2025

BBC News «Aspirante a dictador. En Estados Unidos, no», reza una valla publicitaria con una fotografía del presidente Donald Trump junto a una de las principales avenidas de Miami. Otros carteles apuntan al canciller Marco Rubio y tres congresistas republicanos del condado para acusarlos de «traición» y llamarlos «hipócritas» o «títeres». Son parte de una campaña del prominente empresario y filántropo de origen cubano Miguel «Mike» B. Fernández. El multimillonario de 73 años, capitalista declarado que hasta 2016 se adscribía al Partido Republicano, ha decidido enfrentarse públicamente a Trump y a algunos de los políticos más influyentes del estado de Florida, a quienes considera cómplices de la «cruel» política migratoria impulsada desde la Casa Blanca. BBC Mundo entrevistó a Fernández en su despacho de la sede principal en Coral Gables (Miami) de MBF Healthcare Partners, la firma que fundó y preside. Preguntado por el motivo de su activismo, el magnate invoca la defensa de quienes, como él en 1964, llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor y ahora temen acabar expulsados o encerrados en centros de reclusión como el «Alcatraz de los Caimanes» establecido por Trump al sur de la mayor ciudad de Florida. «Lo que está pasando en nuestro país no es correcto y cualquier persona normal lo sabe», sentencia. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la administración Trump ha revocado el estatus de más de 530.000 inmigrantes que llegaron legalmente con el llamado parole humanitario, y ha desplegado intensas redadas para localizar y detener a extranjeros en situación irregular. En Miami, que concentra una de las mayores comunidades foráneas y de América Latina de EE.UU., estas medidas han alimentado el miedo y la polarización. A su vez, la nueva política migratoria ha generado dilemas y contradicciones en los pujantes sectores conservadores de la ciudad, cuya hasta ahora incondicional lealtad a Trump empieza a mostrar grietas ante el trato a inmigrantes que, en muchos casos, son familiares o allegados. «Esos que estaban apoyando a Trump ya no hablan tanto como antes», asegura Fernández, cuyo objetivo declarado es doblegar o reemplazar a los representantes políticos de su comunidad que aprueban o toleran la campaña contra los migrantes dirigida desde la Casa Blanca.

Página 12 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en respuesta a las «amenazas» de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe. Medios en Estados Unidos informaron días atrás que fuerzas navales de ese país fueron enviadas al Caribe por el presidente Donald Trump para enfrentar a los cárteles latinoamericanos que Washington designó como organizaciones «terroristas globales». Consultado luego sobre esos reportes, el secretario de Estado Marco Rubio no lo negó. Un «refrito podrido» de amenazas En un acto televisado, Maduro informó: «Esta semana voy activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones milicianos en todo el territorio nacional». Sin precisar en qué zonas del país estarán distribuidos los milicianos, el presidente venezolano indicó que esto forma parte de un «plan de paz», por lo que hizo un llamado a las milicias a estar «preparadas, activadas y armadas». Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de «refrito podrido» de amenazas. «Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia», celebró el mandatario. Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras «en todas las fábricas». «¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela», dijo el líder de izquierda y agregó: «Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria». En un comunicado publicado este martes en Telegram, la Cancillería de Venezuela señaló: «Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos». Una nueva amenaza de Trump  La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela. Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente Donald Trump «está preparado» para frenar el narcotráfico y «llevar los responsables ante la justicia». «El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país», insistió Leavitt. Ante esto, el Ejecutivo chavista sostuvo que observa con «total claridad» la «desesperación» de la administración estadounidense, que, aseguró, «recurre a amenazas y difamaciones» contra Venezuela Estados Unidos habría empezado a desplegar a 4 mil agentes, principalmente infantes de Marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico. La información fue revelada primero por la cadena CNN el viernes, que citó a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego corroborada por otros medios locales.  La agencia de noticias Reuters reveló el lunes que en las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis, una tecnología de defensa diseñada para rastrear múltiples objetivos y neutralizar amenazas aéreas o marítimas de forma simultánea, llegarían frente a las costas de Venezuela. Además de los tres destructores también estaría contemplado el uso de aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque.  El anuncio se alinea con la orden de Trump, el pasado 8 de agosto, para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, y llega junto al aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

Telesur La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este martes 19 de agosto en contra de los operativos militares de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela. Durante la mañanera de este martes 19 de agosto, Sheinbaum hizo lectura de la Constitución mexicana para reiterar que la defensa de la soberanía de los pueblos y la solución pacífica de las controversias son principios fundamentales de su Gobierno. «No al intervencionismo, eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución… Todo se resuelve con diálogo», sentenció la mandataria, en medio de la creciente tensión en la región. Desde el sábado 16 de agosto, Estados Unidos comenzó a desplegar buques al sur del mar Caribe con la supuesta finalidad de combatir el narcotráfico. Sin embargo, informes de prensa revelaron que la operación se intensificaría con el despliegue de naves de guerra, aviones espía y al menos un submarino de ataque, junto con la movilización de unos 4.000 efectivos. En respuesta a la situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó las acciones de Washington, declarando que defenderán sus mares, cielos y tierras. En un discurso, Maduro afirmó: «Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica». Por su parte, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, confirmó que tropas de Venezuela también se han desplegado en la zona y acusó a la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) de ser el “único cartel de drogas que opera a la luz de todo el mundo“. La tensión se ha visto exacerbada por el aumento de la recompensa de Estados Unidos para quienes brinden información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. La cifra, anunciada el 7 de agosto, se duplicó a 50 millones de dólares, bajo la acusación de que Maduro es un “gran narcotraficante” vinculado al Cártel de Sinaloa. No obstante, la misma presidenta Sheinbaum desmintió recientemente estas acusaciones y aseguró que no hay pruebas que vinculen a Maduro con el crimen organizado. En tanto, el Gobierno de Venezuela ha calificado las acciones estadounidenses como una “operación propagandística” para desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos. Asimismo, Trump autorizó en secreto una directiva que permite al Pentágono el uso de las fuerzas armadas para combatir a los cárteles de drogas, a los que Washington ha calificado como “organizaciones terroristas”. La firma de esta directiva, que le otorga la autoridad al inquilino de la Casa Blanca para autorizar intervenciones militares en territorio extranjero sin la aprobación del Congreso, ocurrió un día después de que la Casa Blanca anunciara el aumento de la recompensa a Maduro.

Telesur El Poder Judicial de Chile condenó a 11 años de prisión al suboficial de Carabineros Luis Antonio Castillo Fernández, responsable de golpear con un bastón o luma en la cabeza a Aalondra, una niño de 14 años en el contexto del estallido social de noviembre de 2019. Pese a que el niño no participaba de las protestas, la agresión sufrida le provocó ceguera total en un ojo y pérdida parcial en el otro, marcando un antes y un después en su vida. Tras la agresión, la salud física y emocional de Aalondra se deterioró profundamente. Ha atravesado un intento de suicidio, episodios de bullying escolar y un daño psicológico que se suma a la discapacidad visual permanente. Su historia, silenciada durante años, visibiliza la violencia estructural que enfrentaron adolescentes y jóvenes durante las manifestaciones. En tanto, la de este lunes se trata de una de las condenas más severas dictadas contra un agente policial en el marco del estallido social, un proceso en el que la represión estatal dejó miles de heridos, en su mayoría jóvenes. Organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón de abusos policiales en ese periodo, bajo el mandato de Sebastián Piñera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró miles de denuncias y casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego por disparos de perdigones. La condena a Castillo Fernández es, según juristas, un avance contra la impunidad, aunque insuficiente frente a la magnitud de los crímenes cometidos. Un fallo con implicancias históricas El tribunal destacó la gravedad del ataque contra una menor de edad y su carácter injustificado, al no estar participando en la protesta. La sentencia se suma a un reducido grupo de condenas contra miembros de Carabineros, lo que plantea la urgencia de reformas estructurales en las fuerzas policiales y de un mecanismo real de reparación para las víctimas. Aunque esta decisión judicial representa un paso hacia la justicia, la deuda con miles de afectados por la represión sigue abierta. Para las víctimas, el fallo es también un llamado a que Chile no repita una política de violencia estatal contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

Prensa Latina Naciones Unidas, 19 agosto (Prensa Latina).- Durante 2024, fueron asesinados 383 trabajadores humanitarios, 181 de ellos en Gaza, denunció hoy la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instó a poner fin a la impunidad. En un comunicado, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios pidió proteger a todos los civiles en escenarios de conflicto y precisó que la mayoría de las víctimas eran residentes locales que prestaban servicio a sus comunidades y fueron atacados en acto de servicio o en sus hogares. Además, 308 resultaron heridos, 125 fueron secuestrados y 45 detenidos. “Un ataque contra un colega es contra todos nosotros y contra las personas a las que servimos”, afirmó el secretario general adjunto para el área, Tom Fletcher. Asimismo, indicó que la cifra de asesinatos aumentó un 31 por ciento con respecto a 2023. “Ataques de esta magnitud, sin ninguna rendición de cuentas, son una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacionales. Exigimos, una vez más, que quienes ostentan poder e influencia actúen en defensa de la humanidad, protejan a los civiles y al personal de socorro y exijan responsabilidades a los perpetradores”, aseveró. También expresó su preocupación por el registro de 265 muertes desde enero hasta el 14 de este mes, según datos preliminares.

Prensa Latina Quito, 19 agosto (Prensa Latina).- El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció hoy un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial por Pachakutik. La organización afirmó en un comunicado divulgado en sus redes sociales que “agentes de la Dirección de Inteligencia irrumpieron en la comunidad de San Ignacio (provincia de Latacunga), sembrando terror y atentando contra la vida de nuestro compañero Leonidas Iza”. Este crimen no es un hecho aislado, es la continuación de una política sistemática de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte y desprestigio contra nuestras estructuras organizativas y contra quienes levantamos la voz frente a un gobierno servil a las élites económicas, añadió el MICC. El colectivo responsabilizó al presidente Daniel Noboa de cualquier acción contra la vida del dirigente y de otros líderes indígenas. Iza, por su parte, acompañado de decenas de personas de su comunidad, se pronunció sobre el hecho y denunció que dos supuestos agentes policiales habrían seguido sus pasos desde un taxi, para espiar sus movimientos. “Decidí salir a la calle y parar el vehículo. En ese momento la camioneta se viene a toda velocidad y el joven que conducía paró, pero los dos policías que le acompañaban le gritaron que me pase por encima”, contó el expresidente de la Conaie. Asimismo, relató que cuando el vehículo frenó, cuestionó a sus ocupantes sobre las razones de su presencia en el sector y fue ahí que los hombres confesaron que actuaban por órdenes de inteligencia estatal, cuyo objetivo sería acabar con su vida. El MICC, que agrupa a 33 organizaciones y 510 comunidades, se declaró en asamblea permanente e indefinida “hasta que se sancione a los agentes de inteligencia involucrados y se detenga la maquinaria de persecución política contra los pueblos”. Además, convocaron a pueblos y nacionalidades de Ecuador, así como a la comunidad internacional, a mantenerse en alerta ante el “autoritarismo y el terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país”.