2025

DW Actualidad La Corte Penal Internacional (CPI) declaró que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro magistrados y fiscales de este tribunal son un «ataque flagrante» contra su independencia. «Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial», declaró el tribunal con sede en La Haya en un comunicado. Las sanciones afectan al juez francés Nicolas Guillou, que preside un caso por el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Prohibición de ingreso y bloqueo de cuentas También fue sancionada una jueza canadiense, Kimberly Prost, quien participó en un caso que autorizó una investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Afganistán, una causa que alcanza a fuerzas estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este miércoles que también fueron sancionados  dos fiscales adjuntos: Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal. Estas sanciones implican la prohibición de entrada en Estados Unidos y el bloqueo de activos en esta jurisdicción. La CPI expresó que «apoya con firmeza a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables». Agregó que continuará cumpliendo con su mandato, sin importar «las restricciones, presiones o amenazas». Afectan lucha contra impunidad Estados Unidos ya impuso sanciones en febrero de este año contra otros cuatro magistrados de la corte internacional y un fiscal. Mientras tanto, la ONU criticó las nuevas sanciones y señaló que esta decisión «supone un grave impedimento al funcionamiento de la oficina del fiscal (de la CPI) con respecto a todos los casos que se encuentran ahora ante la Corte». El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, dijo que la decisión del gobierno de Trump resulta «preocupante», debido a que «la independencia judicial es un principio básico que debe respetarse» y que la CPI constituye «un pilar fundamental de la justicia penal internacional». Por su parte, el gobierno de Francia expresó su «consternación» por las sanciones y afirmó que estas medidas son «contrarias al principio de independencia de la justicia». Estas medidas «constituyen una ofensa contra la Corte y los 125 Estados partes del Estatuto de Roma, y son contrarias al principio de independencia de la justicia», dijo un vocero del Ministerio de Exteriores. La declaración francesa recalcó el apoyo de París y su apoyo «sin fisuras» a la CPI y a su personal, ya que «su papel es esencial en la lucha contra la impunidad«.

BBC News El ejército de Israel informó este miércoles que inició las «acciones preliminares» de una ofensiva terrestre que tiene como objetivo tomar y ocupar toda la Ciudad de Gaza. Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas ya estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva. El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana. Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han convocado a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación. Se espera que cientos de miles de palestinos de la Ciudad de Gaza reciban la orden de evacuar y dirigirse a los refugios del sur del territorio palestino. Países aliados de Israel han condenado el plan, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien advirtió el miércoles que eso «solo puede conducir al desastre para ambos pueblos y se corre el riesgo de sumir a toda la región en un ciclo de guerra permanente». Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que un nuevo desplazamiento y una intensificación de las hostilidades «pueden empeorar una situación ya catastrófica» para los 2,1 millones de habitantes de Gaza. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció su intención de conquistar toda la Franja de Gaza después de que el mes pasado fracasaran las negociaciones con Hamás sobre un alto el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes. En una rueda de prensa televisada este miércoles, el portavoz de FDI, el general de brigada Effie Defrin, dijo que Hamás estaba «maltrecho y herido» tras 22 meses de guerra. «Profundizaremos el daño a Hamás en la ciudad de Gaza, bastión del terror gubernamental y militar de la organización terrorista», añadió. «Profundizaremos el daño a la infraestructura terrorista por encima y por debajo del suelo y romperemos la dependencia de la población respecto a Hamás». Sin embargo, Defrin afirmó que las IDF no demorarían para iniciar la operación. «Hemos iniciado las acciones preliminares y, en estos momentos, las tropas de las FDI controlan las afueras de la ciudad de Gaza». Dos brigadas operaban sobre el terreno en el barrio de Zeitún, donde en los últimos días habían localizado un túnel subterráneo que contenía armas, y una tercera brigada operaba en la zona de Jabalia, aseguró Defrin. Con el fin de «minimizar los daños a la población civil», continuó, se advertiría a la población civil de la ciudad de Gaza que evacuara por su seguridad. Un portavoz de la agencia de Defensa Civil de Gaza, dirigida por Hamás, Mahmoud Bassal, dijo el martes a la agencia AFP que la situación era «muy peligrosa e insoportable» en los barrios de Zeitún y Sabra de la ciudad gazatí. La agencia palestina informó de que los ataques y los bombardeos israelíes habían causado la muerte de 25 personas en todo el territorio el miércoles. Entre ellas se encontraban tres niños y sus padres, cuya casa en la zona de Badr, en el campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, fue bombardeada. El general Defrin también afirmó que las FDI estaban haciendo todo lo posible para no dañar a los rehenes que Hamás sigue reteniendo en Gaza, 20 de los cuales se cree que están vivos. Sus familias han expresado su temor de que los que se encuentran en la Ciudad de Gaza puedan correr peligro por una ofensiva terrestre. «La población de Gaza está completamente agotada» La Cruz Roja también advirtió de una situación catastrófica tanto para los civiles palestinos como para los rehenes si se intensifican las actividades militares en Gaza. «Tras meses de hostilidades implacables y desplazamientos repetidos, la población de Gaza está completamente agotada. Lo que necesita no es más presión, sino alivio. No más miedo, sino una oportunidad para respirar», dijo la organización en un comunicado. «Deben tener acceso a lo esencial para vivir con dignidad: alimentos, suministros médicos y de higiene, agua potable y refugio seguro». «Cualquier intensificación adicional de las operaciones militares solo agravará el sufrimiento, separará a más familias y amenazará con una crisis humanitaria irreversible. La vida de los rehenes también podría correr peligro», añadió. También pidió un alto el fuego inmediato y el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a través de Gaza. Qatar y Egipto, que han fungido como mediadores, están tratando de conseguir un acuerdo de alto el fuego y han presentado una nueva propuesta para una tregua de 60 días y la liberación de aproximadamente la mitad de los rehenes, algo que Hamás dijo haber aceptado el lunes. Israel aún no ha presentado una respuesta formal, pero las autoridades israelíes insistieron el martes en que ya no aceptarían un plan parcial y exigieron uno integral que contemplara la liberación de todos los rehenes. El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, al menos 62.000 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio.

Página 12 Tras el despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos con 4 mil soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, distintos países de la región salieron a respaldar al gobierno de Nicolás Maduro y se mostraron en alerta por esta nueva amenaza de Washington. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que una invasión de EE.UU. a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto. En tanto el asesor para Asuntos Internacionales de la presidencia brasileña, Celso Amorim, manifestó su «preocupación» por el desplazamiento de tres buques de guerra estadounidenses en el Caribe, en línea con los gobiernos de México, Cuba y Bolivia. Cuidado con los «traquetos» En un consejo de ministros transmitido al país, Petro manifestó: «Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia». Según el mandatario, en caso de una invasión a Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, los «traquetos» (traficantes de droga) que operan entre los dos países aprovecharían para «apoderarse de las riquezas del subsuelo, los minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida». «Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error», insistió Petro sobre una posible operación militar contra Venezuela. En una aparente referencia a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Petro aseguró «que los que se decían contrarios a los paracos (paramilitares) hacen lo mismo porque se volvieron también traquetos». En ese sentido dijo que, aunque el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, «dice que en Venezuela no están (los traquetos), sí están». El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, dijo por su parte que Colombia no tiene «ningún acuerdo militar» con Venezuela, ni siquiera para «enfrentar una supuesta invasión que pueda hacer EE.UU.» en el país caribeño. «No hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar (…) como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que se estaba entregando territorio o que se estaba hablando de una cooperación militar, o algo más», expresó Benedetti. Brasil rechaza «intervenciones unilaterales» El asesor de asuntos internacionales de Brasil, Celso Amorim, declaró durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados: «No puedo esconder que veo con preocupación esa movilización». Amorim explicó que su «preocupación» pasa por «el riesgo» que pudiera implicar esa movilización militar con la excusa del «combate al crimen organizado, que debe ser combatido, pero con la cooperación entre los países y no con intervenciones unilaterales». El exministro subrayó que «el principio de la no intervención es fundamental» y ha sido «históricamente» uno de los pilares de la política externa de Brasil. No al intervencionismo Ante la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta de México Claudia Sheinbaum llamó al no intervencionismo y a resolver las diferencias con diálogo. «No al intervencionismo, eso no sólo es convicción, sino que está en la Constitución», expresó la mandataria este martes en su habitual conferencia de prensa matutina. También el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó el movimiento militar de Estados Unidos en el Caribe «Denunciamos presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe que, bajo falsos pretextos, responden a corrupta agenda del secretario de Estado», señaló Rodríguez en su cuenta en X. «América latina y el Caribe debe ser respetada como zona de paz», agregó el jefe de la diplomacia de Cuba, aliada de Venezuela. «Milicias preparadas, activadas y armadas» La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el martes que Estados Unidos está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país». En respuesta a las amenazas de Estados Unidos, Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos. «Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura en todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas», dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar «tareas» contra «la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de EE.UU. La milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Página 12 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia. El actual mandatario, Gustavo Petro, repudió la decisión de la Justicia, recalcando que Uribe tiene las manos «untadas de sangre». La Sala de Decisión Penal del Tribunal argumentó que Uribe tenía derecho a esperar en libertad mientras se define la apelación, y por eso anuló la medida dictada por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había ordenado que cumpliera la condena bajo arresto domiciliario. El expresidente ha permanecido en su casa campestre en Rionegro, localidad cercana a Medellín, capital del departamento de Antioquia, de donde es oriundo. «Acabo de recibir la boleta de libertad», festejó el exmandatario en una publicación en redes sociales. «Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia», señaló, además de agradecer a Dios y a sus partidarios. El argumento del tribunal Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado «juicio del siglo» en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012. Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de amparo solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales. El equipo jurídico cuestionó que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar «la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos», argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento. La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política. El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que «presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos», aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en segunda instancia. «Tampoco se demostró la intención de fuga abandonando el país, o que haya adelantado trámites de asilo o refugio, por lo que no existen indicios objetivos de evasión y en un Estado de Derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en supuestos riesgos futuros, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado», agrega el fallo. La defensa de Uribe apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia. Este caso comenzó hace trece años cuando Uribe, actualmente de 73 años, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra. El repudio de Petro y Cepeda El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su sorpresa por el reciente fallo del tribunal. «Yo no entiendo como está libre. ¿Eso es justicia?», expresó durante el último consejo de ministros. También aprovechó para repudiar el hecho que Uribe haya querido acusarlo de haber instigado el atentado contra el senador Miguel Uribe, muerto recientemente tras no superar las heridas de bala que recibió hace dos meses, y afirmó que es el expresidente quien tiene las manos «untadas de sangre». «Ya verá la Justicia qué hace con él. Yo no tengo en mi corazón odio ni venganza, aunque me hizo daño a mí y a mi familia», remarcó. Del mismo modo, Petro criticó la gestión y las medidas de seguridad del expresidente colombiano durante sus años en Casa Nariño, a las que definió como una «política de vendetta, basada en la muerte», según recogió la emisora RCN. Por su parte, el senador colombiano Iván Cepeda indicó que respeta pero no comparte la decisión del Tribunal. «Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos», dijo Cepeda a periodistas tras conocer la decisión judicial a favor de Uribe. «Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la Justicia, campañas en contra nuestra, y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones», agregó. Cepeda señaló que probablemente tomará acciones legales contra el fallo favorable a Uribe y subrayó: «Pero con toda la calma y la serenidad decimos que respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos pertinente».

Telesur Durante la XIII Cumbre Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció la más reciente ofensiva hegemónica del Gobierno de Estados Unidos, incluidos los ataques directos al pueblo de Venezuela y su presidente constitucional. El presidente cubano señaló que el imperialismo despliega una estrategia agresiva que ignora el derecho internacional. De acuerdo con el mandatario, estas acciones violan la Carta de las Naciones Unidas, a la vez que contravienen resoluciones regionales y globales contra la coerción. El líder instó a los países a resistir estas imposiciones. Díaz-Canel denunció la violación de la paz en América Latina y el Caribe. Argumentó que Estados Unidos utiliza el combate al narcotráfico como pretexto. Este discurso encubre intenciones intervencionistas, mientras la región enfrenta amenazas a su estabilidad, agregó. La cumbre aborda los desafíos regionales frente a las políticas intervencionistas. En ese sentido, Díaz-Canel destacó la importancia de la unidad latinoamericana. El mandatario cubano criticó la Administración de Donald Trump por su arremetida contra Gobiernos soberanos. Condenó las acusaciones sin pruebas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Estas pretenden vincularlo con el tráfico de drogas. De hecho, calificó estas acciones como un movimiento estratégico de Estados Unidos. En línea con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, Díaz-Canel propuso acciones concretas: “consideramos necesario movilizar la denuncia de la CELAC contra este nuevo intento colonizador. Por lo que aprobamos una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC”, apuntó. El presidente cubano evocó la lucha histórica de la región. “La sangre de nuestros héroes no se derramó en vano”, afirmó Díaz-Canel. Declaró que los pueblos defenderán su soberanía. Este compromiso se presentó como un deber sagrado. “No podemos dejar de exigir, en cada tribuna, en cada espacio, en cada expresión de rechazo al imperialismo, que cese el genocidio en Gaza. Las amenazas que hoy se ciernen sobre Venezuela se basan en la misma filosofía de despojo que han convertido una pequeña franja de tierra en el infierno de este mundo. Basta ya de impunidad sionista. Basta de complicidad imperial o viceversa. Todos los crímenes tienen perpetradores y cómplices para poder sostenerse en el tiempo”, concluyó el dignatario.

Telesur Con un contundente respaldo de 172 votos, la oposición y exaliados del oficialismo rechazaron el veto presidencial a una norma de emergencia. En un duro revés para el presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina rechazó este miércoles su veto a una ley que declara la Emergencia en Discapacidad, norma dirigida a proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que había generado una amplia movilización social. La decisión, que expone las grietas en la base de apoyo del gobierno libertario y los aliados. La pulseada se traslada ahora al Senado donde se espera que se confirme la decisión de la Cámara Baja. La sesión, cargada de tensión y fuertes cruces dialécticos, culminó con un resultado claro: 172 votos a favor de insistir con la ley, superando holgadamente los dos tercios necesarios, frente a 73 en contra y dos abstenciones. La cifra no solo refleja la unidad de la oposición tradicional, sino también las deserciones en bloques de derecha y centro, que hasta hace poco eran aliados clave del oficialismo. La ley en cuestión, sancionada a principios de julio, establece una serie de medidas urgentes. Actualiza los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad, crea una nueva pensión no contributiva equivalente al 70% del salario mínimo jubilatorio y garantiza el acceso a un programa de atención médica. La ley aprobada este mes, busca respaldar a las personas con discapacidad luego de reiterados ajustes en las prestaciones y medidas de apoyo del Estado por parte del Ejecutivo liderado por Javier Milei. Su objetivo central es regular un sistema que arrastra una profunda crisis de financiamiento y deudas con las instituciones que lo sostienen. La grieta en el oficialismo y el peso de la calle Mientras dentro del Congreso se debatía, afuera, familiares y personas con discapacidad se manifestaban con carteles y consignas contra la decisión de Milei de vetar la ley por considerarla “fiscalmente inviable”. Esa presión social, palpable en las calles, pareció pesar en el ánimo de muchos legisladores. La victoria opositora fue posible gracias a las ausencias clave en el propio espacio oficialista y sus aliados. Figuras relevantes como la exgobernadora María Eugenia Vidal (del conservador PRO, socio de Milei) se abstuvieron o estuvieron ausentes, en una clara señal de desacuerdo con la postura del Gobierno. Incluso tres diputados del propio partido libertario, La Libertad Avanza, no estuvieron presentes para la votación. Este hecho marca un punto de inflexión. Milei llegó a la presidencia hablando de “87 héroes” en el Congreso que defenderían su revolución liberal. Sin embargo, este miércoles ese escudo mostró sus primeras fisuras significativas, sugiriendo que el costo político de recortes en áreas sociales sensibles podría ser demasiado alto incluso para sus socios. El corazón del conflicto reside en una puja entre la protección de derechos y la austeridad fiscal extrema que pregona el Gobierno y que es simbolizada por Milei con una motosierra. El Ejecutivo, en su decreto de veto, argumentó que la ley tendría un costo de 3 billones de pesos (aproximadamente 0,36% del PIB) en 2025 y casi 6 billones (0,59% del PIB) en 2026. Sin embargo, la oposición y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentaron números menos catastróficos, calculando un impacto entre el 0,28% y el 0,51% del PIB. Desde la oposición, los ataques fueron frontales. La diputada Danya Tavela acusó a Milei de aplicar “el ajuste fácil, contra los más vulnerables” y de buscar “mostrar autoridad con crueldad”. Victoria Borrego, de izquierda, tildó el veto de “criminal” y acusó al Gobierno de “violar la Constitución y las convenciones sobre discapacidad”. En un intento de último momento por evitar la derrota, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció en la red social X que el Gobierno “considera” un aumento en las prestaciones, financiado con auditorías para detectar supuestos fraudes. El mensaje, interpretado por muchos como una maniobra dilatoria, llegó demasiado tarde y no logró quebrar la determinación opositora. En adelante, la definición estará en manos del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama aún más complicado que en Diputados, al contar con una representación minoritaria. Allí se decidirá si la ley de emergencia en discapacidad se promulga finalmente, desafiando abiertamente la voluntad del Presidente, o si el veto de Milei prevalece.

Prensa Latina Ramala, 20 agosto (Prensa Latina).- La Cancillería palestina instó hoy al mundo a adoptar acciones vinculantes para detener los ataques de los colonos israelíes en la ocupada Cisjordania, que consideró violatorios de las leyes y normas internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados denunció en un comunicado que tales crímenes forman parte de un plan para controlar la tierra palestina por la fuerza de las armas y bajo la protección del Ejército y la Policía de ese país. También condenó los planes de anexión del gobierno de Benjamin Netanyahu, que incluye el robo de tierra y la expansión de las colonias judías en la Ribera Occidental. “Todas las medidas de ocupación unilateral son ilegales y no le otorgan legitimidad ni derecho alguno, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”, subrayó. Reiteramos nuestro llamado a una acción global decisiva para proteger la oportunidad de implementar la solución de dos Estados y poner fin a los crímenes de genocidio, desplazamiento forzado, hambruna y anexión contra nuestro pueblo, insistió. Más de 750 mil colonos judíos viven en la actualidad en Cisjordania, distribuidos en 180 asentamientos y 256 puestos de avanzada, según datos oficiales. Esta semana, en otro comunicado, la Cancillería palestina reclamó al mundo medidas firmes y tangibles para detener la guerra israelí contra los territorios ocupados, y advirtió sobre el peligro que representa la anunciada reocupación de la Franja de Gaza. Con extrema preocupación observamos el anuncio del Ejército israelí de comenzar su ofensiva con la reocupación de la ciudad de Gaza, lo cual amenaza con forzar a un nuevo desplazamiento a más de 900 mil personas, expresó. Criticó los planes de desplazar por la fuerza a la población palestina y los intentos de “transformar la Franja de Gaza en una tierra no apta para la vida humana”. El Ministerio elogió los esfuerzos de los mediadores para lograr un alto el fuego permanente que impida la implementación de los planes israelíes, garantice la protección de los civiles y permita la entrega sostenible y generalizada de ayuda humanitaria.