2025

Rusia Today El Reino Unido se está viendo sacudido por un nuevo revuelo que desató críticas y polémica, no solo hacia el Gobierno del actual primer ministro del país, Keir Starmer, sino también hacia los anteriores con reproches de que hicieron la vista gorda frente al llamado escándalo en torno a las redes de explotación sexual de menores a lo largo del país, especialmente, en la ciudad de Rotherham.  Esta semana, en el debate que se convirtió en el principal tema nacional, se involucraron el empresario estadounidense Elon Musk, la escritora británica J.K. Rowling y la ex primera ministra del Reino Unido Liz Truss, entre otros, pronunciándose en torno al asunto, pero ¿qué hay detrás? ¿Cómo se supo del caso? De acuerdo con un reportero de GB News, que hizo una publicación de hilo en su cuenta de X sobre el escándalo de las redes británicas de abuso sexual de menores, los primeros reportes de bandas de hombres que abusaban de menores en la calle se remontan a la década de 1970.  Sin embargo, la primera vez que el problema llamó atención fue cuando la entonces diputada laborista Ann Cryer expresó en 2002 su preocupación por el acoso de «jóvenes hombres de Asia [del Sur]» a niñas en la puerta de los colegios en la ciudad de Rotherham. Según recuerda, su ‘batalla’ comenzó cuando siete madres acudieron a ella para denunciar que sus hijas habían sido manipuladas sexualmente por jóvenes de la comunidad pakistaní. Pero nadie parecía tomar en serio sus peticiones ni confiar en sus denuncias. En 2003, muchos miembros de su propio partido acusaron a Cryer de racismo. Más tarde, el periodista de The Times Andrew Norfolk logró llegar a la verdad. Al principio —admite—, al escuchar los detalles de las acusaciones de niñas, en su mayoría blancas, contra perpetradores, en general, británico-pakistaníes, no quiso seguir con el tema. «Inmediatamente pensé que era una historia de ensueño para la extrema derecha», confesó, añadiendo que solamente cuando empezó a investigar el caso por su propia cuenta, comprendió que se trataba de algo mucho más serio y, sobre todo, real.  En cuanto publicó su primer artículo abordando el caso, fue atacado tanto por quienes lo consideraban racista como por partidarios de la ultraderecha que querían que escribiera más sobre ‘el racismo antiblanco’. No obstante, sus artículos, junto con el juicio de 2012 a la red de abuso sexual infantil de Rochdale, llevaron al Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes a dedicar sesiones al asunto. Luego, en agosto de 2014, salió a la luz un informe, fruto de una investigación dirigida por la profesora Alexis Jay, que concluyó que aproximadamente 1.400 menores, de diversos orígenes, habían sido abusados sexualmente en Rotherham entre 1997 y 2013 por hombres británicos de origen pakistaní, aunque también había implicados de raíces kurdas y kosovares. ¿De qué se trata? «Nadie conoce la verdadera dimensiónde la explotación sexual infantil en Rotherham a lo largo de los años. Nuestra estimación conservadora es que aproximadamente 1.400 criaturas fueron explotadas de 1997 a 2013», así se describe la principal conclusión de la investigación llevada a cabo por Alexis Jay. Numerosas menores fueron violadas por varios hombres, así como llevadas a otras ciudades y localidades del norte de Inglaterra, secuestradas, golpeadas e intimidadas; algunas, incluso niñas de tan solo 11 años, eran objeto de violaciones en grupo y tráfico de drogas. Varias, denuncia el informe, «fueron rociadas con gasolina y amenazadas con ser quemadas vivas, amenazadas con pistolas, obligadas a presenciar violaciones brutales y amenazadas con ser la siguiente si decían algo». Años después de haber sido víctimas de abusos, ciertas chicas se hicieron adictas a las drogas y al alcohol; otras sufrían estrés postraumático, además de otros problemas psicológicos y de salud mental. En varios casos, se produjeron embarazos, abortos espontáneos e interrupciones.  En muchos casos, los perpetradores regenteaban locales de comida rápida o trabajaban como taxistas. Primero invitaban a sus víctimas a comer, las embaucaban, iban en coche a recogerlas al colegio, les hacían regalos, como teléfonos móviles para poder comunicarse. Y después acababan drogándolas y abusando de ellas, porque tenían su control psicológico absoluto. ¿Qué pasó después? Tras presentar su reporte, Alexis Jay aseveró que los encargados de proteger a los niños fracasaron pese a los tres informes elaborados entre 2002 y 2006, que «no podrían haber sido más claros en describir la situación en Rotherham». «Para 2005, es difícil creer que ciertos altos funcionarios […] no estuvieran al tanto del problema», denunció Jay, detallando que «varios empleados han descrito su nerviosismo a la hora de identificar el origen étnico de los perpetradores por miedo a ser considerados racistas; otros recuerdan instrucciones muy claras de sus superiores para que no lo hicieran». A pesar de que, hasta la fecha, en el marco de la Operación Stovewood, se han practicado más de 150 detenciones y se han dictado 20 condenas, con penas que superan los 100 años, no se presentó cargo alguno contra figuras clave del Gobierno, que fracasaron en prevenir lo sucedido en varias ciudades. Asimismo, de acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas, algunos oficiales de la Policía de Rotherham habían mantenido contactos regulares con perpetradores o hacían caso omiso de las denuncias. Así, en 2020 se reveló que un oficial superior de la Policía admitió que sus fuerzas ignoraron los abusos sexuales de chicas por redes de pakistaníes durante décadas, ya que «tenían miedo al aumento de las tensiones raciales». Por otro lado, se hizo público que algunos infractores ni siquiera fueron detenidos.  La punta del iceberg No obstante, la historia de Rotherham solo era la punta del iceberg, ya que redes similares se habían propagado, en la década de 2010, por todo el país y tenían presencia en Manchester, Rochdale, Oxford, Bradford, entre otras localidades. La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, escribió este jueves: «Hace tiempo debería haberse abierto una investigación nacional sobre el escándalo de las bandas de violadores». «En los últimos años, se han celebrado juicios en todo el país, pero ninguna autoridad ha atado cabos. El 2025 debe ser el año en el que las víctimas empiecen a obtener justicia», expresó la política. En respuesta a dicha publicación, Nigel Farage, líder del partido reformista, criticó a los conservadores por no llevar a cabo una investigación sobre el caso mientras estaban en el poder. «Hablar no cuesta nada. Los conservadores han tenido 14 años de gobierno para iniciar una investigación. El ‘establishment’ les falló a las

Agencias y El País Nicolás Maduro, se investirá el próximo 10 de enero como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por otros seis años, confirmaron oficialmente autoridades de ese país, a pesar de que la oposición derechista, intenta boicotear ese acto. Maduro y su entorno analizan todos los escenarios posibles: una insurrección militar, una invasión y hasta la entrada en Venezuela por alguna de sus fronteras de Edmundo González Urrutia, supuesto ganador de las presidenciales según las actas electorales recogidas por la oposición y que el régimen se ha negado a mostrar. La sensación general es que todos estos planteamientos resultan improbables. Casi con toda seguridad, Maduro será investido presidente sin mayores problemas. “En verdad percibo que el enemigo poderoso y cruel está desactivado para cualquier plan subversivo”, dice un jerarca del chavismo muy próximo a Maduro. Pero eso no quiere decir que no se mantenga alerta llegado el caso. La cúpula del Gobierno ha querido transmitir una imagen de fuerza. Los últimos días de 2024 dejaron imágenes como la de Diosdado Cabello disparando con un fusil ―se trata de un militar en retiro con rango de teniente que acompañó a Hugo Chávez en un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992―. Cabello, en quien pensó Chávez como sucesor antes de decantarse por Maduro, ahora ejerce de ministro del Interior, un cargo que ocupa desde el conflicto postelectoral como una manera de cerrar el Gobierno y llenarlo de los más radicales. Lleva semanas hablando de una amenaza “inminente” para la que se dicen preparados. “El que intente meterse con Venezuela, la va a pagar muy caro. Ellos podrán entrar si se lo proponen, el problema de ellos va a ser salir de esta tierra”, dijo Cabello el domingo pasado desde La Guaira, durante la inauguración de un centro de entrenamiento para la Policía Nacional Bolivariana, la ocasión que le permitió mostrar sus destrezas con los fusiles en vídeos que difundió el aparato de propaganda. “No son pocas las amenazas que contra nuestro país hacen cada día desde los distintos lugares del mundo, los enemigos internos y los enemigos externos”, agregó antes de asegurar que hay 20.000 efectivos formados en acciones de fuerzas especiales en Venezuela, desplegados en todo el país con el “mejor armamento para la defensa”. Antes de esto, al patrullaje que suele incrementarse por Navidad se incorporó el componente militar con unidades de reacción rápida, las llamadas URRA, una evolución del pelotón de armas hacia una unidad de maniobra ligera adaptable a la misión y la zona de operaciones que le toque operar. En un acto televisado, apareció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, acompañado de Cabello, entregando vehículos blindados para el orden interno a la Guardia Nacional. En las calles de Caracas, el número de puestos de control policial y el patrullaje a cargo de hombres encapuchados con armas largas se suma a lo que parece una estrategia coordinada para disuadir cualquier tipo de amenaza contra el Gobierno mediante la fuerza de la intimidación. Por su parte, Edmundo González, desde su exilio en España, ha escrito: ”Hoy, el primer día del año 2025, recordamos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Carta Magna desde el 15 de diciembre de 1999, es la base de nuestro orden constitucional. El artículo 5 establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente a través del sufragio.

Telesur Durante las últimas 24 horas, otros cien palestinos perdieron la vida en ataques indiscriminados por parte de las fuerzas de ocupación. La maquinaria de guerra israelí perpetró una nueva jornada de terror en la Franja de Gaza, dejando un saldo de al menos 26 civiles palestinos asesinados, incluyendo mujeres y niños, desde el amanecer de este viernes, según fuentes médicas locales. Esta escalada de violencia se produce luego de que, en las últimas 24 horas, otros cien palestinos perdieran la vida en ataques indiscriminados por parte de las fuerzas de ocupación. La agencia de noticias palestina WAFA reportó que dos civiles fueron asesinados y varios más resultaron heridos en bombardeos israelíes contra la zona de Khirbet al-Adas, al norte de Rafah, en el sur de Gaza. Asimismo, un civil fue abatido por disparos israelíes en el área de Shakush, al sur de la Franja. En un nuevo ataque, tres civiles más perdieron la vida y otros resultaron heridos cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra un grupo de personas en el barrio Sheikh Radwan, al oeste de la ciudad de Gaza. El campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, también fue blanco de bombardeos aéreos. La brutalidad israelí no se detuvo allí. Un ataque a una vivienda de la familia Salman y una carpa cercana, al oeste de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, dejó cuatro civiles muertos y otros heridos. En un acto particularmente despiadado, el fotoperiodista Amr Al-Derawi y sus padres fueron asesinados en un bombardeo israelí contra la casa de la familia Shalt en la ciudad de Az-Zawayda, en el centro de Gaza. La ofensiva israelí también cobró la vida de otro civil en un ataque a una vivienda cerca del cruce Abdel Aal, en la calle Al-Jalaa, al oeste de la ciudad de Gaza, así como a otro civil en la zona de Abu Al-Ajin, al este de Deir Al-Balah. El número de víctimas mortales en un ataque a una casa de la familia Mishmish en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, ascendió a cinco, incluyendo dos niños. Testigos presenciales informaron de fuertes bombardeos con artillería sobre la localidad de Khuza’a, al este de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Las fuerzas de ocupación también dispararon balas y bombas incendiarias contra viviendas en el barrio Al-Saftawi, al noroeste de Gaza. Además, barcos de guerra israelíes cañonearon las costas del campamento de Nuseirat, mientras la artillería, los disparos y la incursión de fuerzas israelíes sacudían el este del campamento de refugiados de al-Bureij, en el centro de Gaza. Helicópteros de ataque dispararon indiscriminadamente contra viviendas y tiendas de campaña de desplazados en la Gobernación Central de Gaza. La situación humanitaria en Gaza se agrava. Fuentes médicas reportaron que las fuerzas israelíes destruyeron las estaciones de oxígeno y electricidad del Hospital Indonesio de Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde los suministros médicos se han agotado. El ejército israelí continúa arrasando la zona aledaña al hospital, destruyendo todo medio de subsistencia de la población. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos denunció el maltrato y las torturas infligidas por el ejército israelí al director del Hospital Kamal Adwan, Hossam Abu Safiya, quien fue obligado a desnudarse y fue sometido a palizas tras su detención. Desde el 7 de octubre de 2023, la brutal ofensiva israelí contra Gaza por tierra, mar y aire ha causado la muerte de 45,581 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado heridas a 108,438 más. Este trágico balance sigue incompleto, ya que miles de víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros o dispersas por las calles, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate debido a los incesantes bombardeos israelíes y la gran cantidad de escombros.

Prensa Latina Quito, 4 ene (Prensa Latina).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió hoy justicia, reparación integral y la garantía de no repetición de lo ocurrido a los cuatro menores hallados muertos, en un caso que involucra a militares. “Unicef expresa su profundo pesar y solidaridad con las familias de los cuatro niños asesinados después de haber sido detenidos por militares el 8 de diciembre en Guayaquil”, señaló el organismo internacional en una nota divulgada en la plataforma X. La entidad añadió que esa pérdida irreparable deja una herida que atraviesa a todo el país y que solo sanará en la medida en que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder. El domingo 8 de diciembre de 2024, los cuatro chicos salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares los detuvo y se los llevaron en una camioneta. Luego, ese mismo día en la noche, fueron vistos por un testigo en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, a 40 kilómetros de Guayaquil. Los cadáveres fueron encontrados el 24 de diciembre pasado y, el 31 de diciembre, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades. Por este caso, que primero fue declarado como una desaparición forzada y activistas creen que ahora se podría catalogar como una ejecución extrajudicial, 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibieron una orden de prisión preventiva y ya están en la cárcel de Latacunga. El hecho ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno. A pesar de eso, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, destacó su respaldo a las “cabezas” de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en medio del conflicto armado decretado en enero del año pasado. “Existe una campaña promovida por las agendas de las mafias, que busca desprestigiar a toda la institucionalidad. Se busca generar una cortina de humo para provocar aún más el conflicto armado y eso no lo vamos a permitir”, afirmó. Este miércoles tuvo lugar el funeral y el multitudinario entierro de los cuatro chicos en Guayaquil, donde cientos de personas reclamaron justicia. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido. Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.

BBC News Isabel Caro Es 2 de enero de 2025 y Luis Arroyo y su familia celebran en su casa en el barrio popular de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, el cumpleaños de su hija. La niña cumple 9 años, pero el ambiente no es festivo. Hace días que no come, está triste. Extraña a sus hermanos mayores, Ismael y Josué, a quienes vio por última vez el 8 de diciembre. Su papá se esfuerza para darle, aunque parezca un imposible, algo de normalidad. Compra un pollo asado y comen todos juntos. Arroyo afirma que a ratos quisiera estar viviendo una pesadilla de la que va a despertar. «Pero no es una pesadilla, es real (…) me arrebataron a mis hijos de la peor forma», dice en conversación telefónica con BBC Mundo. Sólo horas antes había enterrado a Ismael (15) y Josué (14), cuyos cuerpos incinerados y con signos de tortura le tocó reconocer. Sus hijos son dos de los «4 de Guayaquil», los menores de edad ecuatorianos que fueron víctimas de una presunta desaparición forzada tras ser detenidos por miembros del ejército, un caso que ha conmocionado a Ecuador y que pone en entredicho la política de seguridad del gobierno y el papel que está teniendo el Ejército. Además de Ismael y Josué, las otras víctimas son Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Los cuatro salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre, pero nunca regresaron. «Papi, ven, sálvame» La noche del 8 de diciembre Luis Arroyo salió a comprar y cuando volvió a su casa, a eso de las 8:40 de la noche, le pareció raro que Ismael y Josué no hubiesen regresado. «Como la luz se va acá a las 9 de la noche, antes de esa hora ellos siempre estaban en casa. Le pregunté a mi mujer: ‘¿Y los bebés?’. ‘Se fueron a jugar a la pelota, ya vienen’, me dice. Entonces, pensé que debían de venir en camino. Pero no llegaban y luego me empecé a preocupar, los salí a buscar y no los encontraba. Yo decía: ‘¿Qué pasó? ¿Dónde están’? En eso fueron pasando las horas y mi mujer recibió una llamada a las 10:40 de la noche». El padre de los adolescentes cuenta que un hombre que nunca se identificó contactó a su esposa para decirles que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas. «Y ahí me pasa a mi hijo Ismael, el mayor. Y me dice: ‘Papi, ven, sálvame que estamos por aquí en Taura [un barrio de Guayaquil], botados, los militares nos cogieron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estábamos haciendo nada, papá, ven acá a rescatarnos por favor. Estoy asustado’». Images Luis Arroyo intentó calmarlo. «‘Hijo mío, quédate tranquilo, que yo ya te voy a rescatar’. Y ahí este sujeto le quitó el celular y dice: ‘Espérate que aquí viene pasando la mafia en una moto’. Y yo le digo que por el amor de dios no le haga nada a los niños, que tenga misericordia. Él me dice: ‘Tienes 45 minutos, una hora para venir a verlos (…) Si tu quieres a tus hijos, tienes que venirlos a ver ya’». El padre de los menores asegura que el hombre le envió su ubicación y efectivamente estaban a la altura del kilómetro 26 de Taura. «Yo no tenía cómo movilizarme, yo no me iba a arriesgar a ir allá solo. Entonces corté la llamada y dije: ‘Mis hijos están secuestrados, dios mío santo protégelos’. Ahí llamé a un familiar para que reportara la novedad al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que yo le doy. Con la foto de este tipo y el número». «Pero cuando los policías llegan al punto no encuentran a nadie. Y ahí mi familiar coge y me llama y me dice: ‘Primo, no están los bebés’. Desesperado le corto la llamada y llamo a este sujeto de nuevo y le digo: ‘Barón, dios te bendiga, ¿por qué no entregastes a mis hijos si yo los mandé a ver? Y él me dijo, disculpe la mala palabra: ‘Eres como la verga porque me mandaste a la policía. Se ve que no quieres a tus hijos (…) vino la mafia como en 10 motos y se los llevó’». «Ahí me cortó la llamada y no supe nada más de mis hijos». No recibió una llamada, ni un mensaje. Se enteró por las redes sociales, en vísperas de Nochebuena, que cuatro cuerpos habían sido encontrados incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar. «Ahí nos pusimos mal, porque nosotros hasta ese día seguíamos orando, confiando en el señor… Pedíamos: ‘Que no sean nuestros hijos’». «Ellos los encontraron el martes y el viernes nos llamaron a nosotros desde criminalística para ir a dar unas características de nuestros hijos. Y ese mismo día hicimos una prueba de ADN». A esas alturas una jueza había solicitado que el caso se investigara como una presunta desaparición forzada y 16 militares fueron detenidos. «Mamitas, papitos, son sus hijos» Pero fue el 31 de diciembre, cuando los familiares participaban de la audiencia de formalización de los 16 militares envueltos en la detención de los menores de edad, cuando tuvieron plena confirmación. «Cuando se acabó la audiencia, el fiscal llegó donde nosotros, a la sala en la que estábamos reunidos. Vino con el otro fiscal de derechos humanos de Quito y preguntó: ‘¿Ya les dijeron?’ Y nosotros dijimos que no y él dijo: ‘Bueno, papitos, mamitas, yo les dije que yo iba a ser transparente con ustedes, que no les iba a mentir en nada, y lamentablemente los cuerpos que fueron hallados en Taura sí son sus familiares, son sus hijos’», recuerda Luis Arroyo. «Eso fue horrible, ahí mi mujer casi se muere. Fue espantoso». La próxima parada sería la morgue.  de la familia «Sólo les dejaron sus pies» «Yo vi a

Rusia Today El representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU aseveró que la Administración del presidente saliente estadounidense, Joe Biden, en cierta medida es responsable de las muertes de personas de cada parte de la guerra en la Franja de Gaza. El alto diplomático ruso hizo hincapié en que no se podrá alcanzar la paz en el conflicto palestino-israelí hasta que Washington no deje de prestar «cobertura política» a las acciones del país hebreo, suministrarle armas, «cuyo uso sigue matando a la población civil del enclave«, bloquear cualquier paso e iniciativa relevantes por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. «Es muy desagradable la táctica estadounidense de alargar el tiempo en beneficio de Israele imponer al consejo el apoyo a las negociaciones mediadas por Washington sobre un acuerdo entre Israel y Hamás, que llevan más de seis meses sin éxito», afirmó Nebenzia. Además, señaló que las autoridades israelíes, en el transcurso de negociaciones, han planteado una y otra vez nuevas condiciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes, trasladando la responsabilidad de su suspensión al grupo militarizado. «Incluso si finalmente se llega a un acuerdo, la responsabilidad de la muerte de miles de palestinos, mientras tanto, y de los rehenes israelíes que podrían haberse salvado hace seis meses recae, entre otros, en la Administración saliente de Biden», declaró el representante permanente ruso. «Condiciones de vida insoportables» Asimismo, Nebenzia denunció continuos ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra las instalaciones civiles, especialmente los hospitales en Gaza. Dado el bloqueo introducido por el país hebreo, en el enclave palestino se ha creado «un verdadero desastre humanitario, acompañado de una hambruna generalizada con brotes de enfermedades infecciosas y la destrucción total de infraestructuras vitales», enfatizó el alto diplomático ruso. Además, destacó que Rusia tiene motivos para creer que el Ejército de Israel, «obsesionado con el castigo colectivo de los gazatíes», destruye el sistema de salud de Gaza «de forma sistemática y deliberada».