsecretario de la Casa Blanca para asuntos políticos, Stephen Miller, y otros funcionarios de la administración que apoyan esta iniciativa la consideran una forma relativamente sencilla de acelerar las deportaciones de personas que, a diferencia de algunos migrantes, pueden ser fácilmente localizadas por el Gobierno, según dos personas involucradas en las conversaciones. Los funcionarios de Trump creen que también puede presentarse eficazmente como un esfuerzo humanitario, dado el peligroso viaje que muchos niños migrantes realizan para llegar a Estados Unidos. “A menos que plantemos un punto y digamos como nación que no vamos a aceptar esto, que no queremos que se introduzcan niños de contrabando a través de la frontera, esto va a continuar a menos que haya un castigo por ello”, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Como parte de ese esfuerzo conjunto, ICE lanzó esta semana una iniciativa con las fuerzas del orden estatales y locales, aprovechando los acuerdos vigentes para desplegar a las autoridades y realizar verificaciones de bienestar a menores, según supo CNN en exclusiva. La Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados (UAC, por sus siglas en inglés), como se la conoce, comenzó el lunes en Florida y se extenderá a todo el país. Otra operación, lanzada el mes pasado, amplía esa iniciativa al encargar a los agentes de Seguridad Nacional el arresto de los patrocinadores si se encuentran ilegalmente presentes en Estados Unidos, utilizaron a un contrabandista o tienen antecedentes penales, entre otras circunstancias, según dos de las fuentes. Se ha ordenado a los funcionarios que estudien si pueden presentar cargos, como contrabando si procede, contra esos cuidadores, dejando a los niños a su cargo en un limbo legal o potencialmente devueltos a la custodia de Estados Unidos. “ICE HSI utiliza su autoridad y las leyes federales para procesar a cualquier persona u organización que haya cometido un delito, incluyendo, entre otros, cualquier violación de la ley federal de inmigración. Hemos sido claros: toda persona que no esté legalmente autorizada a estar en este país está sujeta a deportación”, declaró el portavoz en un comunicado.

Página 12 Jeannette Jara, candidata de la izquierda y favorita en los sondeos, y José Antonio Kast, rival de ultraderecha que le sigue en intención de votos, cerraron sus campañas en ciudades que se ubican en las antípodas. En Valparaíso, a 120 km de Santiago, la dirigente comunista prometió “seguridad para combatir el crimen y para llegar a fin de mes”. En esa línea, exhortó a superar el discurso del miedo con el que machaca la oposición: “Enfrentemos el miedo y votemos con esperanza”. Horas antes, desde Concepción, 450 kilómetros al sur de la capital, Kast habló a sus seguidores detrás de un vidrio. “No le tengo miedo a nadie”, aclaró con tono irónico y repitió su proclama de mano dura contra “la delincuencia y el terrorismo” en la competencia con otras derechas tan radicales como su espacio, el Partido Republicano.  Entre las dos ciudades se contaban fragmentos de la historia chilena. “Gracias Valparaíso, gracias Chile”, dijo Jara celebrando un final de campaña de cara al mar, mirando el puerto. “Vengo a ofrecer mi corazón. Llegamos aquí porque ustedes nos trajeron. Tengo 51 años y la misma porfía de siempre. Cuando la realidad no nos hace bien hay que trabajar duro para cambiarla. Lo digo recordando la niña que fui en Conchalí (comuna del norte de Santiago). Crecí con la certeza que servir a los demás es un orgullo. No hablo desde arriba, hablo al lado de ustedes. Hemos gozado y padecido las mismas alegrías y dificultades”.  Así, la candidata de la alianza de izquierda “Unidad por Chile” que incluye nueve fuerzas (entre ellas, el Partido Comunista, el Socialista, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio), además de sectores de la izquierda extrapartidaria, se brindó al último ritual de masas, que tuvo como marca distintiva la cercanía con la gente. Se la compara con Michelle Bachelet, porque tiene una llegada directa, una simpatía natural.  “Se siente, se siente, Jara presidenta”, decía la multitud.  Con respecto al combate a la inseguridad, tema central en la preocupación de los chilenos al igual que la economía, Jara propone un abordaje integral, con control de fronteras y levantamiento del secreto bancario para seguir la ruta del dinero de la delincuencia. “Seguridad en la calle y seguridad en el hogar. Más que perseguir a los que se roben un Súper 8 (chocolate), tenemos que ir por los peces gordos, ir por la ruta de su dinero”.  “Sí se puede, sí se puede”  La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric dijo conocer al Chile real, ella que proviene de una familia de origen humilde y promete un ingreso vital de 750 mil pesos chilenos (800 dólares, por encima del salario mínimo que equivale a 567 dólares), en parte subsidiado por el Estado; además de la reducción en un 20 por ciento de las tarifas de luz.  En la elección presidencial de este domingo 16 de noviembre la aspirante oficialista lidera las últimas encuestas con una intención de voto de entre 26 y 30 por ciento, ante un Kast que la sigue con un 20 y 25 por ciento en los sondeos. Peleando por un tercer puesto figuran el ultraderechista libertario Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, rostro de la derecha tradicional pero que endureció su discurso en esta campaña: en el último debate prometió “cárcel o cementerio” para los delincuentes.  Atrás en intención de voto se ubican cuatro candidatos: Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. Si este domingo se confirman las predicciones de las encuestadoras, Jara ganaría la primera vuelta pero en un balotaje el escenario se torna más complejo: las tres (ultra) derechas podrían sumar fuerzas para impedir que llegue al poder una militante comunista.

RT El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió este jueves un mensaje a los estadounidenses en medio de las agresiones constantes de las fuerzas del país norteamericano en el mar Caribe y el Pacífico. Así, el mandatario manifestó que los pueblos de las dos naciones deben «unirse por la paz del continente». «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz», subrayó a la CNN durante una manifestación de apoyo al Gobierno en Caracas. Asimismo, se dirigió a su homólogo estadounidense, Donald Trump. «Mi mensaje es: ‘¡Yes, peace! ¡Yes, peace!’ [‘Sí a la paz’]», dijo en inglés. Al ser preguntado sobre si está preocupado por una posible agresión de Washington, Maduro subrayó que las autoridades venezolanas están «ocupadas con el pueblo, gobernando con la paz». La misma jornada, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión militar en el Caribe, la ‘Operación Lanza del Sur’ (‘South Spear’, en inglés), ordenada por Donald Trump, que estará bajo la dirección del Comando Sur. Agresiones por parte de EE.UU. Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado una significativa fuerza militar frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas, justificando estas acciones como parte de la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, los militares llevaron a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado más de 70 muertos. En paralelo, Washington ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización de narcotráfico sin presentar pruebas que sustenten dicha afirmación. Falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. Maduro calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces». El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan «cambiar el régimen» en el país y apropiarse de su «inmensa riqueza petrolera». Condenas internacionales La postura venezolana ha encontrado respaldo en la comunidad internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que las acciones de Estados Unidos «no conducirán a nada bueno». Calificando como inaceptables la destrucción de barcos sin «juicio ni proceso», el canciller señaló que «así actúan los países fuera de la ley». Asimismo, advirtió de que la política de la Administración Trump «no mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional». Además, las operaciones militares, que han incluido bombardeos contra lanchas de escaso calado, han sido condenadas por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, así como por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil. Expertos internacionales han calificado estos ataques como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

BBC News Israel ha destruido más de 1.500 edificios en zonas de Gaza que continúan bajo su control desde el alto el fuego que acordó con Hamás y que empezó el 10 de octubre, según imágenes satelitales revisadas por el equipo de BBC Verify. Las nuevas fotos -de las cuales la última fue tomada el 8 de noviembre- muestran cómo barrios enteros controlados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido arrasados en menos de un mes, aparentemente mediante demoliciones. Ahora, el número real de los edificios destruidos puede ser mucho mayor, porque algunas áreas no pudieron ser registradas por los satélites. Expertos señalan que las demoliciones podrían violar algunos puntos del acuerdo de cese al fuego que contó con el respaldo de EE.UU., Egipto, Qatar y Turquía.  El portavoz de las FDI le dijo a la BBC que estos procedimientos cumplen todas las condiciones que hacen parte del cese al fuego. En los 20 puntos planteados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en los que se basa el cese al fuego, se señala que «todas las operaciones militares, incluyendo bombardeos aéreos y uso de artillería, se suspenderán».  Desde entonces, el propio Trump ha señalado que «esta guerra ha terminado». Pero la BBC pudo determinar mediante el análisis de imágenes satelitales que la destrucción de edificios por parte de las FDI continúa a gran escala.  Se utilizó un algoritmo de detección de cambios al analizar imágenes de radar tomadas antes y después del inicio del cese al fuego para resaltar los puntos diferentes.  Esto dio una idea del alcance de la destrucción, después se contaron manualmente los edificios visiblemente destruidos. Examinamos los edificios destruidos detrás de la Línea amarilla -un límite que se extiende entre el norte, el sur y el este de Gaza. Bajo el acuerdo de cese al fuego, Israel accedió a retirar sus fuerzas hasta ese límite, marcado por una línea amarilla en los mapas publicados por las FDI. Casas, huertos y jardines arrasados Muchos de los edificios afectados ​​no parecían haber sufrido daños antes de su demolición, por ejemplo, en el este de Jan Yunis, alrededor de Abasan al Kabira. Es difícil poder ser concluyente a partir de la imágen de un satélite, pero esos edificios no tenían daños evidentes en su estructura o signos reveladores como escombros cerca o cambios en su forma. Eran casas con jardínes, árboles y una pequeña huerta. Una comparación entre imágenes satelitales de esta aérea tomada al inicio de la guerra en octubre de 2023 con las imágenes captadas cerca de la fecha del inicio del cese al fuego muestra pocos cambios en muchos edificios. Lana Khalil solía vivir en Abasan al Kabira antes de ser desplazada cerca de al Mawasi. Ella describe su hogar como una especie de «paraíso» lleno de «granjas y vegetales». Ahora, como muchas otras partes de Gaza, el área ha sido reducida a escombros. «El ejército israelí no nos ha dejado nada. Han demolido todo», dice Lana. Y añade que los antiguos residentes pueden escuchar el ruido de las demoliciones desde «las tiendas de campaña donde estamos en al Mawasi». «Nuestros corazones están rotos», lamenta. En otra área, cerca de al Bayuk, al este de la ciudad de Rafah, las imágenes satelitales cuentan una historia similar.  Numerosos edificios que parecían no haber sufrido daños antes del cese al fuego, ahora se ven destruidos.  Imágenes aéreas de una explosión que fueron publicadas a principios de noviembre muestran cómo se eleva una columna de polvo desde las ruinas del vecindario.

Telesur El exmandatario peruano Pedro Castillo presentó ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra un centenar de congresistas que aprobaron su vacancia tras el fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. En el documento, Castillo acusa a los parlamentarios de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo público, en perjuicio suyo y del Estado – Poder Ejecutivo. De acuerdo con el exmandatario, el proceso de vacancia se llevó a cabo de forma irregular, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso, al no contar con la asesoría legal correspondiente. El exjefe de Estado argumenta además que su destitución fue inconstitucional, ya que el Congreso aprobó la medida con 101 votos, cuando el reglamento legislativo —artículo 89-A, inciso C— establece que se requieren 104 votos para hacer efectiva la vacancia presidencial. Castillo también incluyó en la denuncia a la actual mandataria, Dina Boluarte, a quien responsabiliza por la aceptación ilegal del cargo tras ser apartado de la Presidencica, y afirmó que su asunción vulneró el orden constitucional y afectó la institucionalidad del Ejecutivo. En su presentación ante el Ministerio Público, el exmandatario solicitó la apertura de una investigación que incluya su declaración testimonial, así como la del Procurador del Poder Ejecutivo, la de Boluarte y la de los cien parlamentarios denunciados. El escrito aclara que el congresista Hernando Guerra García, fallecido en septiembre de 2023, no fue incluido en la denuncia, al haberse extinguido la acción penal por su muerte. Castillo pidió además que se convoque tanto a los denunciados como a las partes agraviadas para brindar su testimonio. Esta nueva acción judicial se produce luego de que, en junio de 2023, una denuncia similar fuera archivada parcialmente por falta de pruebas. No obstante, el exmandatario insiste en que su destitución careció de la cantidad de votos requerida por ley. El exmandatario fue detenido el 7 de diciembre de 2022, luego de anunciar la disolución del Congreso, que frenaba las transformaciones a favor de los sectores populares y le asestó un golpe parlamentario.

Rusia Today El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha reconocido «un problema» con los sistemas de defensa antiaérea suministrados a Ucrania, y es que apenas pasa una semana entre el momento en que se instalan y el momento en que Rusia los destruye. Hablando con la prensa sobre los problemas de abastecimiento eléctrico que se viven en Ucrania, Rubio estimó que actualmente los residentes de Kiev pasan «entre el 50 y el 60 % del día» sin electricidad, así como «horas» sin agua corriente. Al respecto, Washington ha mantenido conversaciones con Kiev sobre el suministro de «armas defensivas» para proteger las instalaciones energéticas, señaló. «Pero, en última instancia, si ese equipo acaba siendo destruido una semana después de su instalación, esto sigue siendo un problema», agregó. «Y esa ha sido la historia de los últimos dos o tres años», resumió el secretario de Estado este miércoles en el aeropuerto internacional de Hamilton, en Canadá. Rusia lleva a cabo ataques contra el complejo energético que alimenta al sector militar industrial ucraniano, en respuesta a las ofensivas del régimen de Kiev contra infraestructura civil rusa Tan solo la semana pasada, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una subestación eléctrica en la ciudad de Rylsk, en la provincia rusa de Kursk, dejando sin calefacción siete viviendas, en las que vivían aproximadamente 150 personas, y 90 casas sin electricidad